STC15143-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC15143-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01932-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 H\u00e9ctor Julio Orjuela Medina contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso e igualdad, que dice vulneradas por las autoridades judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abse dejen sin efectos\u2026 las providencias de primera y\u2026 segunda instancia que resolvieron el incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Contra H\u00e9ctor Julio Orjuela Medina se adelant\u00f3 proceso penal por las conductas punibles de \u00abfraude procesal y estafa agravada\u00bb, siendo condenado a 108 meses de prisi\u00f3n, a trav\u00e9s de sentencia del 18 de abril de 2018, decisi\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, con providencia del 8 de octubre siguiente. <\/p>\n
2.2. Cumplido lo anterior, la v\u00edctima solicit\u00f3 \u00abconvocar audiencia para dar inicio al incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb, diligencia que comenz\u00f3 el 19 de febrero de 2021, oportunidad en la que la v\u00edctima plante\u00f3 su pretensi\u00f3n indemnizatoria. <\/p>\n
2.3. En audiencia de 7 de mayo de 2021, se decretaron las pruebas del incidente, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en apelaci\u00f3n el procesado, recurso concedido con prove\u00eddo de esa misma fecha. <\/p>\n
2.4. Sin embargo, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 18 de mayo de 2021, el juzgado accionado revoc\u00f3, de oficio, la decisi\u00f3n que concedi\u00f3 la alzada, al considerar que no era susceptible de tal medio de impugnaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que critic\u00f3 el condenado, cuestionamiento desestimado con auto del 9 de junio de 2021. <\/p>\n
2.5. Cumplido lo anterior, se practicaron las pruebas decretadas, se escucharon los alegatos de las partes y, mediante prove\u00eddo del 3 de agosto de 2021, se conden\u00f3 a H\u00e9ctor Julio Orjuela Medina a pagar a la v\u00edctima a $5.618.880 por concepto de \u00abperjuicios de car\u00e1cter material\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el enjuiciado, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 23 de agosto de los corrientes. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que en tr\u00e1mite acusado se apreci\u00f3 \u00abun informe t\u00e9cnico\u2026 que est\u00e1 afectado de ilegalidad por su descubrimiento extempor\u00e1neo\u2026, que deb\u00eda generar el rechazo de la prueba t\u00e9cnica\u00bb, toda vez que dicho elemento de juicio \u00abincumpli\u00f3\u2026 con un requisito de validez como lo era la entrega a la contraparte dentro del\u2026 t\u00e9rmino\u2026 establecido en la ley, invalidez que se traslad\u00f3 a la declaraci\u00f3n de quien lo elabor\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que el ad quem querellado \u00abasumi\u00f3 como legal dicha prueba\u2026, sin hacer reflexi\u00f3n alguna de su extemporaneidad y su consecuente ilegalidad, que fueron temas abordados en el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, tras rese\u00f1ar las actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite acusado, precis\u00f3 que \u00abno se ha desconocido derecho o garant\u00eda alguna al quejoso\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de este distrito capital, manifest\u00f3 que \u00abno se conculc\u00f3 derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, la considerar que \u00ab[l]a acci\u00f3n de tutela es improcedente\u00bb, toda vez que \u00abel accionante contaba con otro medio de defensa judicial, pues pod\u00eda\u2026 solicitar al Tribunal la adici\u00f3n de la [providencia criticada], con fundamento en el art\u00edculo 287 del CGP, si consideraba que faltaba el an\u00e1lisis de uno de los argumentos expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que \u00abla inconformidad con la manera como la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 expuso sus argumentos\u2026 no revela defecto alguno en la providencia de 23 de agosto de 2022, que puso fin al tr\u00e1mite incidental\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor, luego de cuestionar la improcedencia que detect\u00f3 el fallador de primer grado, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la legalidad del informe t\u00e9cnico que se practic\u00f3 en el asunto acusado y de la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 la persona que lo elabor\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, evidencia la Corte que reclamo del actor, en esencia, se circunscribe a que no debi\u00f3 valorarse la experticia que alleg\u00f3 la v\u00edctima al incidente de reparaci\u00f3n integral, comoquiera que no fue aportada en la oportunidad pertinente. <\/p>\n
En este orden de ideas, se concluye que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que, al margen de las consideraciones que esgrimi\u00f3 el Tribunal para no pronunciarse sobre la legalidad de ese elemento de juicio, al resolver la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra la providencia que decidi\u00f3 el referido tr\u00e1mite incidental, lo cierto es que no se verifica la configuraci\u00f3n de una anomal\u00eda en la incorporaci\u00f3n de ese medio de convicci\u00f3n, que conlleve la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas que invoc\u00f3 el actor <\/p>\n
En efecto, revisado el expediente contentivo del juicio criticado, se verifica que, al decretar las pruebas del litigio, el juzgado accionado, tras reconocer que el tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral se regula, en parte, por las normas del C\u00f3digo General del Proceso, concluy\u00f3 que, ciertamente, la prenotada experticia fue allegada por fuera de la oportunidad que contempla el art\u00edculo 103 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
No obstante, estim\u00f3 que \u00abpese a esa irregularidad\u2026, en aras que lo que se pretende es llegar a la verdad\u00bb, era necesaria la incorporaci\u00f3n de la referida probanza, la cual habr\u00eda de sustentarse en audiencia por la perito que la elabor\u00f3, conforme, incluso, lo reclam\u00f3 el sentenciado. <\/p>\n
Luego, de las citadas afirmaciones que realiz\u00f3 el a quo accionado, se extracta que el referido dictamen fue incorporado de oficio por esa sede judicial, lo cual le era permitido de conformidad con las potestades oficiosas que, en materia probatoria, confieren los art\u00edculos 1691 y 1702 del C\u00f3digo General del Proceso, disposiciones que resultan aplicables al incidente de reparaci\u00f3n integral, conforme lo ha reconocido la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, como m\u00e1xima autoridad de esa especialidad, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u2026, una vez finalizado el proceso penal el incidente de reparaci\u00f3n integral se tramita seg\u00fan las formalidades de que tratan los art\u00edculos 102 a 108 de la Ley 906 y, en lo no previsto en ellos, en virtud del principio de integraci\u00f3n de su art\u00edculo 25, se debe acudir al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha trazado una l\u00ednea de pensamiento uniforme respecto de la naturaleza exclusivamente civil del incidente de reparaci\u00f3n integral\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
De otra forma dicho, si en el incidente de reparaci\u00f3n integral se discute la cuant\u00eda del da\u00f1o ocasionado con el delito, que no la responsabilidad penal del procesado (CSJ AP2428, 12 mayo 2015, radicado 42527), este tr\u00e1mite habr\u00e1 de regirse por la normatividad procesal civil, pues no se puede perder de vista que el derecho adjetivo materializa el sustantivo. <\/p>\n
A tal punto es aplicable la legislaci\u00f3n procesal civil al tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral, que el juez puede decretar pruebas de oficio, lo cual es extra\u00f1o al juicio penal, pero admisible en el \u00e1rea civil, a voces de los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en virtud del principio de integraci\u00f3n. (CSJ SP13300-2017). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la incorporaci\u00f3n oficiosa del dictamen presentado por la v\u00edctima en el tr\u00e1mite acusado no reviste irregularidad, menos a\u00fan cuando al condenado se le puso en conocimiento dicha probanza, en la audiencia en la cual fue incorporado, y se le permiti\u00f3 interrogar a la perito que lo elabor\u00f3, con lo que se garantiz\u00f3 su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, las supuestas anomal\u00edas que el quejoso enrostr\u00f3 a las sedes judiciales enjuiciadas, es una cuesti\u00f3n que resulta intrascendente, pues lo cierto es que, se reitera, no se configur\u00f3 un irregularidad de tal entidad, que vulnerara sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
3. Por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala (E) <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abLas pruebas pueden ser decretadas a petici\u00f3n de parte o de oficio cuando sean \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
2\u0002 \u00abEl juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb (resaltado por la Sala). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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