STC15123-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15123-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02253-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 20 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Richard Manuel Ram\u00edrez L\u00f3pez formul\u00f3 contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Diecis\u00e9is Civil Municipal, ambos de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00famero 2011-01506-00. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas en el juicio referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que fue enga\u00f1ado por el se\u00f1or Rafael Enrique Cruz V\u00e9lez, quien: (i) lo indujo a \u00abfirmar un documento de cesi\u00f3n de derechos del cr\u00e9dito\u00bb cobrado dentro del proceso ejecutivo n\u00famero 2011-01506-00, (ii) no le pag\u00f3 lo acordado, (iii) se aprovech\u00f3 de su discapacidad visual y, (iv) le hizo pensar que se trataba de un memorial para seguir adelante con el litigio. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, mediante auto de 20 de enero de 2021, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil de Ejecuci\u00f3n Municipal de Bogot\u00e1 le neg\u00f3 una solicitud de nulidad que present\u00f3 frente a la providencia de 17 de noviembre de 2020, a trav\u00e9s del cual se reconoci\u00f3 al referido cesionario, y pese a haber recurrido y apelado lo decidido, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en auto de 1\u00b0 de abril del 2022, confirm\u00f3 la negativa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, ordenar a los Juzgados accionados revocar las providencias en menci\u00f3n y, en su lugar, acceder a su solicitud de nulidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo por ausencia del requisito de inmediatez, en la medida en que, entre la fecha de la \u00faltima de las determinaciones criticadas, y la radicaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses sin que el actor hubiese acudido oportunamente a reclamar la protecci\u00f3n invocada, o hubiere justificado tal omisi\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor de la acci\u00f3n para insistir en sus pretensiones y se\u00f1alar que, en la secretaria del despacho municipal accionado le informaron que la decisi\u00f3n que le hab\u00eda rechazado su solicitud de nulidad hab\u00eda quedado notificada y ejecutoriada el 5 de julio de 2022. Finaliz\u00f3 diciendo que le fue dif\u00edcil consultar el expediente por \u00abno tener acceso a los nuevos sistemas y tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n por ser una persona invidente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario accionado hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso el mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, claro est\u00e1, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022, STC10431-2022 y STC14806-2022 entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Richard Manuel Ram\u00edrez L\u00f3pez acudi\u00f3 inconforme con los autos proferidos por los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Diecis\u00e9is Civil Municipal, ambos de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, el 20 de enero de 2021 y el 1\u00b0 de abril de 2022, a trav\u00e9s de cuales se neg\u00f3 una solicitud de nulidad invocada por el accionante y se confirm\u00f3 lo decidido -respectivamente- sin tomar en cuenta que se trataba de una persona con discapacidad visual que -seg\u00fan se afirm\u00f3- fue enga\u00f1ada para suscribir y presentar el contrato de cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito con el que Rafael Enrique Cruz V\u00e9lez fue reconocido como cesionario de la obligaci\u00f3n cobrada dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00famero 2011-01506-00. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Es claro que esta acci\u00f3n carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que fue iniciada el 14 de octubre de 2022, esto es, pasados m\u00e1s de seis (6) meses desde que se profiri\u00f3 la \u00faltima de las providencias con la que el accionante, manifest\u00f3, se vulneraron sus derechos fundamentales. <\/p>\n
El interesado no justific\u00f3 la raz\u00f3n o razones por las que se mantuvo inactivo durante dicho lapso, ya que, (i) la supuesta informaci\u00f3n que dijo haber recibido en el juzgado municipal accionado, sobre la fecha en la que qued\u00f3 en firme la decisi\u00f3n de la que se duele, (ii) el hecho de contar con una discapacidad visual, (iii) haber sufrido un accidente en el mes de junio de 2021 -es decir, diez (10) meses antes del aludido momento- y, (iv) se\u00f1alar la presunta inexistencia de medios tecnol\u00f3gicos para consultar su expediente, no resultaban suficientes ni id\u00f3neos para tales fines, si se toma en cuenta que se trata de un abogado que lleva adelantando la mencionada ejecuci\u00f3n desde hace m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os [2011] como ejecutante, sin que en alg\u00fan otro momento hubiese manifestado inconveniente similar. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora bien, si a\u00fan en gracia de discusi\u00f3n se flexibilizara la exigencia comentada, para entrar a revisar la razonabilidad del auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito accionado el 1\u00b0 de abril de 2022, de cualquier forma, la presente acci\u00f3n estaba llamada a su fracaso, ya que en los argumentos consignados en el mismo no se observa arbitrariedad o ilegalidad alguna, puesto que la nulidad planteada por el aqu\u00ed actor, cedente dentro del juicio ejecutivo varias veces mencionado, no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, por no encontrarse enlistada dentro de los vicios que, conforme a la ley, causan la invalidaci\u00f3n de lo actuado. <\/p>\n
En efecto, en el auto se\u00f1alado se indic\u00f3, <\/p>\n
la parte demandante solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n del proceso bajo el argumento de que la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito por \u00e9l suscrita y debidamente aceptada por el despacho, no se encuentra ajustada a derecho, adem\u00e1s, cuenta con irregularidades sustanciales y carece de sus requisitos legales, pues fue firmada por una persona ciega, luego, debe contar con un \u201cACTA LECTURA PARA DISCAPACITADOS, RECONOCMIENTO DE FIRMAS Y DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRIVADO\u201d, diligencia que debe quedar certificada por el Notario. <\/p>\n
Sea lo primero se\u00f1alar que, la solicitud de nulidad planteada por el apelante ni siquiera debi\u00f3 ser objeto de estudio, esto, en raz\u00f3n al r\u00e9gimen taxativo que rige las nulidades procesales. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que, la solicitud elevada no satisfizo el principio de taxatividad propio de las nulidades puesto que, para alegar la nulidad del proceso \u00e9sta debe encontrarse inmersa dentro de los vicios expresamente consagrados en el ordenamiento civil [\u2026] <\/p>\n
De modo que, en el citado art\u00edculo 133 el legislador estableci\u00f3 taxativamente los hechos que generan una nulidad del proceso, y no puede el inconforme a su arbitrio realizar interpretaciones extensivas o anal\u00f3gicas para la formulaci\u00f3n de su solicitud. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De modo que, al no encontrarse enlistado el vicio alegado por el censor en las causales previstas por el legislador procesal, la misma norma impone la consecuencia, que no es otra que su rechazo de plano, tal como lo hizo en principio la juzgadora de primera instancia en la parte inicial del auto del 16 de abril del 2021. <\/p>\n
Con todo, la juez a quo decidi\u00f3 impartirle tr\u00e1mite por tratarse de una \u201cnulidad constitucional\u201d; sin embargo, tampoco la petici\u00f3n se acomoda a los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica como para considerar la invalidaci\u00f3n del juicio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, y en gracia de discusi\u00f3n, t\u00e9ngase en cuenta que la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito de la que se duele el recurrente cuenta con el acto de presentaci\u00f3n personal de quienes la suscribieron, sumado a que all\u00ed se indic\u00f3 claramente que el cesionario del cr\u00e9dito cancel\u00f3 la suma convenida en efectivo, luego, cualquier irregularidad en la constituci\u00f3n del documento debe ser presentada ante las autoridades competentes para ello, a trav\u00e9s de los mecanismos id\u00f3neos, para que al interior del tr\u00e1mite respectivo se pueda debatir la inconformidad que trae a colaci\u00f3n el apelante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dicho convenio fue aceptado desde el auto del 17 de noviembre de 2020, providencia que cobr\u00f3 ejecutoria sin que se hubiera formulado recurso alguno, siendo entonces, en contra de dicha providencia que debi\u00f3 presentarse la censura si es que existi\u00f3 en realidad alg\u00fan motivo de inconformidad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en autos del 20 de enero y 15 de febrero de 2021, ya se hab\u00eda resuelto con suficiencia frente a la improcedencia de lo solicitado, luego, independientemente de que no haya sido favorable con las aspiraciones del hoy solicitante, lo cierto es que, en el momento procesal oportuno se resolvi\u00f3 lo pertinente, decisiones que se encuentran debidamente ejecutoriadas. Y es que no puede perderse de vista que la instituci\u00f3n de las nulidades procesales no fue consagrada como un medio adicional impugnatorio de las decisiones del juez (\u2026) <\/p>\n
5. La decisi\u00f3n referida no puede tildarse de sesgada o caprichosa, con base en las disimiles posturas las partes, porque correspondi\u00f3 a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n avalada por el contexto particular que revelaba el asunto estudiado, lo que de entrada tambi\u00e9n conduc\u00eda a la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela, en la medida en que no est\u00e1 prevista para atacar providencias judiciales con apoyo en una diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes les fueron desfavorables, en abierto desconocimiento de los principios de la autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, lo que llevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, a trav\u00e9s del ejercicio inadecuado de una facultad constitucional muy excepcional. (CSJ. STC138-2022 y STC8922-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Adem\u00e1s, en este caso no se demostr\u00f3 la existencia de un verdadero perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pues, si bien es cierto, el accionante encuadra dentro del conjunto de personas cuya protecci\u00f3n especial ha dictaminado la jurisprudencia constitucional, no es menos que la situaci\u00f3n en la que ahora se encuentra inmerso, esto es, un litigio judicial, no es un escenario propicio para valorar su situaci\u00f3n, en favor de sus intereses econ\u00f3micos, que es, en \u00faltimas, lo que lo ha llevado a mostrarse inconforme con las decisiones adoptadas por su juez natural, menos cuando a su alcance existe otro mecanismo judicial, para obtener de ser el caso la revisi\u00f3n del acto de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que alega no haber celebrado. <\/p>\n
S\u00famese a lo anterior que el promotor del amparo no present\u00f3 recurso alguno en contra del auto que acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito varias veces mencionada, lo que a estas alturas se traduce en la evidente ausencia, adem\u00e1s, del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
7. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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