STC15051-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15051-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03787-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Amalia Llanos Perea contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 040-2014-00410-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e \u00abimperio de la Ley\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Como fundamento de la acci\u00f3n manifest\u00f3 que, Banco Colpatria promovi\u00f3 en su contra proceso ejecutivo, en el que el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago el 14 de julio de 2014, \u00abactuaci\u00f3n en la que fue notificada por medio de citatorio y aviso judicial en el a\u00f1o 2015\u00bb. <\/p>\n
Dijo que el 17 de septiembre de 2019 el Juzgado mencionado, requiri\u00f3 al banco ejecutante para que adelantara la notificaci\u00f3n de la obligada, entidad que pidi\u00f3 se tuvieran en cuenta las diligencias realizadas en el a\u00f1o 2015, a lo que no se accedi\u00f3 en providencia de 27 de febrero de 2020 y por el contrario lo \u00abrequiri\u00f3 para que en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas cumpliera con ese acto procesal, so pena de tener por desistida la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que el 5 de mayo de 2020 le remitieron una comunicaci\u00f3n escrita a la carrera 16 No. 127-31 apartamento 703 interior 3 de esta ciudad, y el 3 de agosto de ese a\u00f1o sin haber enviado el aviso judicial, el banco de manera caprichosa e irregular realiz\u00f3 el acto de notificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8 del Decreto legislativo 806 de 2020, mediante envi\u00f3 \u00abdel citatorio\u00bb, al e-mail juanamor@cable.net.co, direcci\u00f3n electr\u00f3nica que aparece en el contrato firmado ante la entidad pero que no corresponde al lugar informado para tal fin. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el enteramiento de la acci\u00f3n ejecutiva no fue realizado como lo establece el citado decreto, y pese a dichas irregularidades el 15 de diciembre de 2020 el Juzgado de conocimiento la tuvo por notificada, por lo que, el 25 de enero de 2021 recurri\u00f3 la decisi\u00f3n en la que indic\u00f3 todas esas falencias, e hizo \u00e9nfasis en que hab\u00eda operado el fen\u00f3meno jur\u00eddico del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, sin embargo, el 9 de abril de 2021 se mantuvo la decisi\u00f3n, \u00able dio raz\u00f3n a las incompletas y antijur\u00eddicas argumentaci\u00f3n de la demandante, cuando ha debido por lo menos tener a la demandada por notificada por conducta concluyente, para no mancillar el derecho al debido proceso y a la defensa\u00bb, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 23 de julio de 2021. <\/p>\n
Consider\u00f3 que la inobservancia tanto del Juzgado de conocimiento, como de la Corporaci\u00f3n accionada cuando atendi\u00f3 la apelaci\u00f3n, configuran una v\u00eda de hecho por un defecto factico procedimental absoluto, porque debieron invalidar la actuaci\u00f3n ya que era evidente la existencia de una nulidad por indebida notificaci\u00f3n, y decretar la terminaci\u00f3n de ese juicio por desistimiento t\u00e1cito pues en su sentir el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas venci\u00f3 sin que el banco cumpliera con esa carga procesal. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos, solicit\u00f3 ordenar a las autoridades judiciales accionadas, \u00abproferir una resoluci\u00f3n que se corresponda con la verdad de los hechos y conforme a derecho, se decret\u00f3 a la nulidad del momento procesal que corresponda, para que como ciudadana pueda ejercer mi derecho de defensa ay contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la tutela, orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el litigio que motivo esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Magistrado sustanciador de la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 dijo que, en lo que respecta al amparo constitucional se remite al contenido del auto de 23 de julio de 2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (Ver CSJ. STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3. Examinado el link que contiene el proceso ejecutivo No. 040-2014-00041-00 promovido por Banco Colpatria Multibanca Colpatria SA, en contra de Amalia Llanos Perea, se observa que el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 23 de octubre de 2019 y 27 de febrero de 2020 requiri\u00f3 al demandante en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, para que realizara el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n de la ejecutada. <\/p>\n
La entidad bancaria dentro del t\u00e9rmino concedido en la segunda providencia (5 de mayo de 2020), alleg\u00f3 las constancias de notificaci\u00f3n de la obligada, y el 15 de diciembre de 2020 el Juzgado de conocimiento dispuso \u00abtener por notificada a la demandada Amalia Llanos Perea en los t\u00e9rminos del Decreto legislativo 806 de 2020, quien en oportunidad no ejerci\u00f3 el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
3.1 La ejecutada el 16 de diciembre de 2020 radic\u00f3 poder especial conferido a su apoderado judicial, quien formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n, con el argumento que la notificaci\u00f3n no se hab\u00eda adelantado en debida forma y que en el asunto deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 317 del Estatuto Procesal Vigente. <\/p>\n
3.2 En auto de 9 de abril de 2021 dispuso mantener la decisi\u00f3n atacada, e inconforme con lo resuelto el apoderado de la se\u00f1ora Llanos Perea apel\u00f3 dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3 Posteriormente formul\u00f3 \u00abincidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u00bb, que fue rechazado de plano el 10 de agosto de 2021, puesto que la actuaci\u00f3n se encontraba saneada de acuerdo con el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 315 ibidem, decisi\u00f3n atacada con el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.4 El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 los medios de impugnaci\u00f3n formulados por el apoderado judicial de la demandada as\u00ed, <\/p>\n
3.4.1 El 23 de julio de 2021 confirm\u00f3 la providencia de 9 de abril anterior, tras argumentar que no era procedente la aplicaci\u00f3n del citado art\u00edculo 317 ej\u00fasdem, toda vez que, la demandante dentro del t\u00e9rmino del requerimiento realiz\u00f3 las gestiones tendientes para lograr la notificaci\u00f3n de la Amalia Llanos Perea. <\/p>\n
3.4.2 El 10 de diciembre de 2021 confirm\u00f3 el auto apelado de 10 de agosto de ese a\u00f1o, y explic\u00f3 que una vez le fue reconocida personer\u00eda al mandatario judicial de la demandada, debi\u00f3 interponer el incidente de nulidad, sin esperar a que se pronunciara sobre la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
4. Ante ese panorama, advierte la Sala que la acci\u00f3n se resulta improcedente por ausencia del requisito de la inmediatez, toda vez que, la solicitud de amparo est\u00e1 orientada a reprochar los pronunciamientos de 23 de julio y 10 de diciembre de 2021 que en segunda instancia profiri\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, cuando desat\u00f3 los recursos de apelaci\u00f3n presentados contra las determinaciones que negaron la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 317 del Estatuto Procesal Vigente, y rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad en el interior de la citada acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria. <\/p>\n
Siendo claro entonces, que la accionante acude a este mecanismo excepcional, luego de vencidos los seis (6) meses que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonables para promover la acci\u00f3n de tutela1, toda vez que, han trascurrido en su orden m\u00e1s de quince (15) y diez (10) meses, respectivamente luego de haberse proferido los pronunciamientos de los que se queja la actora, sin que acreditara ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Al respecto, se ha se\u00f1alado la corte Constitucional, que, <\/p>\n
\u00abPor otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
i) que exista un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; ii) que la inactividad justificada no vulnere el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado y; iv) que el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surja despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. (T-344-14, T249\/18). <\/p>\n
En consecuencia, esa demora en el ejercicio de la acci\u00f3n tutela, descarta la existencia de amenaza o vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales imploradas, evento que seg\u00fan quedo visto, impide al fallador constitucional entrar a analizar el fondo de la solicitud de amparo; tardanza que descarta la presencia de una conducta irregular atribuible al funcionario convocado, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
5. Y, si lo anterior no fuera suficiente, es claro que las providencias censuradas no resultan arbitrarias o caprichosas, toda vez que, frente al desistimiento t\u00e1cito, examinado el expediente se pudo observar que efectuado el requerimiento al demandante para para que notificara a la obligada, ese acto se surti\u00f3 antes de vencer ese plazo, por lo que a voces de lo dispuesto en el literal c) de numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del Estatuto Procesal Civil, se interrumpi\u00f3 ese t\u00e9rmino con el envi\u00f3 del citatorio el 5 de mayo de 2020, y no era procedente aplicar la sanci\u00f3n prevista en ese canon normativo <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al \u00abincidente de nulidad\u00bb el mismo no pod\u00eda tramitarse, porque si existi\u00f3 alguna irregularidad, \u00e9sta fue saneada, porque la demandada act\u00fao en el proceso sin alegar la indebida notificaci\u00f3n como primer acto procesal (n\u00fam. 1 art\u00edculo 137 del C\u00f3digo General del Proceso), de tal suerte, que esa petici\u00f3n deb\u00eda rechazarse de plano seg\u00fan lo establece el inciso final del art\u00edculo 135 ibidem. <\/p>\n
6. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Amalia Llanos Perea contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002. La Sala ha se\u00f1alado como suficiente para acudir oportunamente a este amparo. (Ver CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en CSJ STC703-2020, STC6720-2020 y STC9284-2022, STC11808-2022 entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
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