STC15146-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15146-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01534-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 26 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ram\u00f3n Alcides Valencia Aguilar contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, trabajo y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse anule la sentencia de segunda instancia emitida el 15 de agosto de 2018 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, en consecuencia, se cancele \u00ab\u2026 la sanci\u00f3n [a \u00e9l] impuesta\u2026 por la sentencia anulada y por ende\u2026 la sanci\u00f3n en el certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Abogados\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n se disponga \u00abla terminaci\u00f3n anticipada del proceso disciplinario con radicado 0500111020002019182700\u2026 que se origin\u00f3 por la sentencia sancionatoria\u2026 emitida\u2026 en agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Contra Ram\u00f3n Alcides Valencia Aguilar se adelant\u00f3 proceso disciplinario, en el que fue sancionado, a trav\u00e9s de sentencia del 27 de febrero de 2017, \u00abcon suspensi\u00f3n de dos meses del ejercicio profesional y\u2026 multa de 1SMMLV\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el investigado, siendo confirmada con providencia del 15 de agosto de 2018, dictada por la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
2.2. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que reclam\u00f3 la nulidad del fallo de segunda instancia, comoquiera que fue dictado \u00abpor unas personas que no ostentaban la calidad de magistrados y por no poseer esa calidad, por ende, para la \u00e9poca del fallo de marras no eran [su] juez natural como profesional del derecho\u00bb, petici\u00f3n que se reh\u00fasa resolver la sede judicial acusada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina manifest\u00f3 que \u00abel accionante est\u00e1 intentando reabrir el debate disciplinario, el cual ya fue resuelto en dos instancias, y no puede convertirse la acci\u00f3n de tutela en un mecanismo tendiente a generar una tercera instancia dentro del proceso disciplinario\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al considerar que \u00abla decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada\u2026, al haber sido proferida el 15 de agosto de 2018 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, antes de emitirse la sentencia SU-355\/20, no puede considerarse una actuaci\u00f3n irregular por parte de la autoridad accionada, sino razonablemente expedida\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del amparo reiter\u00f3 que sus garant\u00edas esenciales fueron trasgredidas por la \u00abextinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al emitir la sentencia sancionatoria en [su] contra\u2026, datada del 15 de agosto de 2018, sentencia que fue suscrita por los ciudadanos Julia Emma Garz\u00f3n G\u00f3mez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, sin tener para la fecha citada la calidad de magistrados de la mentada sala\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, evidencia la Corte que el reclamo del actor, en esencia, se circunscribe a predicar que el fallo de 15 de agosto de 2018, que confirm\u00f3 el dictado el 27 de febrero de 2017, a trav\u00e9s del cual fue sancionado disciplinariamente, est\u00e1 incurso en causal de nulidad, por cuanto fue suscrito por los entonces magistrados Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez y Pedro Alonso Sanabria Buitrago, quienes, en concepto del tutelante, no estaban investidos de jurisdicci\u00f3n por efecto de la finalizaci\u00f3n de su periodo constitucional. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, patente era la inviabilidad de la petici\u00f3n de amparo, lo que impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado, habida cuenta que no se vislumbra afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que invoc\u00f3 el quejoso, comoquiera que no se configur\u00f3 la irregularidad que aquel denunci\u00f3. <\/p>\n
3. Sobre el particular, t\u00e9ngase en cuenta que esta Sala, en un caso id\u00e9ntico, descart\u00f3 la existencia del vicio denunciado por el actor, al considerar que: <\/p>\n
En un caso de similares contornos jur\u00eddicos en el que se discut\u00eda sobre la permanencia de las citadas personas como magistrados de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria, pese a la culminaci\u00f3n del per\u00edodo constitucional para el que fueron elegidos, la Sala Plena de la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la Sentencia de Unificaci\u00f3n 174 de 3 de junio de 2021, dijo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta Sala considera que tampoco le asiste raz\u00f3n al magistrado\u2026 en cuanto al tercer argumento relacionado con la extensi\u00f3n de los periodos constitucionales de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
9. En el Auto 278 de 2015, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n concluy\u00f3 que de acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, se entend\u00eda que, hasta tanto los miembros de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no se posesionaran, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deb\u00edan continuar en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, conservar\u00edan no solo la funci\u00f3n jurisdiccional disciplinaria, sino tambi\u00e9n la competencia para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela. <\/p>\n
10. La Corte se pronunci\u00f3 en el mismo sentido en la sentencia C-582 de 2016, al se\u00f1alar que, si bien se inhib\u00eda por inepta demanda para estudiar el art\u00edculo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, era necesario aclarar que hasta tanto se integrara la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ejercer\u00edan \u00fanicamente las funciones que les corresponden como integrantes de dicha sala. <\/p>\n
11. Aunado a lo anterior, en la sentencia SU-355 de 2020, la Corte evidenci\u00f3 la problem\u00e1tica que gener\u00f3 la sentencia del 6 de febrero de 2018 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pero no por ello invalid\u00f3 las decisiones que en ese periodo hubieran sido adoptadas por los entonces magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
12. En efecto, la Corte reconoci\u00f3 que la decisi\u00f3n del Consejo de Estado desconoci\u00f3 la ratio decidendi de la sentencia C-285 de 2016 y gener\u00f3 un bloqueo institucional que facilit\u00f3, entre otras cosas, la permanencia por m\u00e1s de 10 a\u00f1os en el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional cuyo periodo constitucional es de 8 a\u00f1os. De ah\u00ed que la Corte decidiera dejar sin efectos la decisi\u00f3n del Consejo de Estado y dispusiera que las autoridades a las que se refiere el art\u00edculo 257A de la Constituci\u00f3n deb\u00edan enviar al Congreso de la Rep\u00fablica, previa convocatoria p\u00fablica reglada, las ternas que les corresponden conformar, para efectos de que el Congreso procediera a la elecci\u00f3n de los Magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial antes de concluir el a\u00f1o 2020. Estos magistrados fueron elegidos el 2 de diciembre de 2020 y se posesionaron el 13 de enero de 2021. <\/p>\n
13. En consecuencia, los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ten\u00edan competencia para adoptar la decisi\u00f3n de segunda instancia en el proceso de la referencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En relaci\u00f3n con la introducci\u00f3n del nuevo modelo disciplinario, este Tribunal no se pronunciar\u00e1, pues se inhibir\u00e1 por inepta demanda como se indic\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s. Sin embargo es preciso aclarar que como quiera que en el par\u00e1grafo transitorio del art\u00edculo 19 en cuesti\u00f3n se dispone un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, y en raz\u00f3n de las declaratorias de inexequibilidad que se ha producido, hasta tanto se integre la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercer\u00e1n \u00fanicamente las funciones que les corresponden como integrantes de dicha sala, dado que la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura ha dejado de existir. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el art\u00edculo 257 original de la Carta volver\u00e1 a tener efectos en raz\u00f3n a la reviviscencia con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n de inexequibilidad, y el texto positivo del art\u00edculo 19 del Acto legislativo 02 de 2015 quedar\u00e1 vigente. Sin embargo, como esta \u00faltima disposici\u00f3n subrogaba el art\u00edculo 257 superior, en raz\u00f3n de la reviviscencia del mismo, debe entenderse que la misma obra como una adicci\u00f3n al texto constitucional, raz\u00f3n por la cual, para evitar la duplicidad en la numeraci\u00f3n y seguir la t\u00e9cnica utilizada por el constituyente derivado en casos similares, deber\u00e1 entenderse incorporado como art\u00edculo 257-A. En consecuencia, el texto constitucional quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) \u201cArt\u00edculo 257-A.- Adicionado por el art\u00edculo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ejercer\u00e1 la funci\u00f3n jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial. <\/p>\n
Estar\u00e1 conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales ser\u00e1n elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura previa convocatoria p\u00fablica reglada, y tres de los cuales ser\u00e1n elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Presidente de la Rep\u00fablica, previa convocatoria p\u00fablica reglada. Tendr\u00e1n periodos personales de ocho a\u00f1os, y deber\u00e1n cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Los magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no podr\u00e1n ser reelegidos. <\/p>\n
Podr\u00e1 haber comisiones seccionales de disciplina judicial integradas como lo se\u00f1ale la ley. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1 la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesi\u00f3n, en la instancia que se\u00f1ale la ley, salvo que esta funci\u00f3n se atribuya por la ley a un colegio de abogados. <\/p>\n
Par\u00e1grafo. – La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial no ser\u00e1n competentes para conocer de acciones de tutela. <\/p>\n
Par\u00e1grafo transitorio 1\u00ba. – Los magistrados de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial deber\u00e1n ser elegidos dentro del a\u00f1o siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial asumir\u00e1 los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ejercer\u00e1n sus funciones hasta el d\u00eda que se posesionen los miembros de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura ser\u00e1n transformadas en comisiones seccionales de disciplina judicial. Se garantizar\u00e1n los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuar\u00e1n conociendo de los procesos a su cargo, sin soluci\u00f3n de continuidad.\u201d <\/p>\n
Entendidas as\u00ed las cosas, no es de recibo el argumento, seg\u00fan el cual, carec\u00eda de validez y eficacia la decisi\u00f3n de 2 de septiembre de 2020, por medio de la cual la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria confirm\u00f3 el fallo sancionatorio proferido en contra del ac\u00e1 gestor, dado que, de acuerdo con lo visto en precedencia, los doctores Garz\u00f3n de G\u00f3mez y Sanabria Buitrago, ciertamente, detentaban la potestad jurisdiccional por tener la condici\u00f3n de magistrados al momento de la promulgaci\u00f3n del Acto Legislativo 02 de 2015 y su posterior examen de constitucionalidad, por lo que tal determinaci\u00f3n, en efecto, naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica pues obtuvo la mayor\u00eda decisoria requerida por el reglamento de la Corporaci\u00f3n, al tiempo que cobr\u00f3 firmeza al ser notificada mediante edicto el 8 de abril de 2021. (CSJ STC16492-2021). <\/p>\n
4. Con base en tal \u00f3ptica, es evidente que no se configur\u00f3 el vicio que denunci\u00f3 el accionante, comoquiera que los funcionarios que dictaron el fallo de segunda instancia en el proceso disciplinario criticado eran los llamados a dictar tal providencia, pues estaban investidos de jurisdicci\u00f3n, conforme lo concluy\u00f3 la Sala en el precedente citado previamente. <\/p>\n
5. Por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala (E) <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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