STC15403-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15403-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2022-00211-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, por la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo promovido por Esperanza Torres contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Reinaldo Ruiz Torres, Luis Felipe S\u00e9ptimo Ruiz Beltr\u00e1n, Juan Carlos Le\u00f3n Zota y a la Alcald\u00eda de esa municipalidad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora persigue la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, la \u00abvida digna, al m\u00ednimo vital y el derecho a la propiedad\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Luis Felipe S\u00e9ptimo Ruiz Beltr\u00e1n promovi\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Reinaldo Ruiz Garc\u00eda, que correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada bajo el radicado 2017-00226, autoridad que, el 12 de junio de 2016, declar\u00f3 abierta la causa mortuoria y orden\u00f3, entre otros, comunicar \u00abla existencia del proceso a la se\u00f1ora ESPERANZA TORRES (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite pertinente, el 30 de octubre de 2017, se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de la masa sucesoral del finado2. <\/p>\n
2.3. Al respecto, la gestora refiere que hasta el 10 de septiembre de 2022 se enter\u00f3 de que Luis Felipe S\u00e9ptimo Ruiz Beltr\u00e1n inici\u00f3 el referido juicio de sucesi\u00f3n, pues no fue vinculada al tr\u00e1mite, pese a que el Juzgado accionado tuvo conocimiento de que ella contrajo matrimonio cat\u00f3lico con el causante el 26 de diciembre de 2006, con quien ten\u00eda una uni\u00f3n marital de hecho anterior, vigente para la fecha de compra del predio denominado CAJITAS. Esa omisi\u00f3n, adujo, le est\u00e1 generando un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, porque tiene 74 a\u00f1os y el predio en disputa es su \u00fanico medio de sustento. <\/p>\n
Asever\u00f3 que se cumpl\u00eda con el presupuesto de tempestividad de la acci\u00f3n de tutela, porque no fue notificada en el proceso, la sentencia no se inscribi\u00f3 y solo se enter\u00f3 de lo decidido hasta el pasado 10 de septiembre. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se decrete la nulidad del proceso de radicado 2017-00226 y se retrotraiga la actuaci\u00f3n hasta el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n de los interesados. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada afirm\u00f3 que el despacho puso en conocimiento de las partes y de los posibles interesados la existencia de la causa mortuoria, no obstante, la tutelante no compareci\u00f3 al proceso. Destac\u00f3, adicionalmente, que pod\u00eda acudir a la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia que consagra el art\u00edculo 1321 del C\u00f3digo Civil, para hacer efectiva su reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Reinaldo Ruiz Torres adujo que ni \u00e9l ni su mam\u00e1 fueron llamados a la sucesi\u00f3n de su padre y resalt\u00f3 que sus progenitores compraron conjuntamente el inmueble en litigio, el cual es la \u00fanica fuente de ingreso de la actora. <\/p>\n
3. Luis Felipe S\u00e9ptimo Ruiz Beltr\u00e1n se\u00f1al\u00f3 que en la oportunidad correspondiente la tutelante y su hijo fueron debidamente enterados de la causa reprochada y que la tutela desconoce el presupuesto general de la inmediatez. <\/p>\n
4. La Secretar\u00eda de Hacienda de la Alcald\u00eda Municipal de La Dorada afirm\u00f3 que desconoce los hechos del escrito inicial, pues no fue parte en el juicio memorado. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la tutela, pues no fue tempestiva, en tanto se radic\u00f3 \u00abcuatro a\u00f1os y diez meses despu\u00e9s de la sentencia que se confuta\u00bb y tampoco satisfizo el presupuesto de la subsidiariedad, porque la censora, pese a conocer el juicio de sucesi\u00f3n de su c\u00f3nyuge fenecido, se \u00absustrajo de solicitar su reconocimiento\u00bb y de ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la promotora, quien reiter\u00f3 los argumentos esbozados en el escrito introductor. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se decrete la nulidad de todo lo actuado en la sucesi\u00f3n intestada de radicado 2017-00226 y \u00abse retrotraiga el proceso\u00bb hasta el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n a las partes e interesados, toda vez que no fue vinculada en la oportunidad correspondiente. <\/p>\n
2. Frente a lo planteado, advierte esta Corporaci\u00f3n que el ruego propuesto no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en vista de que no satisface el presupuesto de la tempestividad, toda vez que, entre la fecha del prove\u00eddo mediante el cual se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n en la causa mortuoria -30 de octubre de 2017- y la de interposici\u00f3n del amparo constitucional -28 de septiembre de 20223-, transcurrieron m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n4 y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
Ahora bien, ese t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
Bajo estos presupuestos, no se observa causal alguna de aquellas que justifican la tardanza en la interposici\u00f3n de este resguardo constitucional, pues, aunque la actora dice que no se le notific\u00f3 del juicio y que lo conoci\u00f3 en septiembre del a\u00f1o en curso, ese es un asunto que solo puede decidir el juez de la causa, dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. De otra parte, del estudio del tr\u00e1mite procesal cuestionado, la Sala encuentra que la accionante no expuso previamente ante el competente los reproches alegados en esta sede constitucional ni propuso la nulidad por la aludida falta de notificaci\u00f3n, omisi\u00f3n que torna improcedente la acci\u00f3n de tutela, pues no puede el juez constitucional adelantarse a decidir ni disponer la forma o el sentido de resolver los aspectos que corresponde definir al juez de conocimiento. Al respecto, ha manifestado la Corte que: <\/p>\n
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018 y en CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020- 00195-01). <\/p>\n
4. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Folios 140 a 141, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo digital \u00ab01ActaReparto\u00bb, expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2414-2021. <\/p>\n
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