STC15224-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15224-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03545-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Derrotado el proyecto de la inicial magistrada sustanciadora, decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Enrique Molina Rodr\u00edguez y Claudia Patricia Mahecha Triana contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
Solicit\u00f3 en concreto, se ordene dejar sin valor la decisi\u00f3n de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra lo all\u00ed fallado en primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico, sostuvieron que, del referido litigio provino fallo favorable a la sociedad demandante del 15 de febrero de 2022, emitido por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Adujeron que la apelaci\u00f3n formulada por ellos frente a dicho veredicto fue concedida en primer grado, al haberse sustentado por escrito dentro del t\u00e9rmino legal; empero, el despacho judicial encartado la declar\u00f3 desierta con auto de 25 de agosto del presente a\u00f1o, por aparente incumplimiento de lo dispuesto en el prove\u00eddo que la admiti\u00f3. <\/p>\n
Relataron que pese a haber rebatido mediante reposici\u00f3n el decaimiento de la alzada, lo cierto es que tal resoluci\u00f3n fue mantenida en pronunciamiento de 21 de septiembre postrero. <\/p>\n
Criticaron lo as\u00ed decidido, pues se desconoci\u00f3 que ya hab\u00eda sustentado la alzada por escrito dentro de los tres d\u00edas siguientes, por lo que se trat\u00f3 de una sustentaci\u00f3n anticipada del mecanismo que le relevaba de volver a hacerlo ante el Superior. <\/p>\n
3. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego supra legal de marras y opt\u00f3 por librar las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tras hacer un breve recuento de las actuaciones que despleg\u00f3 dentro del asunto, manifest\u00f3 atenerse a lo que se resuelva en este escenario. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma ciudad pidi\u00f3 que se denegara la protecci\u00f3n en cuanto a ese despacho se refiere, por no haber vulnerado los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se pidi\u00f3. <\/p>\n
3. Cuatro Aceitunas S.A.S. indici\u00f3 que los gestores incumplieron con la carga de sustentar la alzada dentro del t\u00e9rmino legal, adem\u00e1s de que el escrito con que se formul\u00f3 el mecanismo resultaba confuso y no pod\u00eda considerarse como una sustentaci\u00f3n \u00abcompleta\u00bb. <\/p>\n
4. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de defensa. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en lo tocante a las actuaciones de los jueces, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, cada que acaezca el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por ese trasegar, en los precisos casos en los cuales el funcionario cognoscente incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, en este nivel ha manifestado que <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Corte que el resguardo deprecado se halla investido de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por los accionantes, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un nuevo escrito de sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00edan atendido esa carga ante el juzgado de primer rango. <\/p>\n
3.1. Lo primero a se\u00f1alar es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta en el 21 de febrero de 2022, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el decreto 806 -pues este entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio de 2020-, que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aquella norma, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (Se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con el decreto referido a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones all\u00ed vertidas, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar(\u2026) sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (Negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (Se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal regreso a lo escritural, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado decreto expuso que este modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
<\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
<\/p>\n
328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite; es decir, entend\u00eda como v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dijo: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1\u2026 (Se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 00668-00). <\/p>\n
Precisamente, la parte final del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso impone a los falladores abstenerse de exigir y cumplir formalidades innecesarias, pues el norte del derecho procesal est\u00e1 en servir de instrumento para lograr la eficacia de las prerrogativas sustanciales. Esto se traduce en que en vigencia de la descrita codificaci\u00f3n adjetiva la segunda instancia deb\u00eda ser oral y, por tanto, se justificaba que la alzada tuviera que sustentarse necesariamente durante la audiencia que para tal efecto se convoca; por el contrario, como el Decreto 806 de 2020 fij\u00f3 la escrituralidad del segundo grado, deviene procedente que se tenga como v\u00e1lida la sustentaci\u00f3n que de esa manera se haga ante el juez a-quo. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (\u00c9nfasis – CC T-352\/12). <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 25 de agosto de 2022 el despacho convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que propusieran los accionantes, porque \u00e9stos no presentaron escrito de sustentaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino indicado en el mencionado prove\u00eddo; decisi\u00f3n mantenida el 21 de septiembre siguiente, en senda de reposici\u00f3n, interpuesta por aquellos. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar la gesti\u00f3n de esa c\u00e9lula judicial con los derroteros expuestos en precedencia, para establecer la incursi\u00f3n en el defecto procedimental aludido, pues al margen de que los tutelantes sustentaran o no su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de desierta de la apelaci\u00f3n de sentencia se mostraba inviable porque, en \u00faltimas, ellos cumplieron la carga sustentatoria ante el juzgado a-quo, mediante escrito radicado dentro del t\u00e9rmino legal2. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado al Tribunal denunciado impidi\u00f3 que los quejosos obtuvieran la definici\u00f3n de fondo de su alzada, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del decreto 806 de 2020 -en cuyo imperio se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el fallador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n de la norma procedimental que desatiende el deber de abstenerse de cumplir y exigir formalidades innecesarias impuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda producirse de forma escrita (no oral), como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de los accionantes, impidi\u00e9ndoles el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que consideran ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Lo expuesto am\u00e9n de que, como lo consider\u00f3 el Tribunal al resolver el comentado recurso horizontal, \u00ablas manifestaciones erradas hechas en la interposici\u00f3n del recurso, no constituyeron el motivo por el cual fue declarado desierto. La menci\u00f3n es una simple descripci\u00f3n del acto procesal realizado ante el a quo; pues como bien lo anot\u00f3 la misma recurrente, lo que motiv\u00f3 la declaratoria de deserci\u00f3n fue la inexistencia del acto procesal [de] sustentaci\u00f3n\u00bb, de ah\u00ed que no proceda elevarle alg\u00fan reproche a dicho escrito y corresponder\u00e1 entonces observar plenamente su contenido, m\u00e1xime porque, si alg\u00fan reparo hab\u00eda al respecto, con alcance tal para evitar dar curso a la alzada, debi\u00f3 evidenciarse al momento del examen preliminar de la misma. <\/p>\n
5. Lo consignado, entonces, impone abrir paso a la clama dispensada, para que el estrado requerido emprenda las gestiones tenientes a superar la trasgresi\u00f3n padecida por los solicitantes de la protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo solicitado por M\u00f3nica Pati\u00f1o Ocampo. <\/p>\n
A su turno, el estrado Diecinueve Civil del Circuito de la misma ciudad deber\u00e1 enviar el descrito dossier al despacho accionado, en el lapso m\u00e1ximo de un (1) d\u00eda siguiente a aquel en el que resulte notificado, a fin de que se pueda impartir cumplimiento a lo aqu\u00ed mandado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el conducto m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala (E) <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03545-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que los se\u00f1ores Orlando Enrique Molina Rodr\u00edguez y Claudia Patricia Mahecha Triana formularon contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
En el proceso proceso verbal de resoluci\u00f3n de contrato que promovi\u00f3 la sociedad Cuatro Aceitunas SAS, en su contra, el Juzgado Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 15 de febrero de 2022 favorable a la demandante, decisi\u00f3n que apelaron y sustentaron en t\u00e9rmino por escrito. <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 luego de admitir el recurso lo declar\u00f3 desierto en providencia de 25 de agosto de 2022, que recurrieron en reposici\u00f3n y en auto de 21 de septiembre de 2022 se confirm\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado, tras considerar, <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Corte que el resguardo deprecado se halla investido de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por los accionantes, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un nuevo escrito de sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00edan atendido esa carga ante el juzgado de primer rango. <\/p>\n
3.1. Lo primero a se\u00f1alar es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta en el 21 de febrero de 2022, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el decreto 806 -pues este entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio de 2020-, que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aquella norma, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (Se destac\u00f3). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 25 de agosto de 2022 el despacho convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que propusieran los accionantes, porque \u00e9stos no presentaron escrito de sustentaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino indicado en el mencionado prove\u00eddo; decisi\u00f3n mantenida el 21 de septiembre siguiente, en senda de reposici\u00f3n, interpuesta por aquellos. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar la gesti\u00f3n de esa c\u00e9lula judicial con los derroteros expuestos en precedencia, para establecer la incursi\u00f3n en el defecto procedimental aludido, pues al margen de que los tutelantes sustentaran o no su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de desierta de la apelaci\u00f3n de sentencia se mostraba inviable porque, en \u00faltimas, ellos cumplieron la carga sustentatoria ante el juzgado a-quo, mediante escrito radicado dentro del t\u00e9rmino legal3. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado al Tribunal denunciado impidi\u00f3 que los quejosos obtuvieran la definici\u00f3n de fondo de su alzada, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del decreto 806 de 2020 -en cuyo imperio se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el fallador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n de la norma procedimental que desatiende el deber de abstenerse de cumplir y exigir formalidades innecesarias impuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda producirse de forma escrita (no oral), como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de los accionantes, impidi\u00e9ndoles el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que consideran ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Lo expuesto am\u00e9n de que, como lo consider\u00f3 el Tribunal al resolver el comentado recurso horizontal, \u00ablas manifestaciones erradas hechas en la interposici\u00f3n del recurso, no constituyeron el motivo por el cual fue declarado desierto. La menci\u00f3n es una simple descripci\u00f3n del acto procesal realizado ante el a quo; pues como bien lo anot\u00f3 la misma recurrente, lo que motiv\u00f3 la declaratoria de deserci\u00f3n fue la inexistencia del acto procesal [de] sustentaci\u00f3n\u00bb, de ah\u00ed que no proceda elevarle alg\u00fan reproche a dicho escrito y corresponder\u00e1 entonces observar plenamente su contenido, m\u00e1xime porque, si alg\u00fan reparo hab\u00eda al respecto, con alcance tal para evitar dar curso a la alzada, debi\u00f3 evidenciarse al momento del examen preliminar de la misma. <\/p>\n
5. Lo consignado, entonces, impone abrir paso a la clama dispensada, para que el estrado requerido emprenda las gestiones tenientes a superar la trasgresi\u00f3n padecida por los solicitantes de la protecci\u00f3n. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por los se\u00f1ores Orlando Enrique Molina Rodr\u00edguez y Claudia Patricia Mahecha Triana. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Se acent\u00faa que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde al incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala de Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1) y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan se constata del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan se constata del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15224-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15224-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03545-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Derrotado el proyecto de la inicial magistrada sustanciadora, decide la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68851","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68851","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68851"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68851\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68851"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68851"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68851"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}