STC15387-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15387-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2022-00150-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 18 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ubaldina Tenorio Mosquera (y en representaci\u00f3n de la menor M.Y.C.T), Yoni, Yinari, Miriam Damaris y Juan Carlos Cort\u00e9s Tenorio, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito y el Juez Coordinador de la Oficina de Apoyo Judicial de ese Distrito Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil Municipal de Buenaventura, Celsia de Colombia S.A. E.S.P., y Luz Marina Cort\u00e9s Mosquera, Yeferson y Marisela Cort\u00e9s Tenorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relataron que, v\u00eda correo electr\u00f3nico, radicaron demanda de responsabilidad civil extracontractual ante la oficina de apoyo judicial de Buenaventura. El 7 de octubre de 2021 por el mismo medio, su apoderado fue notificado del reparto efectuado al Juzgado Tercero Civil Municipal de esa ciudad, despacho que, el 23 de febrero de 2022 rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia \u00abdebido a la cuant\u00eda\u00bb, ordenando la remisi\u00f3n del expediente a la oficina judicial a fin de que se realizara un nuevo reparto. <\/p>\n
Refirieron que, el 10 de marzo de 2022 dicha oficina asign\u00f3 el expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura; sin embargo, tal designaci\u00f3n no le fue comunicada a su abogado, por lo tanto, a este \u00able fue imposible saber a qu\u00e9 despacho le corresponder\u00eda\u00bb, de manera que, no tuvo conocimiento de los autos que ese juzgado emiti\u00f3 el 29 de marzo (auto n\u00ba 223, notificado por estados del 30 de marzo de 2022) que inadmiti\u00f3 el libelo por razones de forma, ni el del 8 de abril de 2022 (auto n\u00ba 226, notificado por estados del 18 de abril de 2022) que rechaz\u00f3 la demanda por falta de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
Adujeron que a su mandatario no le fue posible acceder al contenido de dichos autos debido a que no fueron cargados en la p\u00e1gina de consulta web de la Rama Judicial, lo que significa que la notificaci\u00f3n por estados \u00abfue absolutamente ineficiente e ineficaz\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, el 27 de abril de 2022 promovieron incidente de nulidad por intermedio de su abogado, con el cual, se pon\u00eda de presente la \u00abirregularidad en la que incurri\u00f3 el despacho al no haber notificado v\u00eda electr\u00f3nica los autos n\u00famero 223 y 226 de 2022, conforme lo establece el art\u00edculo 8 del decreto 806 de 2020, adem\u00e1s de haber acolitado la anomal\u00eda [\u2026] respecto de la falta de notificaci\u00f3n del acta individual de reparto por parte de la oficina de apoyo judicial de Buenaventura, que indiscutiblemente conllev\u00f3 a que [\u2026] no se tuviera conocimiento alguno de los estados emitidos por el despacho de nivel circuito\u00bb. <\/p>\n
Destacaron que, dicho incidente fue rechazado de plano por el juzgado accionado mediante prove\u00eddo del 10 de mayo de 2022, con el argumento de que se fundament\u00f3 en una causal distinta a las contenidas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y porque, \u00abla regulaci\u00f3n procesal no exige que la providencia que se notifica por estado electr\u00f3nico deba igualmente enviarse al interesado a trav\u00e9s de la cuenta de correo informada en la demanda\u00bb. <\/p>\n
Cuestionaron al respecto que, es deber de los operadores jur\u00eddicos, y en este caso del juez, impartir justicia y \u00abno expedir providencias que vulneran las garant\u00edas constitucionales [\u2026] por lo que tambi\u00e9n es su obligaci\u00f3n corregir la actuaci\u00f3n irregular en la que incurri\u00f3, debiendo hacerlo mediante incidente de nulidad promovido [\u2026] o a trav\u00e9s del deber de control de legalidad descrito en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, sin embargo, agrav\u00f3 la nulidad al negar[la] [\u2026] a pesar de que es evidente la transgresi\u00f3n que cometi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretenden que se ordene \u00ab(\u2026) a la oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura [\u2026] subsanar el error cometido por la falta de notificaci\u00f3n del acta individual de reparto de la demanda verbal de responsabilidad civil extracontractual y proceder a efectuar dicha notificaci\u00f3n cumpliendo los par\u00e1metros legales; (\u2026) ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura nulitar lo actuado hasta el momento de retrotraer el proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual a la etapa de admisi\u00f3n de la demanda, para que as\u00ed se notifique debidamente dicha providencia [\u2026] puesto que, solo as\u00ed se podr\u00e1 ejercer el derecho de defensa dentro de los t\u00e9rminos legales para subsanar los vicios formales se\u00f1alados por el despacho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Tercero Civil del Circuito de Buenaventura relacion\u00f3 las actuaciones que adelant\u00f3 respecto del asunto promovido por los aqu\u00ed precursores, y destac\u00f3 que, todo lo relacionado con la supuesta indebida notificaci\u00f3n de las actas de reparto y autos de admisi\u00f3n y rechazo de la demanda fueron alegadas a trav\u00e9s de incidente de nulidad que propuso el abogado de los actores el cual fue rechazado en interlocutorio del 10 de mayo de 2022, notificado por estado electr\u00f3nico del 12 de mayo, el cual qued\u00f3 en firme. <\/p>\n
2. El jefe de la oficina de apoyo judicial de la referida ciudad, manifest\u00f3 que era deber del abogado, que representa los intereses de los hoy accionantes, \u00abrevisar los estados electr\u00f3nicos de los 3 juzgados civiles del circuito de Buenaventura, con el fin de verificar a que despacho le correspondi\u00f3 por reparto la demanda\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, \u00abes evidente que el togado quiere, a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter residual y excepcional, pretender subsanar una falencia generada por la falta de atenci\u00f3n debida a sus deberes como profesional del derecho\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Tercero Civil Municipal del mismo lugar indic\u00f3 que, ciertamente, el 23 de febrero de 2022 rechaz\u00f3 la demanda incoada por los gestores al carecer de competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, por consiguiente, remiti\u00f3 el expediente a la oficina de apoyo judicial. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite \u00abcomoquiera que ha actuado de manera diligente y dentro del marco legal y \u00e1mbito de competencia sin afectar derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
4. La apoderada judicial de \u00abCelsia Colombia SA ESP\u00bb pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque la entidad no puede emitir pronunciamiento alguno frente a las pretensiones formuladas en la solicitud de amparo. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto \u00ab(\u2026) la decisi\u00f3n de rechazar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, invocada en el juicio de responsabilidad civil extracontractual, no fue recurrida por los tutelantes, cuando tal auto es pasible de reposici\u00f3n (art. 318 del CGP) y de apelaci\u00f3n (num. 6 del art. 321 ib)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en todo caso, no advirti\u00f3 vulneraci\u00f3n por parte de los accionados, porque, en relaci\u00f3n a la ausencia de comunicaci\u00f3n de las decisiones alegadas en la demanda de tutela, es decir, aqu\u00e9llas que inadmitieron y posteriormente rechazaron la demanda \u00abfueron publicitados en debida forma, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9 del Decreto 806 de 2020 -normativa que reg\u00eda el asunto- sin que se observe alguna irregularidad en este sentido\u00bb. Y en cuanto al reproche dirigido a la oficina de Apoyo Judicial, aclar\u00f3 que, el C\u00f3digo General del Proceso \u00abno prev\u00e9 que tal actuaci\u00f3n [el acta de reparto] deba notificarse a las partes, quienes ten\u00edan el deber de verificar los estados electr\u00f3nicos de los 3 juzgados civiles del circuito de ese Distrito o, en su defecto, solicitar la informaci\u00f3n directamente a la oficina confutada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de los querellantes, reiterando los argumentos del escrito inicial, y refut\u00f3 el fallo de primer grado por cuanto, se le est\u00e1 endilgando una carga excesiva a los litigantes al indicar que le correspond\u00eda revisar cada juzgado existente en Buenaventura para enterarse cu\u00e1l era el despacho de conocimiento. Adujo tambi\u00e9n que, contrario a lo se\u00f1alado por el a quo, el numeral 5 del art\u00edculo 3\u00ba del Acuerdo 1472 del 26 de junio de 2002, que reglamenta el reparto de negocios civiles, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, contempla que una copia del acta de reparto debe entregarse al demandante o a su apoderado. <\/p>\n
As\u00ed mismo sostuvo que, el art\u00edculo 9 del decreto 806 de 2020 s\u00ed prev\u00e9 la inserci\u00f3n de la providencia en la notificaci\u00f3n por estados electr\u00f3nica. Finalmente, se opuso a que se aplique el criterio de la subsidiariedad \u00abbajo el argumento que no inco\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n frente al incidente de nulidad, cuando el juez tiene el deber de ejercer el control de legalidad [\u2026] m\u00e1s cuando se le han puesto en conocimiento las irregularidades incurridas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si los promotores agotaron todos los mecanismos de defensa establecidos en la ley para cuestionar las determinaciones que no comparten y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas lesionaron las garant\u00edas denunciadas al no notificar en debida forma (i) el acta de reparto de la demanda de responsabilidad civil extracontractual incoada \u2013 por parte de la oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura \u2013; y (ii) no insertar en los estados electr\u00f3nicos las providencias all\u00ed notificadas, mediante las cuales el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura inadmiti\u00f3 (29 de marzo de 2022) y posteriormente rechaz\u00f3 la demanda impetrada (8 de abril de 2022). <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, de la revisi\u00f3n de lo aportado al expediente, de la intervenci\u00f3n de los accionados y con vista en la queja objeto de estudio, encuentra la Corte que el fallo constitucional de primer grado deber\u00e1 respaldarse porque es evidente, en este asunto, el incumplimiento del requisito esencial de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria. <\/p>\n
As\u00ed, resulta acertado el an\u00e1lisis del tribunal a quo al se\u00f1alar la inviabilidad de la salvaguarda porque los tutelantes, por conducto de su abogado, no hicieron uso de los recursos ordinarios previstos para atacar el proferimiento \u2013 de 10 de mayo de 2022 \u2013 con el cual el juzgado accionado rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad propuesto. <\/p>\n
Sobre ese particular, reiteradamente esta Corporaci\u00f3n ha dejado sentado que en casos como el que ahora se examina, la improcedencia del auxilio en raz\u00f3n al desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por revelarse como impedimento manifiesto. <\/p>\n
Entonces, por cuanto indudablemente los puntuales reparos formulados por el apoderado de los accionantes mediante esta v\u00eda excepcional, debieron ser objeto de oportuna invocaci\u00f3n en el escenario ordinario a trav\u00e9s de los mecanismos de r\u00e9plica legalmente contemplados y con caracter\u00edsticas de idoneidad y eficacia, la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
Y es que, obs\u00e9rvese como los tutelantes no acreditaron haber cuestionado el prove\u00eddo del 10 de mayo de 2022 con el cual, el despacho tutelado rechaz\u00f3 el incidente de nulidad \u2013 en el que concentraron los cuestionamientos en torno a las supuestas irregularidades en los tr\u00e1mites de notificaci\u00f3n de las providencias que inadmitieron y luego rechazaron el libelo incoatorio \u2013, frente al que proced\u00eda tanto el recurso de reposici\u00f3n, de conformidad con el canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso, como el de apelaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los numerales 5\u00ba y 6\u00ba, del art\u00edculo 321 ejusdem. <\/p>\n
En un asunto similar, esta Sala se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abDe otra parte, observa la Sala que frente al auto que profiri\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Girardot en audiencia de 25 de julio de 2022 mediante el cual rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad iniciado por los aqu\u00ed accionantes, no agotaron los recursos ordinarios con los que contaban para controvertir la decisi\u00f3n judicial que tard\u00eda e improcedentemente traen a esta especial jurisdicci\u00f3n, no puede olvidarse que conforme a lo dispuesto tanto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, como en el numeral 6\u00b0 del canon 321 y 352 del mismo Estatuto Procedimental, frente a la aludida providencia proced\u00edan los recursos de reposici\u00f3n, apelaci\u00f3n y eventual queja, los cuales fueron desaprovechados por los interesados, lo que se traduce en la evidente ausencia del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a la acci\u00f3n de tutela, sin lo cual, el juez que la conoce no puede intervenir, dada la apat\u00eda de los interesados en la materia de su propio inter\u00e9s\u00bb (CSJ STC12899-2022, 28 sep. 2022, rad. 00381-01) <\/p>\n
Cabe reiterar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la omisi\u00f3n de los se\u00f1alados medios de refutaci\u00f3n, reafirma la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados hacer uso de todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla, lo que releva a la Sala de ahondar en otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de referido presupuesto de procedibilidad. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Los accionantes, por conducto de su apoderado, actuaron con incuria al no recurrir el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 el incidente de nulidad que propuso con ocasi\u00f3n de la supuesta indebida notificaci\u00f3n de los autos que inadmitieron y rechazaron la demanda de responsabilidad civil extracontractual impetrada, desperdiciando la posibilidad de exponer all\u00ed las alegaciones que por este mecanismo excepcional exponen. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15387-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15387-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2022-00150-01 Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68864","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68864"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68864\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}