STC15085-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15085-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2022-00214-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de nueve de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de octubre de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la tutela que Doris Amanda Galindo Gait\u00e1n instaur\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Monterrey \u2013 Casanare, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00148. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
i)- \u00abSe conceda la MEDIDA PROVISIONAL DEPRECADA y se ordene a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n de Personal, dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el MANUAL DE FUNCIONES DE LA ALCALDIA DE MONTERREY CASANARE, conforme Decreto 060 del 2019, vigente para la convocatoria territorial 2019, PARA EL CARGO DE COMISARIO DE FAMILIA, NIVEL PROFESIONAL, CODIGO 202, GRADO 06, CON CODIGO OPEC No. 7944, OFERTADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA TERRITORIAL No. 1053 – 2019, REGLAMENTADA POR EL ACUERDO No. 20191000000876 del 4\/03\/2019 DE LA ALACALDIA DE MONTERREY CASANARE\u00bb; <\/p>\n
ii)- \u00abSuspender la ejecuci\u00f3n del uso de la lista de elegibles 2021RES-400.300.24-7650 del cargo de COMISARIO DE FAMILIA con NIVEL PROFESIONAL, CODIGO 202, GRADO 06, CON CODIGO OPEC No. 7944, OFERTADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA TERRITORIAL No. 1053 – 2019, REGLAMENTADA POR EL ACUERDO No. 20191000000876 del 4\/03\/2019 DE LA ALACALDIA DE MONTERREY CASANARE, hasta que se resuelva la presente Acci\u00f3n de Tutela\u00bb; <\/p>\n
iii)- \u00abOrdenar a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n de Personal, abstenerse de emitir concepto favorable sin incluir la experiencia del se\u00f1or JUAN DAVID MORENO RAMIREZ, por ser la decisi\u00f3n del se\u00f1or JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA DE MONTERREY, contraria a lo indicado en el Decreto 1082 de 2015 y 7 Decreto Ley 785 de 2005\u00bb; <\/p>\n
iv)- \u00abConceder efectos jur\u00eddicos a la Resoluci\u00f3n No. 637 de fecha 25 del mes de agosto del a\u00f1o 2022, emitida por la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE y proceda mediante acto administrativo de nombramiento a [su] favor, al cual [tiene] derecho por cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en el art\u00edculo 80 numeral 3 de la Ley 1098 de 2006 y los requisitos exigidos en el Manual de Funciones de la entidad, vigente para la convocatoria territorial 2019 (\u2026)\u00bb; y <\/p>\n
v)- \u00abSolicitar a los vinculados COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y a la ALCALDIA MUNCIPAL DE MONTERREY, informes sobre las acciones adelantadas en el proceso de tutela LXXXLX de primera instancia, emitida por el JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA DE MONTERREY CASANARE, LUIS ALEXANDER RAMOS PARADA, con radicado 851623184001-2022-00148-00, de fecha 28 del mes de septiembre del a\u00f1o 2022, accionada por JUAN DAVID MORENO RAMIREZ, en contra de los accionados ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERREY y la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC), incluyendo resoluciones y decretos\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que inscrita en la convocatoria de concurso de m\u00e9rito de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013 CNSC – denominado \u00abPROCESO DE SELECCION TERRITORIAL 2019- ALCALDIA DE MONTERREY CASANARE\u00bb, se postul\u00f3 para el empleo signado \u00abCOMISARIO DE FAMILIA, NIVEL PROFESIONAL, CODIGO 202, GRADO 06, CON CODIGO OPEC No. 7944, OFERTADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA TERRITORIAL No. 1053 \u2013 2019\u00bb, reglamentado por la Alcald\u00eda de Monterrey (Acuerdo 20191000000876, 4 mar.); luego de ser admitida y superar las etapas de selecci\u00f3n, la CNSC \u00abprofiri\u00f3 la lista de elegibles donde ostent[a] la tercera posici\u00f3n\u00bb (RES-400.300.24-7650, 21 nov.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que dicha entidad autoriz\u00f3 a la alcald\u00eda para el uso de la \u00ablista de elegibles\u00bb y proceder al nombramiento de quien ocup\u00f3 el segundo puesto; empero, \u00e9sta \u00abse [abstuvo] de realizar el nombramiento (\u2026), por no cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la Ley y en el manual de funciones de la entidad\u00bb (Res. n\u00ba 637, 25 ag. 2022), por lo que, solicit\u00f3 a la CNSC, \u00abpoder hacer uso de la lista de elegibles de la convocatoria territorial 2019\u00bb; y como resultado la \u00ab(CNSC), autoriz\u00f3 a la Alcald\u00eda de Monterrey Casanare, el uso de la lista de elegibles para la elegida Doris Amanda Galindo Gait\u00e1n, (\u2026) quien ocup\u00f3 la posici\u00f3n tres (3) en el empleo identificado con el OPEC no. 7944 denominado Comisario de Familia, c\u00f3digo 202, grado 6, a trav\u00e9s del m\u00f3dulo de reporte de novedades del Banco Nacional de listas de elegibles (…)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Promiscuo de Familia de Monterrey, en la guarda que Juan David Moreno Ram\u00edrez -segundo en la lista de elegibles- inco\u00f3 contra la CNSC y el Municipio de Monterrey (n\u00ba 2022-00148), decret\u00f3 como medida provisional \u00abla suspensi\u00f3n del uso de la lista de elegibles del cargo de COMISARIO DE FAMILIA DE MONTRERREY CASANARE\u00bb (16 sep.) y, luego, dict\u00f3 sentencia en la que, tras dejar sin efectos jur\u00eddicos la \u00abresoluci\u00f3n n\u00ba 637 del 25 de agosto de 2022\u00bb, mand\u00f3 a la Alcald\u00eda Municipal de Monterrey, <\/p>\n
(\u2026) realizar dentro del t\u00e9rmino judicial de 3 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, la verificaci\u00f3n de antecedentes disciplinarios y penales, as\u00ed como vigencia de la tarjeta profesional de abogado del se\u00f1or JUAN DAVID MORENO RAM\u00cdREZ (\u2026) Una vez realizado lo anterior, si se cumplen la totalidad de requisitos (sin incluir experiencia), proceda a emitir concepto favorable para proceder con el nombramiento en el empleo de COMISARIO DE FAMILIA (28 sep. 2022). <\/p>\n
Acus\u00f3 al despacho confutado de transgredir las garant\u00edas invocadas; adem\u00e1s, dijo que \u00abdesconoce la autonom\u00eda administrativa de la Alcald\u00eda de Monterrey Casanare y de la Comisi\u00f3n de Personal\u00bb, por cuanto, \u00ab[consider\u00f3] el t\u00edtulo de posgrado de INSTITUCIONES JURIDICO PROCESALES del accionante, como una de las contempladas en el art\u00edculo 80 numeral 3 de la Ley 1098 y al solicitar a la ALCALDIA DE MONTERREY CASANARE y A LA COMISION DE PERSONAL, excluir la experiencia contemplada en el manual de funciones vigente para la convocatoria territorial 2019, para favorecer al accionante\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la oficina querellada \u00abpretende imponer acomodar el t\u00edtulo de posgrado de INSTITUCIONES JURIDICAS PROCESALES del se\u00f1or JUAN DAVID, para acreditar que se cumple con el requisito exigido en el art\u00edculo 80 numeral 3 de la Ley 1098 de 2006, sin percatarse que los t\u00edtulos de posgrado exigido en la norma vigente para el momento de la convocatoria territorial 2019, son espec\u00edficos (\u2026)\u00bb; de ah\u00ed que, \u00abal desconocer los requisitos exigidos en el MANUAL DE FUNCIONES DE LA ENTIDAD y los requisitos exigidos en el art\u00edculo 80 numeral 3, de la Ley 1098 de 2006\u00bb para ocupar el cargo ofertado, \u00ab[da] lugar a que cualquier persona pueda concursar a los cargos convocados por la CNSC (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Monterrey defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y resalt\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela de la cual predica la ac\u00e1 accionante se deriva una presunta vulneraci\u00f3n, a la fecha est\u00e1 en tr\u00e1mite de segunda instancia, de modo que puede la accionante acudir a dicho tr\u00e1mite de manera voluntaria y presentar sus argumentos, si lo considera necesario\u00bb. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil requiri\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n constitucional, toda vez que no existe vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del accionante por [su] parte (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Yopal desestim\u00f3 el ruego \u00abpor improcedente\u00bb, tras apreciar que \u00abla accionante manifest\u00f3 su inconformidad con el fallo de tutela de fecha 28 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Monterrey dentro del proceso de amparo adelantado por Juan David Moreno Ram\u00edrez, alegando una serie de defectos relacionados con el an\u00e1lisis probatorio y la aplicaci\u00f3n de derecho en los que presuntamente incurri\u00f3 la autoridad judicial accionada, pero no se\u00f1al\u00f3, y menos demostr\u00f3, la ocurrencia de un fraude\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que \u00abseg\u00fan lo indicado por el Juzgado accionado, el fallo de tutela objeto de la presente acci\u00f3n constitucional fue remitido a esta Corporaci\u00f3n para desatarse la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Alcald\u00eda Municipal de Monterrey, la cual le correspondi\u00f3 por reparto al Dr. Jairo Armando Gonz\u00e1lez G\u00f3mez, mediante acta de reparto de fecha 7 de octubre de 2021, encontr\u00e1ndose al Despacho y en t\u00e9rmino para ser resuelta, circunstancia de la cual se colige que la actora cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para la defensa de los derechos fundamentales que considera transgredidos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- Replic\u00f3 la actora, con los mismos argumentos del pliego inaugural, aduciendo que \u00ab(\u2026) la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional obedece a la decisi\u00f3n proferida por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA MONTERREY, en Sentencia LXXXLX de fecha 28 del mes de septiembre del a\u00f1o 2022, con radicado 851623184001- 2022-00148-00, al imponer y acomodar el t\u00edtulo de posgrado de INSTITUCIONES JURIDICAS PROCESALES del se\u00f1or JUAN DAVID MORENO RAMIREZ, para acreditar que se cumple con el requisito exigido en el art\u00edculo 80 numeral 3 de la Ley 1098 de 2006, sin percatarse que los t\u00edtulos de posgrado exigido en la norma vigente para el momento de la convocatoria territorial 2019, son espec\u00edficos\u00bb, por lo que, en su criterio, \u00abel fallo proferido por el Juez accionado adolece de vicios que afectan su validez, por incurrir en violaci\u00f3n al debido proceso de las partes e intervinientes del procedimiento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es viable el examen de las \u00abtutelas contra tutela\u00bb, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, STC2551-2021, 15 mar. 2021, reiteradas en STC16306-2021), siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad jurisprudencialmente establecidos. <\/p>\n
2.- En el sub lite, Galindo Gait\u00e1n busca dejar sin efecto el \u00abfallo de tutela\u00bb emitido en primera instancia por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Monterrey \u2013Casanare, en el radicado 2022-00148, y, adem\u00e1s, \u00abConceder efectos jur\u00eddicos a la Resoluci\u00f3n No. 637 de fecha 25 del mes de agosto del a\u00f1o 2022, emitida por la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE (\u2026)\u00bb, y \u00ab[s]olicitar a los vinculados COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y a la ALCALDIA MUNCIPAL DE MONTERREY, informes sobre las acciones adelantadas en el proceso de tutela\u00bb <\/p>\n
. <\/p>\n
No obstante, el primero de los pedimentos no puede salir avante, por prematuro, como quiera que, para cuando se radic\u00f3 el presente resguardo, estaba en curso en el Tribunal Superior de Yopal, la impugnaci\u00f3n que contra el veredicto del juzgado censurado interpuso el Municipio de Monterrey-Casanare, olvidando que al juez constitucional le est\u00e1 prohibido inmiscuirse en aquel tr\u00e1mite, mientras no se dirimiera definitivamente la causa combatida (STC3499-2022). <\/p>\n
2.1.- Ahora, conocida la providencia que dirimi\u00f3 la segunda instancia del auxilio controvertido, la promotora tiene a su alcance el medio de defensa previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para atacar los \u00abfallos de tutela\u00bb que debate, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, lo que a su vez cierra la \u00abposibilidad\u00bb de auscultar por este camino un pronunciamiento de otro iudex de \u00abtutela\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, nada impide que, en caso de no ser seleccionado el paginario para dicho fin, haga uso de la facultad de insistencia, herramienta de la que esta Colegiatura ha esgrimido: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). STC3147-2022. <\/p>\n
2.2.- En lo que concierne con la pretensi\u00f3n tendiente a que se disponga \u00abConceder efectos jur\u00eddicos a la Resoluci\u00f3n No. 637 de fecha 25 del mes de agosto del a\u00f1o 2022, emitida por la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE (\u2026)\u00bb, lo cierto es que, como de manera reiterada lo ha adoctrinado esta Corporaci\u00f3n (STC5112-2021, STL4219-2021), ese es un debate que debe ser esclarecido por el juez de lo contencioso administrativo, al discutirse un acto administrativo (STC11174-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si a juicio de la impulsora, con la \u00abresoluci\u00f3n n\u00ba 637, 25 ag. 2022\u00bb adoptada, la Alcald\u00eda recriminada incurri\u00f3 en \u00abvulneraci\u00f3n de sus derechos esenciales\u00bb, previo a acudir a esta v\u00eda, debi\u00f3 agotar el mecanismo ordinario estatuido por el legislador, que para el caso, est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011, y que, en suma, le brinda la posibilidad de atacar las decisiones, a trav\u00e9s de la figura de \u00abnulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, escenario en el que, si lo cree pertinente, puede requerir medidas cautelares, conforme lo consagra el canon 230 \u00eddem, sin que exista plena certeza si la gestora hizo uso del remedio a su alcance, ya que en el escrito inaugural no hace referencia a ese punto, incumpli\u00e9ndose as\u00ed, con la exigencia de la \u00absubsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular esta Magistratura ha puntualizado que, <\/p>\n
Sin perjuicio de lo expuesto, ha de se\u00f1alarse que los actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama (CSJ STC, 25 Abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020 y STC133-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, ha predicado que, <\/p>\n
2.3.- Finalmente, el pet\u00edtum encaminado a \u00abSolicitar a los vinculados COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y a la ALCALDIA MUNCIPAL DE MONTERREY, informes sobre las acciones adelantadas (\u2026)\u00bb en el amparo n\u00b0 2022-00148-00, escapa de la \u00f3rbita constitucional, siendo a ella a quien incumbe reclamar directamente ante el juez de la guarda objetada y a los organismos de los que busca un \u00abpronunciamiento\u00ab, para que sean ellos, en el marco de sus funciones, quienes analicen y emprendan, de ser viables, los tr\u00e1mites correspondientes (CSJ STC1423-2020 y STC11965-2021 entre otras). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 la directriz opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15085-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC15085-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2022-00214-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de nueve de noviembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de octubre de 2022 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68799","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68799","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68799"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68799\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68799"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68799"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68799"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}