STC15098-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15098-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-00429-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 24 de marzo de 2020, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por Ronald Ricardo Ramos Daza contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2017-00270. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que ante el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 se adelanta el proceso por el delito de falsedad en documento privado en su contra y otros. <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 que le solicit\u00f3 al fallador cognoscente la declaratoria de preclusi\u00f3n por considerar que la conducta endilgada era at\u00edpica. De igual forma, enrostr\u00f3 que en la audiencia preparatoria peticion\u00f3 la exclusi\u00f3n de un registro migratorio como elemento material probatorio por estimar que fue obtenido de manera ilegal. Sin embargo, el estrado -con auto del 12 de diciembre de 2019- deneg\u00f3 lo pedido. <\/p>\n
2.2. Inconforme, inco\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital de la Rep\u00fablica -con providencia del 6 de febrero de 2020- confirm\u00f3 lo decidido por el a quo. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, el promotor adujo que la Corporaci\u00f3n confutada incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico debido a que el Magistrado Ponente al emitir el prove\u00eddo atacado, debi\u00f3 declararse impedido para conocer la alzada propuesta, toda vez que en pret\u00e9rita oportunidad hab\u00eda definido un asunto constitucional derivado del pleito penal. Asimismo, manifest\u00f3 que se configur\u00f3 defecto sustantivo y decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n puesto que se desech\u00f3 la petici\u00f3n de preclusi\u00f3n a pesar de la atipicidad de la conducta reprochada. Finalmente, esgrimi\u00f3 que hubo desconocimiento del precedente, pues el escrito de acusaci\u00f3n contiene m\u00faltiples errores. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se declare la nulidad de la providencia emitida el 6 de febrero de 2020. Y en su lugar, se acceda a la preclusi\u00f3n deprecada y la exclusi\u00f3n de la prueba obtenida presuntamente de forma ilegal. Asimismo, peticion\u00f3 que se excluya al magistrado de la Sala y se decida nuevamente el medio impugnatorio impetrado. De forma subsidiaria, solicit\u00f3 que se nulite lo actuado desde la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e11 hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas. Luego, peticion\u00f3 que se denieguen las pretensiones sobre la base de que el pleito a\u00fan se encuentra en curso, por tanto, cualquier queja la puede presentar all\u00ed. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la capital de la Rep\u00fablica2 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, puesto que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
3. La procuradora 19 Judicial Penal II3 solicit\u00f3 que fuera declarado improcedente el resguardo pues el gestor pretende revivir una etapa superada dentro del proceso natural. Adem\u00e1s, enrostr\u00f3 que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que las alegaciones que trae puede exponerlas en la audiencia de juicio oral. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo con fundamento en que la providencia que deneg\u00f3 la preclusi\u00f3n y la exclusi\u00f3n probatoria rogada fue debidamente razonada. Asimismo, resalt\u00f3 que el proceso penal a\u00fan sigue en curso, de modo que \u00abcuenta con diversas etapas procesales donde se le ofrece mecanismos de defensa id\u00f3neos para plantear su defensa e insistir en las argumentaciones que ha expuesto en este tr\u00e1mite excepcional\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, de cara al se\u00f1alamiento efectuado en contra del magistrado que supuestamente se encontraba impedido dentro del proceso penal, indic\u00f3 que no obra prueba en el expediente que d\u00e9 cuenta que \u00abla parte interesada lo hubiera recusado por los hechos que narra, luego es evidente que, de manera injustificada, dej\u00f3 de ejercer los medios de defensa ordinarios establecidos en la Ley 906 de 2004 (\u2026)\u00bb. Por \u00faltimo, trat\u00e1ndose de los presuntos errores que posee el escrito de acusaci\u00f3n, reiter\u00f3 que es en la audiencia de juicio oral donde debe elevar dichas r\u00e9plicas. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo en similares t\u00e9rminos al escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales del actor, con ocasi\u00f3n del proceso penal de radicado 2017-00270. Ello pues, seg\u00fan su entendido, se configur\u00f3 defecto org\u00e1nico por cuanto uno de los dignatarios del Tribunal confutado estaba impedido para resolver la apelaci\u00f3n incoada. A su vez, enrostr\u00f3 que el fallador incurri\u00f3 en defecto sustantivo y decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n al no acceder a la petici\u00f3n de preclusi\u00f3n y exclusi\u00f3n de la prueba. Por \u00faltimo, apuntal\u00f3 que hubo desconocimiento del precedente en lo tocante con los yerros que conten\u00eda el escrito de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -con providencia del 6 de febrero de 20204- confirm\u00f3 el auto del 12 de diciembre de 2019, con el cual se neg\u00f3 la petici\u00f3n de preclusi\u00f3n y exclusi\u00f3n de un registro migratorio como elemento probatorio. <\/p>\n
2.1. En este sentido, trat\u00e1ndose de la preclusi\u00f3n rogada sobre la base del art\u00edculo 40 de la Ley 1826 de 2017 por \u00abatipicidad absoluta de la conducta\u00bb, el estrado judicial manifest\u00f3 que: <\/p>\n
Para la sala sin duda el argumento de la defensa m\u00e1s que fundamentar la causa, como lo se\u00f1ala el a quo, es un ataque a los requisitos del escrito de acusaci\u00f3n y a la facultad del fiscal de adecuar la conducta de sus representados; sin embargo, lo \u00fanico que el legislador procesal de la Ley 906 de 2004 permite en su art\u00edculo 339 es que dentro de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n el ministerio p\u00fablico y la defensa -tambi\u00e9n la v\u00edctima, seg\u00fan aclar\u00f3 la Corte Constitucional- expresen las observaciones que consideren necesarias, exclusivamente en cuanto a que le escrito de acusaci\u00f3n no haya cumplido con las exigencias del art\u00edculo 337, \u201cpara que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato\u201d. Estas correcciones se tendr\u00e1n como incorporadas a la acusaci\u00f3n (art\u00edculo 343.1). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente al escrito de acusaci\u00f3n, refiri\u00f3 que <\/p>\n
De la confrontaci\u00f3n del escrito presentado por la fiscal\u00eda, con los requisitos se\u00f1alados en el citado art\u00edculo 337, surge evidencia que aquel satisface con claridad tales presupuestos, como que individualiza a los acusados, hace una relaci\u00f3n clara y concisa de los hechos jur\u00eddicamente relevantes y enuncia en forma detallada los elementos que pretende hacer valer como pruebas en el juicio, de ah\u00ed que si la defensa, estim\u00f3 que no se cumpl\u00edan dichas exigencias o que el escrito ten\u00eda imprecisiones en cuanto al delito de falsedad, bien pudo indicarlo en la audiencia de formulaci\u00f3n: sin embargo, guardo silencio, por lo que el reproche que ahora realiza no est\u00e1 llamado a prosperar y el debate de si se configura o no la conducta contra la fe p\u00fablica es propio del escenario del juicio oral, tal y como lo indic\u00f3 el a quo, pues ser\u00e1 en dicho momento que podr\u00e1 debatir la prueba sobre tal aspecto. <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que <\/p>\n
De ah\u00ed que las razones que brind\u00f3 el a quo para negar lo pretendido resultan suficientes y permiten confirma la negativa de preclusi\u00f3n y la decisi\u00f3n del a quo de no apartarse del conocimiento del proceso, dado que, en efecto, la Sala observa que no hizo valoraci\u00f3n alguna de los elementos materiales probatorios ni debati\u00f3 la responsabilidad de los acusados. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, de cara a la negativa de exclusi\u00f3n de los registros migratorios que fueron decretados, precis\u00f3 que la discrepancia de los procesados se centra en \u00abla ilegalidad e ilicitud de la prueba al estimar que debi\u00f3 solicitarle autorizaci\u00f3n ante el juez de control de garant\u00edas para solicitar el registro migratorio de sus defendidos, dado que la autorizaci\u00f3n que obtuvo el fiscal para recaudar dicho elemento en el proceso matriz no puede servir de fundamento en las rupturas\u00bb. <\/p>\n
En este entendido, al analizar las particularidades del caso, el Tribunal ilustr\u00f3 que <\/p>\n
Para la Sala el aludido argumento no est\u00e1 llamado a prosperar porque lo visto es que el Fiscal ante el inicio de la investigaci\u00f3n entre otros contra los aqu\u00ed acusados, cont\u00f3 con la autorizaci\u00f3n del juez de control de garant\u00edas para obtener los registros migratorios de los encartados, de ah\u00ed que si del proceso original deriv\u00f3 una ruptura para adelantar el juicio contra los aqu\u00ed acusados, viable resultar traer los resultados investigativos que adelant\u00f3 en oportunidad y que versen exclusivamente sobre los procesados, dado que la resultas de la investigaci\u00f3n ata\u00f1en a ellos. <\/p>\n
En el sub examine, no existe una prueba trasladada como pretende hacerlo ver la defensa, porque el registro migratorio de los acusados fue obtenido en las labores investigativas propias de la Fiscal\u00eda en el proceso matriz, de ah\u00ed que pretender que ante la ruptura de la unidad procesal el ente acusador recurra nuevamente ante el juez de control de garant\u00edas, se torna en tr\u00e1mite innecesario que en modo alguno encuentra asidero jur\u00eddico. <\/p>\n
Tampoco se le pod\u00eda dar el car\u00e1cter de prueba trasladada, en la medida en que no hab\u00eda sido practicada en otra actuaci\u00f3n, sino que la solicitud de obtener el registro migratorio de los acusados nace en la misma investigaci\u00f3n que origin\u00f3 el llamamiento a juicio. (Se subraya) <\/p>\n
Adicionalmente, enrostr\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) si se alega que se realiz\u00f3 un acto de investigaci\u00f3n sin que mediara la respectiva orden judicial, tendr\u00e1 que demostrarse que esta era obligatoria, que la misma no se emiti\u00f3, y que la evidencia es producto de esa violaci\u00f3n de los derechos; exigencias que incumpli\u00f3 la defensa, raz\u00f3n adicional para no atender su reclamo. <\/p>\n
2.3. Corolario de lo discurrido, confirm\u00f3 lo relacionado con la preclusi\u00f3n invocada y la exclusi\u00f3n de los registros migratorios como medio suasorio. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable5. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema, y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de fallador de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, la Sala tambi\u00e9n advierte el incumplimiento de la subsidiariedad. Ello pues, a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, el proceso cuestionado se encuentra en curso -en desarrollo de la audiencia de juicio oral-. En este sentido, deviene imperioso se\u00f1alar que al no existir pronunciamiento de fondo en el sub judice no puede aducirse la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, lo que da cuenta de las herramientas procesales con que a\u00fan cuenta el gestor para ejercer su defensa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que el reclamante no puede aspirar a que, por esta senda excepcional, el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa; pues, admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes. Al respecto, esta Corte ha reiterado que <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta. <\/p>\n
5. Finalmente, trat\u00e1ndose de la queja relacionada con la configuraci\u00f3n de defecto org\u00e1nico sobre la base de que uno de los magistrados que particip\u00f3 en la Sala de Decisi\u00f3n se encontraba impedido, refulge imperioso indicar que el accionante tuvo a su alcance la figura jur\u00eddica de la recusaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 60 y siguientes de la Ley 906 de 2004. En ese orden de ideas, es claro que el impugnante desperdici\u00f3 las oportunidades procesales con miras a que le fueran atendidas sus s\u00faplicas, incuria que desnaturaliza la finalidad de la acci\u00f3n constitucional. Sobre el particular, ha destacado esta Colegiatura que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (ver recientemente CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
6. Por lo ilustrado, se ratificar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 181-185, archivo \u201c109797\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cOFICIO 0171\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-6, archivo \u201cRESPUESTA TUTELA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RONALD RAMOS 2\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 5-43, archivo \u201cOFICIO 0171\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC15098-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC15098-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-00429-02 (Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68810","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68810","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68810"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68810\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68810"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68810"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}