STC15413-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15413-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03863-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones \u00c1vila Z S.A.S. contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2016-00041. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 2 de mayo de 2022, mediante la cual el tribunal encartado, con una motivaci\u00f3n que considera insuficiente y una valoraci\u00f3n equivocada de los elementos de juicio que componen la foliatura, revoc\u00f3 la prosperidad de su demanda de responsabilidad civil y, en su lugar, deneg\u00f3 el petitum. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se deje sin efecto la cuestionada providencia y que, en su lugar, se confirme el fallo del juez a quo. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada hizo un breve recuento de lo acaecido en la segunda instancia del proceso que ac\u00e1 interesa y defendi\u00f3 la legalidad de las providencias que all\u00ed se dictaron, por lo que pidi\u00f3 desestimar el pretendido auxilio. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Chiringuan\u00e1 enfatiz\u00f3 que, en cuanto a ese estrado concierne, no se trasgredi\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental de la parte actora. <\/p>\n
3. Electricaribe S.A. E.S.P. -en liquidaci\u00f3n- se opuso a la prosperidad del resguardo por considerar que la fustigada sentencia no involucra v\u00edas de hecho que habiliten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal comenz\u00f3 memorando que: \u00abEn el presente caso se tiene que la demandante, INVERSIONES Z. S.A.S., pretende se declare civil y extracontractualmente responsable a FUNDESMAG y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., por los da\u00f1os y perjuicios materiales e inmateriales causados por no tener acceso al servicio p\u00fablico de energ\u00eda, para la puesta en marcha de los motores el\u00e9ctricos instalados en el marco del componente de riego para el proyecto de siembra de palma de aceite en un \u00e1rea de 220 hect\u00e1reas. ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., se opone a lo deprecado por la demandante, argumentado que no existen presupuestos indispensables para que se configure la responsabilidad contractual por parte de la empresa demandada, como el supuesto incumplimiento en la conexi\u00f3n del proyecto denominado HACIENDA NI\u00d1A CHON; como tampoco existi\u00f3 compromiso alguno entre la accionada, frente al cultivo de palma de aceite llevado a cabo por INVERSIONES AVILA Z. S.A.S. Por su parte, FUNDESMAG hace saber que, no es responsable de nada de lo que pretende el demandante inculparle, por cuanto el mismo, reconoce y acepta en la demanda que quienes le causaron el perjuicio al no dejarlo conectar a la red el\u00e9ctrica del punto de conexi\u00f3n Cerrajones \u2013 La Aurora, fue la comunidad de la Vereda Los Cerrajones del Municipio de Chiriguana \u2013 Cesar. Finalmente, en sentencia de fecha 11 de octubre de 2017, el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguana, resolvi\u00f3 conceder las pretensiones de la demanda, declarando civilmente responsable a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., patrimonial y extracontractualmente por los da\u00f1os y perjuicios materiales e inmateriales, causados a INVERSIONES \u00c1VILA Z. S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 anotando que \u00abManifiesta el censor, como reparo principal, que el Juez de primer grado debi\u00f3 encuadrar la litis en el r\u00e9gimen de la responsabilidad civil contractual, sin que sucediera, ello, bajo el esquema de lo que \u00e9l denomina \u201cculpa probada\u201d, y asegura que, en esas circunstancias, la decisi\u00f3n de primer grado hubiese sido distinta, inclusive, exoner\u00e1ndole de toda responsabilidad por no configurarse los elementos axiol\u00f3gicos de esta, pues de ninguna manera hubo incumplimiento contractual del cual derivara carga indemnizatoria. As\u00ed pues, se tiene que seg\u00fan el escrito introductorio refiri\u00f3 el extremo demandante que la acci\u00f3n impetrada era la de reparaci\u00f3n directa, medio de control propio de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, resaltando que aquella inicialmente fue formulada ante la jurisdicci\u00f3n prenombrada y siendo rechazada mediante prove\u00eddo de fecha 26 de abril de 2016 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, Cesar, resolvi\u00e9ndose remitir la demanda a los Juzgados Civiles del Circuito de Valledupar, correspondi\u00e9ndole por reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, quien igualmente la rechaza por falta de competencia y remite al circuito judicial de Chiriguan\u00e1, por lo que le correspondi\u00f3 su conocimiento al Juzgado Primero Civil del Circuito de aquella municipalidad, siendo inadmitida por adolecer de juramento estimatorio, yerro subsanado que desemboc\u00f3 en su admisi\u00f3n mediante auto de fecha 26 de julio de 2016, en que se le dio el tr\u00e1mite de proceso verbal de mayor cuant\u00eda por responsabilidad civil extracontractual, lo que, seg\u00fan entiende la Sala, ocurri\u00f3 con base en la pretensi\u00f3n primera de la demanda, la cual reza textualmente: \u201c(\u2026) Que en audiencia se condene a las demandadas, FUNDESMAG y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., como responsables patrimonial y extracontractualmente por los da\u00f1os y perjuicios materiales e inmateriales causados a INVERSIONES \u00c1VILA Z S.A.S. y FABIO CARMELO \u00c1VILA ARAUJO con ocasi\u00f3n a los hechos aqu\u00ed relatados (\u2026)\u201d. Lo anterior, sin obviar que el mismo escrito, en principio, como se dijo, fue el presentado ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. En virtud de lo dicho, es claro que el r\u00e9gimen de responsabilidad civil aplicado por el juez de primer grado fue el de la responsabilidad aquiliana o extracontractual, m\u00e1xime cuando claramente la pretensi\u00f3n antes citada, fue concedida a la demandante INVERSIONES \u00c1VILA S.A.S. de la manera rogada, es decir, se conden\u00f3 civilmente responsable a la hoy recurrente, tal como se\u00f1al\u00f3 en la parte resolutiva de la sentencia del d\u00eda 11 de octubre de 2017, as\u00ed: \u201c(\u2026) Decl\u00e1rese civilmente responsable a ELECTRCARIBE S.A. E.S.P., patrimonial y extracontractualmente por los da\u00f1os y perjuicios materiales e inmateriales causados a INVERSIONES \u00c1VILA Z S.A.S, representada por el se\u00f1or FABIO CARMELO AVILA ARAUJO con ocasi\u00f3n a los hechos aqu\u00ed relatados (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior, sostuvo que, \u00abTeniendo certeza sobre el r\u00e9gimen de responsabilidad aplicado en primera instancia, debe atenderse la queja del recurrente en cuanto nunca debi\u00f3 ventilarse el proceso bajo aquel r\u00e9gimen de responsabilidad, pues, seg\u00fan afirma el mismo, la existencia de un contrato de suministro de energ\u00eda entre la demandante y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. HOY EN LIQUIDACI\u00d3N es fundamento para que se tenga por errada la decisi\u00f3n del a quo, reforzando su tesis en la alzada al manifestar los elementos axiol\u00f3gicos de los tipos de responsabilidad civil (contractual y extracontractual) son distintos, por lo que el estudio del proceso bajo la \u00f3ptica de la responsabilidad civil contractual hubiese dado lugar a una resulta diferente, inclusive, no condenatoria para la empresa de servicios p\u00fablicos habida cuenta de que, seg\u00fan estima, no se acredit\u00f3 incumplimiento contractual\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 seguidamente que, \u00abde la relaci\u00f3n previa de pruebas, adem\u00e1s del valor probatorio que se se\u00f1al\u00f3, de las mismas se infiere un asunto que pas\u00f3 por alto el juzgador de la instancia y que hubiere tenido una incidencia significativa en cuanto a los puntos sustanciales por ventilar en el proceso, y es que resulta del todo manifiesto, claro y sumamente evidente que entre la demandante INVERSIONES AVILA Z S.A.S. y la demandada y hoy recurrente ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACI\u00d3N existi\u00f3 un v\u00ednculo contractual de naturaleza comercial mediante el cual la primera convino con la segunda el suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica, hecho cierto que desemboca entonces en que el tipo de responsabilidad que se debi\u00f3 debatir en primer grado no era la aquiliana o extracontractual, sino la responsabilidad civil contractual por derivarse el supuesto da\u00f1o de un supuesto incumplimiento contractual, siendo del todo censurable que el a quo no hubiere readecuado el proceso en la debida oportunidad, esto es en la admisi\u00f3n de la demanda, o inclusive, a m\u00e1s tardar, realizada la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, y es que tan dis\u00edmiles son los reg\u00edmenes de responsabilidad que los elementos a verificar para establecer la procedencia o no de la carga indemnizatoria en contra de quien se hace con la responsabilidad son distintos, por cuanto en el r\u00e9gimen contractual el asunto a verificar radica, adem\u00e1s de la existencia del acto jur\u00eddico, en el incumplimiento contractual del cual pueda derivar un da\u00f1o y el nexo de causalidad entre este y aquel, lo cual, se insiste, no fue lo que ocurri\u00f3 en el caso de marras\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abcomo ya se indic\u00f3, la responsabilidad aplicable al caso en marras es la contractual, la cual obliga al cumplimento de los siguientes elementos: i) la existencia de un v\u00ednculo contractual ii) incumplimiento culposo, enti\u00e9ndase esta como la inejecuci\u00f3n, la ejecuci\u00f3n tard\u00eda o defectuosa de la obligaci\u00f3n contractual, y iii) el da\u00f1o producido por el denominado incumplimiento culposo (\u2026). Una vez establecido que el r\u00e9gimen de responsabilidad civil aplicable al caso es el contractual, por haberse encontrado probado la g\u00e9nesis de la misma \u2013 v\u00ednculo contractual – , que adem\u00e1s es el primer elemento configurativo de la misma, se analizar\u00e1, si existi\u00f3 o no un incumplimiento culposo, enti\u00e9ndase inejecuci\u00f3n, ejecuci\u00f3n tard\u00eda o defectuosa por parte de la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., de manera que el demandante alega de forma reiterativa en todo el curso del proceso \u201c(\u2026) incumplimiento de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. (\u2026)\u201d como causa del da\u00f1o causado al cultivo de palma africana por la no prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de energ\u00eda para la puesta en marcha de unos motores para el sistema de riego\u00bb. <\/p>\n
Luego de referirse al acervo probatorio que se hab\u00eda recaudado sobre ese particular, reliev\u00f3 que \u00abSe avizora en el presente que la aceptaci\u00f3n de proyecto espec\u00edfico HACIENDA NI\u00d1A CHON por parte de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., tiene una vigencia de 365 d\u00edas (1 a\u00f1o), as\u00ed mismo en dicho documento de aceptaci\u00f3n se le hace saber al demandante de manera expresa \u201c(\u2026) esta comunicaci\u00f3n no autoriza la conexi\u00f3n de su proyecto, para lo cual debe cumplir ante ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., con las etapas de seguimiento y revisi\u00f3n de instalaciones de enlace y puesta en servicio del proyecto, las cuales deben ser gestionadas por ingenieros electricistas con matr\u00edcula profesional y registro vigente ante ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.(\u2026)\u201d. De lo anterior colige esta Sala que el t\u00e9rmino perentorio para la ejecuci\u00f3n del proyecto y finalmente la puesta en servicio del mismo es de un a\u00f1o contado a partir de la notificaci\u00f3n de la aprobaci\u00f3n de dicho proyecto y para que finalmente se efect\u00fae dicha conexi\u00f3n se deben realizar previo a la activaci\u00f3n del servicio una serie de revisiones y pruebas de los equipos a instalar, luego entonces se deben pagar unos valores por concepto de dichas revisiones, consultor\u00edas y derechos de conexi\u00f3n, los cuales fueron pagados por el demandante de acuerdo a la facturas de venta relacionadas anteriormente, as\u00ed mismo se hizo menci\u00f3n del documento expedido por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. HOY EN LIQUIDACI\u00d3N, dirigido a la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos, en donde se\u00f1ala el d\u00eda 02 de mayo de 2014 como fecha en que se realiz\u00f3 la energizaci\u00f3n del usuario \u201cNI\u00d1A CHON\u201d, a trav\u00e9s del cual queda acreditado el cumplimiento de la obligaci\u00f3n a cargo de la demandada, el cual era la prestaci\u00f3n del servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica a la HACIENDA NI\u00d1A CHON, de acuerdo a lo solicitado por la demandante, por consiguiente al tener como fecha de expedici\u00f3n el documento que da aprobaci\u00f3n del proyecto, 22 de agosto de 2013, y la fecha de energizaci\u00f3n 02 de mayo de 2014 de la HACIENDA NI\u00d1A CHON, se evidencia que no transcurri\u00f3 un a\u00f1o entre las dos fechas, tiempo m\u00e1ximo para la ejecuci\u00f3n de dicho proyecto, por tanto, no se encuentra acreditado el incumplimiento culposo como elemento configurativo de responsabilidad contractual. Habida cuenta que no obra en el proceso prueba alguna que demuestre el incumplimiento alegado por la demandante, traduci\u00e9ndose esto como la falta de un elemento esencial para la configuraci\u00f3n de la responsabilidad civil extracontractual, se hace innecesario para la Sala, pronunciarse sobre los elementos faltantes de la misma y en consecuencia, determina que no hay lugar a la indemnizaci\u00f3n ordenada a t\u00edtulo de lucro cesante y da\u00f1o emergente en favor del demandante, en raz\u00f3n a que, como ya se dijo, quien pretenda reclamar una indemnizaci\u00f3n por responsabilidad civil contractual debe acreditar los elementos configurativos de la misma. De tal manera que, de acuerdo al debido an\u00e1lisis probatorio realizado por esta Magistratura, del cual no se logra evidenciar la existencia de los elementos esenciales de la responsabilidad civil contractual, como quiera que debidamente se argument\u00f3 era la aplicable al caso sub-lite, de acuerdo a los presupuestos facticos del mismo, y por lo anteriormente expuesto proceder\u00e1 esta Sala a REVOCAR la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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