STC15402-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15402-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03887-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Ana Mar\u00eda Silva Sep\u00falveda instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Segundo Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Cali, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00215. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderada, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que \u00abse revoque y deje sin efecto alguno la sentencia de segunda instancia\u00bb proferida por la Magistratura acusada, en la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb que Patricia Soto Franco le formul\u00f3 al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali y, en consecuencia, \u00abse ordene dejar inc\u00f3lumes la sentencia de primera instancia (\u2026) a trav\u00e9s de la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n dejar inc\u00f3lume el auto del d\u00eda 7 de julio de 2022 proferido por el Juzgado 21 Civil Municipal de Cali, a trav\u00e9s del cual se resolvieron las objeciones presentadas por los acreedores dentro del tr\u00e1mite de insolvencia y negociaci\u00f3n de deudas que se adelanta ante el Centro de Conciliaci\u00f3n Fundecol de la ciudad de Cali\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali en el juicio ejecutiva que inco\u00f3 contra Patricia Soto Franco (2019-00100), aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues \u00aben la oportunidad legal cuando se corre traslado a la ejecutada de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la demandada Patricia Soto Franco guarda silencio sin hacer oposici\u00f3n ni observaci\u00f3n alguna a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb y resolvi\u00f3 \u00abSUSPENDER DE MANERA INMEDIATA el presente tr\u00e1mite ejecutivo respecto de la demandada PATRICIA SOTO FRANCO, hasta tanto culmine el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas iniciado ante el CENTRO DE CONCILIACI\u00d3N FUNDECOL\u00bb (15 mar. 2022). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que sin hab\u00e9rsele notificado el \u00abtr\u00e1mite de insolvencia solicitado por la demandada Patricia Soto Franco\u00bb llevado a cabo por Fundecol, se celebr\u00f3 audiencia \u00aben la que varios acreedores incluida la [abogada] en representaci\u00f3n de la acreedora hipotecaria cuyo cr\u00e9dito representa el 52% de las acreencias, presentamos objeciones a la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas, produci\u00e9ndose de contera la suspensi\u00f3n de esta audiencia para que el Juez Civil Municipal resolviese dichas objeciones\u00bb (27 abr.), correspondiendo al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de esa ciudad la resoluci\u00f3n de objeciones (n\u00ba 2022-00314), quien dispuso, entre otros asuntos: <\/p>\n
(\u2026) TERCERO. DECLARAR PROBADAS LAS OBJECIONES propuestas por los acreedores, relativas a la inclusi\u00f3n de las costas procesales, y a actualizaci\u00f3n de los valores de los cr\u00e9ditos, en los precisos t\u00e9rminos consignados en la parte motiva de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
– T\u00e9ngase como valor de la acreencia el certificado por el Juzgado de ejecuci\u00f3n de conocimiento por la suma de $569.866.462, SIEMPRE QUE la acreedora hipotecar\u00eda aporte ante la conciliadora, a m\u00e1s tardar el d\u00eda de reanudaci\u00f3n de la Audiencia de negociaci\u00f3n de deudas, la liquidaci\u00f3n aprobada con Auto de 31 de enero de 2022 en concordancia con el auto de 15 de marzo de 2022. De no procederse as\u00ed, las sumas relacionadas por el cr\u00e9dito hipotecario en la audiencia de 27 de abril de 2022, quedar\u00e1n fijadas de manera definitiva (7 jul.). <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali en el resguardo que la concursada Soto Franco interpuso contra el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali \u00abpor (\u2026) violaci\u00f3n al debido proceso y hacer m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n al tener como valor de la acreencia hipotecaria el valor total de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada por el Juez de ejecuci\u00f3n\u00bb (rad. 2022-00215), desestim\u00f3 el pet\u00edtum (16 ag.), decisi\u00f3n que el Superior revoc\u00f3 y, en su lugar, mand\u00f3 al estrado querellado \u00ab(\u2026) proced[er] a resolver nuevamente sobre tales objeciones atendiendo para ello lo consignado en la parte motiva de esta decisi\u00f3n, a lo cual deber\u00e1 proceder dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo\u00bb (16 sep.). <\/p>\n
Reproch\u00f3 que en ese tr\u00e1mite, \u00abaun cuando con su decisi\u00f3n se estar\u00edan modificando derechos de la acreedora hipotecaria Ana Mar\u00eda Silva Sep\u00falveda, extra\u00f1amente tampoco se realiza su notificaci\u00f3n ni vinculaci\u00f3n legal, como tampoco se realiza por conducto de [apoderada Sierra \u00c1lvarez] aun cuando nuevamente dentro del tr\u00e1mite de insolvencia la se\u00f1ora Patricia Soto Franco conoc\u00eda [los] datos de contacto\u00bb, por lo que, desconoci\u00f3 su contenido, \u00abteniendo en cuenta que tanto [ella] como [su] apoderada, NO[FUERON] VINCULADAS al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela a pesar de que en ella se discutieron situaciones que afectaban sus derechos como acreedora hipotecaria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abel Juzgado 21 Civil Municipal de Cali (\u2026) profiere auto de \u201cObed\u00e9zcase y C\u00famplase\u201d a trav\u00e9s del cual resuelve nuevamente las objeciones de los acreedores, y en lo atinente a la acreencia hipotecaria declara infundada la objeci\u00f3n presentada relativa al valor de la obligaci\u00f3n que solicitaba atenerse al valor aprobado por el Juzgado de ejecuci\u00f3n y, en su lugar ordena mantener los valores presentados en la solicitud de insolvencia, esto es, tan solo el valor del capital de la obligaci\u00f3n\u00bb (30 sep.), de acuerdo con lo solventado por la Colegiatura confutada quien, en su criterio \u00ab[adopt\u00f3] decisiones que transgreden sus derechos, sin ni siquiera dentro del control de legalidad cerciorarse de su efectiva vinculaci\u00f3n la cual no se hizo a ese tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho por \u00abdefectos procedimental absoluto, f\u00e1ctico y material o sustantivo\u00bb, en tanto, (i) \u00ab[Permiti\u00f3] que se utilice la acci\u00f3n de tutela para controvertir una decisi\u00f3n judicial que ten\u00eda otros mecanismos para hacerlo\u00bb; (ii) Adopt\u00f3 \u00abuna decisi\u00f3n despojando de la validez y firmeza jur\u00eddica que le asiste a una providencia judicial como lo es la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada por el Jugado 1 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali dentro del proceso ejecutivo\u00bb; (iii) Otorg\u00f3 \u00abel amparo constitucional a la se\u00f1ora Patricia Soto Franco sin que exista la vulneraci\u00f3n a su debido proceso\u00bb; (iv) \u00ab[Dej\u00f3] sin efecto alguno la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito surtida dentro del tr\u00e1mite del proceso ejecutivo, providencia que goza de plena presunci\u00f3n de legalidad y que adem\u00e1s no fue debatida por la accionante dentro del proceso\u00bb; y (v) Transgredi\u00f3 \u00abcomo juez constitucional el principio de la congruencia, desarrollado por el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando decide inaplicar y dejar sin ning\u00fan efecto el auto que aprueba la liquidaci\u00f3n de costas (sic) proferido por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, incurriendo de esta forma de una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Cali defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y resalt\u00f3 que \u00ab(\u2026) en cuanto a la presunta ausencia de notificaci\u00f3n de la tutela a la aqu\u00ed accionante o a su apoderada, no advierte (\u2026) el vicio que se configure, cuando fue la misma apoderada quien en el escrito de objeciones presentado ante el Centro de conciliaci\u00f3n precis\u00f3 que \u201cel correo correcto de la suscrita apoderada en su momento es juliana.sierra@sierraasociados.com\u201d direcci\u00f3n electr\u00f3nica a la que efectivamente fue remitida la admisi\u00f3n de la tutela, el fallo de primera instancia, as\u00ed como el fallo de segunda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito dijo que \u00ab(\u2026) el tr\u00e1mite impartido al asunto (\u2026) se cumpli\u00f3 de conformidad con el ordenamiento procesal civil y el Decreto 2591 de 1991, acatando el debido proceso y en especial el respeto y garant\u00eda del derecho de contradicci\u00f3n frente a las decisiones adoptadas\u00bb, dado que \u00abel JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE CALI, realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n de todas las partes involucradas en el proceso con radicaci\u00f3n 2022-00314, en virtud a la comisi\u00f3n ordenada por este despacho en el auto admisorio de tutela de fecha 5 de agosto de 2022; y que se orden\u00f3 y realiz\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todas las partes intervinientes a los correos electr\u00f3nicos que fueron informados por la accionante, por ello se infiere que no concurren los defectos (\u2026) aludidos por la accionante\u00bb. <\/p>\n
El Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias asever\u00f3 que \u00abno tiene injerencia en las decisiones que se surtan al interior del proceso de insolvencia, las cuales son objeto de la queja constitucional impetrada por la aqu\u00ed accionante, por lo cual, es viable afirmar que [ese] Despacho no se est\u00e1 vulnerando los derechos fundamentales alegados por el accionante, pues las actuaciones se han ce\u00f1ido a las normas y jurisprudencia que regula la materia, por tanto, solicito de manera atenta la desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias enunci\u00f3 que \u00ab[r]evisado el m\u00f3dulo del sistema Justicia XXI, no se encontr\u00f3 proceso en el que funja como demandada es la se\u00f1ora Patricia Franco Soto\u00bb. <\/p>\n
El Veintiuno Civil Municipal indic\u00f3 que \u00ab[ese] Despacho judicial con las actuaciones surtidas no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, por lo que solicit[\u00f3], sea desvinculado de la presente acci\u00f3n constitucional improcedente\u00bb. <\/p>\n
La DIAN esboz\u00f3 que \u00abla contribuyente Patricia Soto Franco (\u2026) no tiene obligaciones fiscales a cargo y a favor de la U.A.E. DIAN, ni la deudora relaciona a la mencionada entidad fiscal como acreedor dentro del tr\u00e1mite de insolvencia de Persona Natural no Comerciante desarrollado en el Centro de conciliaci\u00f3n FUNDECOL de la ciudad de Cali\u00bb, por lo que, es \u00abevidente que la DIAN no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de la parte accionante, por lo cual se solicita que la acci\u00f3n de tutela sea declarada improcedente frente a la entidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Por regla general la \u00abtutela contra tutela\u00bb es improcedente, salvo cuando la providencia adoptada en el auxilio objetado es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a ella, lesivos del \u00abdebido proceso, como cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb (STC8657-2021), siempre y cuando se cumplan los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad jurisprudencialmente establecidos. <\/p>\n
As\u00ed, en el fallo SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional esboz\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d Subrayas y negrillas para resaltar. <\/p>\n
2.- En lo que concierne con el primer cuestionamiento de la gestora, relacionado con la \u00abfalta de notificaci\u00f3n y vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela a pesar de que en ella se discutieron situaciones que afectaban sus derechos como acreedora hipotecaria (\u2026)\u00bb, no se cumple con el principio de la \u00absubsidiariedad\u00bb, dado que Silva Sep\u00falveda debi\u00f3 solicitar ante el iudex criticado la nulidad respectiva, para que estudiara su viabilidad con soporte en dicha causa; sin embargo, opt\u00f3 por acudir directamente a esta v\u00eda, omitiendo agotar previamente los mecanismos de defensa que se encuentran a su alcance para exponer lo que por este medio predica. <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC1441-2021 y STC6566-2021)- Subraya la Sala-. <\/p>\n
Respecto a la exigencia de la \u00absubsidiariedad\u00bb, previo a alegar la \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb en otra acci\u00f3n de la misma estirpe, esta Sala predic\u00f3, que: <\/p>\n
Con todo, si la peticionaria consideraba la existencia de errores en su notificaci\u00f3n, ha debido proponer la invalidez del tr\u00e1mite ante los funcionarios judiciales que adelantaron la actuaci\u00f3n, no obstante, ning\u00fan reclamo elev\u00f3, lo que igualmente impide la prosperidad de este mecanismo de car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expresado, esta Sala en asuntos similares, en m\u00faltiples oportunidades ha indicado que, \u00abla presunta irregularidad que aducen los actores debieron manifestarla ante la autoridad competente y pedir all\u00ed la nulidad \u00abprevista en los numerales 3\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C.G. del P., siendo aqu\u00e9l el escenario id\u00f3neo para ello, pues debe hacerse dentro del tr\u00e1mite respectivo y ante el juez natural y no usar este medio excepcional para saltarse los mecanismos que tiene a su alcance\u00bb CSJ, STL2232-2022, reiterada en STC5397-2022)\u00bb STC9909-2022, 3 ag., rad. 2022-02412-00). <\/p>\n
3.- Frente al segundo anhelo de la actora, tendiente a que \u00abse deje sin efecto alguno la sentencia de segunda instancia proferida\u00bb porque, en su sentir \u00abse incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho, por defectos procedimental absoluto, f\u00e1ctico y material o sustantivo\u00bb, se advierte que lo que discute es el fondo de esa determinaci\u00f3n, lo que torna inviable el estudio del mismo; m\u00e1xime cuando no se aprecian hechos constitutivos de \u00abfraude\u00bb, evento capaz de tornar \u00abprocedente\u00bb este especial sendero. <\/p>\n
Adicionalmente, la querellante a\u00fan tiene a su alcance el remedio previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para atacar el \u00abfallo de tutela\u00bb que reprocha, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, lo que cierra la \u00abposibilidad\u00bb de auscultar por este camino una resoluci\u00f3n de otro juez \u00abconstitucional\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, nada impide que, en caso de no ser seleccionado el expediente, haga uso de la facultad de insistencia, herramienta de la que se ha dicho: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992 (CSJ STC568-2021 y STC3147-2022). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, el socorro suplicado surge impr\u00f3spero. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Ana Mar\u00eda Silva Sep\u00falveda. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15402-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC15402-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03887-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Ana Mar\u00eda Silva Sep\u00falveda instaur\u00f3 contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68878","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68878"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68878\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}