STC15396-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15396-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2022-00232-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 3 de octubre de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Dilaima Lucia Cuadros Alvear, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La promotora, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y doble instancia, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior del proceso de radicado 2014-00157-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que Nery Antonia, Nancy Esther Barros Lago y Luz Elena Lavalle Lago, presentaron demanda Verbal de Divisi\u00f3n Material en contra de su esposo Jorge Mart\u00edn Barros Lago (q.e.p.d.). El asunto correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar -hoy de conocimiento del juzgado accionado-. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que, en dicho tr\u00e1mite, la autoridad citada -con auto del 19 de abril de 2022- neg\u00f3 la nulidad formulada por indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio, pues se dio por notificado al causante el 24 de julio de 2014. Sin embargo, adujo que la constancia de notificaci\u00f3n incorpora dos fechas: el 9 de julio y el 24 de junio de 2014. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que la constancia de notificaci\u00f3n no contiene ni la firma ni el nombre del funcionario que realiz\u00f3 el dicho acto, por lo que consider\u00f3 que no tiene ninguna validez. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que la determinaci\u00f3n del titular del Juzgado censurado \u00abes totalmente carente de causa o motivo verdadero para tomar la decisi\u00f3n de rechazar la referida solicitud de nulidad, con falsedades para sostener su decisi\u00f3n\u00bb.1 <\/p>\n
2.3. Por \u00faltimo, mencion\u00f3 que el 3 de marzo de 2020, el apoderado de la parte demandante notific\u00f3 el auto admisorio de la demanda de fecha 24 de junio de 2014 a su esposo. Es decir, cuando ya hab\u00edan pasado 6 a\u00f1os y 5 meses, lo cual asever\u00f3 que no fue oportuna. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene al juzgado encarado dar tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el auto del 19 de abril de 2022. Adem\u00e1s, que \u00abse suspendan los efectos violatorios amenazantes de mis derechos fundamentales derivados por la omisi\u00f3n temeraria y caprichosa de la se\u00f1ora Juez Quinta Civil del Circuito de Valledupar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar2, luego de relatar sus actuaciones, expres\u00f3 que no le asiste raz\u00f3n alguna a la libelista en los reparos que eleva en la acci\u00f3n de tutela, debido a que ha no vulnerado los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
2. V\u00edctor Ponce Parodi3, apoderado de la parte demandante al interior del proceso divisorio material, recalc\u00f3 que lo expuesto por la quejosa ya fue objeto de decisi\u00f3n en otra tutela, por lo que considera que la presente acci\u00f3n constitucional es temeraria. <\/p>\n
3. La accionante4, el 26 de septiembre de 2022, remiti\u00f3 documentos a fin de que obren como soporte a lo dicho en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El Tribunal Constitucional, despu\u00e9s de descartar la temeridad, declar\u00f3 improcedente el amparo invocado. Para ello, consider\u00f3 que \u00abno se cumple con el requisito de subsidiariedad para la procedencia de este mecanismo constitucional, pues frente a la decisi\u00f3n proferida por el juzgado accionado (que guarda relaci\u00f3n directa con las inconformidades planteadas en esta acci\u00f3n de tutela), se interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, el cual a la fecha no ha sido resuelto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora. Manifest\u00f3 que no comparte lo resuelto en la decisi\u00f3n de primera instancia. Y pidi\u00f3 que se \u00abordene revocar la sentencia de fecha Octubre (3) del 2022, proferida por el tribunal superior del distrito judicial de Valledupar\u00bb. Asimismo, \u00abDejar sin efecto alguno, el auto de fecha Abril (19) del 2022, proferido por el juzgado quinto civil del circuito de Valledupar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la gestora, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 19 de abril de 20225, con el cual se neg\u00f3 la nulidad implorada. Y la presunta omisi\u00f3n en el tr\u00e1mite que corresponda al recurso de apelaci\u00f3n planteado contra esa providencia. <\/p>\n
2. Para comenzar, se descarta la conducta temeraria de la accionante. Ello pues, la tutela de radicado 2021-06966-00 fue impetrada por el esposo de la aqu\u00ed actora contra el Tribunal Administrativo del Cesar y los Juzgados Primero Administrativo y Quinto Civil del Circuito de Valledupar. Por tanto, se concluye que no existe identidad de partes, lo cual habilita el estudio del presente ruego. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, la Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
3.1. En efecto, escrutado el material probatorio, se observa que la autoridad enjuiciada -con prove\u00eddo del 19 de abril de 2022-, resolvi\u00f3, entre otras, lo que viene. <\/p>\n
PRIMERO: Ni\u00e9guese la nulidad planteada por el memorialista, dados los motivos vertidos en esta Providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, mant\u00e9ngase en firme toda la actuaci\u00f3n surtida en las presentes diligencias, por las razones expuestas en este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: De conformidad con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C.G.P., cond\u00e9nese en costas a la parte demandada, de acuerdo a lo expuesto en esta providencia. F\u00edjense como agencias en derecho el equivalente a dos (02) salarios m\u00ednimo mensual legal vigente a cargo de la referida parte. <\/p>\n
3.2. Frente a tal determinaci\u00f3n, el apoderado de la accionante impetro recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. El Juzgado enjuiciado -con auto del 14 de julio de 2022-6 decidi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
4. En ese orden, la Sala concluye la improcedencia del ruego incoado, por cuanto resulta prematuro. Ello pues, en el escenario natural se est\u00e1 surtiendo el tr\u00e1mite respectivo frente al recurso de apelaci\u00f3n impetrado por la actora -que guarda relaci\u00f3n con las inconformidades triadas en esta sede-, el cual no ha sido resuelto. As\u00ed las cosas, no le es dable al Juez constitucional sustituir la competencia del juez natural y emitir una decisi\u00f3n anticipada, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna la acci\u00f3n tutelar. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, y con respecto a lo alegado frente al tr\u00e1mite impartido al recurso de alzada, la Sala no encuentra vulneraci\u00f3n alguna de los derechos invocados. Esto pues, se observa que, una vez admitido el mecanismo citado, el Juzgado accionado -con prove\u00eddo del 14 de julio de 2022- remiti\u00f3 el expediente a la \u00abOficina Judicial – Cesar \u2013 Valledupar\u00bb, a fin de que \u00abse surta el recurso de alzada impetrado contra la decisi\u00f3n de primera instancia\u2026\u00bb, cumpliendo las gestiones necesarias que imparte la ley. <\/p>\n
6. Finalmente, con relaci\u00f3n a los reparos expuestos sobre la conducta de la titular del Despacho debatido, se le informa a la quejosa que tiene la facultad de acudir directamente ante las autoridades competentes para poner en conocimiento de estas los hechos que considere irregulares, asumiendo la responsabilidad de ello, sin que este mecanismo excepcional sea la v\u00eda para tal prop\u00f3sito. Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias\u2026\u00bb (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00- reiterada en (CSJ STC13238-2021). <\/p>\n
7. En definitiva, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-8. Anexo 01AccionTutela.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 4-7. Anexo 09RtaJuzgado.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 2. Anexo 12RtaVinculadas.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-12. Anexo 11MemorialActe.pdf. <\/p>\n
6\u0002 Folio 1-2.Anexo 08ConcedeApelaci\u00f3n2014-00157.pdf. Carpeta 05 Incidente Nulidad. Expediente 20001-31-03-004-2014-00157-00 DIVISORIOLJBM <\/p>\n
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