STC15139-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15139-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2022-00227-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 14 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Sonia In\u00e9s Regino Guerra, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, en relaci\u00f3n con el proceso de pertenencia de radicado 23001-31-03-002-1992-07169-00, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y la Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el a\u00f1o de en 1992 present\u00f3 demanda de pertenencia en contra de personas indeterminadas, proceso en el que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda en sentencia de 24 de noviembre de 1993 accedi\u00f3 a las pretensiones, fallo que fue inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 140-50156 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, en ese tr\u00e1mite el auxiliar de la justicia designado determin\u00f3 que el predio objeto de demanda, ten\u00eda una cavidad superficiaria de 3 hect\u00e1reas m\u00e1s 6.332 metros, calificaci\u00f3n que fue acogida en la sentencia, lo que no es correcto puesto que, seg\u00fan medici\u00f3n topogr\u00e1fica se establece la existencia real del predio con un \u00e1rea total de 2 hect\u00e1reas m\u00e1s 5.962 metros cuadrados. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, consult\u00f3 en el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi IGAC, el procedimiento para la correcci\u00f3n del \u00e1rea de predio rural y all\u00ed se expidi\u00f3 Resoluci\u00f3n n\u00famero 23-000-04400-2014 de 11 de septiembre de 2014, mediante la cual acat\u00f3 una instrucci\u00f3n administrativa conjunta en la que declar\u00f3 que el \u00e1rea real del predio era la \u00faltima medida indicada, y expidi\u00f3 Certificado Catastral Especial del d\u00eda siguiente, en el que ratific\u00f3 dicha informaci\u00f3n. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, remiti\u00f3 memorial al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, en el que solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de la sentencia, en el sentido de que hiciera la aclaraci\u00f3n y\/ o correcci\u00f3n de \u00e1rea del predio, lo que se neg\u00f3 en providencia de 12 de mayo de 2021. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar \u00abla (\u2026) correcci\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n de la sentencia emitida dentro del proceso con radicado 23001-31-03-002-1992-07169-00, en el sentido de establecer el \u00e1rea del predio el Socorro No. 1 que corresponde a 2 hect\u00e1reas con 5.962 y, una vez emitida la correcci\u00f3n, se elaboren los oficios correspondientes para la respectiva anotaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, manifest\u00f3 que en ese despacho se tramit\u00f3 el proceso referenciado promovido por la aqu\u00ed accionante y la decisi\u00f3n objeto de censura se adopt\u00f3 acorde con los par\u00e1metros legales, adem\u00e1s se tuvo la oportunidad para controvertir las decisiones censuradas, raz\u00f3n por la que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
2. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, corrobor\u00f3 que expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 23-000-00400-2014 de 11 de septiembre de 2014, la cual confirm\u00f3 la informaci\u00f3n que figura inscrita en los archivos catastrales de Direcci\u00f3n Territorial C\u00f3rdoba del predio El Socorro 1, \u00e1rea de terreno 2 hect\u00e1reas 5962 metros cuadrados, matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 140-501-156. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que desde la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n han transcurrido 8 a\u00f1os, sin que la accionante hubiese realizado el tr\u00e1mite correspondiente ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda, y, por el contrario, dirigi\u00f3 la petici\u00f3n al Juzgado accionado, no siendo este el competente para conocer y continuar con lo dispuesto en la instrucci\u00f3n administrativa Conjunta del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. <\/p>\n
3. La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda, explic\u00f3 que inscribi\u00f3 y registr\u00f3 lo ordenado en su momento por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda, esto es la sentencia de 23 de noviembre de 1993, en la que se declar\u00f3 en favor de la accionante la prescripci\u00f3n adquisitiva del mencionado predio, con una cabida de 3 hect\u00e1reas m\u00e1s 6.332 metros cuadrados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Monter\u00eda, neg\u00f3 por improcedente el amparo constitucional, con fundamento en que no se cumple con el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, puesto que, si bien se trata de una correcci\u00f3n de sentencia que fue negada, no se demostr\u00f3 que la accionante hubiese interpuesto recurso de reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Observ\u00f3 igualmente la ausencia del presupuesto de la inmediatez, debido a que han transcurrido aproximadamente un a\u00f1o y cinco meses de haberse proferido la providencia que resolvi\u00f3 la correcci\u00f3n solicitada por la accionante y que es objeto de inconformidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante sin expresar motivo concreto de inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre que se cumplan los conocidos requisitos generales y espec\u00edficos y, en especial, se hubiesen agotado todos los medios ordinarios de defensa judicial existentes en el ordenamiento procesal, puestos a disposici\u00f3n de los interesados, y, en caso de no hacerlo, la acci\u00f3n se vuelve improcedente por ausencia del requisito de la subsidiariedad. (CSJ STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC7925-2022 entre muchas). <\/p>\n
2. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados en este tr\u00e1mite, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 La se\u00f1ora Sonia In\u00e9s Regino Guerra, dirigi\u00f3 la acci\u00f3n constitucional pretendiendo que se ordenara al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda aclarar o corregir la sentencia de 24 de noviembre de 1993, que profiri\u00f3 en el proceso radicado 23001-31-03-002-1992-07169-00 (Fls. 42. 2\u00ba Civil del Circuito; Rdo. 1992-07169. Sonia Guerra). <\/p>\n
En providencia de 12 de mayo de 2021, el mencionado Juzgado neg\u00f3 esa solicitud, y, para el efecto, sostuvo que adem\u00e1s que la sentencia data de 1993, y si bien la normativa permite que se realicen correcciones aritm\u00e9ticas en cualquier tiempo, en este caso ata\u00f1e a la pr\u00e1ctica de una prueba pericial, relacionada con la medici\u00f3n de predio a usucapir, determinaci\u00f3n contra la que no se advierte interpuesto recurso de reposici\u00f3n con miras a que el juez de conocimiento si fuera el caso, ajustara lo resuelto a esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
De esa manera, si la accionante no agot\u00f3 oportunamente los medios procesales que le brindaba el ordenamiento para obtener lo que aqu\u00ed reclama, no puede pretender a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima que se provea la soluci\u00f3n de un tema que correspond\u00eda gestionar en el curso del proceso para que se dirimiera ante la autoridad competente, lo que indica la ausencia del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a la acci\u00f3n de tutela, sin el cual el juez que la conoce no puede intervenir, dada la apat\u00eda del presunto afectado en la materia de su propio inter\u00e9s. <\/p>\n
Debe reiterarse, la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los mecanismos de defensa judicial, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta subsidiaria acci\u00f3n, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los dispositivos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC10431-2022, entre muchas entre muchas). <\/p>\n
La circunstancia descrita, enmarca esta tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
2.2 Adem\u00e1s, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n censurada data de 12 de mayo de 2021, se impone acoger tambi\u00e9n la conclusi\u00f3n de primera instancia, alusiva a que en este asunto no se cumple con el requisito de la inmediatez, como quiera que la solicitud de amparo fue promovida solo hasta el 3 de octubre de 2022, (02. Acta de Reparto), esto es 1 a\u00f1o y 5 meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n, t\u00e9rmino que supera el lapso razonable de seis (6) meses se\u00f1alados de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, sin que se hubiese demostrado justificaci\u00f3n de esa conducta. <\/p>\n
No debe olvidar la solicitante, que en caso de considerar que una actuaci\u00f3n judicial viola o amenaza las garant\u00edas fundamentales, se debe de acudir de manera oportuna a la acci\u00f3n constitucional, porque, de no hacerlo, dicho descuido es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al funcionario cuestionado, como as\u00ed lo ha sostenido de manera reiterada esta Sala al se\u00f1alar \u00abmuy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC12287-2016, STC10554-2018, STC8525-2022 y STC8539-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
3. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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