STC15158-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15158-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03776-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el resguardo constitucional promovido por Mar\u00eda Carolina Dalel Pineda contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2022-00124. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Le correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito conocer la referida demanda reivindicatoria, promovida por Mar\u00eda Carolina Dalel Pineda contra Pedro Pablo Granados Tibaduisa. No obstante, fue inadmitida -con auto del 25 de abril de 2022-1 donde se requiri\u00f3, entre otros, que acreditara \u00abel agotamiento del requisito de procedibilidad, por cuanto la solicitud de secuestro no se encuentra dentro de las medidas cautelares procedentes que se encuentra enlistadas en el art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.2. En cumplimiento de lo anterior, el apoderado de la parte activa remiti\u00f3 memorial subsanando el libelo, en el cual, de cara a la mentada exigencia, resalt\u00f3 que \u00abel agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliaci\u00f3n prejudicial no procede cuando se solicitan medidas cautelares\u00bb y que \u00abLa solicitud de medida cautelar de secuestro en un proceso reivindicatorio, se solicita en virtud del art\u00edculo 959 del C\u00f3digo Civil\u00bb2. <\/p>\n
2.3. En este sentido, el fallador cognoscente -con providencia del 14 de julio ulterior-3 rechaz\u00f3 la demanda por no haberse agotado el requisito de procedibilidad. <\/p>\n
2.4. Inconforme, inco\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n4. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital de la Rep\u00fablica -con prove\u00eddo del 9 de septiembre hoga\u00f1o-5 confirm\u00f3 lo determinado por el a quo. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, la promotora adujo que los falladores confutados incurrieron en defecto sustantivo por interpretar de forma limitada el art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, sin tener en cuenta el canon 959 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se deje sin efectos las providencias emitidas el 14 de julio y 9 de septiembre de 2020. En su lugar, se le ordene al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que admita la demanda y decrete la medida cautelar de secuestro solicitada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el expediente digital del proceso de radicado 2022-00124. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por la actora, con ocasi\u00f3n del presunto defecto sustantivo en que incurrieron los falladores de instancia. Ello pues, afirm\u00f3 que interpretaron de manera restrictiva los postulados del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, sin tener en cuenta el canon 959 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. De manera preliminar se precisa que, si bien la censura se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 14 de julio de 2022, fue la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital de la Rep\u00fablica quien cerr\u00f3 el debate al resolver el recurso de apelaci\u00f3n incoado, por ello, se analizar\u00e1 \u00fanicamente lo decidido en aquella oportunidad. <\/p>\n
3. Escrutado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que la autoridad judicial accionada -con providencia del 9 de septiembre de 2022-6 resolvi\u00f3 confirmar lo decidido por el a quo, en el sentido de rechazar la demanda impetrada. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, trat\u00e1ndose de la importancia de la demanda dentro de las actuaciones procesales, manifest\u00f3 que <\/p>\n
La demanda es el m\u00e1s importante acto de postulaci\u00f3n y, por lo tanto, ha de sujetarse a una serie de requisitos formales sin los cuales no puede ser admitida a tr\u00e1mite. Debe colmar las exigencias de forma que lejos de traducir un criterio meramente formalista, garantizan eficazmente el derecho de contradicci\u00f3n, por raz\u00f3n que a trav\u00e9s de ella expone el demandante la problem\u00e1tica jur\u00eddica que lo movi\u00f3 a concurrir a la administraci\u00f3n de justicia; adem\u00e1s, se debe precisar cu\u00e1l es la medida de la tutela jur\u00eddica que reclama y por la que llama a responder al demandado, delimitando el litigio sobre el cual el Estado tiene el deber de dispensar justicia no m\u00e1s que en lo que all\u00ed se pretende, salvo especiales eventos. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, dada la trascendencia que involucra el libelo introductor de la acci\u00f3n, como pauta obligada que debe seguir el juez para determinar la viabilidad de la petici\u00f3n que se le pone en conocimiento, el legislador le impuso la tarea de verificar que \u00e9sta re\u00fana las formalidades a que aluden los art\u00edculos 82, 83, 84, y 88 del C\u00f3digo General del Proceso, para determinar su admisibilidad o inadmisibilidad, al punto que s\u00f3lo cuando el fallador encuentre cumplidas tales exigencias puede dar tr\u00e1mite a la demanda. <\/p>\n
3.2. Por otro lado, de cara a la inadmisi\u00f3n del libelo, apuntal\u00f3 que <\/p>\n
De igual forma, no hay duda que cuando el juez de instancia inadmite el libelo y en el t\u00e9rmino legal no se subsanan los defectos puestos de manifiesto o habi\u00e9ndose corregido \u00e9ste considera que la misma no se encuentra acorde, la etapa subsiguiente es el rechazo, por as\u00ed determinarlo el precitado art\u00edculo; empero, ha de tenerse presente que \u00e9sta decisi\u00f3n – el rechazo – ser\u00e1 legal o ajustado a derecho siempre y cuando se encuentre fundado en las causales taxativamente se\u00f1aladas por el legislador en esa misma disposici\u00f3n, pues no le es permitido al fallador crear motu proprio, nuevos motivos de inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
O sea, que si la providencia est\u00e1 apoyada en motivos distintos de los espec\u00edficamente enlistados por el art\u00edculo ya enunciado y el rechazo tuvo su fundamento en ella, no hay duda que tales actos procesales carecen de legalidad, por cuanto, se reitera, las causales de inadmisi\u00f3n deben ser o estar relacionadas con las precisas enunciadas por la norma en menci\u00f3n, ya que el legislador no autoriz\u00f3 ninguna otra. <\/p>\n
3.3. Ahora bien, en torno al tema en discusi\u00f3n cit\u00f3 el art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso y los c\u00e1nones 958 y 959 del C\u00f3digo Civil, advirtiendo que se confirmar\u00eda el prove\u00eddo opugnado, comoquiera que: <\/p>\n
5.1.- El art\u00edculo 958 del C\u00f3digo Civil hace alusi\u00f3n al secuestro de bienes \u201cmuebles\u201d, de modo que, el canon no resulta aplicable a asunto sub examine. <\/p>\n
5.2.- A su turno, el art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso contempla en su literal a). que procede la inscripci\u00f3n de la demanda sobre bienes sujetos a registro \u201cy el secuestro de los dem\u00e1s cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensi\u00f3n distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes\u201d, de modo que, el secuestro resulta procedente, cuando la pretensi\u00f3n recae sobre bienes muebles; no obstante, este no es el caso. <\/p>\n
5.3.- Ahora bien, en lo que toca al inciso segundo del art\u00edculo 959 del C\u00f3digo Civil, este Despacho considera que hace alusi\u00f3n a medidas innominadas a efectos de salvaguardar el bien inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n, canon que debe interpretarse en concordancia con lo dispuesto en el literal c). del anterior canon aludido, de modo tal, que no hace referencia a medidas t\u00edpicas como el embargo o el secuestro, comoquiera que el precepto hace alusi\u00f3n a provocar \u201clas providencias necesarias para evitar el deterioro de la cosa y de los muebles y semovientes anexos a ella y comprendidos en la reivindicaci\u00f3n (\u2026)\u201d, sin referirse necesariamente a la solicitada, como s\u00ed se indic\u00f3 en el art\u00edculo 958 de la misma codificaci\u00f3n y en lo referente a los bienes muebles. Adem\u00e1s, cuesti\u00f3n diferente es que se haya proferido sentencia a favor de la reivindicante, pues en dicho escenario se tornar\u00eda procedente -secuestro-; sin embargo, esa situaci\u00f3n no ha acaecido. <\/p>\n
Y no soslaya esta judicatura que el literal c). del art\u00edculo 590 citado ampli\u00f3 el cat\u00e1logo de cautelas, mas no resulta aplicable en el asunto, porque si bien puede afirmarse que resulta razonable su decreto para asegurar el estado del inmueble, no es posible eludir la limitaci\u00f3n que de esa medida hizo el legislador. (Se subraya) <\/p>\n
Y, agreg\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) de un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de la normatividad civil, se infiere que decretar la medida solicitada, estar\u00eda en contrav\u00eda de lo dispuesto en el art\u00edculo 964 del C\u00f3digo Civil, habida cuenta que el poseedor de buena fe no es obligado a la restituci\u00f3n de los frutos percibidos antes de la contestaci\u00f3n de la demandada; en cuanto a los percibidos despu\u00e9s, estar sujeto a las siguientes reglas: i). \u201cEl poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el due\u00f1o hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder\u201d; y, ii). \u201cSi no existen frutos, deber\u00e1 el valor que ten\u00edan o hubieran tenido al tiempo de la percepci\u00f3n: se considerar\u00e1n como no existentes lo (sic) que se hayan deteriorado en su poder\u201d. <\/p>\n
3.5. Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 que \u00abaun cuando fuera procedente, la parte interesada no demostr\u00f3 la necesidad y efectividad de la medida, verbi gratia, que resultare ineludible para evitar el deterioro de la cosa y\/o que las facultades del demandado no fueran suficiente garant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable7. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
4.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
5. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 9 y 10, archivo \u201cPRUEBA_26_10_2022, 16_49_17\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 12-16. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 25-27. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 35-42. <\/p>\n
6\u0002 Folios 35-42, archivo \u201cPRUEBA_26_10_2022, 16_49_17\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
<\/p>\n
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