STC15087-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC15087-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02069-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 5 de octubre de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo invocado por la Corporaci\u00f3n de Fomento Cultural (Corfomento), contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Quinto Civil de Peque\u00f1as Causas de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en los procesos ejecutivos de radicados 2018-00213-00 y 2019-1151. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al \u00abACCESO A LA RECTA Y CUMPLIDA JUSTICIA\u00bb. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, la inmobiliaria Convivienda S.A.S. promovi\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Ricardo Rojas Parra (Q.E.P.D), en donde act\u00faa como heredera testamentaria. El asunto correspondi\u00f3 Juzgado del Circuito atacado, el cual, con prove\u00eddo del 11 de marzo de 2022, declar\u00f3 terminado el proceso y orden\u00f3 el levantamiento de las cautelas. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que la mencionada autoridad no le ha entregado los respectivos oficios, excus\u00e1ndose en que se encuentra el embargo de remanentes. <\/p>\n
2.2. Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que el Conjunto Residencial Torres del Parque P.H., adelant\u00f3 proceso ejecutivo en contra de los herederos indeterminados del causante antes mencionado. En este, el Juzgado de Peque\u00f1as Causas cuestionado resolvi\u00f3 la terminaci\u00f3n de la causa, ante el pago de lo adeudado. <\/p>\n
2.3. Se duele de que en tal escenario no ha sido posible el desembargo de los bienes, pues el Juzgado del Circuito sostiene que los oficios fueron enviados al Despacho de Peque\u00f1as Causas, mientras este \u00faltimo, se excusa en que no le fueron enviados los mismos. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se ordene a las autoridades enjuiciadas que elaboren y le entreguen los oficios de cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e11 manifest\u00f3 que la no entrega de las comunicaciones \u00abobedece al cumplimiento de las actuaciones que previamente deben llevarse a cabo para tal fin, m\u00e1xime cuando mediante auto de fecha 25 de octubre de 2019, se tuvo en cuenta el embargo de remanentes comunicado por el Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad y no se hab\u00eda recibido respuesta alguna por parte de la Dian en cuanto a la existencia de obligaciones insolutas del demandado\u00bb. Por lo tanto, una vez recibida esa informaci\u00f3n, las medidas cautelares la coloc\u00f3 a disposici\u00f3n del Juzgado de Peque\u00f1as causas cuestionado, al considerar que es a dicha autoridad la competente para ello. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas de esta ciudad2 enfatiz\u00f3 que \u00abno es procedente entregar oficio de desembargo a quien no hace parte dentro del plenario, el abogado JESUS GUILLERMO BOHORQUEZ PLAZAS fue reconocido como apoderado del albacea se\u00f1or BENJAMIN ANZOLA VELASCO, no como representante o apoderado de la CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL CORFOMENTO, por lo anterior, mal har\u00eda este despacho entregar oficio a quien no es reconocido en este proceso como parte\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 06 Judicial II, adscrito a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles3, solicit\u00f3 \u00abconceder la tutela en los t\u00e9rminos impetrados, si no se justifica v\u00e1lidamente la mora se\u00f1alada o no se procede en conformidad durante este tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El tribunal constitucional resolvi\u00f3 negar el amparo invocado. Consider\u00f3 que \u00abla Corporaci\u00f3n de Fomento Cultural Corfomento, conforme lo refrenda el plenario igualmente remitido, no es parte, ni se le ha reconocido calidad alguna, por ende, carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para entablar esta causa constitucional\u00bb. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que \u00abaun si se aceptara, en gracia de discusi\u00f3n, la postulaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, la salvaguarda no cumple el presupuesto de la subsidiariedad, en el entendido que, previo a su ejercicio, como se anot\u00f3, es imperativo agotar los mecanismos ordinarios al interior del proceso y ante el Juez natural quien, en l\u00ednea de principio, es el llamado a resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abEL PROBLEMA JUR\u00cdDICO SON LOS TRAMITES SECRETARIALES, haciendo el debido control de los t\u00e9rminos que como tal le corresponde al funcionario para agilizar los efectos de la decisi\u00f3n del provisto o fallos respectivos, esto es, la ELABORACION DE LOS OFICIOS que correspondan\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abla \u00fanica Heredera testamentaria del se\u00f1or RICARDO ROJAS es exclusivamente Corfomento y adem\u00e1s es la \u00fanica perjudicada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de la gestora, al no entregarle los oficios de desembargo con ocasi\u00f3n de la terminaci\u00f3n de los procesos referidos. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, escrutado el material probatorio, se observa que la corporaci\u00f3n tutelante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues no es sujeto procesal en el tr\u00e1mite debatido, esto es, no detenta condici\u00f3n sustancial o adjetiva dentro del juicio que posibilite la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados. <\/p>\n
2.1. Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. STC10027-2022. <\/p>\n
2.2. En ese orden, son las partes de los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios. Por el contrario, quien no este reconocido como tal, carece de legitimaci\u00f3n para alegar la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
3. Finalmente, se comparte lo decidido por el juez constitucional a-quo, en el sentido de que, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara la postulaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica tutelante, tambi\u00e9n resulta improcedente el amparo ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ello pues, se observa que la libelista no ha reclamado ante el Juzgado Quinto Civil de Peque\u00f1as Causas lo expuesto en esta sede -la entrega de los oficios de desembargo-, omisi\u00f3n que imposibilita acudir directamente a la protecci\u00f3n constitucional, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo. <\/p>\n
4. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-4. Anexo 09OficioRespuesta (1).pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-2. Anexo 15 CONTESTACI\u00d3N ACCI\u00d3N DE TUTELA 2022-2069 proceso 2019-1151.pdf <\/p>\n
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