STC15199-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15199-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03690-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Gregorio Ragua Lagos y Carmen Alicia Gil de Ragua contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario No. 021-2007-00205-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y vivienda digna, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el proceso rese\u00f1ado. <\/p>\n
Como fundamento de lo pretendido manifestaron lo siguiente, <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda las Villas les otorg\u00f3 dos cr\u00e9ditos por 4.389,2376 y 2.627.0348 UPAC, que equival\u00edan a $4\u2019000.000 y $26\u2019000.000 pagaderos en 180 cuotas mensuales y sucesivas con vencimiento al 7 de marzo de 2000 y 20 de enero de 2022 respectivamente, para adquisici\u00f3n de vivienda y remodelaci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Al estar en mora en los pagos desde el mes de octubre de 1998, la entidad bancaria promovi\u00f3 juicio ejecutivo hipotecario en su contra que le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que se dio por terminado en 16 de marzo de 2006 con fundamento en el par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Banco Av. Villas sin realizar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en el a\u00f1o 2007, de nuevo present\u00f3 demandada ejecutiva hipotecaria en su contra, asignada por reparto al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta ciudad, en donde se libr\u00f3 mandamiento de pago el 5 de junio de 2007, y una vez notificados formularon la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, porque hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os desde la exigibilidad de las obligaciones. <\/p>\n
El 31 de agosto de 2009 profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probado dicho medio exceptivo, providencia apelada por el demandante, y que la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el 30 de noviembre de 2010, para en su lugar ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, fallo en el que \u00abde manera confusa, construy\u00f3 en forma artificiosa y falaz argumentos subjetivos inaceptables para derivar una renuncia a la prescripci\u00f3n que no existi\u00f3, esfuerzo que raya en una proactividad extra\u00f1a al comportamiento de esa superioridad\u00bb. <\/p>\n
Por medio de apoderado instauraron ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil recurso de revisi\u00f3n contra la sentencia de segundo grado, que en fallo de 7 de diciembre de 2017 se declar\u00f3 infundado, y respecto a la nulidad por la ausencia de reestructuraci\u00f3n, refiri\u00f3 \u00ablos deudores a\u00fan cuentan con la oportunidad de alegar lo relacionado con la reestructuraci\u00f3n ante el juez de instancia siempre y cuando se cumpla con lo exigido para ello\u00bb. <\/p>\n
Cuando el asunto regres\u00f3 al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta ciudad, su abogada solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso con fundamento en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU787 de 2012, negada el 21 de octubre de 2020 con el argumento que no pod\u00eda ir en contra de lo ordenado por el ente colegiado, y adem\u00e1s dispuso la remisi\u00f3n del expediente a la Oficina de Ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Inconformes con lo resuelto formularon recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, resueltos el 22 de junio de 2021, el primero de ellos de manera adversa a sus intereses, el segundo negado porque ese auto no era apelable como lo consagra el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, motivo por el cual presentaron una acci\u00f3n de tutela que se declar\u00f3 improcedente por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, porque no se cumpli\u00f3 el requisito de subsidiaridad. <\/p>\n
El expediente se remiti\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, que en providencia de 11 enero de 2022 manifest\u00f3 que efectuado el control de legalidad no adoptaba ninguna medida de saneamiento, por no evidenciar ning\u00fan vicio que configurara nulidad u otra irregularidad, determinaci\u00f3n reprochada con los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, para lo cual adujeron que seg\u00fan el precedente jurisprudencial no pod\u00eda continuar la acci\u00f3n ejecutiva ante la ausencia de la reestructuraci\u00f3n, adem\u00e1s reclamaron de nuevo la terminaci\u00f3n del proceso de acuerdo con el \u00abart\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y el precedente constitucional\u00bb. <\/p>\n
El 1\u00ba de abril de 2022 se mantuvo la decisi\u00f3n censurada y neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n, motivo por el cual interpusieron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio pidi\u00f3 copias para recurrir en queja y el Tribunal Superior el 18 de agosto de 2022, declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Consideran que la decisi\u00f3n del Tribunal accionado contiene errores graves en la parte motiva, que infieren de manera contundente en la resolutiva, con lo que se rompe el principio de la congruencia y por ende el debido proceso, al citar como \u00abestribo de su decisi\u00f3n la sentencia STC4918-2017 que no tiene relaci\u00f3n directa con lo reclamado y a la que no se hizo alusi\u00f3n los demandados, ya que en su escrito citaron la STC5975 de 2019 jurisprudencia aplicable al caso en estudio, y que no fue abordada por el magistrado sustanciador\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como han agotado todos los medios ordinarios de defensa, acuden de nuevo a este mecanismo excepcional, con la finalidad que se protejan las garant\u00edas fundamentales reclamadas, porque no se ha estudiado la petici\u00f3n encaminada a invalidar lo actuado en el citado litigio hipotecario, con fundamento en los art\u00edculos 39 y 42 de la Ley 546 de 1999, y por tratarse de personas de la tercera edad que son sujetos de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos, solicitaron ordenar a las autoridades accionadas, decretar la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario No. 021-2007-002005-00 que se adelanta en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, por carencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de conformidad con los art\u00edculos 39 y 42 de la Ley 546 de 1999 y las Sentencias STC2747 de 2015, STC5975 de 2019 proferidas por esta Sala. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la tutela, orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el litigio que motivo esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Magistrado sustanciador manifest\u00f3 que, en la providencia proferida dentro del recurso de queja, constan las razones de hecho y de derecho que llevaron a declarar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n, dentro del proceso ejecutivo que motivo la queja constitucional. <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el interior del juicio ejecutivo, dijo que el tema de la terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de reestructuraci\u00f3n, se intent\u00f3 sin existo, porque revisado el expediente no se evidenci\u00f3 ninguna irregularidad en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
El apoderado judicial de H\u00e9ctor Julio Pineda Burgos en calidad de interviniente, pidi\u00f3 se niegue la acci\u00f3n constitucional porque a los convocantes no se le ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental, por el contrario, los jueces han procedido conforme a la Ley y la constituci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La jurisprudencia de manera recurrente y uniforme ha establecido, que la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos claro est\u00e1, que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad de los se\u00f1ores Jos\u00e9 Gregorio Ragua Lagos y Carmen Alicia Gil de Ragua no es otra m\u00e1s que, las autoridades accionadas resuelvan la solicitud encaminada a invalidar lo actuado en el proceso ejecutivo hipotecario No. 021-2007-00205-00, porque el cr\u00e9dito que les fue otorgado con anterioridad a la vigencia de la Ley 546 de 1999, no fue reestructurado como lo disponen los art\u00edculos 39 y 42 de la ley en cita. <\/p>\n
3. Examinado el enlace que contiene el proceso ejecutivo hipotecario promovido por Banco Av. Villas contra Carmen Alicia Gil de Ragua y Jos\u00e9 Gregorio Ragua Lagos, se observan las siguientes actuaciones relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, <\/p>\n
3.1 El 5 de junio de 2007, se libr\u00f3 mandamiento de pago, y orden\u00f3 el embargo del bien gravado con hipoteca. <\/p>\n
3.2 El 13 de marzo de 2009, la apoderada judicial los demandados propuso la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada prescripci\u00f3n del derecho incorporado en los pagar\u00e9s base de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.3 El 31 de agosto de 2009, se profiri\u00f3 sentencia que declar\u00f3 probado dicho medio exceptivo y dio por terminado el litigio, decisi\u00f3n apelada por el demandante. <\/p>\n
3.4 El 30 de noviembre de 2010, la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el fallo de primer grado y en su lugar orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3.5 El 7 de diciembre de 2017, esta Sala en sede de revisi\u00f3n declar\u00f3 infundado el recurso propuesto por los deudores, en raz\u00f3n a que uno de los vicios alegados fue que, \u00abel proceso no pod\u00eda ser iniciado hasta tanto no se verificara la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, y porque ese reproche no fue expuesto en el proceso, ya que los deudores enfilaron su defensa para que se reconociera la prescripci\u00f3n, y como el asunto se encontraba en etapa de ejecuci\u00f3n, pod\u00edan solicitar la terminaci\u00f3n del proceso ante el Juez de conocimiento. <\/p>\n
3.6 El 19 de agosto de 2019, la apoderada judicial de los demandados solicit\u00f3 se efectuar\u00e1 \u00abcontrol de legalidad \u2013 solicitud de terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, por la nulidad existente porque el cr\u00e9dito no hab\u00eda sido reestructuraci\u00f3n, como lo establece el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y Sentencia SU-787 de 2012. <\/p>\n
3.7 El 2 de diciembre de 2019, se neg\u00f3 la primera petici\u00f3n porque revisada la actuaci\u00f3n no exist\u00edan medidas de saneamiento que adoptar, y dispuso que de la segunda solicitud se corriera traslado al ejecutante. <\/p>\n
3.8 El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 23 de octubre de 2020, no accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del proceso con el argumento que no pod\u00eda ir en contra de lo ordenado por el Tribunal Superior. <\/p>\n
Inconformes con lo resuelto, los ejecutados formularon recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.9 El 22 de junio de 2021, el Juzgado de conocimiento, mantuvo la decisi\u00f3n porque el superior funcional revoc\u00f3 la sentencia de primer grado y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pues de adoptar una decisi\u00f3n contraria ser\u00eda ir en contra de providencia ejecutoriada del superior, y neg\u00f3 la apelaci\u00f3n por improcedente. <\/p>\n
3.10 Por reparto correspondi\u00f3 el expediente al Juzgado Cuarto Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, quien el 11 de enero de 2022 avoc\u00f3 conocimiento, y de acuerdo con el art\u00edculo 132 de Estatuto Procesal Vigente efectu\u00f3 control de legalidad y concluy\u00f3 que no era procedente sanear vicio alguno que configurara nulidad u otra irregularidad en el asunto. <\/p>\n
3.11 Inconforme la apoderada de los accionantes interpuso el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, solicitando dejar sin efecto todas las actuaciones procesales desde el mandamiento de pago, por carecer el auto de motivaci\u00f3n, as\u00ed como de soporte f\u00e1ctico y jur\u00eddico toda vez que, omiti\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a la jurisprudencia de la Corte Suprema relacionada con los cr\u00e9ditos hipotecarios en UPAC que no contaban con la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
3.12 El Juzgado de conocimiento en providencia de 3 de abril de 2022 neg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n en consideraci\u00f3n a que, \u00ablos mismos argumentos, han sido resueltos conforme a las pruebas y las disposiciones legales al momento de su proferimiento, pues el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en sentencia de segunda instancia del 30 de noviembre de 2020 (fls 87 a12 c.2), se pronunci\u00f3 respecto a la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario, pues fue all\u00ed en la que se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, ahora es ese mismo sentido, el pasado 17 de diciembre de 2017 la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 mediante recuso revisi\u00f3n en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Superior, en el que declar\u00f3 infundado el recurso y conden\u00f3 a los ejecutados en costas y perjuicio, en esta sede de instancia extraordinaria tambi\u00e9n se manifestaron al respecto a la configuraci\u00f3n o no de las exigencias que se\u00f1ala el art\u00edculo 42 de la Ley 549 de 1999, y que le fue reiterada en auto del 23 de octubre de 2020 (fl. 178) por el juzgado de origen y esta \u00faltima confirmada en providencia del 22 de junio de 2021 (fl. 187)\u00bb. Y neg\u00f3 el segundo por improcedente. <\/p>\n
3.13 Contra dicha determinaci\u00f3n formularon recursos de reposici\u00f3n y en subsidio se solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de copias para recurrir en queja, y el 7 de junio de 2022 se neg\u00f3 el primero y concedi\u00f3 el segundo. <\/p>\n
3.14 Mediante auto de 17 de agosto de 2022, el juzgado de conocimiento se abstuvo de resolver lo referente a la objeci\u00f3n a la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la que fue aprobada el 10 de abril de 2012, sin que a la fecha se haya rematado el inmueble. <\/p>\n
3.15 El 18 de agosto de 2022 el Magistrado sustanciador declar\u00f3 bien negada la apelaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que el auto de 11 de enero de los corrientes que mediante el cual efectu\u00f3 control de legalidad, no es apelable, seg\u00fan el art\u00edculo 321 del Estatuto Procesal vigente. <\/p>\n
En ese orden no advierte la Sala ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas, frente a la actuaci\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 pues en la providencia por la que desat\u00f3 el recurso de queja, lo hizo con fundamento en la norma procesal que rige ese medio de impugnaci\u00f3n extraordinaria, y declar\u00f3 bien negada la apelaci\u00f3n porque esa determinaci\u00f3n no era apelable. <\/p>\n
4. No obstante, corresponde se\u00f1alar que, debido a la informalidad y oficiosidad de este mecanismo excepcional, el juez de tutela est\u00e1 facultado para examinar la situaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de los hechos invocados por el accionante, y fallar en ejercicio de las facultades ultra y extra petita, a fin de procurar el restablecimiento de las garant\u00edas fundamentales quebrantadas. <\/p>\n
Lo anterior se afirma porque, examinado el expediente que motiva la queja constitucional observa la Corte que, los accionantes desde el a\u00f1o 2019 han reclamado la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de un cr\u00e9dito en UPAC, que no fue objeto de reestructuraci\u00f3n como lo ordena el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Debe tenerse presente que, conforme a la citada ley, cuando se trata de procesos ejecutivos en los que se pretende cobrar cr\u00e9ditos otorgados antes del 31 de diciembre de 1999, para la adquisici\u00f3n de vivienda, la Sala ha indicado que para acceder al amparo solicitado por v\u00eda constitucional es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: \u00ab(i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado, o, a\u00fan con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999\u00bb. (CSJ. STC6968-2015, STC3055-2021, STC5013-2022 y STC3070-2022, se subraya). Lo anterior en concordancia con lo previsto en la Sentencia SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los requisitos citados, esta Sala en reciente ocasi\u00f3n se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
El primer requisito se justifica para proteger el derecho de terceros ajenos a la controversia, quienes pueden ver afectados sus intereses en caso de la adopci\u00f3n de medidas a favor del deudor, quien ha perdido su vivienda, en virtud del proceso ejecutivo hipotecario. Inicialmente, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-2017, estableci\u00f3 que el t\u00e9rmino razonable dentro del cual el afectado pod\u00eda defender sus derechos despuntaba desde la decisi\u00f3n judicial de no dar por terminado el proceso hasta el registro del auto aprobatorio del remate o de la adjudicaci\u00f3n del inmueble. Esta Corporaci\u00f3n, en STC6968-2015, reiterada en STC3500-2021, bajo ese entendido, consider\u00f3 que la oportunidad se extend\u00eda con posterioridad a la adjudicaci\u00f3n, si la misma se hab\u00eda efectuado a favor de la entidad ejecutante. Ello, \u00aben la medida en que el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria no ha sido transferido a un tercero y por lo tanto, no se ha configurado la prerrogativa a la vivienda digna ni de ninguna otra estirpe, a favor de una persona ajena al juicio ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
El segundo presupuesto tiene que ver con el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de este mecanismo. Dado su car\u00e1cter residual y excepcional, se exige a su promotor, haber intentado ante el juez de conocimiento la protecci\u00f3n de sus derechos, por ser \u00e9l el primer llamado a restaurarlos. Claro, en estos casos, como est\u00e1 envuelta la garant\u00eda del debido proceso en relaci\u00f3n con el derecho a la vivienda digna, no se requiere, como equivocadamente lo entendi\u00f3 el Tribunal, que la defensa del lesionado se realice en los tiempos prescritos por el estatuto procesal civil. Basta, como lo precis\u00f3 cierta diligencia, que \u00abconsiste en haber solicitado la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo o la nulidad del mismo por haber continuado ileg\u00edtimamente\u00bb, \u00aben cualquiera de las oportunidades de defensa al alcance del ejecutado o de manera espec\u00edfica en cualquiera de las etapas del proceso ejecutivo\u00bb, antes de que se transfiera el derecho de dominio en cabeza de un tercero. <\/p>\n
La \u00faltima exigencia, relativa a la afectaci\u00f3n del derecho a la vivienda digna, en la que ahondar\u00e1 la Sala, por ser la que determina la suerte de las aspiraciones de la censora, tiene que ver con el hecho de que la protecci\u00f3n de dicha garant\u00eda es el fin \u00faltimo de la terminaci\u00f3n del ejecutivo hipotecario, cuando el cr\u00e9dito no ha sido reestructurado. De suerte que, si esa prerrogativa no resulta lesionada, a causa de dicha omisi\u00f3n, la intromisi\u00f3n constitucional es innecesaria y, por ende, deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
Al respecto, importa memorar, que el deber de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, exigible frente a los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos en UPAC antes del 31 de diciembre de 1999, en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 19991, surgi\u00f3, entre otras razones, en beneficio de \u00abquienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiaci\u00f3n -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla\u00bb. <\/p>\n
A finales de los a\u00f1os noventa el pa\u00eds sufri\u00f3 una fuerte crisis financiera que golpe\u00f3 especialmente a los deudores de cr\u00e9ditos de vivienda. Dicha crisis, suscitada por diversos factores, que no son del caso especificar aqu\u00ed, unida a los t\u00e9rminos en que tales obligaciones deb\u00edan ser sufragadas2, provoc\u00f3 que los colombianos dejaran de pagarlas, fueran demandados para su soluci\u00f3n, perdieran sus viviendas, o desmejoraran sus condiciones de vida en el esfuerzo de cubrir mes a mes la cuota de la deuda3. <\/p>\n
Entonces, el camino de superar ese estado de cosas, am\u00e9n de los mandatos que la Corte Constitucional imparti\u00f3 al Congreso de la Rep\u00fablica, para que cumpliera el deber del Estado de fijar \u00ablas condiciones necesarias para hacer efectivo\u00bb el derecho a la vivienda digna, \u00abas\u00ed como el promover \u2018planes de vivienda de inter\u00e9s social\u2019, y \u2018sistemas adecuados de financiaci\u00f3n a largo plazo\u2019\u00bb, se expidi\u00f3 la Ley 546 de 1999, de cuyo art\u00edculo 42 surge el referido deber de reestructurar los cr\u00e9ditos otorgados en UPAC a 31 de diciembre de 2009, como condici\u00f3n para su ejecuci\u00f3n judicial. (CSJ.STC13662-2022). <\/p>\n
De igual manera, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado, que cuando se trata del cobro ejecutivo de una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC e incluso en pesos con capitalizaci\u00f3n de intereses, para la adquisici\u00f3n de vivienda, que no ha sido reestructurada en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999, es deber de los jueces atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado que, \u00abEn efecto, la citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb (CJS STC, 31 oct. 2013, rad. 02499-00; reiterado en CSJ STC, 20 may. 2013, rad. 00914-00; 22 jun. 2012, rad. 00884-01; 19 sep. 2012, rad. 00294-01; y 13 feb. 2014, rad. 2013-0645-01, y reiterada en STC 14456-2021 entre otros). <\/p>\n
5. En el asunto en estudio, se observa que los accionante han dirigido peticiones en ese sentido, que los Juzgados donde ha cursado el proceso han negado con fundamento en que, \u00abno pueden ir en contra la decisi\u00f3n del superior\u00bb, y que, \u00ablos mismos argumentos, han sido resueltos conforme a las pruebas y las disposiciones legales al momento de su proferimiento, pues el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en sentencia de segunda instancia del 30 de noviembre de 2020 (fls 87 a12 c.2), se pronunci\u00f3 respecto a la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones que no son de recibo para la Sala, puesto que para el a\u00f1o 2010 cuando el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 la sentencia en segunda instancia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, se pronunci\u00f3 fue acerca de la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n invocada por los demandados, e hizo una exigua menci\u00f3n de la reliquidaci\u00f3n de la deuda cobrada, sin emitir pronunciamiento respecto de la reestructuraci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Ahora, debe se\u00f1alarse que la jurisprudencia relacionada con los cr\u00e9ditos en UPAC para esa fecha exig\u00eda para seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de obligaciones hipotecarias acreditar la reliquidaci\u00f3n, postura que cambio para el a\u00f1o 2019 cuando los interesados solicitaron por primera vez la terminaci\u00f3n del pleito, al se\u00f1alar que era procedente acceder a esa declaraci\u00f3n frente a todo \u00abcr\u00e9dito de vivienda adquirido en UPAC con antelaci\u00f3n a la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n
el derecho a la reestructuraci\u00f3n es aplicable a los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, con prescindencia de la existencia de una ejecuci\u00f3n anterior o de si la obligaci\u00f3n estaba al d\u00eda o en mora; (…) la misma es requisito sine qua non para iniciar y proseguir la demanda compulsiva; y (…) \u00e9sta es una obligaci\u00f3n tanto de las entidades financieras como de los cesionarios del respectivo cr\u00e9dito (…). <\/p>\n
Al respecto, (…) conviene recordar, que [es] deber de los jueces, incluido el de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo, la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos \u201cconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecuci\u00f3n\u201d (CSJ STC2747-2015), sin que importe si la providencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n haya sido proferida con anterioridad a la expedici\u00f3n de la sentencia SU-813\/07, pues \u201clo cierto es que la exigencia de \u2018reestructuraci\u00f3n\u2019 estaba vigente desde 1999 con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 el 23 de diciembre de ese a\u00f1o. De ah\u00ed que la precitada decisi\u00f3n lo que hizo fue darle una lectura esclarecedora con apoyo en los principios rectores de la Carta Pol\u00edtica\u201d (CSJ STC, 16 dic. 2015, rad. 2015-02294-00, reiterada en CSJ STC 4 feb. 2016, rad. 2015-00242-01). (Subrayado fuera de texto) <\/p>\n
6. Examinado el expediente, se advierte que los ejecutados han reiterado la terminaci\u00f3n del proceso en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 42 de la ley 546 de 1999, en escritos de 18 de agosto de 2019, 25 de enero, 28 de octubre de 2020, y 17 de enero de 2021 (fl. 148, 367, 369 y 389 C-1 Merged.pdf del derivado No. 01 del expediente digital), y que, los pagar\u00e9s base de la acci\u00f3n est\u00e1n pactados en UPAC (fl. 13-15 del C-1 Merged.pdf del derivado No. 1 del expediente digital), sin estar acreditado que la obligaci\u00f3n fue objeto de reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n
De donde se concluye que, el amparo constitucional debe ser concedido, porque la juez de conocimiento no analiz\u00f3 la solicitud de los accionantes, encaminada a terminar el proceso por la ausencia de reestructuraci\u00f3n como lo dispone el canon 42 de la citada la Ley, de acuerdo con la jurisprudencia que sobre el mismo ha proferido tanto la Corte Constitucional como esta Sala de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s paso por alto que, la entidad financiera debe reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC vigentes al 31 de diciembre de 1999, y desconoci\u00f3 la obligaci\u00f3n que tienen los jueces \u00abincluidos los de ejecuci\u00f3n, de revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues, como lo ha dicho esta Sala, esos documentos \u00abconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5462-2020, CSJSTC8568-2020 reiterado en STC5968-2021 entre otros). <\/p>\n
7. En consecuencia de lo expuesto, se conceder\u00e1 el amparo al derecho fundamental al debido proceso implorado por los accionantes, para lo cual se dejar\u00e1 sin valor y efecto la providencia de 3 de abril de 2022 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, para en su lugar resolver de nuevo el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n del 11 de enero de esa anualidad conforme se dej\u00f3 expuesto y la jurisprudencia que en la materia se ha decantado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, <\/p>\n
Primero: Conceder el amparo constitucional al derecho fundamental al debido proceso en favor de Jos\u00e9 Gregorio Ragua Lagos y Carmen Alicia Gil de Ragua. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo: Dejar sin efecto el auto de 3 de abril de 2022 proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en el proceso ejecutivo hipotecario No. 021-2007-00205-00. <\/p>\n
Tercero: Ordenar al Juzgado Cuarto Civil del Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, de nuevo resuelva el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n del 11 de esa anualidad conforme se dej\u00f3 expuesto y la jurisprudencia que en la materia se ha decantado. <\/p>\n
Proferir una nueva decisi\u00f3n respecto de la solicitud de los accionantes presentada en el citado asunto, teniendo en cuenta las consideraciones anotadas en esta providencia. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuarto: Comunicar a los interesados por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La norma, tras la eliminaci\u00f3n de los apartes declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, tiene el siguiente contenido, en lo que aqu\u00ed interesa: <\/p>\n
\u201cLos deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podr\u00e1n beneficiarse de los abonos previstos en el art\u00edculo 40, (\u2026) la entidad financiera proceder\u00e1 a condonar los intereses de mora y a reestructurar el cr\u00e9dito si fuere necesario. (\u2026) <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1o. (\u2026) Par\u00e1grafo 2o. (\u2026) <\/p>\n
Par\u00e1grafo 3o. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales (\u2026) tendr\u00e1n derecho a solicitar suspensi\u00f3n de los mencionados procesos. Dicha suspensi\u00f3n podr\u00e1 otorgarse autom\u00e1ticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde {dentro del plazo} la reliquidaci\u00f3n de su obligaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en este art\u00edculo el proceso se dar\u00e1 por terminado y se proceder\u00e1 a su archivo sin m\u00e1s tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 La UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) era el instrumento mediante el cual, antes de la expedici\u00f3n de la Ley 546 de 1999, se calculaba el monto de los cr\u00e9ditos hipotecarios; se actualizaba, inicialmente, de acuerdo con el \u00cdndice de Precios del Consumidor. Pero con el paso de los a\u00f1os, y las medidas tendientes a controlar el sistema financiero, dicha Unidad, empez\u00f3 a depender de la Tasa de Dep\u00f3sito a T\u00e9rmino Fijo (DTF), que, seg\u00fan el Banco de la Rep\u00fablica, es el promedio ponderado de las tasas efectivas de captaci\u00f3n de los Certificados de Dep\u00f3sito a T\u00e9rmino (CDT) a 90 d\u00edas, que reconoce el sistema financiero a sus clientes. Dicho valor alcanz\u00f3, a mediados de los 90, valores hist\u00f3ricos, lo que encareci\u00f3 los cr\u00e9ditos hipotecarios, al punto superar la capacidad de pago de los deudores. <\/p>\n