STC15140-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15140-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02186-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Milena Conde S\u00e1nchez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura y Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, salud, trabajo y \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que haya un \u00abpronunciamiento por el Juez de tutela, en cuanto a los efectos de la decisi\u00f3n judicial de los Honorables Magistrados, al ordenar el reintegro del se\u00f1or Francisco Javier Marulanda Ocampo, en forma exclusiva al cargo de Gerente de Usosalda\u00f1a, que de ipso facto lleva a que se termine el contrato laboral y [sus] derechos adquiridos al haber sido seleccionado para dicho cargo por convocatoria p\u00fablica, la cual fu[e] seleccionada por [su] m\u00e9rito\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Francisco Javier Marulanda Ocampo promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Usosalda\u00f1a -Asociaci\u00f3n de Usuarios del Distrito de Adecuaci\u00f3n de Tierras de Gran Escala del Rio Salda\u00f1a-, con el fin de que le pagaran los salarios y las prestaciones sociales derivados de la terminaci\u00f3n del contrato laboral, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo, el que el 11 de diciembre de 2015 dict\u00f3 sentencia en la que absolvi\u00f3 a la parte demandada, decisi\u00f3n que fue apelada. <\/p>\n
2.2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, profiri\u00f3 fallo el 13 de diciembre de 2016, en el que declar\u00f3 ineficaz la terminaci\u00f3n del contrato y conden\u00f3 a la demandada a reinstalar al demandante al cargo que ocupaba con el pago de los salarios y prestaciones causadas desde la fecha de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo hasta que se hiciera efectiva la reinstalaci\u00f3n. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n la aludida providencia, el 25 de agosto de 2021 no se cas\u00f3. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 la accionante que el 30 de septiembre de 2021 la Junta Directiva de Usosalda\u00f1a le solicit\u00f3 la renuncia del cargo que ven\u00eda ocupando para cumplir con la sentencia emitida en el juicio laboral criticado; que indic\u00f3 que no renunciaba porque era madre cabeza de familia, viv\u00eda de lo que devengaba como Gerente del Distrito de Riego y que no exist\u00eda causal para terminar su contrato conforme con el art\u00edculo 62 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
2.4. Refiri\u00f3 que no la notificaron del proceso laboral; que si no se conclu\u00eda su contrato la empresa se podr\u00eda ver inmersa en fraude a resoluci\u00f3n judicial, lo que violaba sus derechos; y que si reintegran a Marulanda Ocampo le ocasionar\u00edan perjuicios irremediables, mas cuando era dif\u00edcil conseguir empleo. <\/p>\n
2.5. Adujo que el demandante obtendr\u00eda una suma de 1600 millones, lo que era suficiente para resarcir sus perjuicios; que si demandaba su despido tendr\u00eda que esperar 12 a\u00f1os, lo que no era viable porque viv\u00eda de su salario; y que se configuraba un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que la accionante no fue parte de la Litis que dio lugar a la decisi\u00f3n; que el fallo atacado no era caprichoso ni arbitrario sino resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y de la jurisprudencia vigente; y que no incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo inform\u00f3 que remiti\u00f3 el expediente para que se surtiera la apelaci\u00f3n formulada a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 12 de enero de 2016, sin que a la fecha hubiese regresado. <\/p>\n
3. Francisco Javier Marulanda Ocampo adujo que se configuraba una falta de legitimaci\u00f3n en la causa; que no exist\u00eda v\u00eda de hecho; que no se hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; que se presentaba temeridad; que no exist\u00eda un real y efectivo reintegro, ni se hab\u00eda cumplido con el pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social adeudados; que se pretend\u00eda dilatar el juicio ejecutivo que estaba en curso; y que era evidente la falta de voluntad para el cumplimiento de la sentencia judicial. <\/p>\n
4. Usosalda\u00f1a se pronunci\u00f3 frente a los hechos de la tutela y refiri\u00f3 que se encontraba obligada a darle cumplimiento al fallo judicial, lo que ten\u00eda impl\u00edcito la terminaci\u00f3n del contrato laboral vigente con la accionante; que dicha terminaci\u00f3n ten\u00eda causales taxativas, de las que no se configuraba ninguna, por lo que no era una opci\u00f3n y representaba la posibilidad de una cuantiosa demanda en su contra; y que se deb\u00eda resolver la disyuntiva planteada, pues exist\u00eda un limbo jur\u00eddico en las actuales circunstancias y cualquier decisi\u00f3n ser\u00eda lesiva para los intereses de la Asociaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no se indicaban cuales eran los defectos o arbitrariedades en los que presuntamente incurrieron las autoridades accionadas en las decisiones criticadas, solo se insist\u00eda en que no se diera cumplimiento al fallo emitido; que no pod\u00eda pasar por alto que en el evento de que el contrato de trabajo le fuera terminado de manera unilateral sin justa causa a la accionante ten\u00eda derechos econ\u00f3micos que la empresa Usosalda\u00f1a no pod\u00eda soslayar; que no era procedente promover una tutela para reclamar el incumplimiento de una sentencia que conden\u00f3 a una empresa, precisamente porque en el a\u00f1o 2010 termin\u00f3 el contrato de un gerente que estaba en condiciones de vulnerabilidad; y que no hab\u00eda raz\u00f3n para colegir que las determinaciones cuestionadas eran arbitrarias o caprichosas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no existi\u00f3 pronunciamiento frente a todos los hechos expuestos -proceso laboral, indemnizaci\u00f3n, salvamento de voto y efectos de la decisi\u00f3n-. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la accionante Sandra Milena Conde S\u00e1nchez carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio objeto de censura. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
En un asunto de contornos similares al presente (\u2026) que \u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01, reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que la accionante no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, por lo que no puede promover el resguardo para cuestionar las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
4. De otro lado, se advierte que la promotora, cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, cuenta con la posibilidad de cuestionar su eventual despido sin justa causa, a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios previstos para el efecto, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 10 de octubre de 2022. <\/p>\n
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