STC15047-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15047-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00747-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por E.N.M. contra los Juzgados Cuarto de Familia de Barranquilla y Sexto de Familia de Cartagena. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a L.A. A, en representaci\u00f3n de su hija I.N.A, y a P.A.P.H, madre de E.N.P, ambos menores de edad1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de la garant\u00eda fundamental al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, presuntamente conculcada por los Juzgados accionados en el curso del proceso de alimentos de radicado 2015-00334 y en el juicio ejecutivo de alimentos de radicado 2021-00339. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante tiene dos hijas menores de edad, una con L.A.A. y otra con P.A.P.H. <\/p>\n
2.2. Ante el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, L.A.A. promovi\u00f3, en representaci\u00f3n de su hija, el proceso de alimentos de radicado 13001311000620150033400, en el cual, el 30 de abril de 2015 – \u00abOficio Civil No. 739\u00bb -, se decret\u00f3 el \u00abEMBARGO PROVISIONAL en cuant\u00eda del 25% de la asignaci\u00f3n mensual o pensional, primas, vacaciones, cesant\u00edas y dem\u00e1s prestaciones sociales legales y extralegales [y el] EMBARGO DEL VALOR TOTAL DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y ESCOLAR\u00bb percibidos como miembro activo de la Armada Nacional. <\/p>\n
2.3. Por su parte, P.A.P.H., en representaci\u00f3n de su hija, inici\u00f3 ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla el juicio ejecutivo de alimentos de radicado 08001311000420210033900, tramite en el que, el 25 de marzo de 2022 – \u00abOficio Civil No. 0024\u00bb – se decret\u00f3 el embargo y secuestro del 25% del salario, \u00abm\u00e1s descuento adicional en los meses de junio y diciembre por la suma $619.597\u00bb. <\/p>\n
2.4. El promotor alega que las medidas decretadas por los despachos judiciales accionados, mediante los oficios \u00abNo. 739 y No. 0024\u00bb, le est\u00e1n afectando sus ingresos, al punto de impedirle financiar sus necesidades b\u00e1sicas, pues \u00abhan superado el 50% del salario que devengo, porcentaje embargable por concepto de alimentos\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, el actor pide que se ordene a los juzgados accionados \u00abajustar las medidas cautelares decretadas de manera que estas no afecten mi derecho fundamental al M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla inform\u00f3 que lo reclamado por el actor no hab\u00eda sido expuesto en el proceso censurado y que el pagador de la Armada Nacional no \u00abha comunicado que las medidas cautelares decretadas en el proceso de alimentos que cursa en el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena y [en] el ejecutivo de alimentos que aqu\u00ed se tramita exceden el 50% que se\u00f1ala la ley, a efectos de eventual regulaci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb. <\/p>\n
3. P.P.H. respald\u00f3 la medida cautelar decretada en el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, dado que, de un lado, no fue tempestivo en relaci\u00f3n con el proceso de alimentos de radicado 2015-00334 a cargo del Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Cartagena, por cuanto la medida cautelar es del 30 de abril de 2015 y, de otro, porque en el juicio ejecutivo 2021-00339, tramitado en el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, el accionante no ha intervenido en defensa de sus intereses. A su vez, destac\u00f3 que los argumentos planteados en la tutela son los mismos que \u00abhan podido ser expresados en los recursos que dispone el ordenamiento procesal contra las providencias aqu\u00ed atacadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, quien manifest\u00f3 que \u00abdesconoce el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n efectuado\u00bb por el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla en relaci\u00f3n con el mandamiento de pago, de lo cual se enter\u00f3 \u00abhasta que se me empieza a hacer efectiva la medida cautelar decretada mediante Oficio No. 0024 del 25 de marzo de 2022\u00bb; y que, pese a que a trav\u00e9s de apoderado ha remitido correos a los despachos judiciales confiriendo poder y solicitando examinar los expedientes cuestionados, el Juzgado de Cartagena le inform\u00f3 que el proceso de alimentos est\u00e1 archivado y el de Barranquilla no le ha dado respuesta. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor solicita que se ajusten las medidas cautelares decretadas por los juzgados accionados en el tr\u00e1mite de los procesos de alimentos y ejecutivo de alimentos adelantados en su contra, pues considera que estas vulneran su derecho al m\u00ednimo vital. <\/p>\n
2. Al respecto, esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad frente al reproche que se enfila contra el tr\u00e1mite adelantado en el proceso de alimentos promovido ante el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, en tanto no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se emiti\u00f3 el oficio 739 recriminado -30 de abril de 20152- y la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo -19 de septiembre de 2022-, pues se super\u00f3 el plazo de 6 meses que se ha estimado razonable para acudir a esta senda extraordinaria y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
Ahora bien, ese t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). Bajo estos presupuestos, no se observa causal alguna que justifique la tardanza en la interposici\u00f3n de este resguardo constitucional. <\/p>\n
3. De otra parte, del estudio del tr\u00e1mite procesal correspondiente al proceso ejecutivo de alimentos adelantado ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla de radicado 2021-00339, la Sala encuentra que el actor no expuso previamente ante el competente los reproches alegados en esta sede constitucional, omisi\u00f3n que torna improcedente la acci\u00f3n de tutela, pues no puede el juez constitucional adelantarse a decidir ni disponer la forma o el sentido de resolver los aspectos que corresponde definir al juez de conocimiento. Al respecto, ha manifestado la Corte que: <\/p>\n
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018 y en CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020- 00195-01). <\/p>\n
4. Acorde con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta expediente 2015-00335. Cuaderno C01. Folio 7. Auto admisorio. Numeral Quinto. Decret\u00f3 el Embargo del 25% del salario mensual. Oficio No. 739 de 30 de abril de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15047-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC15047-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00747-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68773","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68773"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68773\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}