STC15398-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15398-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00507-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 21 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hilsaca Acosta & C\u00eda S en C contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la imposici\u00f3n de servidumbre n\u00b0 2021-00156. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de su representante legal, la compa\u00f1\u00eda accionante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos esenciales al debido proceso, igualdad y \u00abMedio Ambiente en Conexidad con el derecho fundamental a la vida\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, es propietaria en com\u00fan y proindiviso de los inmuebles contiguos denominados \u00abBARCELONA\u00bb y \u00abPRAGA\u00bb, identificados con los folios de matr\u00edcula 060-55061 y 060-47450, respectivamente, que se encuentran ubicados en suelo rural del municipio de Turbaco, y, de conformidad con la Resoluci\u00f3n n\u00b0 116 del 30 de julio de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, \u00abse encuentran registrados como Reserva Natural de la Sociedad Civil denominada \u00abPRAGA\u00bb que abarca una extensi\u00f3n de ciento sesenta y seis hect\u00e1reas con cuatro mil doscientos cuarenta y dos metros cuadrados (166 Ha + 4242 m2)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que mediante prove\u00eddo del 15 de febrero de la presente anualidad, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco admiti\u00f3 la demanda presentada en su contra y de Hilsaca Ar\u00e9valo S en C, Hilsaca Carrasquilla & C\u00eda S en C, e Hilsaca Escuder S en C, por Celsia Colombia SA ESP con el prop\u00f3sito de imponer como cuerpo cierto a su favor, una servidumbre legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica con ocupaci\u00f3n permanente sobre el inmueble \u00abBARCELONA\u00bb, decisi\u00f3n que pese a ser cuestionada a trav\u00e9s de reposici\u00f3n, fue mantenida en auto del 25 de agosto de los corrientes, autorizando a la demandante el ingreso al predio para que proceda con el inicio de las obras necesarias para el goce efectivo de la servidumbre, siempre y cuando se cumplan todas las medidas legales relacionadas con el manejo ambiental. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 de dicha determinaci\u00f3n, el \u00abdesconoci[miento] de las previsiones legales aplicables a este tipo de limitaciones al dominio (la de constituci\u00f3n de reservas de la sociedad civil), puesto que no [se] tuvo en cuenta que, para el inicio de tales labores es necesario que CELSIA cuente con una licencia ambiental debidamente expedida por la Autoridad Ambiental \u2013ANLA\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la autoridad judicial convocada, \u00abrevo[car] las decisiones contenidas en los autos No. 107 de fecha 15 de febrero de 2022 y 535 de fecha 25 de agosto de 2022, en cuanto a que, NO autorice el ingreso al predio (\u2026) objeto de la solicitud hasta tanto no se decida mediante sentencia la procedencia o no de la imposici\u00f3n de la servidumbre\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Ministerio de Minas y Energ\u00eda se\u00f1al\u00f3, que \u00abno le constan ninguno de los hechos planteados en la acci\u00f3n de tutela (\u2026) raz\u00f3n por la cual, no es la entidad encargada de satisfacer las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible refiri\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abatendiendo que la materia de la controversia se encuentra claramente por fuera de [sus] competencias (\u2026), no existiendo transgresi\u00f3n alguna a derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Parques Nacionales Naturales de Colombia solicit\u00f3 declarar la inexistencia de vulneraci\u00f3n superior alguna por parte de esa entidad, comoquiera que \u00abno es sujeto procesal dentro del proceso judicial mencionado\u00bb. <\/p>\n
4. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se opuso a lo pretendido a trav\u00e9s del amparo, toda vez que \u00abno tiene ninguna relaci\u00f3n con el objeto del proceso (\u2026) y [lo expuesto por la parte accionante] se tratan de juicios de valor gen\u00e9ricos sobre la ANLA, los cuales no son fundamentos jur\u00eddicos necesarios para probar la configuraci\u00f3n de estrictos requisitos para que una tutela proceda contra providencia judicial. Aunado a lo anterior, la parte actora ni siquiera mencion\u00f3 a cual (sic) proyecto en espec\u00edfico se refer\u00eda\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco, tras hacer un recuento detallado de las determinaciones adoptadas dentro del asunto aqu\u00ed revisado, pidi\u00f3 declarar improcedente la protecci\u00f3n invocada, puesto que \u00abcada uno de los tr\u00e1mites procesales que se dieron dentro de este proceso fueron ajustados a derecho, siempre respetando el debido proceso y el derecho de defensa (\u2026) por lo que [lo] que se pretende es que se modifique una decisi\u00f3n del despacho emitida bajo los principios legales y Constitucionales por no estar de acuerdo con la misma\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que la decisi\u00f3n censurada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues, aunque la sociedad gestora considera que no se valoraron los requisitos necesarios para poder admitir el libelo de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica reclamada en su contra, \u00abel juez accionado realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n razonada del caso en concreto, advirtiendo que la etapa de admisi\u00f3n de la demanda es un acto procesal donde se estudia los requisitos formales de la demanda y no el fondo del asunto, siendo que los requisitos formales de la demanda de servidumbre son aquellos contemplados en el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso, en el art\u00edculo 27 de la ley 56 de 1981 y en el art\u00edculo 2.2.3. 7.5.2 del Decreto 1073 de 2015, sin que se exija dentro de ellos la obtenci\u00f3n de una licencia ambiental\u00bb; raz\u00f3n por la cual, concluy\u00f3 que, \u00abm\u00e1s all\u00e1 que se comparta o no la decisi\u00f3n adoptada por el juez accionado, la misma no luce antojadiza o caprichosa, menos est\u00e1 desprovista de fundamento, comoquiera que la misma fue soportada en las normas sustanciales que rigen la materia, sobre las cuales el Juez efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n razonada acorde con los hechos\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante reiterando las censuras a la decisi\u00f3n recriminada conforme las plasm\u00f3 en el escrito inicial, afirmando que se \u00abdesconoc[ieron] las caracter\u00edsticas ambientales que revisten los inmuebles identificados con FMI. 060-55061 y (\u2026) FMI 060-47450 (\u2026) de conformidad con la declaratoria de Reserva Natural de la Sociedad Civil contenida en la Resoluci\u00f3n No. 116 del 30 de julio de 2019 proferida por la UAE Parques Nacionales Naturales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas al admitir la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre el predio denominado \u00abBARCELONA\u00bb de propiedad de Hilsaca Acosta & C\u00eda S en C y otros, a favor de Celsia de Colombia SA ESP, y, autorizar el ingreso al mismo para el inicio de la ejecuci\u00f3n de las obras, por incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho, por cuanto la parte demandante deb\u00eda contar previamente con una licencia ambiental, por tratarse de un predio registrado como reserva natural de una sociedad civil. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la autoridad judicial acusada para no reponer el auto de fecha 15 de febrero de 2022, que admiti\u00f3 la demanda de \u00abIMPOSICI\u00d3N DE SERVIDUMBRE LEGAL DE CONDUCCI\u00d3N DE ENERG\u00cdA EL\u00c9CTRICA\u00bb promovida por Celsia Colombia SA ESP contra Hilsaca Acosta & C\u00eda S en C y otros, en calidad de propietarios del predio \u00abBARCELONA\u00bb, y autoriz\u00f3 el ingreso al mismo para que se proceda a la ejecuci\u00f3n de las obras que se hacen necesarias para el goce efectivo de la servidumbre de acuerdo con el plan de obras del proyecto presentado con la demanda, \u00absupeditadas al cumplimiento de todas las normas legales relacionadas con las medidas o manejo ambiental detalladas al proyecto o en su defecto licencia ambiental obtenida para el proyecto que expida o haya expedido la autoridad ambiental competente\u00bb, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 28 de la ley 56 de 1984, modificado por el art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto 798 del 4 de junio de 2020, comenz\u00f3 por precisar lo siguiente: <\/p>\n
Si bien la parte recurrente, aqu\u00ed tutelante, alega que \u00abantes de tomar la decisi\u00f3n de dar acceso al predio sin necesidad de realizar una inspecci\u00f3n judicial debe cerciorarse que se d\u00e9 cabal cumplimiento a lo establecido en normas ambientales, tales son que el demandante adquiera una licencia ambiental y esta (sic) se encuentre en firme para poder dar ingreso al predio y permitir la devastaci\u00f3n natural que quiere realzar (sic) la sociedad CELSIA\u00bb, dado que \u00abLa imposici\u00f3n de la servidumbre implica la fragmentaci\u00f3n de la reserva, cuesti\u00f3n que genera una afectaci\u00f3n ambiental importante sobre la misma\u00bb, por lo que, adem\u00e1s, la demandante \u00abomiti\u00f3 el deber de revisar la gaceta judicial de Parques Nacionales Naturales de Colombia antes de iniciar proceso de imposici\u00f3n de servidumbre legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb, lo cierto es que, trat\u00e1ndose de una \u00abRESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL\u00bb, precis\u00f3 el fallador, conforme a lo establecido en el Decreto 1996 de 1999, compilado en el Decreto 1076 de 2015, aqu\u00e9lla se define como \u00abParte o todo del \u00e1rea de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservaci\u00f3n o restauraci\u00f3n con vocaci\u00f3n a largo plazo. Corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de manera libre, voluntaria y aut\u00f3noma, destinar la totalidad o parte de su inmueble como reserva natural de la sociedad civil\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que entonces, al descender al caso que nos ocupa, precis\u00f3 que \u00abla existencia de tal limitaci\u00f3n al dominio no imposibilita o proh\u00edbe la constituci\u00f3n de servidumbres sobre el inmueble sobre el que recae el registro de reserva, en caso de que esta se establezca la servidumbre esa parte del \u00e1rea deber\u00e1 ser excluida de la reserva\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abLas facultades de adquisici\u00f3n de las servidumbres deber\u00e1n ser materializadas por las empresas de servicios p\u00fablicos en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el art\u00edculo 117 de la Ley 142 de 1994, esto es, a trav\u00e9s de acto administrativo o a trav\u00e9s del proceso de imposici\u00f3n de servidumbre consagrado por la Leyes especiales que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
Por otra lado, y frente a la admisi\u00f3n de la demanda criticada, puntualiz\u00f3 que \u00abes un acto procesal donde se estudia los requisitos formales de la demanda y no el fondo del asunto demandado, pues esto es objeto de la sentencia, los requisitos en caso de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, son los son los contemplados en el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso, en el art\u00edculo 27 de la ley 56 de 1981 y en el ART\u00cdCULO 2.2.3.7.5.2 del Decreto 1073 DE 20151, en ninguno de ellos se contempla como requisito la obtenci\u00f3n de una licencia ambiental\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 as\u00ed, que \u00abpor tratarse de un proyecto relacionado con el tendido de las l\u00edneas de transmisi\u00f3n del sistema nacional de interconexi\u00f3n el\u00e9ctrica, compuesto por el conjunto de l\u00edneas con sus correspondientes m\u00f3dulos de conexi\u00f3n (subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 KW, conforme lo expuesto en el hecho Tercero (3\u00b0) de la demanda que dice: \u201cTERCERO: Que, en desarrollo de su objeto social, CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., realiza un plan de expansi\u00f3n de transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n para UPME 05-2018 NUEVA S.E TOLUVIEJO 220 KV Y LINEAS ASOCIADAS, es decir, las obras que se deben realizar con el fin de satisfacer la demanda existente y los nuevos proyectos de expansi\u00f3n en generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n, distribuci\u00f3n y cobertura del servicio p\u00fablico de energ\u00eda\u201d conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 8 del Decreto 1220 de 2005 que trata sobre competencia y exigibilidad de la licencia ambiental\u00bb, es procedente autorizar el ingreso al predio para el inicio de las obras necesarias para el goce efectivo de la servidumbre de acuerdo al citado plan de obras, tal y como lo autoriza el art. 28 de la ley 56 de 1981, modificado por el art. 7\u00b0 del Decreto 798 de 20202; y en cuanto \u00aba los otros puntos tales como las omisiones del demandante, si existe alguna imposibilidad de la servidumbre o la fragmentaci\u00f3n alegada esto ser\u00e1 estudio de fondo del proceso y su pronunciamiento se har\u00e1 en la sentencia respectiva\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n invocada con esta demanda deviene inviable, porque la actuaci\u00f3n criticada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas esenciales invocadas, en tanto que, contrario a lo sostenido por la sociedad accionante, no adolece de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que dicha actuaci\u00f3n no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el hecho de que la actora disienta de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues es necesario que el pronunciamiento cuestionado se muestre arbitrario por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC12925-2022, 28 sep. 2022, rad. 03217-00). <\/p>\n
Del mismo modo, se ha sostenido que cuando la determinaci\u00f3n reprochada cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso en tanto, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto censurado (CSJ STC 21 jul. 1995, rad. 2397, citada entre otras en STC10347-2022, 10 ago. 2022, rad. 00144-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por la ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada en lo que a la interpretaci\u00f3n normativa se refiere respecto a los requisitos de la acci\u00f3n de imposici\u00f3n de servidumbre legal de energ\u00eda, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 2.2.3.7.5.2. De la demanda. La demanda se dirigir\u00e1 contra los titulares de derechos reales principales sobre los respectivos bienes y deber\u00e1 contener los requisitos establecidos en los art\u00edculos 82 y 83 del C\u00f3digo General del Proceso y a ella se adjuntar\u00e1n solamente, los siguientes documentos: <\/p>\n
a) El plano general en el que figure el curso que habr\u00e1 de seguir la l\u00ednea de transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica objeto del proyecto con la demarcaci\u00f3n espec\u00edfica del \u00e1rea. <\/p>\n
b) El inventario de los da\u00f1os que se causaren, con el estimativo de su valor realizado por la entidad interesada en forma explicada y discriminada, acompa\u00f1ado del acta elaborada al efecto. <\/p>\n
c) El certificado de matr\u00edcula inmobiliaria del predio. <\/p>\n
Cuando no fuere posible acompa\u00f1ar el certificado de registro de la propiedad y dem\u00e1s derechos reales constituidos sobre los inmuebles objeto de la servidumbre, en la demanda se expresar\u00e1 dicha circunstancia bajo juramento, que se entender\u00e1 prestado con la sola presentaci\u00f3n de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
d) El t\u00edtulo judicial correspondiente a la suma estimada como indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
e) Los dem\u00e1s anexos de que trata el art\u00edculo 84 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 ARTICULO 7. Lo dispuesto en este art\u00edculo aplicar\u00e1 durante el t\u00e9rmino de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social con ocasi\u00f3n de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 (El 30 de junio de 2022 se puso fin a la emergencia sanitaria que estuvo vigente desde el 12 de marzo de 2020). Modif\u00edquese el art\u00edculo 28 de la Ley 56 de 1981, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 28. Con base en los documentos aportados con la demanda, se\u00f1alados en el numeral 10 del art\u00edculo 27 de esta Ley, el Juez autorizar\u00e1 con el auto admisorio de la demanda, mediante decisi\u00f3n que no ser\u00e1 susceptible de recursos, el ingreso al predio y la ejecuci\u00f3n de las obras que de acuerdo con el plan de obras del proyecto presentado con la demanda, sean necesarias para el goce efectivo de la servidumbre, sin necesidad de realizar inspecci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15398-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC15398-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00507-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68874","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68874","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68874"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68874\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68874"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68874"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68874"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}