STC15088-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15088-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25001-22-13-000-2022-00478-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de nueve de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la tutela que la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta le instaur\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, extensiva al Juzgado Promiscuo Municipal de Manta y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00ba 2022-00051. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara al estrado acusado declarar la nulidad de lo actuado en el asunto de la referencia a partir del fallo de 19 de septiembre de 2022 y, en consecuencia, que \u00abrehaga la actuaci\u00f3n permiti\u00e9ndo[l]e (\u2026) intervenir y aportar pruebas (\u2026) respeto a la defensa t\u00e9cnica que le asiste\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Promiscuo Municipal de Manta en la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb que Desiderio Orjuela Medell\u00edn inco\u00f3 en su contra y de la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. (rad. 2022-00051), concedi\u00f3 el amparo y mand\u00f3 a \u00e9sta \u00faltima que, \u00aben el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, proceda con el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n a que tiene derecho el [accionante]\u00bb (16 ag.). <\/p>\n
Relat\u00f3 que dicha entidad refut\u00f3 lo resuelto \u00abcomo \u00fanico apelante\u00bb, y el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 \u00abno [le] dio traslado [del mismo]\u00bb y emiti\u00f3 decisi\u00f3n que la afecta \u00abadministrativa y financieramente\u00bb, dado que modific\u00f3 la de primer nivel, en el siguiente sentido: <\/p>\n
\u00abSEGUNDO: ORDENAR al E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, que en el t\u00e9rmino de un (1) mes h\u00e1bil contado desde la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a realizar los tr\u00e1mites administrativos pertinentes para liquidar, emitir y pagar el bono pensional a favor del [actor], aplicando la legislaci\u00f3n vigente. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al departamento de Cundinamarca que en el t\u00e9rmino de tres (3) meses h\u00e1biles contados desde la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a celebrar el contrato de concurrencia con la NACI\u00d3N-MINISTERIO DE HACIENDA Y CR\u00c9DITO P\u00daBLICO. La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA podr\u00e1 recobrar el monto que debe ser asumido por la Naci\u00f3n y la entidad territorial, en los t\u00e9rminos de la normatividad aplicable. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANT\u00cdAS PORVENIR S.A., que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, deposite el valor del bono pensional en la cuenta de ahorro individual del [gestor], proceda al tr\u00e1mite para la obtenci\u00f3n de la garant\u00eda de pensi\u00f3n m\u00ednima del accionante ante el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR\u00c9DITO P\u00daBLICO. <\/p>\n
(\u2026) En lo dem\u00e1s se mantiene inc\u00f3lume\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que tal veredicto \u00abconstituye\u00bb una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, toda vez que el despacho confutado no le permiti\u00f3 demostrar en el \u00abtr\u00e1mite\u00bb de la segunda instancia que el promotor \u00abprest\u00f3 sus servicios por nombramiento en provisionalidad mediante resoluci\u00f3n 395 de diciembre 21 de 1990 como auxiliar de enfermer\u00eda\u00bb, nominaci\u00f3n ratificada por la \u00abSECRETAR\u00cdA DE SALUD DE CUNDINAMARCA\u00bb, v\u00ednculo que culmin\u00f3 el \u00ab8 de septiembre de 1991\u00bb, por lo que \u00abtoda acreencia laboral, de servicios y conexos era responsabilidad y es responsabilidad de [la mentada] SECRETAR\u00cdA\u00bb, de ah\u00ed que \u00abel tr\u00e1mite es fraudulento\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 se opuso al auxilio, ya que \u00abNO ES CIERTO, que \u201cen el tr\u00e1mite de segunda instancia, el accionado no dio traslado al Hospital (\u2026)\u201d, pues este Despacho Judicial, admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n interpuesta, por auto de veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022), decisi\u00f3n que se orden\u00f3 notificar a las partes de la tutela, entre estas al E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA y que fue debidamente comunicada a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de la misma fecha, como puede observarse a R\u00f3tulo 035 del expediente\u00bb, como tampoco que \u00ab\u201c\u2026no dio la oportunidad de traslado al Hospital para informar y probar que\u2026\u201d, (\u2026) puesto que el Juzgado puso en conocimiento la apertura del tr\u00e1mite de segunda instancia, y no le neg\u00f3 la oportunidad al E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, de rendir informes o solicitar pruebas dentro del procedimiento, sin embargo, la entidad ahora accionante, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas en silencio\u00bb, sumado a que \u00abno se acredita el cumplimiento de los requisitos excepcionales para la procedencia de la tutela en contra de sentencias de tutela\u00bb. <\/p>\n
La AFP Porvenir S.A. requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, comoquiera que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno de la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU REFUTACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Cundinamarca desestim\u00f3 el ruego porque no cumple la exigencia de la subsidiariedad, ya que \u00abla tutela fue resuelta en sus instancias y contra el fallo opugnado [la censora] no present\u00f3 solicitud alguna, verbigracia la nulidad, con lo que desestim\u00f3 la herramienta prevista por el ordenamiento instrumental civil al que remite el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb, aunado a que \u00abla tutela se encuentra en revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, lo que conlleva que no se pueda emplear este mecanismo a efecto de obtener una nueva evaluaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia adoptada, cuando se est\u00e1 a la espera de lo que el \u00f3rgano de cierre constitucional disponga y a donde puede enarbolar su inconformidad\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abde los documentos que obran en el expediente, no permiten advertir que el despacho judicial que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n, haya desconocido alguno de sus derechos fundamentales alegados, sumado a que no se indic\u00f3 de qu\u00e9 manera pudo haberse dado su desconocimiento, ni alleg\u00f3 pruebas que ilustren acerca de tal circunstancia, ni se encuentran elementos de juicio que permitan inferirlo, porque la etapa procesal que aduce fue pretermitida o las oportunidades que reclama para alegar o aportar pruebas, no est\u00e1 consagrada en el Decreto 2591 de 1991 como lo refiere, siendo en sus art\u00edculos 31 y 32, los que establecen el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n, donde de forma alguna se establecen traslados y ello \u2013presentar pruebas o peticiones- corr\u00eda por cuenta de la parte interesada pedirlo, esto bajo los principios que rigen la acci\u00f3n de tutela; conllevando as\u00ed a colegir, que no se presentan las excepcionales circunstancias previstas por el \u00f3rgano de cierre constitucional, para tornar procedente esta acci\u00f3n de tutela contra una sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.- Discrep\u00f3 la gestora reafirm\u00e1ndose en su queja, adicionando que \u00ab[s\u00ed] era potestativo del juzgado de Chocont\u00e1 correr traslado del recurso propuesto por la administradora de pensiones\u00bb, conforme lo previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que \u00abbien pudo adherir[se] al apelante \u00fanico en lo desfavorable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es posible el examen de las \u00abtutelas conta tutelas\u00bb, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, citadas en STC2551-2021, STC16306-2021 y STC3147-2022), siempre y cuando se satisfagan los requisitos de procedencia jurisprudencialmente establecidos. <\/p>\n
La Guardiana de la Carta Pol\u00edtica acept\u00f3 la posibilidad de \u00abacciones\u00bb como la presente, cuando la resoluci\u00f3n adoptada en la ayuda superlativa es producto de un \u00abfraude\u00bb o si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb (SU-627 de 2015, citada en STC16306-2021 y STC4756-2022). As\u00ed lo anot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, para aclarar dicha tem\u00e1tica, precis\u00f3 que, \u00abla acci\u00f3n de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia\u00bb (C.C. T-286 de 2018). <\/p>\n
2.- En el sub lite la querellante intenta dejar sin efectos la sentencia expedida el 19 de septiembre de 2022 por el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 en la \u00abtutela\u00bb n\u00b0 2022-00051, por cuanto, presuntamente, dicha all\u00ed se incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental\u00bb y, por ende, en \u00abfraude\u00bb, al omitir darle en \u00abtraslado\u00bb el \u00abrecurso de impugnaci\u00f3n\u00bb que la AFP Porvenir S.A. impetr\u00f3 frente al fallo de primer grado, de acuerdo con lo establecido en el par\u00e1grafo del canon 322 del vigente estatuto adjetivo civil, lo que le cercen\u00f3 la posibilidad de adherirse a dicha herramienta y acreditar que no tiene la legitimaci\u00f3n y competencia legal para reconocer y pagar el bono pensional requerido. <\/p>\n
Sin embargo, aunque la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta esgrime la configuraci\u00f3n de un \u00abfraude\u00bb durante la tramitaci\u00f3n de la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb en el rese\u00f1ado reguardo, hip\u00f3tesis bajo la cual ser\u00eda viable el estudio de la guarda ac\u00e1 suplicada, se advierte que el argumento que expone para sustentar tal aserto no exhibe ninguna circunstancia constitutiva de la rese\u00f1ada figura, ya que se funda en una simple conjetura carente de apoyo jur\u00eddico. <\/p>\n
Ha sido clara y abundante la jurisprudencia constitucional en esbozar que \u00ab[e]l juez de tutela no puede remitirse al estatuto procesal civil cuando lo desee y para lo que quiera\u00bb, toda vez que \u00abla tutela sobre los derechos fundamentales concierne un tr\u00e1mite que por ministerio de lo dispuesto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica ha de ser preferente y sumario\u00bb, raz\u00f3n por la que su \u00abtr\u00e1mite\u00bb est\u00e1 \u00abdesprovisto de las formalidades propias de los procesos que se adelantan ante las distintas ramas de la jurisdicci\u00f3n del Estado\u00bb, de manera que \u00abno resulta admisible extender por analog\u00eda todas las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, pues de esa manera podr\u00eda darse a la misma un tratamiento similar al de cualquier proceso civil, pese a que la Constituci\u00f3n exige para ella un procedimiento \u2018sumario\u2019\u00bb (C.C. A-097 de 2017, en el mismo sentido consultar, entre otros, las providencias T-162 de 1997, A-005 de 1998, A-270 de 2002, A-258 de 2007 y T-045 de 2007). <\/p>\n
En ese sentido, como el Decreto 2591 de 1991 no tiene previsto ese tipo de \u00abactuaci\u00f3n\u00bb en la segunda fase, la cual por l\u00f3gica desnaturalizar\u00eda el procedimiento \u00absumario\u00bb de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, mal podr\u00eda aseverarse que el iudex recriminado cometi\u00f3 un \u00abfraude\u00bb, por lo que es claro que el objetivo de la quejosa es derruir un pronunciamiento que solvent\u00f3 con anterioridad la mentada problem\u00e1tica en esta sui generis justicia, bajo una invenci\u00f3n carente de sind\u00e9resis y razonabilidad, para volver a habilitar su discusi\u00f3n en esta senda especial y tratar de imponer su visi\u00f3n acerca de la definici\u00f3n que debi\u00f3 impartirse al caso sobre la que aquel finalmente tom\u00f3, de ah\u00ed que el socorro se torne impertinente. <\/p>\n
3.- Adicionalmente, la precursora tiene a su alcance el medio de defensa previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para atacar el \u00abfallo de tutela\u00bb que debate y as\u00ed corregir las irregularidades de \u00edndole procesal y sustancial que denuncia, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, dado que, seg\u00fan se pudo verificar de la p\u00e1gina Web de esta, la Sala de Selecci\u00f3n a\u00fan no ha adoptado ninguna determinaci\u00f3n respecto de dicha encuadernaci\u00f3n, lo que cierra la posibilidad de auscultar por este camino una pauta de otro \u00abjuez constitucional\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, nada impide que, en caso de no ser escogido el dossier para ese fin, haga uso de la \u00abfacultad de insistencia\u00bb, concesi\u00f3n de la que esta Colegiatura ha esgrimido: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992).STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, rese\u00f1adas, entre otras, en STC10007-2020, STC16306-2021 y STC5025-2022. <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, surge irrebatible la convalidaci\u00f3n de la providencia opugnada, pero por las razones aqu\u00ed exteriorizadas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, por las reflexiones exhibidas en esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15088-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC15088-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25001-22-13-000-2022-00478-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de nueve de noviembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de octubre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68802","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68802","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68802"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68802\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}