STC15091-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01224-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 24 de junio de 20211, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Sa\u00fal Santiago Sayas, contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esa ciudad, la Electrificadora del Caribe SA ESP Electricaribe SA, Oscar de \u00c1vila Jim\u00e9nez y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2012-00217. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Como sustento de su queja, manifest\u00f3 que junto con Oscar de \u00c1vila Jim\u00e9nez promovieron juicio ordinario laboral contra Electricaribe SA ESP, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n establecida en las Convenciones Colectivas 1976-1978 y 1982-1983, por haber acreditado los requisitos estipulados en los art\u00edculos 5\u00b0 y 20 de los aludidos acuerdos, respectivamente. <\/p>\n
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena en sentencia de 14 de diciembre de 2012 absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 24 de agosto de 2017. <\/p>\n
Inconformes, interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL5027-2020 de 22 de septiembre de 2020 notificada por edicto de 14 de diciembre de 2020, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que la Sala accionada incurri\u00f3 en desconocimiento del precedente, en especial de la sentencia SL2733-2015, en la cual se analiz\u00f3 la cl\u00e1usula de la Convenci\u00f3n de EDT, similar a la exigida por ellos en el proceso cuestionado, donde se concluy\u00f3 que la pensi\u00f3n estipulada se causaba o adquir\u00eda con el requisito de la prestaci\u00f3n de los servicios y, el cumplimiento de la edad era una condici\u00f3n de exigibilidad. <\/p>\n
En el mismo sentido agreg\u00f3 que, seg\u00fan el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n permanente la pensi\u00f3n convencional se causa con el tiempo de servicio, mientras que el cumplimiento de la edad es un requisito para su exigibilidad, tal y como qued\u00f3 plasmado en la sentencia SL3343-2020. <\/p>\n
Bajo ese tenor cuestion\u00f3 que \u00abno se tenga un trato igualitario por parte de las autoridades p\u00fablicas, quedando los derechos laborales a merced de la subjetividad, perdiendo la jurisprudencia su car\u00e1cter objetivo para regular la conducta humana, cual es la pretensi\u00f3n m\u00e1xima del derecho\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral proferir una nueva decisi\u00f3n teniendo en cuenta lo establecido en la sentencia SL3343-2020 y los derechos a la igualdad y no discriminaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena relat\u00f3 las actuaciones adelantadas e inform\u00f3 que el 1\u00b0 de marzo de 2021 profiri\u00f3 auto de obedecimiento a lo dispuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
2. Electricaribe SA ESP en liquidaci\u00f3n, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, y se\u00f1al\u00f3 que la misma resulta improcedente para reclamar el pago de prestaciones y beneficios econ\u00f3micos de car\u00e1cter pensional, adem\u00e1s, porque no existe vulneraci\u00f3n actual o inminente de los derechos invocados por el peticionario producto de una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n desarrollada por esa empresa, en ese orden, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Posteriormente el accionante alleg\u00f3 memorial manifestando que, en un caso id\u00e9ntico al aqu\u00ed estudiado, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL117-2021 de 27 de enero de 2021 concedi\u00f3 el derecho a los demandantes. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos no se evidenci\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo, tras determinar que la decisi\u00f3n proferida en sede de casaci\u00f3n, resultaba razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales constitucionales, e igualmente, destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una herramienta jur\u00eddica complementaria que se pueda convertir en una instancia adicional. Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que lo pretendido por el peticionario es revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello y con exclusividad ante los jueces competentes. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionantes, sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Sa\u00fal Santiago Sayas acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL5027-2020 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 22 de septiembre de 2020 en el proceso ordinario que inici\u00f3 contra Electricaribe SA ESP, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de acuerdo con las Convenciones Colectivas de Trabajo de 1976-1978 y de 1982-1983, por haber acreditado los requisitos de edad y tiempo de servicios. <\/p>\n
Su censura radica, en el desconocimiento del precedente por parte de la autoridad accionada, en especial las sentencias SL2733-2015 y SL3343-2020 donde se estableci\u00f3 que, en asuntos de pensiones convencionales el derecho se causa con el cumplimiento del tiempo de servicios y, la edad corresponde a un requisito de exigibilidad. <\/p>\n
3. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad del actor se anticipa la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala accionada, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En efecto, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al estudiar el cargo primero formulado por los demandantes plante\u00f3 como problema jur\u00eddico, determinar si el Tribunal Superior de Cartagena hab\u00eda incurrido en yerro de orden f\u00e1ctico, al considerar que existi\u00f3 cosa juzgada en raz\u00f3n de la conciliaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Convenci\u00f3n Colectiva 1976-1978 o si contrario a ello, hab\u00eda lugar al reconocimiento de la pensi\u00f3n reclamada. Enseguida indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abAl analizar las actas de conciliaci\u00f3n celebradas por los demandantes a folios 16 a 23, se observa que luego de haber discutido y superado sus diferencias, no se evidencia expresamente que se hubiera incluido la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 5 de la Convenci\u00f3n 1976-1978. <\/p>\n
Conviene reproducir la siguiente constancia que qued\u00f3 consignada en las actas: <\/p>\n
Al recibir el cheque mencionado, el extrabajador expresamente declara: Estoy en un todo de acuerdo con la conciliaci\u00f3n y pago a que hemos llegado en este acto y ratifico todo lo expresado, agregando adem\u00e1s que la Empresa compareciente queda a paz y salvo por todos los conceptos anotados, especialmente secuelas por cualquier accidente de trabajo, que hubiere podido sufrir al servicio de la Empresa, salarios, recargos a los mismos, indemnizaciones, perjuicios morales, auxilio de cesant\u00eda, intereses a la cesant\u00eda, primas de servicios, dominicales o festivos, compensatorios, cotizaciones o aportes, recargos nocturnos, vacaciones, expectativas de pensi\u00f3n sanci\u00f3n o cotizaci\u00f3n sanci\u00f3n, beneficios convencionales, derechos ciertos e inciertos, sin quedar a mi favor derecho alguno para reclamar con posterioridad a este acto a ning\u00fan t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, manifest\u00f3 que en las conciliaciones no se incorpor\u00f3 expl\u00edcitamente acuerdo alguno frente al tema de la pensi\u00f3n convencional reclamada por los demandantes y, a pesar que el Tribunal Superior lo deriv\u00f3 del tiempo de servicios que se tuvo en cuenta para otorgar la prestaci\u00f3n voluntaria, dicha conclusi\u00f3n resultaba desacertada, teniendo en cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en diferentes oportunidades se hab\u00eda pronunciado en relaci\u00f3n a que la extensi\u00f3n de los efectos de lo pactado en una convenci\u00f3n colectiva de trabajo deb\u00eda quedar dispuesto en su texto, evento que por ser excepcional deb\u00eda ser expreso, afirmaci\u00f3n que soport\u00f3 citando las sentencias SL8768-2015, SL609-2017 y SL951-2019. <\/p>\n
Destac\u00f3 igualmente que, aunque la acusaci\u00f3n estaba fundada, no era posible el quebrantamiento del fallo de recurrido, puesto que en instancia se llegar\u00eda a la misma decisi\u00f3n absolutoria, habida cuenta que los demandantes no cumplieron el requisito de la edad para acceder a la pensi\u00f3n convencional reclamada mientras se encontraban al servicio de la empresa y no pod\u00edan causarlo con posterioridad. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, explic\u00f3 que, \u00abLos recurrentes al momento de su retiro de la empresa (31 de diciembre de 1998), no contaban a\u00fan con la edad de 50 a\u00f1os, pues \u00d3scar de \u00c1vila Jim\u00e9nez los cumpli\u00f3 el 28 de octubre de 2001 y Sa\u00fal Santiago Sayas el 30 de mayo de 2000, raz\u00f3n por la cual no dejaron causada la prestaci\u00f3n mientras estuvo vigente el contrato de trabajo, es decir, cuando fungieron como trabajadores de la entidad demandada. <\/p>\n
Posteriormente, al estudiar el cargo segundo precis\u00f3 que el mismo no estaba llamado a prosperar, toda vez que, los recurrentes advirtieron la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1\u00b0 y 18 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, sin embargo, para que la acusaci\u00f3n prospere bajo esa submodalidad, las normas acusadas deben ser aplicables exactamente al caso y a pesar de ello el juzgador no las emplea, al respecto se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn otras palabras, debe ser indispensable que las normas acusadas sean las que regulan el asunto controvertido, y aun as\u00ed, el juez se rebela contra ellas y se niega a reconocerles validez. Lo anterior no se presenta en el asunto bajo estudio, pues las normas acusadas se refieren una al objeto del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, compendio que no resulta aplicable al caso debatido, y la otra a la norma de interpretaci\u00f3n que acude a la primera de ellas, sin que se vea su pertinencia para resolver el debate pensional planteado por los demandantes. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se observa que los recurrentes no cumplen en este cargo con la obligaci\u00f3n de atacar todos los todos los fundamentos expuestos en la sentencia de segunda instancia. Sobre el punto esta Corporaci\u00f3n ha expuesto, entre otras, en la sentencia CSJ SL1228-2017 lo siguiente: <\/p>\n
[\u2026] Debe recordarse que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el \u00e1mbito de la casaci\u00f3n del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, as\u00ed tenga raz\u00f3n en la cr\u00edtica que formula, la decisi\u00f3n sigue soportada en las inferencias que dej\u00f3 libres de ataque. Lo anterior conlleva a que con independencia del acierto del recurrente y de que la Sala comparta o no sus deducciones, se mantenga la decisi\u00f3n de segundo grado\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida el 24 de agosto de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso ordinario laboral cuestionado. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se evidenci\u00f3 arbitrariedad manifiesta que revele el defecto alegado por Sa\u00fal Santiago Sayas y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica tiene vigente la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente determinando que, a pesar de que la acusaci\u00f3n estaba fundada, no era posible derruir la sentencia, toda vez que en sede de instancia llegar\u00eda a la misma decisi\u00f3n absolutoria, porque los recurrentes no cumplieron el requisito de la edad para acceder a la pensi\u00f3n convencional mientras estaban al servicio de la empresa y tampoco pod\u00edan causarlo con posterioridad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por el accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, referente al desconocimiento del precedente alegado por Sa\u00fal Santiago Sayas, resulta pertinente se\u00f1alar que, una vez consultadas las decisiones por \u00e9l referidas, se evidenci\u00f3 que las convenciones colectivas all\u00e1 estudiadas son diferentes a las analizadas en el asunto cuestionado, en la sentencia SL2733-2015 se analiz\u00f3 la Convenci\u00f3n 1997 suscrita con la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla y en la sentencia SL3343-2020 se estudi\u00f3 la convenci\u00f3n colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS. <\/p>\n
6. De otra parte, y en cuanto a lo manifestado por el actor en el memorial allegado posterior al traslado, en el cual indic\u00f3 que, en un caso id\u00e9ntico al aqu\u00ed estudiado, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL117-2021 de 27 de enero de 2021 concedi\u00f3 el derecho a los demandantes, resulta ser un hecho nuevo no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los implicados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n al debido proceso y al derecho de defensa de la accionada y vinculados. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00b0 32173 de 20 de octubre de 2022 y asignada mediante acta de reparto de 26 de octubre de 2022. <\/p>\n
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STC15091-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01224-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68804","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68804","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68804"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68804\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68804"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}