STC15416-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15416-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 50001-22-14-000-2022-00222-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Dar\u00edo Caballero Reina contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, Bancolombia, Reintegra S.A.S. y Ricardo Hern\u00e1ndez Gerardo. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la igualdad, legalidad, debido proceso, propiedad privada, prevalencia del derecho sustantivo y acceso a una recta, pronta y cumplida justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes para resolver esta tutela: <\/p>\n
2.1. El 23 de mayo de 20022, Dar\u00edo Caballero Reina present\u00f3 solicitud de concordato en la que relacion\u00f3 como acreedores al Banco Conavi -hoy Bancolombia S.A.-, a Fernando Vel\u00e1squez C\u00e9spedes, William Vigoya Benavides y Nelson Mario Hu\u00e9rfano, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, que admiti\u00f3 la demanda el 7 de junio de 20023 y design\u00f3 la Junta Provisional de Acreedores y Contralor. <\/p>\n
2.2. El 4 de agosto de 20064 se llev\u00f3 a cabo audiencia final, en la cual se dispuso la apertura de la liquidaci\u00f3n obligatoria en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 150 y siguientes de la Ley 222 de 1999, se orden\u00f3 el embargo, secuestro y aval\u00fao de todos los bienes del deudor, se design\u00f3 secuestre y liquidador y se orden\u00f3 el emplazamiento de los acreedores del concordado, entre otros. <\/p>\n
2.3. Surtidos algunos tr\u00e1mites, con auto del 28 de julio de 20175, se acept\u00f3 la cesi\u00f3n de los derechos de cr\u00e9dito de Bancolombia S.A. a favor de Reintegra S.A.S., luego esta lo cedi\u00f3 a Ricardo Hern\u00e1ndez Gerardo, el Juzgado previo a dar curso a dicha cesi\u00f3n, con providencia del 2 de agosto de 20196 requiri\u00f3 a Reintegra para que acreditara la calidad en la que actuaba Maritza Sastoque Fragozo, como interviniente en dicha cesi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 15 de enero de 20207 el actor, presenta solicitud de control de legalidad, para que: (i) se determine el valor de dicha cesi\u00f3n al monto que fuera pagado por Ricardo Hern\u00e1ndez; (ii) se extinga la hipoteca que grava el predio identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 230-76759 y que garantiza el cr\u00e9dito cedido, en tanto, considera que existi\u00f3 un pago sin el consentimiento del concordado, dando lugar a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1631 del C\u00f3digo Civil; y (iii) se autorice, en consecuencia, el pago de la acreencia por parte del deudor. <\/p>\n
2.5. Con auto del 6 de noviembre en 20208, se acept\u00f3 la cesi\u00f3n realizada por Reintegra S.A. al se\u00f1or Hern\u00e1ndez Gerardo y no se acogieron las peticiones formuladas por el actor, quien interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n9; no obstante, el Juzgado censurado, con providencia del 17 de junio del presente a\u00f1o10, mantuvo la postura y neg\u00f3 por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Al respecto, el tutelante cuestion\u00f3 las decisiones del Juzgado accionado frente a sus solicitudes, por no atender la ley sustancial, art\u00edculo 1631 C\u00f3digo Civil, dado que: i) pas\u00f3 por alto \u00abel enga\u00f1o de Gerardo Ricardo Hern\u00e1ndez quien se abstuvo de aportar el contrato de cesi\u00f3n que refleje el monto de ese negocio\u00bb; ii) el cesionario no puede subrogarse los derechos del acreedor ni puede exigir el pago de los intereses de la suma pagada porque el art\u00edculo 1631 citado lo proh\u00edbe; iii) en relaci\u00f3n con la extinci\u00f3n de la hipoteca porque \u00abel juez de conocimiento no aborda con buen juicio jur\u00eddico su estudio, pese a que en la misma petici\u00f3n (se le dijo que) no es ajustado a derecho sostener la vigencia de esa hipoteca\u00bb con base en el inciso 2 del art\u00edculo 2457 ibidem; iv) no autoriz\u00f3 el pago con lo cual le neg\u00f3 la posibilidad cancelar dicha \u00abacreencia y salvar mi vivienda\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se ordene al Juzgado convocado que \u00abejerza el control de legalidad solicitado y atienda las peticiones que se le formularon de mi parte, porque es mi \u00e1nimo de pagar esa acreencia y salvar mi vivienda\u00bb, tambi\u00e9n que se compulsen copias a la Fiscal\u00eda por el presunto fraude cometido con el ocultamiento de valor de la cesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio respald\u00f3 la legalidad de sus actuaciones, dado que las peticiones del actor fueron resueltas mediante prove\u00eddo del 17 de junio de 2022, decisi\u00f3n en la cual expuso \u00ablos argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, sin advertir vulneraci\u00f3n alguna frente a los derechos del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Gerardo Ricardo Hern\u00e1ndez se opuso a las pretensiones del accionante, resaltando que este ha venido adelantando diferentes procesos sobre el inmueble involucrado en el juicio concursal, de pertenencia y divisorio en otros despachos, lo que demuestra la \u00abmala fe (\u2026) al solicitar que se resuelvan peticiones que han sido definidas por el juez de conocimiento desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3. El municipio de Villavicencio, Bancolombia S.A., Reintegra S.A.S y la DIAN solicitaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que en los autos del 6 de noviembre de 2020 y el 17 de junio de 2022, el operador judicial cognoscente explic\u00f3 las razones por las cuales en el caso no eran aplicables los art\u00edculos 1631 y 1971 del C\u00f3digo Civil, haciendo la distinci\u00f3n entre cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos y pago de la obligaci\u00f3n sin el consentimiento del deudor; adem\u00e1s, aclar\u00f3 que lo celebrado fue una cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos entre Reintegra S.A.S. (cedente) y Gerardo Ricardo Hern\u00e1ndez (cesionario), m\u00e1s no una cesi\u00f3n de derechos litigiosos ni un pago de la obligaci\u00f3n por parte de un tercero, de modo que lo resuelto no fue caprichoso ni arbitrario. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito genitor y manifest\u00f3 que por la naturaleza del proceso de concordato \u00abno permite controvertir dentro de su tr\u00e1mite ning\u00fan derecho litigioso\u00bb, por cuanto a \u00e9l \u00absolo pueden llegar CR\u00c9DITOS para ser satisfechos en su pago\u00bb y que no se trata de que se hayan resuelto sus peticiones al interior del proceso, sino de que \u00abla soluci\u00f3n al conflicto suscitado sea arm\u00f3nico con las garant\u00edas del debido proceso y la confianza leg\u00edtima que se han desconocido por raz\u00f3n de la llamada MORA JUDICIAL\u00bb cuyas consecuencias, est\u00e1n \u00abpropiciando un enriquecimiento sin causa, il\u00edcito o injusto\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con el auto del 17 de junio de 2022, por cuanto el juzgado accionado no ejerci\u00f3, en debida forma, el control de legalidad solicitado ni atendi\u00f3 sus peticiones, referentes a: (i) que se determinara el valor de la cesi\u00f3n reconocida a Gerardo Ricardo Hern\u00e1ndez; (ii) se extinguiera la hipoteca del inmueble con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 230-76759 que garantiza el cr\u00e9dito cedido; y (iii) se autorizara el pago de la acreencia por parte del deudor. <\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n cuestionada y, en particular, el auto del 17 de junio de la presente anualidad, se observa que la autoridad competente, al desatar el recurso de reposici\u00f3n promovido contra la decisi\u00f3n del 6 de noviembre de 2020, advirti\u00f3 que \u00ablo ocurrido en el asunto correspond\u00eda a la figura de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito y no a la de pago sin el consentimiento del deudor\u00bb, de manera que no le asist\u00eda raz\u00f3n al promotor frente a sus peticiones; ello por cuanto en la cesi\u00f3n realizada entre Bancolombia S.A., Reintegra S.A.S. y Gerardo Ricardo Hern\u00e1ndez \u00abNo se indic\u00f3 que los cesionarios hubieren pagado al acreedor la obligaci\u00f3n cobrada con el \u00e1nimo de extinguir la prestaci\u00f3n, para de ser el caso, accionar mediante un reembolso o como subrogatarios\u00bb. <\/p>\n
En desarrollo de tal argumento, cit\u00f3 el art\u00edculo 666 del C\u00f3digo Civil, para destacar que el derecho de cr\u00e9dito o personal es susceptible de cesi\u00f3n, bien a t\u00edtulo oneroso o gratuito, ya que \u00abde esta forma lo se\u00f1ala el art\u00edculo 1959 de la mencionada codificaci\u00f3n; por lo que la persona que funge como cesionario entra a ocupar el lugar del cedente en el v\u00ednculo obligacional, de modo que se le entrega la posibilidad de exigir ese derecho de cr\u00e9dito al deudor\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que siendo el deudor un tercero en la relaci\u00f3n jur\u00eddica negocial de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito este \u00abdenominado cedido [\u2026] tendr\u00e1 que cumplir la obligaci\u00f3n correlativa frente a un tercero [y] no tiene derecho a oponerse, pues esta figura no cambia su situaci\u00f3n frente al cr\u00e9dito, ya que la misma es un acto inherente a todo propietario, cual es el de disponer de las cosas de su dominio\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el pago inherente a la cesi\u00f3n, el cual, seg\u00fan el actor, se realiz\u00f3 sin su consentimiento, de modo que \u00fanicamente le podr\u00edan cobrar lo pagado por el cesionario, el despacho arguy\u00f3 que dicha conclusi\u00f3n \u00abresulta alejada de los preceptos establecidos que rigen la materia tanto de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito, como de la figura del pago \u2013 modo de extinguir las obligaciones\u00bb. En sustento, cit\u00f3 doctrina relacionada con los art\u00edculos 1626 y 1631 del C\u00f3digo Civil y determin\u00f3 que: <\/p>\n
[\u2026] no puede el peticionario confundir la disposici\u00f3n que tiene su acreedor hipotecario (BANCOLOMBIA S.A.\/cedente) de transferir el cr\u00e9dito del cual es titular a otro quien pasa a ocupar el lugar de \u00e9l (CESIONARIO), con la extinci\u00f3n de su obligaci\u00f3n por parte de un tercero, y las acciones que tiene ese tercero para recobrar la misma. <\/p>\n
Ahora en punto a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1971 del C\u00f3digo Civil, el cual establece: \u201cEl deudor no ser\u00e1 obligado a pagar al cesionario sino el valor de lo que \u00e9ste haya dado por el derecho cedido, con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesi\u00f3n al deudor (\u2026)\u201d, as\u00ed como el art. 1672 que se\u00f1ala que tal mecanismo no podr\u00e1 oponerse al cesionario \u201cdespu\u00e9s de transcurridos nueve d\u00edas de la notificaci\u00f3n del decreto en que se manda ejecutar la sentencia\u201d debe advertir el despacho que al tratarse de una cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito no es posible dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n del deudor. <\/p>\n
Seguidamente, se refiri\u00f3 a la sentencia CSJ STC1414-2019, en la cual se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Aunado a lo anterior, valga la pena precisar que en relaci\u00f3n con el reclamo del accionante atinente a que en las cesiones de los cr\u00e9ditos se fijara el valor de lo pagado para que se le diera aplicaci\u00f3n al derecho de retracto, esta Corporaci\u00f3n ha encontrado razonable la actuaci\u00f3n de las autoridades judiciales que han sostenido que ese derecho no se aplica en la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos, sino en la cesi\u00f3n de derechos litigioso, que no es el caso que nos ocupa. <\/p>\n
En efecto, la Corte ha se\u00f1alado lo siguiente:\u2026 <\/p>\n
Y, de otro, que el beneficio de retracto no aplica para la figura de la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos sino para la de derechos litigiosos, por lo que el peticionario no est\u00e1 obligado a pagar la deuda y, por ende, reclamar su liquidaci\u00f3n, meramente sobre la base en que se erigieron tales negociaciones en el sub examine, (\u2026) (CSJ, STC2469, 23 feb. 2017, rad. n.\u00b0 2017-00296-00) (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
Con base en ello, concluy\u00f3 que no cabe duda de la improcedencia de aplicar el art\u00edculo 1971 del C\u00f3digo Civil a la cesi\u00f3n realizada en el tr\u00e1mite \u00aby por ende del requerimiento que reclama el deudor para obtener que se le especifique cu\u00e1l fue el valor pagado por la cesi\u00f3n, a efectos de proceder a cancelar la acreencia\u00bb, manteniendo, en consecuencia, la decisi\u00f3n recurrida, a m\u00e1s de negar, por improcedente, el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en dicho proceso y de la normatividad que regula el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Se evidencia, entonces, una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el actor, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, no habr\u00e1 lugar a acceder a la solicitud del accionante, relacionada con la compulsa de copias para que se investigue el presunto fraude cometido con el ocultamiento del valor de la cesi\u00f3n, pues el criterio de esta Corte ha sido – de tiempo atr\u00e1s- que <\/p>\n
si el interesado estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2019 (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01), (Reiterada en CSJ STC6149-2022, 19 may. 2022, rad. 00078-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido, se impone confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fernando Vel\u00e1squez C\u00e9spedes, William Vigoya Benavides y Nelson Mario Hu\u00e9rfano <\/p>\n
2\u0002 Cuaderno Principal 1. Pdf. Folios 1 al 498CUADERNO PRINCIPAL 1 PROCESO 2002 0024500. Folios 2 al 60. Expediente digital remitido. <\/p>\n
3\u0002 Cuaderno Tribunal Superior. Pdf. FOLIOS 1 AL 56 CUADERNO TRIBUNAL SUPERIOR PROCESO 2002 00245 00. Folios 8 al 10. Expediente digital remitido. <\/p>\n
4\u0002 Cuaderno Principal 1. Pdf. Folios 1 al 498CUADERNO PRINCIPAL 1 PROCESO 2002 0024500. Folios 374 al 377. Expediente digital remitido. <\/p>\n
5\u0002 Cuaderno Principal 1.1. Pdf. FOLIOS 499 AL 631CUADERNO PRINCIPAL. Folios. 77-78. Expediente digital remitido. <\/p>\n
6\u0002 Cuaderno Principal 1.1. Pdf. FOLIOS 499 AL 631CUADERNO PRINCIPAL. Folios. 98-99. Expediente digital remitido. <\/p>\n
7\u0002 CUADERNO PRINCIPAL 1.1. Pdf FOLIOS 499 AL 631 CUADERNO PRINCIPAL 1.1. Folios 148 a 150. Expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 CUADERNO PRINCIPAL 1.1. Pdf 3. AUTO RESUELVE VARIOS. Expediente digital <\/p>\n
9\u0002 CUADERNO PRINCIPAL 1.1. Pdf 5.1. MEMORIAL. Expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 CUADERNO PRINCIPAL 1.1. Pdf 22. 2002 00245 00 AutoResuelveRecursoYOtros. Expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15416-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC15416-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 50001-22-14-000-2022-00222-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68890","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68890"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68890\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}