STC15144-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15144-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01746-01 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se profiri\u00f3 el 8 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Rosa Otilia Aparicio Ayala contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, favorabilidad, \u00abasociaci\u00f3n sindical\u00bb y \u00abnegociaci\u00f3n colectiva\u00bb, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abproferir un nuevo fallo teniendo en cuenta el derecho que ten\u00eda\u2026 al momento de su despido de conformidad con las peticiones de la demanda inicial\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Rosa Otilia Aparicio Ayala promovi\u00f3 acci\u00f3n laboral contra Sociedad CI Las Amalias SA En Liquidaci\u00f3n, con la finalidad de que se declarara \u00abque entre ellos se ejecut\u00f3 un contrato de trabajo desde el 16 de agosto de 1994\u00bb y, en consecuencia, se condenara a la enjuiciada a pagarle \u00ablos salarios y sus reajustes; las cesant\u00edas y sus intereses; las vacaciones; las primas extralegal de navidad y la legal, m\u00e1s los aportes a la seguridad social y las indemnizaciones de los art\u00edculos 99 de la Ley 50 de 1990, 64 y 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 18 de octubre de 2017, se accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, por lo que se conden\u00f3 a la enjuiciada \u00aba pagar a la demandante por concepto indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa la suma de tres millones novecientos veintid\u00f3s mil novecientos tres pesos\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la actora, siendo modificada con providencia del 9 de agosto de 2018, en el sentido de ordenar a la demandada pagar \u00ablos aportes al Sistema General de Pensiones que se encontraban en mora entre el 6 de septiembre de 2007 y el 11 de mayo de 2015\u00bb y, en lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 el fallo censurado. <\/p>\n
2.3. Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, la demandante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con providencia del 21 de febrero de estas calendas. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la sede judicial accionada \u00abno tuvo en cuenta las pruebas allegadas al proceso sobre la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo de la demandante sin existir la ocurrencia de una fuerza mayor o un caso fortuito, raz\u00f3n suficiente para acceder a las peticiones de la demanda de casaci\u00f3n\u00bb; y desconoci\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abse encontraba probado que la demandada no hab\u00eda prestado la p\u00f3liza de garant\u00eda que le hab\u00eda pedido el Ministerio de Trabajo al momento de resolver el despido colectivo de trabajo [que pidi\u00f3]\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adicion\u00f3 que \u00aben la sentencia SL790-2022 de la misma sala y magistrados, [en] un caso igual al [suyo], casaron la sentencia y accedieron a las pretensiones de la demanda inicial\u00bb, por lo que \u00abexiste\u2026 contradicci\u00f3n por parte de la sala accionada\u2026 al resolver dos\u2026 procesos iguales y en uno casar y en el otro no casara\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, habida cuenta que \u00abel presunto defecto f\u00e1ctico no se avizora, pues la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo estuvo soportada en las pruebas analizadas por las instancias\u00bb; que \u00ablo relacionado con la prestaci\u00f3n o de cauci\u00f3n prendaria y c\u00f3mo ello supon\u00eda la no terminaci\u00f3n del contrato laboral es un eje tem\u00e1tico que\u2026 no fue propuesto por la censora al momento de promover el recurso de casaci\u00f3n\u00bb; y que \u00abno es procedente la aplicaci\u00f3n por virtud del derecho a la igualdad de la sentencia SL790-2022 invocada en el libelo tutelar\u2026 porque dicho fallo se dict\u00f3 con posterioridad -14 de marzo de 2022- a la sentencia que se ataca datada 21 de febrero de 2022\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abporque en aqu\u00e9l asunto, aunque se advierten similitudes, el reclamo del casacionista s\u00ed estuvo enfocado a cuestionar lo relativo a la cauci\u00f3n prendaria\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela y la impugnaci\u00f3n, se verifica que la actora cuestion\u00f3: (i) la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por la sede judicial accionada, respecto a la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo g\u00e9nesis de sus pretensiones en el juicio criticado; (ii) que no se hubiese analizado que su demandada no prest\u00f3 la p\u00f3liza que le exigi\u00f3 el Ministerio de Trabajo, con la finalidad de autorizar el despido colectivo que deprec\u00f3; y (iii) que se vulner\u00f3 su derecho a la igualdad, comoquiera que, en un caso id\u00e9ntico (fallado con providencia SL790-2022), la accionada s\u00ed cas\u00f3 la sentencia de segundo grado y, en su lugar, accedi\u00f3 a las pretensiones. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia de 21 de febrero de los corrientes (SL473-2022), que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se formul\u00f3 en el juicio criticado, al margen que se comparta, no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, respecto a la existencia de la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo que fundaba las pretensiones de la actora, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, expres\u00f3 que: <\/p>\n
La tesis del Tribunal no resulta extra\u00f1a para esta Sala, en tanto su fundamento parte de la evaluaci\u00f3n de lo controvertido por la demandante en el recurso de apelaci\u00f3n. As\u00ed bien, las pruebas que acusa no consideradas o mal valoradas, s\u00ed fueron tenidas en cuenta por el juzgador. <\/p>\n
Lo anterior queda en evidencia cuando manifest\u00f3: <\/p>\n
[…] es menester traer a colaci\u00f3n el acuerdo suscrito entre los miembros del comit\u00e9 sindical de los trabajadores sindicalizados de la empresa afiliados a la organizaci\u00f3n sindical SINALTRAFLOR y la empresa demandada el 6 de septiembre de 2007, donde se indica a folio 27 al 29. Los numerales 1, 2 y 2A, conocido por los intervinientes. De igual forma se advierte a folio 98 al 103 copia de la solicitud de despido colectivo presentado por la empresa con sello y radicado del ministerio de trabajo y la protecci\u00f3n social fechada el 4 de septiembre de 2007, donde se se\u00f1ala la petici\u00f3n conocida desde luego por los contendientes. <\/p>\n
Conforme lo anterior, como se ha venido se\u00f1alando a lo largo de este prove\u00eddo, la falladora de primer grado estim\u00f3 que de auto oper\u00f3 la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo, dando aplicaci\u00f3n a las consecuencias de la suspensi\u00f3n del contrato previstas en el art\u00edculo 53 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo consistentes en que se interrumpe la obligaci\u00f3n del trabajador de prestar servicios y el empleador se releva de pagar salarios, quedando facultado para descontar el per\u00edodo de suspensi\u00f3n al liquidar vacaciones cesant\u00edas, circunstancias que no fueron objeto de reproche. <\/p>\n
Por lo que, conforme a los mismos documentales del expediente, el Tribunal confirma y mantiene inc\u00f3lume la conclusi\u00f3n probatoria a la que arrib\u00f3 el juez. Dicha circunstancia no constituye autom\u00e1ticamente un error f\u00e1ctico significativo, pues tal inferencia se configura v\u00e1lidamente dentro de las facultades que la ley ha otorgado al juzgador para formar su convencimiento en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social expresa que el juez, \u00ab[\u2026] formar\u00e1 libremente su convencimiento\u00bb, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos que informan la cr\u00edtica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes\u00bb, teniendo siempre la carga de \u00ab[\u2026] indicar los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, recuerda la Sala que, mientras las inferencias del juzgador, en aplicaci\u00f3n de la sana cr\u00edtica, sean l\u00f3gicas, razonadas y aceptables quedan abrigadas de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, sin que esto atribuya a sus decisiones errores f\u00e1cticos (CSJ SL10118-2015). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, no tiene raz\u00f3n la recurrente al se\u00f1alar que el Tribunal no ten\u00eda limitaci\u00f3n alguna para decidir sobre la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo, pues a la luz del principio de consonancia que rige el procedimiento laboral y recordando lo dispuesto en el art\u00edculo 66A del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, \u00abLa sentencia de segunda instancia, as\u00ed como la decisi\u00f3n de autos apelados, deber\u00e1 estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, el objeto del recurso en instancia, como consta en el escrito de apelaci\u00f3n (\u2026), no fue otro que el de controvertir la decisi\u00f3n del juzgado en raz\u00f3n a la ineficacia del acto administrativo que autoriz\u00f3 el despido colectivo de trabajadores en la empresa C.I. Las Amalias S.A. en liquidaci\u00f3n, hecho que fue indicado por el Tribunal en el fundamento de su fallo, y que es coherente con la decisi\u00f3n de no abordar el estudio de otro asunto diferente al ya referido. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Por \u00faltimo, la recurrente cita los fallos CSJ SL4849-2018 y CSJ SL2808-2018, manifestando que m\u00e1s all\u00e1 de esta limitaci\u00f3n, cuando se trate de derechos m\u00ednimos e irrenunciables del trabajador, el fallador debe abordar estudio de instancia y decidir hasta en lo no controvertido. <\/p>\n
Sin embargo, aun cuando dicho argumento guarda armon\u00eda con la protecci\u00f3n que el ordenamiento jur\u00eddico laboral brinda a estos derechos, la jurisprudencia ha dejado sentado unos criterios para considerar la competencia funcional en estos casos: (i) que las materias relacionadas con los beneficios m\u00ednimos e irrenunciables consagrados en las normas laborales hayan sido discutidos en el juicio y (ii) que estos est\u00e9n debidamente acreditados o probados. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado, y contrastando los referidos supuestos con el caso en concreto, en instancia qued\u00f3 probado que oper\u00f3 la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo, con todos los efectos que conlleva, por ende, no se evidencia vulneraci\u00f3n alguna de derechos laborales m\u00ednimos a partir de la decisi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, concluyendo que la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el ad quem, con la que tuvo por acreditada la suspensi\u00f3n del contrato laboral de la quejosa, no resultaba arbitraria. <\/p>\n
Tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3.1. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Respecto al segundo de los reproches de la promotora, concluye la Sala la inviabilidad del amparo, comoquiera que a su alcance estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismo al que, si bien acudi\u00f3, no fue adecuadamente aprovechado, pues no adujo la ausencia de la p\u00f3liza que esgrimi\u00f3 por v\u00eda de tutela, como sustento de los cargos que plante\u00f3 en su demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Para el efecto, t\u00e9ngase en cuenta que, en sede de casaci\u00f3n, la actora sustent\u00f3 su reclam\u00f3, por v\u00eda indirecta, en \u00abla aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 51 y 53 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb, pues el fallador de segundo grado incurri\u00f3, seg\u00fan ella, en los siguientes errores f\u00e1cticos: <\/p>\n
\u2022 Dar por probado, contra toda evidencia, que el contrato de trabajo suscrito entre las partes hab\u00eda sido suspendi\u00f3 (sic) el d\u00eda 3 de septiembre del a\u00f1o 2007. <\/p>\n
\u2022 No dar por probado est\u00e1ndolo, que el contrato de trabajo de la demandante nunca se suspendi\u00f3. <\/p>\n
\u2022 No dar por probado est\u00e1ndolo, que las partes nunca acordaron la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo. <\/p>\n
\u2022 No dar por probado est\u00e1ndolo, que la demandada deb\u00eda de cancelar a la demandante todos los derechos laborales derivados del contrato de trabajo suscrito el d\u00eda 16 de agosto de 1994. <\/p>\n
\u2022 No dar demostrado est\u00e1ndolo, que la demandada deb\u00eda cancelar a la demandante todos los derechos laborales derivados del contrato de trabajo a partir del d\u00eda 3 de septiembre del a\u00f1o 2007 hasta el d\u00eda 11 de mayo del 2015. <\/p>\n
Como pruebas err\u00f3neamente apreciadas relaciona la demanda inicial \u2013hechos 3 y 4\u2013 (f.\u00ba 59-73), copia del acta de acuerdo firmada el 3 de septiembre de 2007 (f.\u00ba 27-29), la carta de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo imputable al empleador de fecha 11 de mayo de 2015 (f.\u00ba 44), la copia de la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 1288 del 18 de abril de 2008 (f.\u00ba 30-38) y los testimonios de Isabel Clavijo, Ana Victoria Gil y Gustavo Quevedo. <\/p>\n
Para demostrar su acusaci\u00f3n, sostiene que el acta de acuerdo no dice nada en relaci\u00f3n con la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo, pues esa nunca fue la intenci\u00f3n de las partes. En esa medida, no se pod\u00eda aplicar el art\u00edculo 51 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, sino el 140, m\u00e1xime cuando la suspensi\u00f3n de labores ocurri\u00f3 por causas imputables al empleador. <\/p>\n
Aduce que la demandada no alleg\u00f3 al proceso prueba que acreditara con certeza las razones de orden t\u00e9cnico, econ\u00f3mico u otras, que hubieran dado lugar a la suspensi\u00f3n, sin que fuera suficiente para ello la referida acta. <\/p>\n
Explica que, el Tribunal dio por hecho la existencia de la suspensi\u00f3n del contrato, aun cuando en las documentales no se indica la ocurrencia de una fuerza mayor o un caso fortuito, recalcando que la liquidaci\u00f3n voluntaria de la empresa no es una causal para la suspensi\u00f3n, de manera que tal raz\u00f3n \u00ab[\u2026] no ser\u00eda suficiente para tener como eficaz la suspensi\u00f3n del contrato, pues adicionalmente deb\u00eda acreditar que tales sucesos impidieron la ejecuci\u00f3n del mismo, lo que ni siquiera se menciona en el proceso ni mucho menos se acredita con la prueba censurada (Folio 27 a 29)\u00bb. <\/p>\n
Destaca que, qued\u00f3 demostrado que ella finaliz\u00f3 unilateralmente el contrato de trabajo el 11 de mayo de 2015, con ocasi\u00f3n de los incumplimientos del empleador, con lo cual se desdibuj\u00f3 la raz\u00f3n para la suspensi\u00f3n del contrato, y, por ende, se acredit\u00f3 la justificaci\u00f3n para su extinci\u00f3n, lo que le da derecho a la indemnizaci\u00f3n por despido injusto. En su respaldo cita la sentencia CSJ SL4849-2018. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aclara que, el Tribunal falta a su deber al no acoger todas las pretensiones de la demanda inicial, pues no ten\u00eda limitaci\u00f3n alguna para decidir. Sobre este punto invoca las sentencias CSJ SL4849-2018 y CSJ SL2808-2018, y hace \u00e9nfasis en que el juez de segunda instancia est\u00e1 atado a los precisos t\u00e9rminos que imponga el recurrente en la apelaci\u00f3n, salvo que se trate de derechos m\u00ednimos e irrenunciables del trabajador. <\/p>\n
De otro lado, acus\u00f3 la demandante: <\/p>\n
\u2026 la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 51 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 4 de la Ley 50 de 1990, lo que conllev\u00f3 a la aplicaci\u00f3n indebida de los preceptos 52 y 53 de aquella codificaci\u00f3n, \u00ab[\u2026] y en virtud del principio de integraci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral, art\u00edculo 61 ibidem, cuya violaci\u00f3n de medio condujo a la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 13, 25, 29, 53, 55, 83, 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb; 6, 9, 16, 1502, 1519, 1523, 1602, 1619, 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil; 6 de la Ley 50 de 1990; 1\u00ba, 5, 9, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 37, 43, 55, 59, 61, 64, 65, 127, 128, 132, 186 a 189, 198, 249, 306 y 408 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, con las derogaciones y subrogaciones efectuadas por el legislador y 2, 5, 20, 25, 32, 54A, 61, 77, 78, 82, 85 y 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. <\/p>\n
Despu\u00e9s de se\u00f1alar las causales de suspensi\u00f3n del contrato de trabajo previstas en la primera de las preceptivas, expone: <\/p>\n
Analizando el art\u00edculo antes mencionado, por ninguna parte se encuentra la causal de \u00abno se presentan a su sitio de trabajo, sin que esto implique vulneraci\u00f3n de ninguno de los derechos adquiridos hasta el momento de la liquidaci\u00f3n del contrato de trabajo y como consecuencia contin\u00faan los contratos de trabajo vigentes\u00bb. La anterior redacci\u00f3n la tuvo el juez colegial como causal de suspensi\u00f3n del contrato de trabajo de la demandante, interpretando con esto err\u00f3neamente el art\u00edculo 51 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo, es decir, le agrego (sic) una causal de suspensi\u00f3n del contrato de trabajo que no trae la ley y, trajo como consecuencia de esto, el juez de segunda instancia vulnerara las normas relacionadas en el alcance de la impugnaci\u00f3n, ya que el mencionado art\u00edculo se le hizo producir efecto para regular una situaci\u00f3n que \u00e9l mismo no regula. <\/p>\n
4.2. De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo, <\/p>\n
\u2026 desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que concierne al \u00faltimo de los reclamos de la tutelante, no encuentra la Sala que, como ella lo esgrime, se haya vulnerado su derecho a la igualdad, comoquiera que los supuestos f\u00e1cticos analizados en la sentencia SL790-2022 difieren a los examinados en el fallo que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que aquella formul\u00f3 en el juicio aqu\u00ed criticado. <\/p>\n
En efecto, en la prenotada providencia (SL790-2022) se cuestion\u00f3, por v\u00eda de casaci\u00f3n, la inefectividad del despido colectivo que realiz\u00f3 CI Las Amalias SA En Liquidaci\u00f3n, por cuanto no prest\u00f3 la p\u00f3liza que le exigi\u00f3 el Ministerio de Trabajo con miras a autorizar tal masiva desvinculaci\u00f3n, aspecto que, como qued\u00f3 visto, no fue planteado por la gestora del resguardo en su demanda de casaci\u00f3n, omisi\u00f3n que impidi\u00f3 que el despacho judicial se pronunciara sobre tal aspecto. <\/p>\n
Luego, no puede predicarse que la sede judicial accionada haya resuelto, de forma dis\u00edmil, dos casos id\u00e9nticos, pues lo cierto es que cada uno de ellos se fundaba en circunstancias distintas, determinadas por los cargos que se plantearon en cada una de las demandas de casaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala (E) <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC15144-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15144-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01746-01 Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68831","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68831\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}