STC15105-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15105-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01812-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 9 de septiembre de 20211, en la acci\u00f3n de tutela que Floresmiro Suarez Le\u00f3n, instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional con radicado 11001310700720210011001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abal principio de la confianza legitima\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el tr\u00e1mite constitucional referido. <\/p>\n
En compendio sostuvo que, en desarrollo de la acci\u00f3n que de este mismo linaje instaur\u00f3 contra Fonvivienda y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la falta de respuesta al derecho de petici\u00f3n que radic\u00f3 el 31 de mayo de 2021, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 la improcedencia del amparo, por hecho superado, decisi\u00f3n que impugnada, confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, bajo id\u00e9ntico criterio, aun cuando la contestaci\u00f3n recibida no resolvi\u00f3 de fondo sus interrogantes, relativos a c\u00f3mo se ejecut\u00f3 el presupuesto de la naci\u00f3n para la vigencia 2020, otorgado para las viviendas de inter\u00e9s social. <\/p>\n
Alega que, por lo anterior, acude nuevamente al presente amparo, como quiera que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3, que se ordene \u00abla cesaci\u00f3n o (revocar) los autos (sic) del 12 de agosto de 2021 en primera y segunda instancia el 12 de agosto de 2021 mediante [los cuales, en su orden] (\u2026) se decidi\u00f3 negar la demanda en primer y en seg\u00fan grado negar el amparo del derecho de petici\u00f3n del actor y en primer grado revocar el fallo impugnado a fin de que se garantice los derechos a la igualdad al debido proceso y a la prevalencia del derecho sustancial, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia por cuanto en la petici\u00f3n formulada ante el ministerio de vivienda y territorio sostenido no ha sido resuelta de fondo en la pretensi\u00f3n formulada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. FONVIVIENDA, adujo en lo fundamental, que el accionante no se ha postulado a ninguno de los programas creados para el acceso a la vivienda de inter\u00e9s social ni ha alegado su condici\u00f3n de v\u00edctima de desplazamiento forzado, motivo por el cual, la entidad a la que representa, de manera alguna ha trasgredido los derechos fundamentales que alega. <\/p>\n
2. Tanto el Tribunal Superior como el Juzgado accionados, coincidieron en se\u00f1alar que el presente amparo es improcedente, como quiera que con el mismo pretende atacarse un tr\u00e1mite de igual naturaleza. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la protecci\u00f3n por improcedente al considerar que \u00aben la providencia adoptada en sede de impugnaci\u00f3n, se orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional, cuerpo colegiado que definir\u00e1 si es procedente o no seleccionar el expediente para su eventual revisi\u00f3n, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n adoptada, el accionante la impugn\u00f3 indicando similares argumentos a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, ello, con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (Ver CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (Ver CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que el reclamo del se\u00f1or Floresmiro Su\u00e1rez Le\u00f3n, recae en las sentencias proferidas por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior, ambos de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n constitucional con radicado 2021-00110, que formul\u00f3 en contra de Fonvivienda y el Minvivienda, decisiones que desestimaron el amparo que buscaba la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
4. Revisadas las piezas digitales allegadas a este tr\u00e1mite, surge claramente la improcedencia de esta nueva acci\u00f3n de tutela, como quiera que para el momento de su interposici\u00f3n (31 de agosto de 2021), el inconforme bien pudo acudir al mecanismo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para revisar las providencias de las tutelas que critica, como lo es, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, frente a la cual, adem\u00e1s, pudo hacer uso del recurso de insistencia, pues era ante esa Corporaci\u00f3n, en donde deb\u00eda analizarse lo alegado en esta queja. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, si bien el mecanismo de selecci\u00f3n es discrecional, no quiere significar que sea imposible como lo se\u00f1ala el impugnante, puesto que se ha de recordar que cualquier Magistrado de esa Corporaci\u00f3n o el Defensor del Pueblo, est\u00e1 facultado para solicitar la revisi\u00f3n de un fallo de tutela excluido por \u00e9stos, en caso de estimar que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. <\/p>\n
As\u00ed lo ha referido el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional al se\u00f1alar: <\/p>\n
De acuerdo con el Reglamento Interno de la Corporaci\u00f3n, cada mes dos Magistrados integran una Sala de Selecci\u00f3n, y tienen a su cargo la escogencia de los expedientes de tutela para revisi\u00f3n. Tendiente a llevar a cabo esta funci\u00f3n, la Secretar\u00eda General de la Corte les suministra rese\u00f1as esquem\u00e1ticas de todas las tutelas que llegan a la Corte durante el mes anterior, es decir, de TODOS los expedientes que corresponden a las demandas de este tipo que se presentan en el pa\u00eds. Esa rese\u00f1a es el sucinto y conciso recuento de cada proceso, resultado de un cuidadoso examen del expediente: el encargado de analizar el caso, a m\u00e1s de consignar sus datos b\u00e1sicos de identificaci\u00f3n (nombre del actor, demandado, derecho invocado, hechos de la demanda) revisa los fallos de instancia, las pruebas en que se sustentan, y realiza una anotaci\u00f3n en caso de encontrar una posible violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de quien interpone la tutela. Con base en ese trabajo, los integrantes de la Unidad de Tutela rinden un informe a la Sala de Selecci\u00f3n, y sus miembros extraen, de entre todos los casos que se han revisado, aquellos que consideran que deben ser objeto de un nuevo examen por la Corte, porque entrev\u00e9n una posible violaci\u00f3n a los derechos fundamentales. <\/p>\n
Dado que en estas \u00abSalas de Selecci\u00f3n\u00bb la gran mayor\u00eda de fallos son excluidos de revisi\u00f3n posterior, existe la posibilidad de insistir en el estudio del caso por la Corte: cualquier Magistrado o el Defensor del Pueblo puede solicitar, por iniciativa propia o atendiendo la petici\u00f3n de un ciudadano, la elecci\u00f3n de un expediente para revisi\u00f3n por la Corte, si considera que el caso lo amerita. Los integrantes de la Sala de Selecci\u00f3n, nuevamente tienen la \u00faltima palabra\u00bb [Corte Constitucional. Sentencia C-1716 de 2000]. <\/p>\n
5. Como conclusi\u00f3n, surge irrebatible la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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