STC15075-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15075-2022 1 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00744-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 29 de septiembre, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Pablo P\u00e9rez contra el Juzgado Noveno de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron integrados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la dependencia jurisdiccional repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se conmine a declarar \u00abla NULIDAD\u00bb de lo rituado a partir del fallo, dentro del expediente ejecutivo de alimentos n.\u00b0 \u00ab20\u2026-00\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes, los que a continuaci\u00f3n se develan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla se surti\u00f3 el descrito litigio verbal sumario, por demanda de Mar\u00eda Rodr\u00edguez (como representante legal de su menor hijo Juan Pedro) contra el titular del presente pedimento de resguardo, padre del referido ni\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda provino, grosso modo, veredicto en audiencia de 14 de marzo de la anualidad en curso, a trav\u00e9s del cual la sede judicial en comento dispuso acceder \u00ab[d]e oficio\u00bb a un pago parcial de la obligaci\u00f3n y, en lo dem\u00e1s, seguir adelante con el respectivo cobro alimentario (en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago), am\u00e9n de encontrar impr\u00f3speras las excepciones2 propuestas por el extremo enjuiciado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El tutelante critic\u00f3 que el despacho de conocimiento i) pretermitiera, bajo la direcci\u00f3n de un juez distinto a la que inici\u00f3 el pleito, los alegatos de conclusi\u00f3n de la ejecutante, incurriendo as\u00ed en causal de invalidaci\u00f3n del decurso; ii) prescindiera de practicar mediante auto previo al fallo, pese a resultar de suma importancia, la \u00abprueba por informe\u00bb decretada en anterior diligencia, consistente en la solicitud de informaci\u00f3n al Fondo Nacional del Ahorro respecto al supuesto desembolso de dineros en favor de su contraparte, como pago de uno de los d\u00e9bitos por alimentos; iii) valorara inadecuadamente todas las facturas y consignaciones por \u00e9l acopiadas, en punto a demostrar la satisfacci\u00f3n parcial de la cuota alimentaria y de vestuario previstas en el t\u00edtulo ejecutivo; y iv) le impusiera condena en costas, porque no fue vencido. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El ente dispensador de justicia repelido memor\u00f3 los sucesos de la disputa de alimentos y se opuso al \u00e9xito de la clama, por carencia de prontitud en la acudida. <\/p>\n
Comparti\u00f3 copia del correspondiente dossier. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
De un lado, deneg\u00f3 la salvaguarda luego de hallar colmada la inmediatez en el caso \u2013al haberse promovido \u00ab6 meses y 1 d\u00eda despu\u00e9s\u00bb del veredicto objeto de censuras\u2013, pues el auto por cuya virtud el juzgado dej\u00f3 de practicar la \u00abprueba por informe\u00bb, la apreciaci\u00f3n hecha sobre la mayor\u00eda de facturas o consignaciones y la condena en costas no se perciben arbitrarios o antojadizos3 y, asimismo, porque la \u00abnulidad\u00bb por pretermisi\u00f3n de los alegatos de conclusi\u00f3n de la ejecutante no ha sido solicitada una vez proferido el fallo de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Y de otro costado, concedi\u00f3 el amparo en torno a la valoraci\u00f3n vertida en el veredicto de cara a dos facturas de ropa aportadas por el tutelante al descorrer traslado de la demanda ejecutiva, porque el despacho cognoscente se limit\u00f3 a desecharlas sin emprender un estudio adecuado sobre la posible pertinencia de tales documentos para probar el pago parcial de la obligaci\u00f3n de aquel, de brindar vestuario a su menor hijo. <\/p>\n
Por ende, el tribunal a-quo orden\u00f3 la proyecci\u00f3n de nueva providencia, en la que se atienda lo antedicho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La intent\u00f3 el convocante quien am\u00e9n de resaltar que s\u00ed compareci\u00f3 en tiempo, persisti\u00f3 en sus reproches atinentes a la falta de pr\u00e1ctica de la \u00abprueba por informe\u00bb e inapropiada valoraci\u00f3n probatoria del fallo de alimentos, que conllev\u00f3 a recibir decisi\u00f3n en contra y condena en costas por estrategias de la ejecutante; en especial, la carencia de estudio sobre la consignaci\u00f3n de 18 de junio de 2019 y la factura de venta de ropa del d\u00eda 20 del mismo mes y a\u00f1o. Asimismo, se doli\u00f3 de que se le exigiera acreditar el pago de valores causados con posterioridad al mandamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Compete, circunscrito el debate al memorial impugnatorio, indagar en sus cimientos la audiencia de 14 de marzo de los corrientes, llevada a cabo por el despacho judicial requerido al interior del litigio ejecutivo de alimentos, al albergar el epicentro de los cuestionamientos aqu\u00ed blandidos. <\/p>\n
1. N\u00f3tese que al desatar el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el ahora quejoso (all\u00ed demandado) contra el auto oral previo que opt\u00f3 por prescindir de la \u00abprueba por informe\u00bb inicialmente decretada, el juzgado hubo de esgrimir: <\/p>\n
(\u2026)[El despacho] no encuentra ninguna importancia(\u2026) a practicar una prueba (\u2026) incorporada al expediente (\u2026) por la (\u2026) parte demandada [y, por otra parte, porque tampoco se] propuso excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n [como ahora se pretende alegar]\u20264 <\/p>\n
<\/p>\n
2. Respecto a la apreciaci\u00f3n probatoria dada en el fallo en general (precisamente de cara a la consignaci\u00f3n de 18 de junio de 2019, referida en el escrito de impugnaci\u00f3n), resalt\u00f3 el ente dispensador fustigado que: <\/p>\n
(\u2026)Solamente el despacho le (\u2026) da cr\u00e9dito a dos de [los documentos aportados por el ejecutado], el de 1[8] de junio de (\u2026) 2019, por un valor de $350.000 y el relacionado el 25 de junio de(\u2026) 2019 por valor de $2[2]9.[7]50. Esos pagos el despacho los va a considerar [de oficio] como v\u00e1lidos(\u2026) [A]lgunas facturas que (\u2026) fueron puestas a consideraci\u00f3n del despacho trataba[n] de (\u2026) gastos ocasionales, m\u00e1s bien por producto de la relaci\u00f3n paterno[filial] con el menor, en momentos en que el padre se encontraba en Barranquilla, como gastos de restaurante, de recreaci\u00f3n y el tema (\u2026) de algunos tiquetes, hotel, que en s\u00ed mismo (\u2026) no ponen de presente el pago de dinero [o vestuario], que fue lo que se acord\u00f3 en el acta de conciliaci\u00f3n(\u2026). [L]a precariedad probatoria que el demandado pone de presente para (\u2026) afirmar que ha cumplido con su responsabilidad alimentaria est\u00e1 muy lejos [de la verdad]\u20265 <\/p>\n
Prove\u00eddos que al margen de compartirse no subyacen arbitrarios, subjetivos o antojadizos en cuanto a los reproches venidos de remembrar, lo que desdice de las trasgresiones aducidas en lo tocante, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda, as\u00ed como tampoco la censura ata\u00f1edera a la aparente exigencia de valores posteriores a las fechas fijadas en el mandamiento de pago, por ser esta un hecho nuevo, no develado en el texto inaugural. <\/p>\n
Es que, en rigor, el convocante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la c\u00e9lula jurisdiccional encartada dispuso proseguir con la ejecuci\u00f3n alimentaria en su disfavor, luego de estimar como innecesaria la prueba por informe ahora echada de menos y asumir -de oficio- la consignaci\u00f3n de 18 de junio de 2019, como pago parcial de la obligaci\u00f3n, cuyo incumplimiento denotar\u00eda, a la postre, la obtenci\u00f3n de veredicto en contra. Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135-2016). <\/p>\n
Tema averiguado es que divergir del basamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si de relieve se pone que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711-2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Sin embargo de lo arriba enunciado, deviene palpable la incursi\u00f3n en un exceso que amerita la injerencia de esta extraordinaria jurisdicci\u00f3n, adicional a la concesi\u00f3n dispuesta desde la primera instancia, en tanto que el juzgado requerido dej\u00f3 de analizar a fondo en su sentencia sobre la factura de venta de 20 de junio de 2019, como bien lo pregon\u00f3 el tutelante -con m\u00e1s claridad en impugnaci\u00f3n que en la demanda inicial de amparo-, pues si bien hizo menci\u00f3n del descrito documento al revisar cada una de las pruebas tra\u00eddas en la contestaci\u00f3n al libelo ejecutivo de alimentos, al punto que en alg\u00fan momento parec\u00eda que se iba a tener como pago parcial de la obligaci\u00f3n6, no puede pasar desapercibido que ninguna consideraci\u00f3n mereci\u00f3 a la hora de sentenciar ese litigio. <\/p>\n
Mismo t\u00f3pico por el que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad, en consonancia, decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
\u2026 En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales. <\/p>\n
(\u2026)Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas. <\/p>\n
\u2026 Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
La comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0). <\/p>\n
\u2026 La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem). <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u2026 (\u00c9nfasis. CC T-214\/12). <\/p>\n
En ese marco de factores, toda grave falencia de motivaci\u00f3n \u00absupone una clara vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales\u00bb, dirigido a divulgar \u00ablas razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que sustentan\u00bb sus providencias (SU-635\/15). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone, entonces, reajustar lo zanjado por el tribunal a-quo, por lo acabado de dilucidar; y, en lo dem\u00e1s, resolver de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica la sentencia impugnada, en el sentido de indicar que la concesi\u00f3n parcial de resguardo ah\u00ed dispuesta, tambi\u00e9n implica para el despacho judicial requerido valorar exhaustivamente la factura de compra de 20 de junio de 2019, conforme a lo plasmado a lo largo del numeral \u00ab2.3.\u00bb de la considerativa de este pronunciamiento. En lo restante, se confirma el veredicto objeto de opugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala (E) <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Como anotaci\u00f3n preliminar, de esta sentencia se conservan dos versiones, para protecci\u00f3n de los derechos del menor involucrado; una, \u00abcon la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb y la presente, \u00abreemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n\u00bb. Subrayas ajenas. Acuerdo de Sala 034, 16 dic. 2020. <\/p>\n
2\u0002 De \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abdesproporcionalidad\u2026\u00bb y \u00abtemeridad y mala fe\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 En particular, la imposici\u00f3n de costas la encontr\u00f3 acertada el tribunal, debido a que el juzgado opt\u00f3 por seguir adelante con la ejecuci\u00f3n al paso que declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones por \u00e9l planteadas y el pago parcial fue producto de una facultad oficiosa. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. Min. 0:25:25 a 0:39:29. Parte I de la audiencia. <\/p>\n
5\u0002 Min. 0:57:30 a 1:05:35. Parte II, \u00eddem. <\/p>\n
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