STC15145-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15145-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01540-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se profiri\u00f3 el 16 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron \u00c1ngel Francisco Uriana Medero, Alfredo Manuel Blanco de la Hoz, Paransi Epiayu, Reinaldo Alcal\u00e1 V\u00e1squez, N\u00e9stor Mel\u00e9ndez Hurtado, Wilfredo Enrique Alvarado Caraballo y Alfredo Ram\u00f3n Mel\u00e9ndez Jim\u00e9nez contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 20 Laboral del Circuito de esta localidad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al \u00abacceso a la justicia\u00bb, debido proceso, defensa, seguridad social, \u00abprotecci\u00f3n a la vejez\u00bb, \u00abequidad como principio orientador de la actividad judicial\u00bb y \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, que dicen vulneradas por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidieron \u00abdejar sin valor ni efecto la sentencia de casaci\u00f3n\u2026 del 18 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Reinaldo Alcal\u00e1 V\u00e1squez, Paransi Epieyu, \u00c1ngel Francisco Uriana Medero, N\u00e9stor Mel\u00e9ndez Hurtado, Alfredo Manuel Blanco de La Hoz, Laureano Epinayu Pushaina, Wilfredo Enrique Alvarado Caraballo, Orlando Enrique Palomino Quesada, Alfredo Ram\u00f3n Mel\u00e9ndez Jim\u00e9nez, y Abraham Caraballo Cueto promovieron acci\u00f3n laboral contra la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la finalidad de que se le ordenara reanudar \u00abel pago de los \u00abbeneficios por extensi\u00f3n a que tienen derecho\u00bb, al igual que [a] su grupo familiar de: auxilio de escolaridad, plan complementario de salud, primas, auxilios y becas que ven\u00edan disfrutando y los cuales fueron suspendidos desde el 21 de febrero de 2003\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 4 de diciembre de 2017, se negaron las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte actora, siendo confirmada con providencia del 2 de octubre de 2018. <\/p>\n
2.3. Frente a este \u00faltimo fallo los demandantes formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que se declar\u00f3 pr\u00f3spero con determinaci\u00f3n del 18 de enero de los corrientes, por lo que se cas\u00f3 la sentencia censurada; en su lugar, se accedi\u00f3 parcialmente a las s\u00faplicas de la demanda, condenando a la demandada \u00aba restablecer a los demandantes el auxilio por muerte de pensionados contenido en la cl\u00e1usula 18 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 1971\u00bb. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que los falladores accionados dieron \u00abuna interpretaci\u00f3n no razonable a las convenciones colectivas de trabajo\u00bb; y que \u00ablas premisas que componen la ratio decidendi del fallo emitido por la Alta Corporaci\u00f3n accionada se constituyen\u2026 en los argumentos para acceder a todos los beneficios convencionales pretendidos\u2026 y no solo a uno de ellos como erradamente lo decidi\u00f3 el colegiado\u00bb <\/p>\n
2.5. Agregaron que el juez de casaci\u00f3n desconoci\u00f3 que exist\u00edan \u00abpruebas que [demostraban] que si bien algunos de los beneficios convencionales deprecados se prestaban a trav\u00e9s de m\u00e9dicos y especialistas en las propias instalaciones\u2026 de la entidad, tambi\u00e9n es cierto que exist\u00edan varios servicios que se prestaban a trav\u00e9s de profesionales externos\u2026 y el trabajador pagaba estos servicios y posteriormente recib\u00eda un reembolso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.6. Tambi\u00e9n destacaron que se dej\u00f3 de lado que \u00abel restablecimiento de los beneficios convencionales de sanidad pod\u00eda compatibilizarse con la expedici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de un plan complementario de salud que permita dar cabal cumplimiento a los servicios pactados convencionalmente\u00bb; que \u00aben lo atinente al auxilio de escolaridad que se entregaba a los pensionados, es v\u00e1lido resaltar que de ninguna de las cl\u00e1usulas dispuestas en las convenciones colectivas se desprende que este pago estuviera supeditado a la acreditaci\u00f3n de ning\u00fan requisito\u00bb; y que \u00abrespecto a las prestaciones convencionales de car\u00e1cter econ\u00f3mico como bonificaciones o primas especiales, \u00e9stas se deben seguir reconociendo de manera vitalicia como beneficios extendidos en favor de los pensionados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que \u00abno vulner\u00f3 ninguno de los derechos fundamentales que se invocan\u2026, por el contrario, la decisi\u00f3n se ajust\u00f3 al precedente jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia esgrimi\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n que ahora se cuestiona, se sustent\u00f3 en criterios que distan de ser arbitrarios o caprichosos y, contrario a ello, se soportaron en criterios razonables y en los elementos de prueba que figuraban en el expediente\u00bb. <\/p>\n
3. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, habida cuenta que \u00ablo pretendido en la demanda de tutela es que se imponga el criterio de la parte accionante, como si esta v\u00eda fuera una instancia adicional a las del proceso laboral que ya concluy\u00f3 y en el que la autoridad accionada emiti\u00f3 una decisi\u00f3n motivada, razonable y ajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los gestores del resguardo reiteraron sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la sentencia de 18 de enero de esta anualidad, que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de 2 de octubre de 2018, comoquiera que fue esa decisi\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate laboral suscitado en el juicio criticado. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la prenotada providencia de 18 de enero de 2022 (SL032-2022), no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, explic\u00f3 los motivos por los cuales no era posible acceder al restablecimiento de la totalidad de los beneficios convencionales que deprecaron los demandantes, aspecto sobre el cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
A modo de colof\u00f3n, se tiene que el juez de segundo grado se equivoc\u00f3 al inferir que de las CCT celebradas entre los trabajadores de la Concesi\u00f3n Salinas y las respectivas organizaciones sindicales entre 1958 y 1990 no se pod\u00eda deducir la calidad de beneficiarios de \u00e9stas respecto de los demandantes como pensionados. Como qued\u00f3 visto, en los art\u00edculos 7 de la CCT 1958, 14 de la CCT 1960, 15 de la CCT 1962, 14 de la CCT 1966 y 12 de la CCT 1967, se consagraron prerrogativas de naturaleza extralegal en favor de los pensionados, respecto de quienes no era dable exigir la prueba de afiliaci\u00f3n al sindicato o el pago de la cuota sindical. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, en materia educativa se consagr\u00f3 un beneficio, consistente en becas seg\u00fan la cl\u00e1usula 10 de la CCT 1971; ello sin olvidar que tambi\u00e9n se contaba con prerrogativas de naturaleza econ\u00f3mica, tal como se pact\u00f3 en la cl\u00e1usula 9 de la CCT 1960, modificada por el art\u00edculo 8 de la CCT – 1966, que contempl\u00f3 una prima o mesada adicional en junio, y en la cl\u00e1usula 18 de la CCT 1971 que previ\u00f3 un auxilio por muerte del pensionado. <\/p>\n
Respecto de las anteriores equivocaciones del juez colegiado, desde ya advierte la Sala, como se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante, que la \u00fanica que lleva a la ruptura de la sentencia impugnada de manera parcial es la relacionada con el auxilio por muerte del pensionado previsto en la cl\u00e1usula 18 de la CCT 1971 pues, por las razones que se expondr\u00e1n, no es posible la prosperidad de los servicios de sanidad, como tampoco de los beneficios econ\u00f3micos dispuestos en las cl\u00e1usulas 9 de la CCT 1960 y 8 de la CCT 1966, ni el de naturaleza educativa estipulado en la cl\u00e1usula 10 de la CCT 1971, tal como pasa a explicarse: <\/p>\n
1-. Servicios de sanidad o m\u00e9dicos: <\/p>\n
Ciertamente, pese a que el esp\u00edritu de los derechos convencionales es proyectarse m\u00e1s all\u00e1 de la existencia jur\u00eddica de las partes suscribientes (CSJ SL5361-2019), ordenar la reactivaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de los servicios de sanidad, convencionalmente destinados a los pensionados y su grupo familiar, se traducir\u00eda en un imposible jur\u00eddico dado que estaban condicionados a que fueran prestados en las dependencias de la entidad y por los m\u00e9dicos contratados por ella, tal como se desprende de las cl\u00e1usulas 14 de la CCT 1960 y 15 de la CCT 1962, es decir, depend\u00edan de la existencia de la persona jur\u00eddica empleadora, por lo que estos beneficios tuvieron vigencia hasta la culminaci\u00f3n del proceso liquidatario del IFI, esto es, al 30 de diciembre de 2009, en los t\u00e9rminos del Decreto 4713 de 2009 (CSJ SL2559-2015). <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
No sobra agregar que, ese tipo de planes complementarios no comportan un derecho que deba permanecer vigente por el periodo en que se disfrute de la pensi\u00f3n, tal como se dijo en decisi\u00f3n CSJ SL18105-2016, en la que se explic\u00f3: <\/p>\n
Dada la v\u00eda directa de la acusaci\u00f3n, advierte la Corte que no son objeto de discusi\u00f3n en sede de casaci\u00f3n, los siguientes supuestos de hecho: (i) que Telecom S.A. desapareci\u00f3 del mundo jur\u00eddico una vez se orden\u00f3 su liquidaci\u00f3n y cierre; (ii) que los accionantes tiene la condici\u00f3n de pensionados de la extinta entidad; (iii) que en 1998 la estatal de telecomunicaciones suscribi\u00f3 con su organizaci\u00f3n sindical una convenci\u00f3n colectiva de trabajo en cuyo art\u00edculo 17 aprob\u00f3 la contrataci\u00f3n de planes complementarios de salud para sus trabajadores, pensionados y los beneficiarios de estos, y (v) que ese convenio perdur\u00f3 \u00abhasta el 31 de enero de 2006 con el cierre de Telecom en Liquidaci\u00f3n\u00bb, por decisi\u00f3n del liquidador de la empresa. <\/p>\n
En ese orden, de acuerdo con el debate que pone de presente la parte recurrente en casaci\u00f3n, le corresponde a la Sala dilucidar si el plan complementario de salud del que se beneficiaban los demandantes, a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 236 de la Ley 100 de 1993, constituye un derecho legal que no pod\u00eda ser objeto de suspensi\u00f3n y deb\u00eda permanecer vigente hasta el t\u00e9rmino del periodo de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
En ese orden, esa prerrogativa que implic\u00f3 el reconocimiento de prestaciones mayores y superiores a las establecidas en el plan obligatorio de salud, no tiene la connotaci\u00f3n de obligaci\u00f3n legal con vocaci\u00f3n de permanecer \u00abhasta el t\u00e9rmino del periodo de jubilaci\u00f3n\u00bb, seg\u00fan las voces del inciso segundo del art\u00edculo 236 de la Ley 100 de 1993, porque, de una parte, indiscutiblemente fue plasmada en el acuerdo colectivo de 1998 -tal cual lo hall\u00f3 probado el Tribunal y sin discusi\u00f3n alguna lo acepta el recurrente en casaci\u00f3n dada la v\u00eda de ataque escogida- y, de otra, porque la suspensi\u00f3n del plan complementario de salud en virtud de la liquidaci\u00f3n y extinci\u00f3n definitiva de Telecom, constituye una raz\u00f3n v\u00e1lida para concluir que el acceso a dichos beneficios, tambi\u00e9n desapareci\u00f3. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el plan complementario de salud a cargo de la extinta Telecom -a trav\u00e9s de Colsanitas conforme al acuerdo convencional suscrito en 1998-, en la medida en que adicion\u00f3 el plan legal y obligatorio de salud y no est\u00e1 a cargo del Estado ni del Sistema General de Seguridad Social, permite aseverar que tuvo vigencia hasta la culminaci\u00f3n del proceso liquidatorio de la entidad y bien pod\u00eda suspenderse, como en efecto sucedi\u00f3 a partir de 2006, por decisi\u00f3n del agente liquidador de la extinta empresa. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que, si bien esos servicios m\u00e9dicos se suspendieron con antelaci\u00f3n al 30 de diciembre de 2009, fecha l\u00edmite para su reconocimiento y disfrute en virtud de la culminaci\u00f3n del proceso liquidatorio de la entidad, lo cierto es que, los accionantes expusieron en los hechos 39 y 40 de la demanda inaugural\u2026, que solo hasta octubre y noviembre de 2014 pidieron su reanudaci\u00f3n, de ah\u00ed que cualquier derecho qued\u00f3 afectado por el fen\u00f3meno prescriptivo conforme a los art\u00edculos 488 del CST y 151 del CPTSS, por haber transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os; prerrogativas que, en efecto, son prescriptibles tal como se expuso en la referida decisi\u00f3n CSJ SL1036-2021. <\/p>\n
2.- Beneficios econ\u00f3micos \u2013 bonificaci\u00f3n o prima especial: <\/p>\n
En lo atinente al beneficio econ\u00f3mico relativo a la bonificaci\u00f3n contemplada en la cl\u00e1usula 9 de la CCT 1960, que dice: \u00abbonificaci\u00f3n en el mes de junio de cada a\u00f1o, en cuant\u00eda igual al 50% del valor de su pensi\u00f3n mensual\u00bb, que fue modificada por la cl\u00e1usula 8 de la CCT 1966, en el siguiente sentido \u00abla prima especial que se reconoce a los pensionados en el mes de junio de cada a\u00f1o, ser\u00e1 equivalente a una mesada de pensi\u00f3n. Este beneficio solo lo percibir\u00e1n quienes disfruten de pensi\u00f3n reconocida u ordenada por las Salinas\u00bb, la Corte encontrar\u00eda en sede de instancia, que no resulta posible restablecer tal beneficio. <\/p>\n
En efecto, si bien esa bonificaci\u00f3n o prima especial no se encuentra ligada a la existencia del empleador, como si ocurr\u00eda con los beneficios m\u00e9dicos; e incluso le era cancelada a los demandantes, seg\u00fan se desprende de constancia de pagos de n\u00f3mina de pensionados obrantes a folios 96, 99, 106, 115, 118, 127, 130, 138, 141 y 156 en los cuales figura que para el mes de junio de 2001, adem\u00e1s del valor de la pensi\u00f3n, los actores ven\u00edan recibiendo el valor de la mesada adicional de la \u00abLey 100\u00bb de 1993; lo cual torna improcedente o incompatible el reconocimiento de una prima o bonificaci\u00f3n extralegal. <\/p>\n
Al respecto, la Corte tiene sentado que, en aras de alcanzar los objetivos del sistema general de seguridad social, se debe propender por una \u00abarmonizaci\u00f3n y articulaci\u00f3n de reg\u00edmenes, procedimientos y prestaciones\u00bb (CSJ SL, 13 jun. 2012, rad. 39647), por ende, es opuesto a esos prop\u00f3sitos la dualidad de prestaciones de naturaleza econ\u00f3mica tan es as\u00ed que, en decisi\u00f3n CSJ SL, 26 sep. 2006, rad. 26193, al referirse sobre la procedencia del pago de una prima pactada convencionalmente para los pensionados, junto con la mesada adicional establecida en la ley, se dijo: <\/p>\n
Pues bien, de anta\u00f1o ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con el debate planteado por los recurrentes, que de conformidad con la Ley 100 de 1993 y en desarrollo espec\u00edficamente del principio de unidad instituido en la letra e del art\u00edculo 2\u00ba, su filosof\u00eda y vocaci\u00f3n es la de reemplazar cualquier r\u00e9gimen, convencional o legal que exist\u00eda antes de entrar en vigencia esta normatividad, vale decir, que su fin, entre otras, es el de lograr una verdadera armonizaci\u00f3n y articulaci\u00f3n de reg\u00edmenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los objetivos del sistema general de seguridad social, del cual se infiere de manera razonable y l\u00f3gica, como lo hizo el juez de la alzada, que la dualidad de prestaciones tanto asistenciales como de naturaleza econ\u00f3micas frente a igual contingencia, es opuesta a los prop\u00f3sitos de este sistema. <\/p>\n
De manera que, para la Corte, no resulta equivocado el colof\u00f3n al que arrib\u00f3 el Tribunal y por el contrario se atempera a los postulados que inspiran el r\u00e9gimen de Seguridad Social Integral, dado que, se itera, si para el fallador la mesada de junio establecida en el art\u00edculo 142 de la Ley 100 de 1993, es igual o incluso mejor de la establecida en la convenci\u00f3n colectiva, as\u00ed como que los beneficios en salud consagrados en al acuerdo colectivo son id\u00e9nticos de los que reconoce el POS, no ser\u00eda legal (art\u00edculo 49 de la Ley 6\u00aa de 1945), ni mucho menos razonable pensar en que los demandantes, dada la coexistencia o concurrencia de los beneficios legales y convencionales, sean acreedores de cada uno de ellos. <\/p>\n
En ese orden de ideas, como ese beneficio consagrado en la cl\u00e1usula 9 de la CCT 1960, modificada por la 8 de la CCT 1966, que corresponde a una prima adicional en el mes de junio en suma igual a una mensualidad, fue estipulado tiempo despu\u00e9s y en t\u00e9rminos equivalentes por el legislador en el art\u00edculo 142 de la Ley 100 de 1993, no resulta procedente ahora imponer su pago, con independencia de que la fuente que los consagra sea dis\u00edmil. <\/p>\n
As\u00ed se explic\u00f3 en decisi\u00f3n CSL SL2128-2021, rad. 75451, en la que, al resolver un caso similar contra la misma demandada, en la cual se reclam\u00f3 el reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal, se expuso que no era posible acceder al pago de tres mensualidades para el mes de junio, pues dos de ellas compart\u00edan el mismo supuesto f\u00e1ctico derivado de la calidad de pensionado, una estipulada en un pacto colectivo y la otra en la ley, concretamente, la prima adicional regulada por el art\u00edculo 142 de la Ley 100 de 1993, evento en el cual solo es posible el reconocimiento del derecho que sea m\u00e1s favorable al pensionado. Empero, como el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala es id\u00e9ntico, es decir, no se observa que la bonificaci\u00f3n o prima especial extralegal sea m\u00e1s favorable que la legal, no procede el restablecimiento de la primera\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En suma, como los accionantes vienen percibiendo una mesada adicional en el mes de junio, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 142 de la Ley 100 de 1993, no resulta posible ordenar que, a la par, se cancele otra igual, aun cuando su origen sea extralegal. <\/p>\n
3-. Beneficio educativo \u2013 becas: <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, concluyendo que no era posible restablecer a los actores la totalidad de los beneficios convencionales que reclamaron, habida cuenta que, respecto al beneficio de \u00absanidad\u00bb, se configuraba una imposibilidad jur\u00eddica, comoquiera que su prestaci\u00f3n depend\u00eda de la existencia de la empleadora (que a la fecha se encuentra liquidada), por cuanto los servicios deb\u00edan ser prestados en las dependencias de la entidad o por m\u00e9dicos contratados por aquella. <\/p>\n
Respecto a las bonificaciones o primas especiales, concluy\u00f3 que resultaban incompatibles con la mesada que se les ven\u00eda reconociendo a los actores en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 142 de la ley 100 de 1993, por tener un origen id\u00e9ntico; mientras que no se impon\u00eda el reconocimiento del \u00abbeneficio educativo\u00bb, por cuanto no se acreditaron los supuestos f\u00e1cticos que conllevar\u00edan su causaci\u00f3n. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala (E) <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC15145-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15145-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01540-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68832","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68832"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68832\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68832"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68832"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}