STC15404-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15404-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01918-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 29 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Brayan Eduardo Castro Cort\u00e9s contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Cuarenta y Cuatro Penal Municipal de Control de Garant\u00edas, el Veintinueve de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de esta ciudad, as\u00ed como la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Bogot\u00e1, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio del Complejo Judicial de Paloquemao, la empresa de Servicios Postales Nacionales 472, y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-04505. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n los derechos fundamentales al debido proceso, defensa t\u00e9cnica, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la doble conformidad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso que, por hechos ocurridos el 20 de julio de 2016, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (ante el Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1), le imput\u00f3 el delito de \u00abacceso carnal violento agravado\u00bb del que fue v\u00edctima su entonces pareja sentimental; sin embargo, no fue solicitada en su contra la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento por lo que qued\u00f3 en libertad. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el proceso en la fase del juicio continu\u00f3 ante el Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de esta capital que, el 14 de agosto de 2018 emiti\u00f3 sentencia absolutoria, apelada por la fiscal\u00eda y la representaci\u00f3n judicial de la v\u00edctima. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 14 de agosto de 2020, dio lectura a la sentencia de segunda instancia (fechada el 3 de julio de ese a\u00f1o) mediante la cual revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n para en su lugar condenarlo por el delito endilgado a la pena de 144 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n contra la cual, su defensor (adscrito a la defensor\u00eda p\u00fablica) no interpuso ning\u00fan recurso. <\/p>\n
De lo anterior, cuestion\u00f3 en primer lugar, la labor defensiva del profesional del derecho asignado por la defensor\u00eda que omiti\u00f3 recurrir la sentencia condenatoria de segunda instancia, frente a la cual proced\u00eda la impugnaci\u00f3n especial, adem\u00e1s porque no compareci\u00f3 a la mencionada audiencia pese a que fue citado por el tribunal, situaci\u00f3n que dej\u00f3 pasar esa colegiatura, la que debi\u00f3 ser garante de su derecho de defensa t\u00e9cnica y \u00abverificar lo que ocurr\u00eda [\u2026] as\u00ed para el momento en que defensor no asisti\u00f3 a la audiencia de lectura de decisi\u00f3n [\u2026] se tornaba evidente que alguna situaci\u00f3n irregular pod\u00eda estar present\u00e1ndose, ya fuera por desidia, negligencia o cualquier otro motivo del abogado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aunque admite que en la primera instancia los defensores que lo representaron actuaron de forma \u00abactiva y propositiva [\u2026] luego de la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de la fiscal\u00eda [\u2026] no se encuentra ninguna actuaci\u00f3n que permita inferir que para la segunda instancia su papel no haya sido meramente formal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, indic\u00f3 que cambi\u00f3 de domicilio y no lo inform\u00f3 al juzgado porque \u00abpara el d\u00eda que fui capturado y luego llevado ante el juez, y dejado en libertad, entend\u00ed que eso era todo [\u2026] por otro lado, al no recibir informaci\u00f3n alguna de la fiscal\u00eda o de mi defensor, termin\u00e9 convencido que as\u00ed era, aunado a que conviv\u00ed cerca de a\u00f1o y medio con la se\u00f1ora [\u2026] despu\u00e9s de la ocurrencia de los hechos, sin que ella me dijera que el proceso se encontraba abierto\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 finalmente que, pudo enterarse de la condena que le fue impuesta solo hasta el pasado 18 de agosto de 2022 \u00abcuando descargando mi certificado de antecedentes apareci\u00f3 dicha anotaci\u00f3n. Como lo dije, en su momento entend\u00ed que ese proceso hab\u00eda terminado\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que, se declare la nulidad \u00abfrente al t\u00e9rmino que se concedi\u00f3 para acudir por v\u00eda de la impugnaci\u00f3n especial, es decir, el traslado de fecha 18 de agosto que feneci\u00f3 el 24 de agosto de 2020 (\u2026) ordenar al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, corra el traslado de nuevo para acudir por v\u00eda de impugnaci\u00f3n especial contra la decisi\u00f3n de condena de fecha 3 de julio de 2020 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 234 Seccional de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 desconocer el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n efectuado por el tribunal accionado respecto del fallo de segunda instancia. Acot\u00f3 que, en todo caso, el libelista siempre estuvo representado por un defensor, \u00abquien ejerci\u00f3 correctamente su funci\u00f3n e intervino activamente en el diligenciamiento\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que en fallo del 3 de julio de 2020 de segunda instancia resolvi\u00f3 condenar a Brayan Eduardo Castro Cort\u00e9s como autor del delito de \u00abacceso carnal violento agravado\u00bb, a la pena de 144 meses de prisi\u00f3n y dispuso librar orden de captura. Resalt\u00f3 que contra dicho fallo no se present\u00f3 recurso alguno. Solicit\u00f3 se declare la improcedencia de la acci\u00f3n, por no cumplirse los requisitos de subsidiariedad (por incuria) e inmediatez. <\/p>\n
4. El Juzgado Veintinueve de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, adujo que avoc\u00f3 el proceso el 1\u00ba de octubre de 2020, el cual se encuentra con orden de captura vigente. <\/p>\n
5. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao relacion\u00f3 los registros obrantes en el Sistema de Gesti\u00f3n Siglo XXI sobre el proceso en cuesti\u00f3n y se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n dado que el gestor pretende utilizarla como instancia adicional. <\/p>\n
6. El Juzgado Cincuenta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1, ratific\u00f3 la informaci\u00f3n relativa al tr\u00e1mite ordinario hasta la expedici\u00f3n de sentencia de segundo grado y sostuvo, que una vez devuelto el expediente del tribunal le dio curso al incidente de reparaci\u00f3n integral e indic\u00f3 que llev\u00f3 a cabo la primera audiencia el 7 de septiembre de 2021, procedimiento que contin\u00faa en tr\u00e1mite. Anot\u00f3 que, frente a las citaciones para las distintas audiencias, \u00ab\u00e9stas fueron remitidas por intermedio del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao a la direcci\u00f3n reportada por el implicado seg\u00fan el escrito de acusaci\u00f3n, la que fuera indicada a su vez por el capturado desde las audiencias preliminares, como se corrobora del correspondiente registro de aquellas\u00bb. <\/p>\n
7. La representante judicial de la v\u00edctima, se opuso a la demanda y consider\u00f3 \u00ab\u2026que la revocaci\u00f3n del fallo en segunda instancia vulnerar\u00eda de manera directa el derecho al debido proceso de mi representada, por cuanto la falla en la comunicaci\u00f3n entre el procesado y su representante no deber\u00eda afectar las garant\u00edas procesales y los derechos fundamentales de la v\u00edctima en este caso\u00bb. <\/p>\n
8. V\u00edctor Julio Ortega Acero, abogado adscrito a la defensor\u00eda p\u00fablica, y quien defendi\u00f3 los intereses de Castro Cort\u00e9s en el juicio, manifest\u00f3 que ejerci\u00f3 \u00abde manera positiva [la defensa] al punto que agotadas las etapas procesales se obtuvo en primera instancia un fallo de car\u00e1cter absolutorio para mi representado (\u2026)\u00bb, aunque resalt\u00f3 que, \u00abel encartado mostr\u00f3 un desinter\u00e9s absoluto frente a la responsabilidad que le asist\u00eda de aportar elementos materiales probatorios para facilitar el cumplimiento defensivo, en esas circunstancias puedo acotar que [realic\u00e9] numerosas llamadas al abonado celular que hab\u00eda suministrado mi representado, resultando infructuosa dicha labor, sin embargo, en el desarrollo de esas etapas procesales realic\u00e9 ingentes esfuerzos para obtener la informaci\u00f3n necesaria a trav\u00e9s de la fiscal\u00eda [\u2026] que el encartado hab\u00eda trasladado su domicilio a otra ciudad\u00bb. Luego, indic\u00f3 que, posteriormente ser\u00eda trasladado a otra regional de la defensor\u00eda p\u00fablica. <\/p>\n
9. El Coordinador de la Unidad 8 y Especializados de la Regional Bogot\u00e1 de la Defensor\u00eda del Pueblo, refiri\u00f3 que cumpli\u00f3 cabalidad con los postulados de la prestaci\u00f3n del servicio de Defensor\u00eda P\u00fablica y se garantiz\u00f3 el derecho a la defensa del procesado a trav\u00e9s de los contratistas, abogados Luis Guillermo Soler Castellanos, \u00abquien actu\u00f3 desde el 29 de agosto de 2016 hasta el 5 de febrero de 2017\u00bb y, V\u00edctor Julio Ortega Acero, \u00abquien actu\u00f3 desde el 20 de marzo de 2017\u00bb, y en la actualidad la doctora Diana Paola Garnica Vega, \u00abquien asumi\u00f3 en reemplazo del doctor Joaqu\u00edn Bonilla, que hab\u00eda sido designado en septiembre de 2021 a solicitud del juzgado de conocimiento, para adelantar el incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb. Adicionalmente, destac\u00f3 que, de la demanda, puede entenderse que hubo actuaci\u00f3n diligente de los defensores asignados, a tal punto que en primera instancia lograron la absoluci\u00f3n. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los par\u00e1metros de subsidiariedad e inmediatez; el primero porque no agot\u00f3 el recurso de la impugnaci\u00f3n especial \u00ab(\u2026) sin que haya lugar a superar el referido mecanismo, bajo las consideraciones que expone el accionante relativas a que no le fue garantizada dicha posibilidad por no estar enterado de las diligencias, o no contar con la representaci\u00f3n judicial debida, ya que de las pruebas aportadas al presente tr\u00e1mite, tales afirmaciones carecen de respaldo\u00bb; y el segundo porque, aunque el actor asegur\u00f3 haberse enterado de la condena el 18 de agosto de la presente anualidad, el juzgado de conocimiento indic\u00f3 que aqu\u00e9l estuvo presente en la audiencia de incidente de reparaci\u00f3n integral de perjuicios llevada a cabo en el mes de septiembre de 2021. <\/p>\n
De otro lado, frente al reclamo por la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica, del proceso se evidencia que \u00abno hubo una indebida gesti\u00f3n por parte de los abogados designados [\u2026] y la sola circunstancia de que el \u00faltimo no hubiese promovido recurso contra la sentencia de condena, no es demostrativo del defecto que alude, comoquiera que esta determinaci\u00f3n pudo obedecer a que no advirti\u00f3 motivos para presentarla\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, reiterando los argumentos del escrito tutelar dirigidos a cuestionar la actuaci\u00f3n del abogado defensor que lo asisti\u00f3 (adscrito a la defensor\u00eda p\u00fablica) por el hecho de no haber formulado el recurso de la impugnaci\u00f3n especial. Tambi\u00e9n refut\u00f3 lo resuelto por la Sala a quo en cuanto a la aplicaci\u00f3n del requisito de la inmediatez, pues sostiene que no ha asistido a ninguna audiencia desde las preliminares e insiste en que solo tuvo conocimiento de la condena el 18 de agosto de 2022. As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que \u00abresulta una carga desproporcionada [\u2026] querer poner sobre mis hombros la obligaci\u00f3n [comparecer al proceso] porque yo no soy abogado, soy un hombre negro, de condici\u00f3n econ\u00f3mica baja, nivel de estudios bajo [\u2026] contrario a lo se\u00f1alado por la Sala, ese comportamiento indiferente frente al proceso penal nunca ocurri\u00f3, simplemente no comprend\u00ed lo que involucraba dichas audiencias preliminares\u00bb. Recalc\u00f3 que no se puso al tanto del juicio por \u00abignorancia de este tema y aunque no es excusa, no es menos cierto que ciertas condiciones como las econ\u00f3micas y acad\u00e9micas tienen incidencia en la comprensi\u00f3n de estas situaciones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n, corresponder\u00e1 establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el gestor del amparo, concretamente, por no tener en cuenta que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica id\u00f3nea en el juicio penal que se le adelant\u00f3 (radicado n\u00ba 2016-04505), particularmente porque no fue interpuesto de parte del profesional que lo asisti\u00f3, el recurso de la impugnaci\u00f3n especial contra la sentencia de segunda instancia (3 de julio de 2021) que lo conden\u00f3 \u2013 por primera vez \u2013 a la pena de 144 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abacceso carnal violento agravado\u00bb. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En el asunto analizado, anticipa la Sala que confirmar\u00e1 la negativa del amparo, pero lo ser\u00e1 en esta instancia por no advertir acreditada la amenaza o efectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que invoca el accionante como desconocidos por las autoridades tuteladas. <\/p>\n
3.1. Sea lo primero precisar que, seg\u00fan se extrae del contenido de escrito introductorio y de la impugnaci\u00f3n, el actor, al margen de cuestionar la sentencia condenatoria o la presunta indebida notificaci\u00f3n o citaci\u00f3n efectiva a las audiencias penales, dirigi\u00f3 su inconformidad de manera espec\u00edfica a la presunta falta de defensa t\u00e9cnica de la que dijo adolecer y que no fuere advertida por los accionados, especialmente por el tribunal, al que acus\u00f3 de \u00abdejar pasar de largo\u00bb el hecho de que no fuera activado en su favor el mecanismo de la doble conformidad a trav\u00e9s del recurso de impugnaci\u00f3n especial contra la sentencia condenatoria emitida por primera vez en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo el actor, entre las cr\u00edticas que expuso, que durante el tr\u00e1mite no fue contactado por ninguno de los profesionales del derecho adscritos a la defensor\u00eda p\u00fablica que le fueron asignados, por lo que no le fue posible enterarse del curso de la actuaci\u00f3n, pues, al ser dejado en libertad en las audiencias preliminares, comprendi\u00f3 que el asunto no trascender\u00eda; luego, centr\u00f3 su queja en la omisi\u00f3n del defensor en relaci\u00f3n con la interposici\u00f3n del recurso procedente contra la sentencia de condena. <\/p>\n
Empero, acusaciones como las rese\u00f1adas no son suficientes para predicar el quebrantamiento de este derecho, pues se ha dicho en anteriores oportunidades que, no alcanza con se\u00f1alar de ineficiente la labor del abogado desde hechos aislados como no discutir una espec\u00edfica postura jur\u00eddica, pedir una determinada prueba, o incluso no agotar un recurso, sin apuntar su alcance desde un an\u00e1lisis integral de la gesti\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala en precedencia ha destacado que este tipo de reproches no corresponde dilucidarlos al juez de amparo; en un fallo de similares contornos se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional en la medida que la inadecuada defensa t\u00e9cnica, \u201cno conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas\u201d\u00bb (CSJ, STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, sobre la misma tem\u00e1tica en sede de tutela, se precis\u00f3 que alegar \u00abfalta de diligencia\u00bb del apoderado tampoco sirve como, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) elemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; as\u00ed, en fallo de 15 de marzo de 2011, exp. 03093-01, se indic\u00f3: \u201cTampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de sus profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales (\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de (\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026), ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n. 2003-00157\u00bb (CSJ STC, 6 sep. 2011, rad. 01816-00, criterio reiterado en STC5012-2017). <\/p>\n
Por su parte, la Hom\u00f3loga Penal, cuando se cuestiona v\u00eda tutela la gesti\u00f3n de un defensor en un litigio penal, se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
Esa Sala Especializada, en otra oportunidad, sobre dicho t\u00f3pico apunt\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 dem\u00e1s reiterar lo se\u00f1alado por la Corte Suprema de Justicia en cuanto que no siempre la inactividad del defensor puede conducir inevitablemente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que asiste a todo sindicado dentro del proceso penal, pues es en cada caso concreto donde se impone determinar la situaci\u00f3n real de la defensa, a fin de establecer de acuerdo a las circunstancias particulares si hubo actuaciones que a pesar de advertirse como indispensables para demostrar la inocencia o atenuar la responsabilidad del acusado, dejaron de llevarse a cabo, y si dicha ausencia puede atribuirse a la negligencia o descuido del abogado; pues no se trata de proponer transgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales sobre el escueto supuesto de que hubo inactividad del defensor, como que no se trata que por medio de acciones como la presente, puedan entrarse a postular mejores estrategias defensivas que las asumidas por quien tuvo a cargo durante el tr\u00e1mite judicial la representaci\u00f3n de los intereses del procesado, habida cuenta que el ejercicio de profesiones liberales como lo es la del derecho, parte de la base del respeto del conocimiento que cada persona tenga de las materias de las que se ocupa, sin que sea posible determinar en forma acertada o por lo menos irrebatible frente a cada asunto cu\u00e1l hubiera sido la m\u00e1s afortunada estrategia defensiva (\u2026)\u00bb (CSJ STP12286-2015, 8 sep. 2015, rad. 81699). <\/p>\n
3.2. De manera que, no logr\u00f3 en este caso el tutelante, acreditar la influencia en las resultas del juicio que pudieron tener en \u00e9l, el desempe\u00f1o de quienes asumieron su defensa (profesionales del derecho adscritos a la Defensor\u00eda P\u00fablica) que, no obstante, pese a su absoluto abandono con el tr\u00e1mite, lograron obtener un fallo absolutorio a su favor en primera instancia. <\/p>\n
En todo caso, el promotor \u2013 m\u00e1s all\u00e1 de manifestar su inconformidad con la gesti\u00f3n \u2013 no plante\u00f3 de forma concreta razones que permitieran vislumbrar que la actuaci\u00f3n de quienes lo asistieron en la defensa fuera indudablemente perniciosa al punto que se evidenciara de manera notoria la afectaci\u00f3n de ese derecho. <\/p>\n
4. Del deber de vigilancia procesal. <\/p>\n
4.1. Ahora bien, prohijando lo razonado por la primera instancia, nada justifica la desconexi\u00f3n con el acontecer procesal que se advierte en el tutelante, ya que, una causa judicial, de cualquier naturaleza, pero en especial un proceso penal donde se encuentra en vilo un derecho tan caro como la libertad, exige un apersonamiento riguroso y siempre diligente, es decir, existe una carga que le corresponde asumir al implicado con el juicio, incluso si la sentencia de primer grado fue absolutoria, pues se trata de un deber de vigilancia propia frente al cual no es admisible excusarse; al respecto esta la Sala ha dicho sobre la desidia procesal, <\/p>\n
\u00abquien acude a los estrados judiciales debe cumplir las cargas, deberes y obligaciones procesales que el ordenamiento prev\u00e9; y entre esas cargas reluce la de diligencia y esmero en la atenci\u00f3n del proceso, concretamente en lo concerniente a informarse, mediante los instrumentos id\u00f3neos, vgr. los estados, los edictos y si es del caso, los registros y libros respectivos, de las actuaciones judiciales. Por supuesto que es el ordenamiento, con un claro fin garantista, el que prescribe la forma como se notifican las decisiones judiciales y se computan los t\u00e9rminos judiciales mediante reglas que no solo, como ya se anunciara, amparan los derechos fundamentales de las partes, sino, tambi\u00e9n, que trazan derroteros seguros y fiables en la materia\u00bb (CSJ SC 13 feb. 2006, rad. 00099, reiterada en STC, 1\u00ba oct. 2013, rad. 01137-01, STC915-2014, 29 ene. 2014, rad. 2013-00181-01 y STC9248-2016, 7 jul. 2016, rad. 00160-01). <\/p>\n
Complementariamente tambi\u00e9n se ha dejado sentado: <\/p>\n
\u00abno se puede \u00abdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (Providencia de 29 de enero de 2007, Exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00365-01, reiterada en STC 19 ene. 2012, rad. 01601-01, y m\u00e1s recientemente en STC13840-2015, 8 oct., rad. 00224-01). <\/p>\n
Se agrega que la eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiara como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 en. 2016, rad. 2015-02887-01) Se subraya. <\/p>\n
4.2. Por lo tanto, la desatenci\u00f3n del accionante con el discurrir del asunto, tal como se resalt\u00f3, tambi\u00e9n fue relevante para que la providencia que finalmente le fue adversa cobrara firmeza, siendo inaceptable que pretenda justificar su distanciamiento del litigio teniendo pleno conocimiento del mismo y que la acci\u00f3n de tutela remedie esa desidia, lo que resulta improcedente en virtud del principio de nemo auditur propriam turpitudinem allegans, el cual ense\u00f1a que nadie puede alegar en su favor su propia culpa. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, y en consonancia con lo anterior, tampoco es de recibo la argumentaci\u00f3n referente a que se desconect\u00f3 del proceso porque desconoce las normas de derecho y el procedimiento penal, pues a la luz del art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo Civil, (que contempla otro principio jur\u00eddico general) la ignorancia de las leyes no sirve de excusa; de suerte que, \u00ab[e]l desconocer los mandatos legales no exime a las personas de observarlos, as\u00ed como tampoco los habilita para acudir a este mecanismo excepcional cuando por dicha ignorancia no han hecho uso de las herramientas que el ordenamiento nacional les otorga\u00bb (CSJ STC, 9 nov. 2011, rad. 00297-01, reiterado en STC1624-2014). <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la ratificaci\u00f3n de la negativa del amparo, pero por las puntuales razones expuestas en esta sede de conocimiento. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. No logr\u00f3 demostrar el actor las razones por las cuales estim\u00f3 vulnerado su derecho de defensa t\u00e9cnica, al no apuntar de forma clara en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto en la gesti\u00f3n defensiva recriminada y su relevancia de cara a las resultas del juicio. <\/p>\n
5.2. Seg\u00fan lo demostrado en estas diligencias, el accionante ten\u00eda pleno conocimiento del tr\u00e1mite penal que se le adelantaba, y, dado ese contexto, fue el propio interesado quien desaprovech\u00f3 la oportunidad de ejercer su defensa material y de contera, facilitar la labor de la defensa t\u00e9cnica, apat\u00eda con el devenir procesal que refuerza el fracaso de sus reclamaciones por esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15404-2022 Magistrado ponente STC15404-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01918-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68880","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68880","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68880"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68880\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68880"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68880"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68880"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}