STC15079-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15079-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03790-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Vilma Esperanza Guti\u00e9rrez Fl\u00f3rez contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil Municipal de esta \u00faltima localidad y los intervinientes en el juicio declarativo n\u00b0 2019-00124 y en la tramitaci\u00f3n de tutela n\u00b0 2022-00080. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por los fallos de tutela -de primera y segunda instancia- de 12 de septiembre y 20 de octubre de 2022, mediante los cuales los juzgadores encartados (en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2022-00080) declararon la invalidez de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Sogamoso en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que ella promovi\u00f3 contra Israel Hormanza Delgado (2019-00124) y, en su lugar, le ordenaron a dicho juzgador que estudiara el escrito de contestaci\u00f3n y dem\u00e1s intervenciones efectuadas por dicho demandado; esto, pese a que este \u00faltimo no cumpli\u00f3 con la carga pecuniaria que le impon\u00eda el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto las fustigadas providencias y que, en su lugar, se \u00able d\u00e9 cumplimiento a la sentencia que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento entre las partes, por el incumplimiento del arrendatario y se tramite el proceso ejecutivo para que mi representada pueda garantizar sus derechos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Sogamoso hizo un recuento de lo acontecido en el juicio reivindicatorio que incumbe a esta actuaci\u00f3n y defendi\u00f3 la legalidad de las providencias all\u00ed dictadas. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso enfatiz\u00f3 la improcedencia de este mecanismo de amparo frente a sentencias de tutela. <\/p>\n
3. Ismael Hormanza Delgado pidi\u00f3 desestimar la solicitud de amparo en raz\u00f3n a la legalidad de las providencias objeto de censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda all\u00ed invocada, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a lo dicho precedentemente, observa la Corte que no se abre paso el amparo propuesto comoquiera que, en esta oportunidad, la querellante pretende quebrantar los fallos proferidos en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, ya que, de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, de forma excepcional\u00edsima se ha autorizado la intervenci\u00f3n del juez de tutela para resquebrajar las decisiones adoptadas al interior de otra salvaguarda cuando se comprueba la existencia de fraude; en ese sentido en la SU 627 de 2015, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
No obstante, analizados los argumentos esbozados por la accionante frente a las determinaciones adoptadas por los falladores constitucionales se observa que no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la sentencia arriba indicada pues el n\u00facleo central de la presente queja gravit\u00f3 en torno a una supuesta valoraci\u00f3n probatoria y normativa inadecuada, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis de las discrepancias con la hermen\u00e9utica de los jueces cognoscentes escapa de esta nueva salvaguarda, correspondi\u00e9ndole a la promotora acudir, por intermedio de los funcionarios competentes, ante la Corte Constitucional, a donde fue remitido el expediente de la tutela cuestionada, a efectos de exponer su situaci\u00f3n pues, al no haber concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n en dicha Corporaci\u00f3n, a\u00fan cuenta con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda. <\/p>\n
El instrumento de la revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Adicionalmente, en otras oportunidades se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme con lo expuesto, se desestimar\u00e1 el resguardo en atenci\u00f3n a que no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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