STC15049-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15049-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00129-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia el 1 de julio de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Daniel de Oro Guti\u00e9rrez \u00aben representaci\u00f3n de Luis Felipe Lugo Noriega\u00bb, contra el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto n\u00b0 2021-00064. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, quien afirma representar a Luis Felipe Lugo Noriega, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. Del escrito incoatorio y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que Sandra Yaned Ceballos L\u00f3pez promovi\u00f3 ejecutivo singular contra Luis Felipe Lugo Noriega, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal, quien libr\u00f3 mandamiento de pago el 18 de junio de 2021. <\/p>\n
Respecto de dicha determinaci\u00f3n, el all\u00ed demandado propuso excepciones previas \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n o competencia\u00bb y de fondo \u00ab1) pago parcial de las obligaciones ejecutadas y contenidas en los t\u00edtulos valores, 2) los t\u00edtulos valores -letras de cambio- fueron giradas con sus espacios en blanco excepto en sus valores, 3) debido proceso y 4) prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb, frente a lo cual, el estrado enjuiciado se pronunci\u00f3 en auto del 21 de enero de 2022, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 (i) \u00abno (\u2026) dar (…) tr\u00e1mite a la referida excepci\u00f3n previa\u00bb por cuanto no se formul\u00f3 de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 442 numeral 3 del estatuto procesal vigente y (ii) \u00abconferir traslado de las (\u2026) [de m\u00e9rito] (\u2026) por el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas\u00bb <\/p>\n
Inconforme, el querellado interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, sin embargo, la c\u00e9lula judicial cognoscente decidi\u00f3 no reponer y declar\u00f3 improcedente la alzada. <\/p>\n
Expuso el gestor que \u00ab[l]a se\u00f1ora juez, indetermin\u00f3 lo preceptuado en el art\u00edculo 10 del c\u00f3digo general del proceso, cuando [indic\u00f3] por escrito separado la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n o competencia, por (\u2026) todos y cada uno de los errores garrafales cometidos por la se\u00f1ora juez, al dictar mandamiento de pago con unos t\u00edtulos valores carentes de elementos claros, expresos y exigibles, sin la previa autorizaci\u00f3n o instrucciones recibidas por el deudor para llenarlos, y present[\u00f3] a su acomodo una cuant\u00eda temeraria y desproporcional, en busca de obtener por (\u2026) la competencia de ese despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el asunto confutado y en consecuencia \u00abordenar \u00e9l envi\u00f3 (sic) de la demanda al juzgado [competente]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. El Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el tr\u00e1mite censurado y expuso que \u00abno ha existido transgresi\u00f3n alguna a las garant\u00edas inherentes al derecho fundamental al debido proceso, toda vez que la ejecuci\u00f3n promovida por la se\u00f1ora SANDRA YANED CEBALLOS LOPEZ, se ha rituado conforme al procedimiento regulado en el Estatuto Procesal, para los ejecutivos de mayor cuant\u00eda, que este Despacho verific\u00f3 con fundamento en los art\u00edculos 25 y 26 del CGP y acorde con la literalidad de las letras de cambio que sustentan la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abse han garantizado al demandado los derechos de defensa y contradicci\u00f3n (\u2026) derechos que adem\u00e1s ejercit\u00f3 mediante la formulaci\u00f3n de excepciones de m\u00e9rito que ser\u00e1n objeto de decisi\u00f3n en la sentencia que se emita en esta instancia, (\u2026) sin temor en consideraci\u00f3n que estando en curso el proceso, es en este donde ha debido proponer o alegar una eventual nulidad o proponer los recursos ordinarios contra las decisiones de este Despacho que indebidamente cuestiona por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00aba\u00fan se encuentra en etapa previa a la decisi\u00f3n de fondo, donde deber\u00e1n resolverse sobre las excepciones de m\u00e9rito o de fondo que aquel plante\u00f3 al contestar esa acci\u00f3n, encaminadas a controvertir, entre otras cosas, la validez y legalidad de los t\u00edtulos base del recaudo presentados por la parte demandante, as\u00ed como la viabilidad de la ejecuci\u00f3n por las sumas demandadas habida cuenta de pagos parciales\u00bb. <\/p>\n
Sobre \u00ablo decidido por el juez accionado al resolver la solicitud elevada de \u201cexcepci\u00f3n previa\u201d de falta de jurisdicci\u00f3n o competencia\u00bb a\u00f1adi\u00f3 que \u00abno se evidencia una valoraci\u00f3n arbitraria, irracional o caprichosa; toda vez que, el an\u00e1lisis realizado se ci\u00f1e a par\u00e1metros legales y procesales adecuados, preestablecido por la norma; en igual sentido su decisi\u00f3n se aploma en los medios probatorios presentados\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el solicitante, para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abla se\u00f1ora Juez de Yarumal (\u2026) favoreci[\u00f3] a la parte demandante sin ajustarse de manera estricta al procedimiento normativo adecuado para la construcci\u00f3n de[l] proceso, pretermitiendo y desconociendo las singularidades del mismo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer inicialmente, si el libelista est\u00e1 facultado para interponer la presente salvaguarda, y en caso de superarse lo anterior, si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo (rad. 2021-00064), por cuanto (i) libr\u00f3 mandamiento de pago con base en \u00abunos t\u00edtulos valores carentes de elementos claros, expresos y exigibles, sin la previa autorizaci\u00f3n o instrucciones recibidas por el deudor para llenarlos\u00bb y (ii) no dio tramite a la excepci\u00f3n previa de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n o competencia\u00bb propuesta por Luis Felipe Lugo Noriega. <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando \u00e9sta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al profesional del derecho que la ejerce \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s de compartir la anterior postura, esta Sala, en repetidas oportunidades ha sostenido, que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb.). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando la salvaguarda se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico [tr\u00e1mite] judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada entre otras en STC9425-2021, 28 jul.). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las premisas que acaban de verse, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al asunto, se advierte que el fallo desestimatorio de primera instancia habr\u00e1 de confirmarse, precisando que lo ser\u00e1 porque el memorialista carece de poder especial para actuar en este caso y en tal virtud ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En este orden, observa la Sala que, Francisco Daniel de Oro Guti\u00e9rrez afirma ser el abogado de Luis Felipe Lugo Noriega, y para tal efecto, adjunta a las presentes diligencias, el mandato otorgado para fungir la referida representaci\u00f3n en el ejecutivo singular (rad. 2021-00064). <\/p>\n
Sin embargo, no allega el poder espec\u00edfico para promover el presente mecanismo supralegal, puesto que el previamente referenciado, no puede reputarse como especial para acudir al resguardo constitucional habida consideraci\u00f3n que no fue extendido para formular la acci\u00f3n, lo que significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n
En dicho sentido, trat\u00e1ndose del ruego tuitivo, en que se act\u00fae por conducto de apoderado, el criterio que ha sostenido la jurisprudencia constitucional es: <\/p>\n
\u00abDentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala se\u00f1ala que el mismo es (i) un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional\u00bb (CC, sent. T-975 de 2005). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las precisiones se\u00f1aladas, se confirmar\u00e1 la inviabilidad de la salvaguarda, toda vez que el solicitante no aport\u00f3 poder especial que lo faculte para promover el presente tr\u00e1mite en representaci\u00f3n de Luis Felipe Lugo Noriega. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 27 de octubre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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