STC15136-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC15136-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01688-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, la actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital y vida digna, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Como sustento de su queja, manifest\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Colpensiones con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente Jos\u00e9 Humberto Molina Rengifo, as\u00ed como el retroactivo pensional. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira en sentencia de 11 de diciembre de 2018 accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 a la Administradora al pago de la prestaci\u00f3n reclamada con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, determinaci\u00f3n que, en sede de apelaci\u00f3n y grado jurisdiccional de consulta, revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 27 de mayo de 2020, para en su lugar, absolver a la demandada. <\/p>\n
Inconforme, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL1283-2022 de 4 de abril de 2022, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que las decisiones proferidas en segunda instancia y en sede de casaci\u00f3n, no tuvieron en cuenta la reiterada tesis de la Corte Constitucional respecto a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, como tampoco el test de procedencia establecido en la sentencia SU005-2018, cuyos requisitos se encuentran acreditados, entre ellos su situaci\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efectos las decisiones cuestionadas y, en su lugar, ordenar a Colpensiones reconocer y pagar a su favor la pensi\u00f3n de sobrevivientes, como se dispuso en la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a trav\u00e9s del ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, inform\u00f3 que no se vulneraron las garant\u00edas fundamentales invocadas por la actora, toda vez que se demostr\u00f3 que su compa\u00f1ero no dej\u00f3 causado el derecho pensional bajo los postulados de la Ley 797 de 2003 ni la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original y, que tampoco era posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990 en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2. Colpensiones se opuso a las pretensiones formuladas por la accionante y solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, por cuanto no se materializ\u00f3 ning\u00fan defecto o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, adem\u00e1s porque sobre el asunto debatido existe cosa juzgada y este mecanismo no puede constituirse en una tercera instancia. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, argumentando que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo, tras determinar que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados por la reclamante, que pueda endilg\u00e1rsele a la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n accionada. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 que no puede la actora pretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las proferidas con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral cuando la autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho y, la acci\u00f3n de amparo constitucional solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante aduciendo que el juez de tutela de primera instancia no abord\u00f3 las especificidades propias del caso expuesto, ya que no hizo referencia a la falta de apreciaci\u00f3n de situaciones f\u00e1cticas del caso o la falta de argumentaci\u00f3n por no aplicar el precedente de la Corte Constitucional en materia de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa por parte de las accionadas, siendo evidente que en los fallos cuestionados no se tuvo en cuenta las situaciones de hecho necesarias para definir el goce del derecho a obtener una pensi\u00f3n de sobreviviente bajo el precedente de la Corte Constitucional expuesto en la SU-005-2018, y que por lo tanto son circunstancias que configuran la procedibilidad para que sea estudiado el caso, y no como mal se quiere hacer entender por el juez de tutela como una tercera instancia. <\/p>\n
Por otra parte, expuso algunos argumentos plasmados en la sentencia SU299-2022 donde se reiter\u00f3 la jurisprudencia sobre el desconocimiento del precedente como causal espec\u00edfica de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, y sobre el principio constitucional de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia de reconocimiento de pensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Zoila Morales Giraldo acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con las decisiones proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 27 de mayo de 2020 y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 4 de abril de 2022, en el proceso ordinario laboral que inici\u00f3 contra Colpensiones con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente Jos\u00e9 Humberto Molina Rengifo. <\/p>\n
De entrada, ha de precisarse que el an\u00e1lisis del presente amparo se circunscribir\u00e1 a la tesis defendida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 en la sentencia SL1283-2022, por cuanto con ella se defini\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
3. La censura de la actora radica, seg\u00fan expone, en el desconocimiento del precedente constitucional por parte de la autoridad accionada, respecto a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y el test de procedencia establecidos en la sentencia SU005-2018 para el reconocimiento de pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de la peticionaria se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por la Corporaci\u00f3n accionada, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
Luego de rese\u00f1ar los antecedentes del caso, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral procedi\u00f3 a estudiar el cargo \u00fanico formulado por Zoila Morales Giraldo indicando que no exist\u00eda discusi\u00f3n frente a los siguientes aspectos, <\/p>\n
\u00abi) que el causante naci\u00f3 el 24 de julio de 1946; estuvo afiliado y cotiz\u00f3 al ISS hoy Colpensiones un total de 550,29 semanas en toda la vida laboral -5 de junio de 1967 al 27 de septiembre de 1978, de las cuales ninguna fue cotizada en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la m\u00ednima pensional de 60 a\u00f1os, -24 de julio de 1986 al mismo d\u00eda y mes de 2006; ii) que no sufrag\u00f3 50 de semanas de aportes dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a su deceso, ni tampoco efectu\u00f3 cotizaciones dentro del a\u00f1o inmediatamente anterior, por lo que no cumpli\u00f3 con el m\u00ednimo de cotizaciones requerido en la Ley 797 de 2003, ni en la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original; iii) que falleci\u00f3 el 16 de julio de 2013 por lo que la norma vigente es la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, estableci\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si el Tribunal Superior de Buga err\u00f3, al considerar que no proced\u00eda el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada conforme al Acuerdo 049 de 1990, en aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa pese a que el afiliado falleci\u00f3 el 16 de julio de 2013, en vigencia de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia SL2078-2021 se pronunci\u00f3 en un caso similar, para reiterar su pacifica posici\u00f3n en relaci\u00f3n con el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, decisi\u00f3n que cit\u00f3 in extenso para luego destacar que no es viable acudir a la plus ultractividad de la Ley, es decir, hacer una b\u00fasqueda de normas anteriores con el fin de establecer cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del causante o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, comoquiera que ello desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio rigen hacia futuro, tesis acogida en varias decisiones, entre otras en la SL17768-2016, SL1689-2017, SL5037-2020, SL4261-2020, SL771-2021, SL1929-2021, CSJ SL1742-2021, CSJ SL2078-20212, CSJ SL2612-2021 y CSJ SL2429-2021. <\/p>\n
Al respecto, destac\u00f3 que, \u00abotorgar la prestaci\u00f3n pretendida con fundamento en los requisitos dispuestos para la pensi\u00f3n de sobrevivientes en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, no tiene cabida ni siquiera bajo el supuesto de acudir al principio de favorabilidad que contempla el art\u00edculo 53 de la CP, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en este asunto\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente procedi\u00f3 a explicar el apartamiento de la sentencia SU005-2018, aspecto desarrollado por esa Corporaci\u00f3n en la sentencia SL2429-2021 en la cual, se se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-005-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que expone a continuaci\u00f3n -deber de argumentaci\u00f3n suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017). (\u2026). <\/p>\n
A juicio de esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. As\u00ed mismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de retrospectividad. <\/p>\n
Por otra parte, la aplicaci\u00f3n ultractiva de normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la disposici\u00f3n vigente, en la medida que el Juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional, con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible, tal como lo ha adoctrinado entre otras, en sentencias CSJ SL 1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019, CSJ SL1592-2020, CSJ SL1881-2020, CSJ SL1884-2020, CSJ SL1938-2020, CSJ SL2547-2020, CSJ SL3314-2020 y CSJ SL184-2021. (\u2026) <\/p>\n
Por ello, de manera reiterada y pac\u00edfica esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que, respecto de las exigencias para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el Juez no puede realizar un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar la que m\u00e1s convenga a cada caso en particular. <\/p>\n
As\u00ed, explic\u00f3 que la norma aplicable al caso era el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 teniendo en cuenta que Jos\u00e9 Humberto Molina Rengifo falleci\u00f3 el 16 de julio de 2013, precepto que exige 50 semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento, condici\u00f3n que aqu\u00e9l no acredit\u00f3 dado que cotiz\u00f3 al ISS 550,29 semanas en toda su vida laboral del 5 de junio de 1967 al 27 de septiembre de 1978. En ese sentido, consider\u00f3 que el Tribunal Superior de Buga no hab\u00eda errado al determinar que no era posible acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa con el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que tampoco resultaba procedente aplicar la norma inmediatamente anterior a la Ley 797 de 2003, es decir el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, bajo el aludido principio, puesto que el fallecimiento del causante sucedi\u00f3 por fuera de la temporalidad m\u00e1xima establecida en la jurisprudencia -29 de enero de 2006- para que el mismo pudiera operar. <\/p>\n
Enseguida explic\u00f3 que, si bien el cargo era fundando, no resultaba pr\u00f3spero, toda vez que en sede de instancia se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n absolutoria; sobre esto concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abde no ser porque el ad quem revoc\u00f3 la condenatoria de primera instancia pero por el hecho de que el causante no cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos en la Ley 797 de 2003 y Ley 100 de 1993, en su texto original, lo que conlleva a que el cargo ser\u00edan fundado, en sede de instancia se llegar\u00eda a la misma decisi\u00f3n, por cuanto qued\u00f3 demostrado que Jos\u00e9 Humberto Molina Rengifo no dej\u00f3 causado el derecho en cuanto no aport\u00f3 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a su muerte, tal como lo exige la Ley 797 de 2003, no cumpli\u00f3 con la densidad de semanas dispuesta por la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original ni la temporalidad jurisprudencial en materia del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, a pesar de contar con 550, 29 semanas en toda su vida hasta el 27 de septiembre de 1978, lo que lo habilitaba como beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional, para dar aplicaci\u00f3n al par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 12 de la citada Ley 797\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo agreg\u00f3, \u00aben lo concerniente al supuesto error del fallador de segunda instancia al no emplear el test de procedencia de la sentencia CC SU-005-2018, se debe decir que la jurisprudencia de esta Sala ha sido enf\u00e1tica en que, el desarrollo de este en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n constitucional mencionada tuvo como objeto flexibilizar el requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela, \u00abcomo mecanismo procedimental para perseguir la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, funci\u00f3n que no corresponde a la jurisprudencia de esta Corte, de manera que, por la v\u00eda ordinaria laboral el acceso a la prestaci\u00f3n en discusi\u00f3n no est\u00e1 supeditada a que el pretenso beneficiario acredite una condici\u00f3n de vulnerabilidad\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida el 27 de mayo de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica tiene vigente la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, entre ellas las sentencias SL2078-2021, SL1938-2020 y SL5179-2020 donde se ha establecido que, respecto al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no es posible hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores con el fin de establecer cu\u00e1l se ajusta a las condiciones del causante. <\/p>\n
Con todo, determin\u00f3 que el afiliado no dej\u00f3 causada la pensi\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 en concordancia con el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 y precis\u00f3 que tampoco resultaba procedente aplicar la norma inmediatamente anterior \u2013art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993-, bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, dado que el fallecimiento del causante sucedi\u00f3 el 16 de julio de 2013, es decir fuera de la temporalidad m\u00e1xima establecida en la jurisprudencia para acudir al mencionado principio. <\/p>\n
Igualmente, explic\u00f3 con suficiencia las razones por las cuales se apartaba de la sentencia SU005-2018 y la aplicabilidad del test de procedencia, acudiendo a lo manifestado por esa Corporaci\u00f3n en la sentencia SL2429-2021 en la cual se tuvieron en cuenta las reglas que la Corte Constitucional ha fijado para apartarse del precedente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por la accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. De otra parte, y en cuanto a lo manifestado por la accionante en la impugnaci\u00f3n referente a la sentencia SU299-2022, resulta ser un hecho nuevo no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los implicados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n al debido proceso y al derecho de defensa de la accionada y vinculados. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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