STC15142-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15142-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03793-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Georfelina Mercado C\u00f3rdoba, Pablo Mattos, Juan Carlos Suaza Zapata, Alfredo Marrugo Romero, Andr\u00e9s M\u00e9ndez Tatis, Nareiso Mart\u00ednez, Luis Enrique Carrillo, Margot Romero Lemus, Leonardo Gonz\u00e1lez, Mar\u00eda Olapa Romero, Bertilda Zambrano Arrieta, Dalida Alc\u00e1zar Centeno y Pedro Barrios contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales, que dicen vulneradas por las autoridades accionadas, por lo que pidieron que se les requiera para que \u00abimpartan las \u00f3rdenes que materialicen el cumplimiento efectivo de la [sentencia de] tutela que protegi[\u00f3] [sus] derechos\u2026\u00bb; y que \u00abprofieran las \u00f3rdenes sancionatorias, no solo pecuniarias, sino de privaci\u00f3n de la libertad contra las autoridades administrativas\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mediante sentencia del 15 de junio de 2021, el Tribunal criticado, en sede de impugnaci\u00f3n, concedi\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al \u00aba la vida\u2026, salud y\u2026 dignidad humana\u00bb de Juan Carlos Suaza Zapata, Peggy Marrugo N\u00fa\u00f1ez, Andr\u00e9s M\u00e9ndez Tatis, Luis Carrillo, Javier Arnulfo Herrera, Rogelio Contreras P\u00e9rez, Margot Romero Lemos, Edwin Figueroa, Mar\u00eda Olapa Romero, Ruth Mar\u00eda Ben\u00edtez L\u00f3pez, Zenith P\u00e9rez Rosales, Nevis Hern\u00e1ndez, Bertilda Zambrano, Jos\u00e9 Alejandro Marrugo Mercado, Dolida Alc\u00e1zar, Guillermilda D\u00edaz, Maycol Andr\u00e9s Hoyos Camacho y Pedro Barrios, por lo que orden\u00f3 al distrito de Cartagena que \u00abinicie las labores de limpieza de basuras y sedimentos del tramo del canal Ricaurte que va desde el puente 13 de junio – Las Gaviotas hasta su desembocadura en la ci\u00e9naga de la Virgen, con el fin de ampliar su capacidad de transportar agua durante la temporada de lluvias y disminuir la posibilidad de que se presenten desbordamientos\u2026\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00abplanifique y coordine con CARDIQUE, con el EPA CARTAGENA, con CORVIVIENDA y con la comunidad de los sectores San Antonio, Central y Ricaurte del Barrio Olaya Herrera un plan estrat\u00e9gico de acci\u00f3n a mediano plazo para el dragado, la ampliaci\u00f3n y la canalizaci\u00f3n de dicho tramo\u00bb. <\/p>\n
2.2. Al considerar que se hab\u00eda incumplido dicho mandato, los accionantes promovieron un primer incidente de desacato, que se desestim\u00f3 por el juzgado accionado con prove\u00eddo del 5 de octubre de 2021. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, los actores formularon un segundo incidente de desacato, que culmin\u00f3 con auto del 3 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s del cual el a quo se abstuvo de imponer sanci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, se inco\u00f3 un tercer incidente de desacato, que finaliz\u00f3 con decisi\u00f3n sancionatoria del 9 de marzo de 2022, determinaci\u00f3n que, en sede de consulta, fue revocada por el Tribunal convocado con providencia del 8 de abril de 2022, al considerar que \u00ablas actuaciones de Luis Alberto Villadiego C\u00e1rcamo como Secretario de Infraestructura del distrito de Cartagena y de William Jorge Dau Chamatt como su superior jer\u00e1rquico, no denotan una manifiesta negligencia en acatar el mencionado fallo o el prop\u00f3sito inequ\u00edvoco de eludir las \u00f3rdenes impartidas\u00bb. <\/p>\n
2.5. Seguidamente, se inici\u00f3 un cuarto incidente de desacato, que finaliz\u00f3 con decisi\u00f3n absolutoria fechada 10 de septiembre de 20221. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que han \u00abpresentado en varias oportunidades, incidente de desacato, y en tres ocasiones, [les] han dicho que los tutelados han cumplido con las ordenes, sin embargo, cada vez que llueve, siguen los mismos problemas; entonces no hay cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela\u00bb; y que \u00abse han intentado realizar los procedimientos de limpieza, pero los equipos que han tra\u00eddo no han podido hacerlo, quedando de hacerlo con personal de forma manual y m\u00e1s adelante con maquinaria especial\u00bb, lo que le han puesto de presente a las autoridades accionadas, pero \u00abpara ellos, unas fotos de cuando estructuraron el teatro de que iban a limpiar, lo dan por sentado, como si hubieran cumplido con esta orden judicial\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a las autoridades judiciales accionadas, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena destac\u00f3 que \u00abha procedido conforme al ordenamiento jur\u00eddico, sin incurrir en v\u00edas de hecho\u00bb, por lo que pidi\u00f3 se niegue el resguardo. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial remiti\u00f3 copia de las providencias que dict\u00f3 en los asuntos objeto de censura. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. Respecto a los reclamos que elevaron Georfelina Mercado C\u00f3rdoba, Pablo Mattos, Alfredo Marrugo Romero, Nareiso Mart\u00ednez y Leonardo Gonz\u00e1lez, advierte la Sala que dichos tutelantes carecen de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en los incidentes de desacato fuente del reclamo, por no ser parte de dichas contiendas. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991, establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto de contornos similares al de ahora, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 \u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01, reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
3. Respecto a los dem\u00e1s accionantes, quienes s\u00ed hicieron parte de los incidentes acusados, se observa que aquellos critican la totalidad de las decisiones que resolvieron dichos asuntos. <\/p>\n
4. Bajo ese horizonte, encuentra la Corte que, en los que ata\u00f1e a los tres primeros desacatos, no se cumple con el presupuesto de inmediatez, habida cuenta que la \u00faltima decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 en dichos tr\u00e1mites, data del 8 de abril de 2022, mediante la cual el Tribunal criticado revoc\u00f3 el prove\u00eddo sancionatorio de 9 de marzo de estas mismas calendas. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha de proferimiento de esa providencia (8 de abril de 2022) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 27 de octubre de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
5. Respecto al prove\u00eddo de 11 de octubre de 2022, mediante el cual el juzgado accionado resolvi\u00f3 el \u00faltimo de los incidentes de desacato que incoaron los quejosos, mem\u00f3rese que, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02) <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb. (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00) <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12). (Citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02) <\/p>\n
5.1. Bajo esa horizonte, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, comoquiera que el juzgado enjuiciado, en el prove\u00eddo del 11 de octubre pasado, expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba inviable el incidente de desacato que formularon los tutelantes, sobre lo cual precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Revisada cada una de las actuaciones surtidas en el presente asunto, el fallo proferido por la Sala Civil-Familia del\u2026 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, y la solicitud de incidente que hoy nos ocupa, resulta claro para este Despacho que los [incidentados], no se encuentran en desacato, respecto al numeral tercero, ya que estos han ejecutado las labores de limpieza del ca\u00f1o Ricaute, adem\u00e1s de que incluyeron este canal dentro de los contratos que se ejecutaran en la presente anualidad, y de todo ello se adjunt\u00f3 constancia. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Ahora, respecto del numeral cuatro, que le exige al demandado planificar y coordinar con CARDIQUE, EPA, CORVIVENDA y la comunidad un plan estrat\u00e9gico de acci\u00f3n de mediano plazo de dragado, ampliaci\u00f3n y canalizaci\u00f3n del tramo San Antonio central y Ricaurte del barrio Olaya Herrera, considera esta judicatura, que tampoco ha sido desatendida por parte de los incidentados, ya que obra suficiente prueba en el plenario, que denotan el n\u00famero de actividades que estos han desplegado para la consecuci\u00f3n del mentado objetivo. Adem\u00e1s, que la mayor\u00eda de las actividades que la Alcald\u00eda ha desplegado ha estado involucrada la comunidad a trav\u00e9s de sus representantes. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
De conformidad con las pruebas arriba mencionadas, y las dem\u00e1s documentales anexas al expediente digital, en esta oportunidad, esta judicatura, no declarar\u00e1 desacato a la orden de tutela impartida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en fecha de 15 de junio de 2021, y as\u00ed lo decretar\u00e1 en la parte resolutiva del presente auto, puesto que se encuentran dando cumplimiento al tan mencionado fallo de tutela de segunda instancia, tanto es as\u00ed que no solo han cumplido integrando un Grupo de Trabajo donde se adopt\u00f3 el Plan Estrat\u00e9gico de Acci\u00f3n que fue socializado con la comunidad en reuni\u00f3n, sino que dentro del proceso de implementaci\u00f3n se integr\u00f3 la comisi\u00f3n de evaluaci\u00f3n diagn\u00f3stico, se adelant\u00f3 el diagn\u00f3stico de las condiciones actuales del canal con el acompa\u00f1amiento de la comunidad, se rindieron los informes respectivos y luego, se integr\u00f3 la comisi\u00f3n de an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de dise\u00f1os existentes, quienes en la actualidad trabajan en la evaluaci\u00f3n de los dise\u00f1os para tomarlos como base del proyecto, tal como lo establece el fallo de tutela de segunda instancia de fecha 15 de junio de 2021. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se tiene que al ser el incidente de desacato un mecanismo de coerci\u00f3n que est\u00e1 cobijado por los principios del derecho sancionador, y espec\u00edficamente por las garant\u00edas que \u00e9ste otorga al disciplinado, en el tr\u00e1mite del desacato siempre ser\u00e1 necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, para proferir decisi\u00f3n dentro del incidente de desacato la responsabilidad del accionado no puede presumirse por el solo hecho objetivo del incumplimiento, sino que el Juzgador ostenta la obligaci\u00f3n de determinar su responsabilidad subjetiva derivada de la mala fe o de la conducta absolutamente negligente. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la mera adecuaci\u00f3n de la conducta del accionado con base en la simple y elemental relaci\u00f3n de causalidad material conlleva a la utilizaci\u00f3n del concepto de responsabilidad objetiva, la cual est\u00e1 prohibida por la Constituci\u00f3n y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que siempre entre el comportamiento del demandado y el resultado debe mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo imputable al accionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la citada decisi\u00f3n no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Entonces, tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala (E) <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Verificado el sistema de gesti\u00f3n judicial, se verifica que la referida providencia realmente fue dictada el 11 de octubre de 2022. <\/p>\n
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