STC15067-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15067-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-000-2022-01917-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 27 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Aurelia Esther Marenco de La Rosa, Jaime Rafael Marriaga Ariza, Walter Antonio Mendoza Reales y Harold Jos\u00e9 Pacheco Miranda, propusieron contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, la representante del Ministerio P\u00fablico y el delegado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como citadas las partes e intervinientes en la causa con radicado 08001600125720160467102. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, invocaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
Sostuvieron, en s\u00edntesis, que el 15 de abril de 2022, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n en su contra por diversos delitos atentatorios contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, la fe p\u00fablica y la recta impartici\u00f3n de justicia, tr\u00e1mite dentro del cual, por petici\u00f3n de su apoderado y del representante del Ministerio P\u00fablico, se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado desde la acusaci\u00f3n, y no, como deber\u00eda ser -afirman- a partir de la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, decisi\u00f3n que apelada, revoc\u00f3 la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, con el argumento que \u00abla acusaci\u00f3n es un acto complejo que no permite control material del Juez y menos de la defensa, por lo que las deficiencias que pudiera tener eran susceptibles de ser corregidas dentro de la misma audiencia\u00bb. <\/p>\n
Consideran que el ad quem desmejor\u00f3 su situaci\u00f3n, en calidad de apelantes \u00fanicos, desconociendo la garant\u00eda constitucional de non reformatio in pejus, circunstancia que los habilita para acudir a la presente v\u00eda residual. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicitaron ordenar a la Colegiatura convocada, invalidar la providencia de segundo grado cuestionada, para que, en su lugar, emita una nueva providencia que se ajuste a derecho. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, luego de hacer un recuento de lo actuado en el proceso penal objeto de an\u00e1lisis, puso de presente que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abse ci\u00f1e a las normas procesales y a la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que contenga o constituya una v\u00eda de hecho como lo indica el accionante, el cual tiene a su disposici\u00f3n toda una gama de instrumentos jur\u00eddico penales para conseguir o luchar por lo buscado que no es otra cosa que reforzar su tesis absolutoria frente a sus representados y que con la acci\u00f3n de tutela de marras y las solicitudes que le fueron despachadas en forma desfavorable por parte de esta Corporaci\u00f3n, desnaturaliza el tr\u00e1mite precisamente procesal y el desarrollo del mismo ya que el proceso penal se encuentra en curso y aun en una etapa prematura\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 improcedente el amparo con fundamento en que, <\/p>\n
\u00abactualmente se adelanta el proceso penal (CUI 08001600125720160467102), en el que est\u00e1 por culminar la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed pues, como el proceso penal a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite y al interior del mismo los accionantes tienen herramientas id\u00f3neas para ejercer la defensa de sus derechos, la acci\u00f3n de tutela es improcedente, conforme al art\u00edculo 6.1 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Por lo anterior, AURELIA ESTHER MARENCO DE LA ROSA, JAIME RAFAEL MARRIAGA ARIZA, WALTER ANTONIO MENDOZA REALES y HAROLD JOS\u00c9 PACHECO MIRANDA pueden presentar y sustentar tal solicitud de nulidad en los alegatos finales, o si su petici\u00f3n es negada, en los fundamentos de la apelaci\u00f3n, o incluso mediante la causal pertinente en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propusieron los accionantes, luego de indicar, que de no accederse a la protecci\u00f3n solicitada pueden sufrir un perjuicio irremediable, pues lo que se pretende por el a quo constitucional, es que se contin\u00fae con un tr\u00e1mite penal, aun cuando con la existencia de tal menoscabo, se puede superar el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre que se cumplan los conocidos requisitos generales y espec\u00edficos y, en especial, se hubiesen agotado todos los medios ordinarios de defensa judicial existentes en el ordenamiento procesal, puestos a disposici\u00f3n de los interesados, y, en caso de no hacerlo, la acci\u00f3n se vuelve improcedente por ausencia del requisito de la subsidiariedad. (CSJ STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC7925-2022 entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, pues la inconformidad se\u00f1alada por los accionantes radica en que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al revocar, en sede de alzada, la nulidad decretada en curso de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, misma que se suspendi\u00f3, precisamente, ante la proposici\u00f3n de tal mecanismo. <\/p>\n
En un asunto similar esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3, \u00abSin esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. (CSJ. STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01 reiterada en STC214-2019, STC2674-2020 y STC10005-2022). <\/p>\n
4. De otra parte, debe decirse que el reclamo del accionante no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, no solo porque no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad, como requisito general de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, sino porque tampoco procede como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable -argumento de la impugnaci\u00f3n- pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o denunciado revistiera cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pudiera evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela, lo que tampoco se logr\u00f3 concluir del expediente. (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en 9985-2022). <\/p>\n
5. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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