STC15066-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15066-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02007-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Guillermo Arturo Arango Jaramillo frente al fallo proferido el 27 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Superintendencia de Sociedades, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos de petici\u00f3n y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la accionada ante la falta de resoluci\u00f3n de la solicitud que le present\u00f3 respecto de la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la encausada que \u00abd[\u00e9] respuesta oportuna, clara, completa y de fondo de [sic] lo solicitado en el derecho de petici\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, que \u00ab[s]e le compulse copias a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que se investiguen las conductas disciplinarias en que incurren los funcionarios de la entidad accionada encargados de responder [ese] derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los que as\u00ed se sintetizan: <\/p>\n
2.1. El 25 de enero de 2021 la Superintendencia enjuiciada decret\u00f3 \u00abla intervenci\u00f3n, bajo la medida de toma de posesi\u00f3n, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio\u00bb, entre otros, de la \u00absociedad Matriz 5X3 S.A.S.\u00bb y del accionante, \u00aben su condici\u00f3n [de] representante legal y accionista\u2026, en cuanto se determin\u00f3 en la investigaci\u00f3n realizada y como consta en la Resoluci\u00f3n 2021-01-009741 de 19 de enero de 2021, que los sujetos se\u00f1alados desarrollaron actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros del p\u00fablico, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del Decreto 4334 de 2008, de acuerdo con lo expuesto\u00bb. <\/p>\n
2.2. El pasado 3 de junio el actor solicit\u00f3 a la encausada \u00abpublicar en\u2026 los m\u00f3dulos de RADICACIONES y de PROCESOS (Exp 91287) de la BARANDA VIRTUAL de la Superintendencia de Sociedades, las siguientes piezas procesales\u00bb: <\/p>\n
1. Auto 2022-01-127778 del 10 de marzo de 2022, por medio del cual se orden\u00f3 diligencia de secuestro de unos bienes inmuebles. <\/p>\n
2. Acta de diligencia de secuestro realizada el 16 de marzo de 2022, en virtud de lo dispuesto en el Auto 2022-01-127778 del 10 de marzo de 2022. <\/p>\n
3. Resoluci\u00f3n No. 920-000145, con n\u00famero de radicaci\u00f3n 2021-01-009741. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela el promotor cuestion\u00f3 que no se le ha dado respuesta frente a la referida solicitud que present\u00f3 desde el 3 junio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Sociedades deprec\u00f3 negar la protecci\u00f3n por cuanto el derecho de petici\u00f3n es improcedente \u00aben el marco de procesos de car\u00e1cter jurisdiccional\u00bb y, en todo caso, de cara al debido proceso, en el decurso de este tr\u00e1mite constitucional se configur\u00f3 un hecho superado, por cuanto la solicitud del reclamante la atendi\u00f3 esa entidad mediante prove\u00eddo del 20 de septiembre \u00faltimo, aunado a que aqu\u00ed no se demostr\u00f3 \u00abla existencia de un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio de defensa\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo porque, \u00abcomo lo anot\u00f3 la accionada en su contestaci\u00f3n, la petici\u00f3n del canon 23 superior no es el mecanismo que el legislador ha dispuesto para realizar solicitudes al interior de los procesos judiciales, debi\u00e9ndose hacer uso de los medios y herramientas que son propios de esos escenarios, como los memoriales, los recursos y dem\u00e1s instrumentos se\u00f1alados en la codificaci\u00f3n procesal civil y las dem\u00e1s normas aplicables a este proceso en particular, y sujetarse a los t\u00e9rminos all\u00ed establecidos\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00abincluso si se abordara el asunto desde la \u00f3ptica de los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en todo caso se evidencia que con el proferimiento del auto del 20 de septiembre de 2022 se desat\u00f3 la petici\u00f3n del aqu\u00ed accionante, con lo que se super\u00f3 el hecho se\u00f1alado como trasgresor de las prerrogativas constitucionales, de manera que, si est\u00e1 en desacuerdo con lo que se dispuso en esa oportunidad, deber\u00e1 el accionante, en l\u00ednea con lo ya expuesto, hacer uso de los mecanismos propios del proceso para rebatir dicha disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte accionante insistiendo en la concesi\u00f3n del resguardo, adujo que no existe el mentado hecho superado, que se indujo en error al fallador de primer grado y cuestion\u00f3 con detenimiento lo expuesto por la Superintendencia acusada en el auto que dict\u00f3 en el curso de este tr\u00e1mite supralegal, el pasado 20 de septiembre, en el cual, sostuvo, adem\u00e1s de no resolver de fondo su requerimiento, emiti\u00f3 pronunciamiento tard\u00edo sobre otra petici\u00f3n de octubre de la anualidad pasada, lo que, en su sentir, tornaba viable su reclamo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo, y por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De cara a la impugnaci\u00f3n propuesta, se anticipa su fracaso, por lo cual habr\u00e1 de confirmarse el fallo del Tribunal a-quo, dada la inviabilidad del resguardo impetrado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En lo tocante con la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, como lo es la Superintendencia acusada de cara al tr\u00e1mite para el cual el censor dirigi\u00f3 la solicitud que adujo irresoluta, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867; reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., rad. 01762-01). <\/p>\n
2.2. Por otro lado, en todo caso, muy a pesar de las alegaciones del quejoso, se observa que, ciertamente, como lo concluy\u00f3 el Tribunal a-quo, con el auto dictado en el curso de esta acci\u00f3n de tutela, el 20 de septiembre de 2022, la Superintendencia acusada atendi\u00f3, aunque adversamente, la solicitud que el quejoso le present\u00f3 el 3 de junio anterior. <\/p>\n
De esta manera, es claro que en el curso del presente rito supralegal se super\u00f3 la situaci\u00f3n denunciada como conculcadora de derechos fundamentales, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo cual carece de objeto impartir una orden con miras a que el juzgador acusado se pronuncie frente a la solicitud que le present\u00f3 en la citada data, pues ello ya ocurri\u00f3, raz\u00f3n por la cual se colige que ces\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n de garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
De all\u00ed que el resguardo no pudiera prosperar, al vislumbrarse un \u00abhecho superado\u00bb, aspecto frente al cual la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
2.3. Por otro lado, siendo obvio que para cuando se radic\u00f3 la demanda de tutela g\u00e9nesis de esta actuaci\u00f3n (19 de septiembre de 2022), no exist\u00eda la citada decisi\u00f3n que adopt\u00f3 la Superintendencia convocada el 20 de septiembre \u00faltimo, es patente la inviabilidad de que el juez constitucional, en esta oportunidad, se ocupe de ella, comoquiera que no pudo ser cabalmente controvertida en este tr\u00e1mite, de donde un pronunciamiento de la Corte al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los intervinientes, correspondi\u00e9ndole al actor agotar, ante el fallador ordinario, cualquier tipo de discusi\u00f3n frente a la misma. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, especialmente en cuanto a los se\u00f1alamientos del accionante frente al proceder que tilda de irregular por parte de la Superintendencia acusada en cuanto a la resoluci\u00f3n de su solicitud, si considera que en alg\u00fan proceder irregular incurri\u00f3 tal autoridad o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Lo sucintamente dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala (E) <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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