STC15415-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15415-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03810-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Juan Andr\u00e9s Romero Calder\u00f3n instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad, a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo con radicado No. 2019-00501-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo que se deje sin valor ni efecto el prove\u00eddo que orden\u00f3 seguir adelante el cobro compulsivo (22 jul. 2022) y que como consecuencia de ello se profiera una nueva decisi\u00f3n acogiendo sus reparos. <\/p>\n
En apoyo de tal pretensi\u00f3n, adujo que Luis Ernesto Orjuela D\u00edaz promovi\u00f3 en su contra el juicio objeto de escrutinio persiguiendo el cobro de $151.430.000,oo; tr\u00e1mite en el cual pese a que acredit\u00f3 que el negocio que dio origen al t\u00edtulo b\u00e1culo de la acci\u00f3n -letra de cambio- fue el contrato de \u00abCESI\u00d3N DE DERECHOS\u00bb celebrado con el ejecutante el 24 de septiembre de 2018 respecto de la promesa de enajenaci\u00f3n de un inmueble calendada 16 de enero de 2014 que estaba \u00abafectad[a] de nulidad absoluta\u00bb en los t\u00e9rminos de los arts. 1611 y siguientes del C.C., y as\u00ed mismo que se alter\u00f3 el documento cambiario, el Tribunal convocado, por una parte, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de alteraci\u00f3n del t\u00edtulo en punto a los intereses perseguidos, y por la otra, la revoc\u00f3 en lo dem\u00e1s para ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en la anterior determinaci\u00f3n, de un lado, no se tuvo en cuenta el pago consignado en la primera de las convenciones, y por el otra, a m\u00e1s que no se declar\u00f3 la nulidad de dichas tratativas, acogi\u00f3 como negocio causal un contrato de corretaje suscrito por el ejecutante con Gonzalo Caucali, quien era el propietario de los bienes prometidos en venta, que asegura, no le era oponible. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero se\u00f1alar que el examen constitucional recae exclusivamente en la providencia del Tribunal (22 jul. 2022), en tanto es aquella la que finiquit\u00f3 definitivamente el litigio; y estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el tropiezo del resguardo porque la decisi\u00f3n criticada, se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen descabellados o absurdos; en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, la Corporaci\u00f3n aludida, en lo que interesa para la soluci\u00f3n del presente asunto, en \u00faltimas, revocar la sentencia de primer grado, para disponer seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, en punto del negocio causal, destac\u00f3 que si bien podr\u00eda considerarse que la convenci\u00f3n que dio origen al t\u00edtulo valor fue el contrato de \u00abcesi\u00f3n de derechos\u00bb suscrito entre las partes en el 2014 por la suma de $280.000.000,oo, lo cierto era que, tambi\u00e9n obraban pruebas de tratativas anteriores entre estos, que corroboran el dicho del ejecutante, en cuanto que la obligaci\u00f3n perseguida naci\u00f3 como consecuencia de los honorarios pactados con el se\u00f1or Gonzalo Caucali frente a la enajenaci\u00f3n de los inmuebles de su propiedad -15% del valor comercial-, que, seg\u00fan el dicho del acreedor: <\/p>\n
(\u2026) se cumpli\u00f3 ya que gracias a su gesti\u00f3n se logr\u00f3 contactar a los se\u00f1ores Juan Andr\u00e9s Romero Calder\u00f3n, Jorge Armando Castillo y Juan Adelmo Montenegro Carranza, quienes, para la aludida data, prometieron la compra de los predios; sin embargo, no se llev\u00f3 a cabo su protocolizaci\u00f3n, porque Gonzalo otorg\u00f3 un poder general al aqu\u00ed demanda[do] quien qued\u00f3 a cargo de su patrimonio. Dijo que en el convenio celebrado con el se\u00f1or Caucali, qued\u00f3 plasmado en la cl\u00e1usula d\u00e9cima que en el evento de que el cedente suscriba y protocolice escritura p\u00fablica otorgando mandato general sobre la administraci\u00f3n de los bienes objeto del presente contrato, el apoderado quedaba obligado en un todo a lo dispuesto en este acto. <\/p>\n
Siguiendo esa l\u00ednea, precis\u00f3 que por un lado, el ejecutado en su interrogatorio \u00abconfes\u00f3\u00bb que en efecto deb\u00eda al ejecutante \u00abuna parte del dinero respaldado en la letra de cambio\u00bb, y por la otra, en alusi\u00f3n a los documentos calendados 13 de noviembre de 2015 y 16 de septiembre de 2017, destac\u00f3 que no solo, se le reconoc\u00eda al acreedor el 15% de la cuota parte de los bienes objeto de enajenaci\u00f3n, sino adem\u00e1s, que por cuenta de ese negocio se le adeudaban $270.000.000,oo equivalentes al citado porcentaje, circunstancias que corroboraron los testigos y participantes en las tratativas. <\/p>\n
As\u00ed mismo hizo referencia, por una parte, a la promesa de venta celebrada el 14 de enero de 2014 entre se\u00f1or Caucali como promitente vendedor y el aqu\u00ed inconforme y otros como promitentes compradores, y por la otra, a la escritura p\u00fablica del 16 del mismo mes y a\u00f1o en la que Caucali otorg\u00f3 poder general al aqu\u00ed inconforme, para indicar entonces, que el deudor no cumpli\u00f3 con la carga probatoria en punto de demostrar que el negocio causal ya estaba satisfecho y por el contrario seg\u00fan \u00abel an\u00e1lisis cronol\u00f3gico y en conjunto de estos medios de prueba, (\u2026) [se pod\u00eda] concluir que existi\u00f3 entre el actor y Gonzalo Caucali un acuerdo de intermediaci\u00f3n en el cual \u00e9ste \u00faltimo se oblig\u00f3 a pagar por su gesti\u00f3n un porcentaje del 15%, ya fuera en terreno o, en dinero en caso de que se vendiera el inmueble\u00bb, acuerdo que no pod\u00eda ser ajeno al ejecutado porque \u00abcomo se evidencia de los escritos a mano que suscribi\u00f3, all\u00ed se reconocieron los porcentajes que hab\u00eda pactado el demandante con Gonzalo y, que adem\u00e1s en virtud del poder general que le fue otorgado deb\u00eda cancelar acorde con la cl\u00e1usula tercera de dicho mandato y por la gesti\u00f3n realizada\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que adem\u00e1s estaba demostrado que \u00abcancel\u00f3 parte de la suma adeudada al ejecutante, con el fin de saldar dicha obligaci\u00f3n, sin ser l\u00f3gico que alguien pague una cantidad de dinero considerable, sabiendo que no se ha dado cumplimiento a lo pactado (\u2026), lo cual para \u00e9l no era ajeno, como se extrae de las citadas pruebas\u00bb; luego destac\u00f3 que no se acredit\u00f3 que: <\/p>\n
el documento suscrito bajo el r\u00f3tulo de cesi\u00f3n que se aport\u00f3 al plenario, fuera por s\u00ed solo el convenio que dio origen a la obligaci\u00f3n y, por el contrario, la realidad que muestran los medios suasorios en el asunto, es que ello deviene del acuerdo celebrado en primer lugar entre el ejecutante y Gonzalo Caucali y, consecuentemente los realizados entre las partes y quienes comparecieron como testigos, en los cuales se hab\u00eda pactado para el actor, una retribuci\u00f3n ya fuera econ\u00f3mica o en dinero por su gesti\u00f3n; entonces, como la segunda no se dio, acorde con el poder general que ostentaba Juan Andr\u00e9s Romero, antes del fallecimiento de Gonzalo Caucali y los pactos ya se\u00f1alados, se gener\u00f3 la letra de cambio, aportada para el cobro. (\u2026) [y] menos a\u00fan se configura la alegada nulidad del citado documento por no cumplir con los requisitos del art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, (\u2026), porque como ya se dijo no se demostr\u00f3 que ese fuera el negocio causal que dio origen al t\u00edtulo valor que se presenta para el cobro y, adem\u00e1s porque no se configuran los requisitos de los art\u00edculos 1740 y 1741 de la ley sustantiva. <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n a las excepciones de cobro de lo no debido, pago parcial y compensaci\u00f3n, puntualiz\u00f3 que estaban llamadas al fracaso, en la medida que no se demostraron los desembolsos aludidos, en primer, lugar porque no constaban en el documento cambiario, tal como s\u00ed ocurri\u00f3 con otros rubros reconocidos, y en segunda medida, no solo, los pretendidos dineros no ingresaron al patrimonio del acreedor, como fue el pago de $20.000.000,oo con la entrega de un veh\u00edculo, sino adem\u00e1s con la suma de $30.000.000,oo que no guarda relaci\u00f3n con el citado negocio. <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos, se advierte, analiz\u00f3 en conjunto los medios de prueba recaudados que permitieron concluir, que contrario a lo sostenido por el aqu\u00ed actor, el negocio jur\u00eddico g\u00e9nesis del t\u00edtulo b\u00e1culo de la acci\u00f3n no era precisamente el tan mentado contrato de \u00abcesi\u00f3n de derechos\u00bb del que tambi\u00e9n se descart\u00f3 su nulidad, sino las convenciones anteriores en las que tambi\u00e9n particip\u00f3 el ejecutado, sin contar que existi\u00f3 una confesi\u00f3n mediante la cual reconoci\u00f3 la obligaci\u00f3n perseguida; en ese orden de ideas, se advierte que el actor incumpli\u00f3 el deber consagrado en el art. 167 del C.G. del P., en cuanto a las cargas probatorias que le correspond\u00edan para la demostraci\u00f3n de las excepciones enarboladas. <\/p>\n
De manera que, se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En consecuencia, se desestimar\u00e1 el resguardo reclamado <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Juan Andr\u00e9s Romero Calder\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15415-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15415-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03810-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la tutela que Juan Andr\u00e9s Romero Calder\u00f3n instaur\u00f3 contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68889","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68889","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68889"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68889\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68889"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68889"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68889"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}