STC15090-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15090-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 28 de julio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ingrid Lorena Alfonso Cuestas contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad encartada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efectos las sentencias condenatorias en su contra y, en consecuencia, se disponga \u00abresolver sobre la prescripci\u00f3n del delito de violencia contra servidor p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Ingrid Lorena Alfonso Cuestas se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones, en concurso heterog\u00e9neo con violencia contra servidor p\u00fablicos\u00bb, que el 28 de octubre de 2021 el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, previo preacuerdo, la conden\u00f3 a 56 meses de prisi\u00f3n al encontrarla responsable del punible endilgado; determinaci\u00f3n que, el 16 de febrero de 2022 confirm\u00f3 el Tribunal; determinaci\u00f3n que, cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 que, en su sentir, conforme el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por el delito de violencia contra servidor p\u00fablico, por lo que, pidi\u00f3 se declarara tal fen\u00f3meno; empero, el 13 de junio de 2022 el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad se declar\u00f3 \u00abincompetente para decidir sobre la nulidad parcial de las sentencias\u2026, por hallarse los fallos ejecutoriados, lo que\u2026 debe proponerse a trav\u00e9s de acci\u00f3n de revisi\u00f3n ante el funcionario competente\u00bb. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que la Procuradur\u00eda 97 Judicial II Penal indic\u00f3 que \u00abpara el 18 de noviembre de 2017, previo a la sentencia de segunda instancia\u2026 la acci\u00f3n penal del delito de violencia contra servidor p\u00fablico ya esta[ba] prescrita\u00bb, situaci\u00f3n que, corrobor\u00f3 el estrado de ejecuci\u00f3n de penas, por lo que, \u00abhay un hecho cierto y es que se presentaron irregularidades sustanciales que afectaron [su] derecho fundamental al debido proceso, que consecuentemente afecta la legalidad de la pena, que generan por lo menos la nulidad parcial de los fallos dictados en [su] contra\u00bb; esto, porque conforme al \u00abinciso 2\u00b0 del art\u00edculo 292 de la Ley 906 de 2004, siendo el m\u00e1ximo de la pena 8 a\u00f1os y reducido en la mitad, esto es, quedando en 4 a\u00f1os el t\u00e9rmino prescriptivo, dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico oper\u00f3 exactamente el 18 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que consult\u00f3 un abogado \u00abcasacionista para adelantar la demanda de revisi\u00f3n, [le] cobra entre veinte y treinta millones de pesos, dinero del cual no dispo[ne], m\u00e1xime cuando [su] ocupaci\u00f3n es la de empleada dom\u00e9stica y no posee bienes muebles o inmuebles ni ingreso alguno en la actualidad y, que dada [su] inexperiencia en la vida por [sus] escasos 22 a\u00f1os de edad, incurri[\u00f3] en las conductas por las que fu[e] condenada, de las cuales [se ha] arrepentido y pedido perd\u00f3n al grado que indemni[z\u00f3] con un mill\u00f3n de pesos al patrullero, dinero que obtuvo de un prestamista al cual a\u00fan no h[a] terminado de pagar\u00bb, raz\u00f3n por la que la salvaguarda es procedente, toda vez que, no posee con otro mecanismos de defensa judicial. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Once Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, verificado el sistema de consulta de procesos el 18 de noviembre de 2017 adelant\u00f3 la legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento en contra de la actora, remitiendo las diligencias al centro de servicios judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 97 Judicial II \u2013 Penal pidi\u00f3 se declare la procedencia de la salvaguarda, pues, en su sentir, la acci\u00f3n penal por el delito de violencia contra servidor p\u00fablico estaba prescrita para cuando se profiri\u00f3 fallo por el Tribunal; que, para el caso concreto, la acci\u00f3n de revisi\u00f3n no es un medio id\u00f3neo de defensa, toda vez que, esa v\u00eda puede terminar causando m\u00e1s afectaci\u00f3n, porque tal remedio, al igual que la casaci\u00f3n debe surtir tr\u00e1mites, que unidos a la congesti\u00f3n judicial \u00abpuede dar lugar a que se declare un derecho, cuando ya no haya derecho que garantizar\u00bb, pues dicho proceso puede durar un tiempo similar al de la pena impuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Carlos Humberto Moreno Rey indic\u00f3 que desde el 22 de enero de 2020 no act\u00faa como defensor p\u00fablico, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 estar presto a cumplir lo dispuesto por el fallados supralegal. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La C\u00e1rcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad para Mujeres de Bogot\u00e1 anot\u00f3 que no ha recibido ning\u00fan fallo a favor de la condenada sobre la prescripci\u00f3n del delito de violencia contra servidor p\u00fablico. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional, tras advertir que no evidenciaba temeridad con la presente petici\u00f3n de amparo, deneg\u00f3 la salvaguarda al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que, de un lado, la promotora no formul\u00f3 casaci\u00f3n contra el fallo criticado y, por otra parte, cuenta con la acci\u00f3n de revisi\u00f3n conforme lo dispone el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abaunque la Sala no cuestiona que se pueda encontrar en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica dif\u00edcil, tal circunstancia no justifica el no agotamiento del recurso puesto a su alcance, teniendo en cuenta que le era posible acudir ante la Defensor\u00eda del Pueblo para que all\u00ed fuera asistida por profesionales del derecho id\u00f3neos que le ayudaran a plantear el recurso de casaci\u00f3n, e incluso ahora, la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, tampoco hay raz\u00f3n en lo referido por el Ministerio P\u00fablico en punto a la idoneidad del remedio de revisi\u00f3n, comoquiera que, \u00abla reducci\u00f3n de su pena ser\u00eda de tan solo 2 meses y, a su vez, de retirarse ese quantum punitivo subsistir\u00edan los motivos para mantener la privaci\u00f3n de la libertad que se alega como perjuicio irremediable\u00bb, pues su condena fue \u00abfijada por cada una de las conductas descritas en los art\u00edculos 365 y 429 del C\u00f3digo Penal, procedi\u00f3 a su reducci\u00f3n por virtud del preacuerdo estableciendo como sanci\u00f3n privativa por el delito m\u00e1s grave, esto es, el de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones, 54 meses de prisi\u00f3n, a los que adicion\u00f3 2 meses por el delito de violencia contra servidor p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, se tiene que la promotora considera que, para el caso concreto, oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal para el punible de \u00abviolencia contra servidor p\u00fablico\u00bb, incluso, desde antes de emitirse la sentencia de segunda instancia, por lo que, en su sentir, se quebrant\u00f3 sus garant\u00edas de primer grado; sin embargo, tal como afirm\u00f3 el a quo constitucional, muy a pesar de las alegaciones de la impugnante, se concluye que la solicitud de amparo deviene improcedente, comoquiera que, adem\u00e1s de que la promotora no formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n contra el fallo criticado, tiene a su alcance acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural, frente a lo que, en su sentir, demostrar\u00eda dicha prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
En efecto, la actora cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004 (norma aplicable al caso concreto), el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, entre otros eventos: \u00ab2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb, causal procedente para alegar dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto al incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad para alegar lo relativo a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, luego de estar en firme el fallo condenatorio, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026dicho pedimento no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que el promotor tiene a su alcance la \u201cacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d prevista en el art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, el cual puede incoar para exponer los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos, invocando espec\u00edficamente la causal del numeral 2\u00b0, seg\u00fan la cual, esta procede \u00abcuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb . <\/p>\n
Frente a este t\u00f3pico, esta Sala ha dispuesto que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026), no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisi\u00f3n al que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3neo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n (\u2026) [debe] acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos (STC 15701, 26 oct. 2016, rad. 00378-01, reiterada en STC8109-2020). <\/p>\n
De suerte, que, como no hay evidencia en el plenario de que Mart\u00ednez Ni\u00f1o haya activado la comentada \u00abacci\u00f3n\u00bb, no es de recibo que acuda a la justicia constitucional sin haber agotado las oportunidades que le brinda la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido en forma reiterada\u202fque <\/p>\n
\u201c(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. No. 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. n\u00b0 1100102030002012-00728-00)\u201d (STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01, reiterada en STC3492-2021, 07 abr. 2021.) (CSJ, STC8629-2021; 14 de jul.; rad. 2021-02148-00) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de las alegaciones de la impugnante, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb, relievando, por dem\u00e1s, que no se evidencia la presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que la accionante tilda como irregular. <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, frente al argumento de que Ingrid Lorena no acudi\u00f3 al referido remedio extraordinario, comoquiera que, no cuenta con recursos econ\u00f3micos para ello, advierte la Corte que ello no es suficiente para acceder a la protecci\u00f3n, puesto que el ordenamiento procesal penal establece mecanismos id\u00f3neos para superar dichos inconvenientes como el acceso a los servicios de la Defensor\u00eda del Pueblo, para que all\u00ed le sea asignado un profesional del derecho de oficio que promueva las acciones legales pertinentes, destacando que quienes est\u00e1n privados de la libertad en establecimientos carcelarios y penitenciarios tienen a su alcance dicha asesor\u00eda legal, sin que se encuentre probado en el plenario que la accionante hubiese acudido a la misma y que esta se le haya negado (CSJ STC, 18 abr. 2013, rad. 2013-00171-01; reiterada en STC, 30 abr. 2014, rad. 2014-00499-01; y STC 7512-2014; entre otras). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala (E) <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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