STC15419-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15419-2022 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de octubre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que \u00d3scar Jairo Prieto D\u00edaz instaur\u00f3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 98-70058. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb y a los principios de \u00abconfianza leg\u00edtima, seguridad jur\u00eddica y buena fe\u00bb, para que se ordenara a la entidad querellada \u00abdejar sin efecto las resoluciones Nos. 10840 de 1999 y 3507 del 2001\u00bb y, en consecuencia, \u00abcesar los cobros ejecutivos coactivos, que soportan las anteriores resoluciones\u00bb. <\/p>\n
En compendio, asever\u00f3 que cuando fue propietario de la empresa \u201cMuebles Andry\u201d, la Superintendencia de Industria y Comercio lo exhort\u00f3 para que \u00abd[iera] cumplimiento a una garant\u00eda de unos cojines decorativos, de acuerdo a lo solicitado por un cliente del almac\u00e9n\u00bb, lo cual acat\u00f3; no obstante, \u00abla SIC empez\u00f3 el proceso en contra de Muebles Andry, enviando requerimientos que (\u2026) no sab\u00eda que exist\u00edan\u00bb, ya que \u00abel almac\u00e9n (\u2026) ya no estaba en el predio\u00bb, adem\u00e1s la compa\u00f1\u00eda estuvo vigente hasta el a\u00f1o 2011, cuya matr\u00edcula se cancel\u00f3 en el 2014. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que se enter\u00f3 de tal procedimiento por embargo a \u00absu cuenta corriente de Bancolombia\u00bb, sin que dicha autoridad lo contactara \u00aba trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico\u00bb; y se quej\u00f3 de que despu\u00e9s de 24 a\u00f1os se expidiera \u00abla notificaci\u00f3n del Bolet\u00edn de Deudores Morosos del Estado, con las obligaciones N\u00fameros: 3507 del 2001 con multa de $10.264. 501.oo m\u00e1s intereses para un total de $33.448. 110.oo y 10840 de 1999 con multa de $2.364. 600.oo m\u00e1s intereses para un total de $8.462. 195.oo.\u00bb (10 may. 2022). <\/p>\n
Sostuvo que la Superintendencia desestim\u00f3 el escrito que denomin\u00f3 \u00abExcepciones contra el expediente coactivo NO. 01-064952\u00bb, en el que pidi\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de cobro y p\u00e9rdida de fuerza ejecutoria de los autos en cuesti\u00f3n, y \u00ablo conmin\u00f3 a pagar\u00bb (29 ag. 2022). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, las directivas recriminadas se encuentran afectadas por las figuras de \u00abla p\u00e9rdida de fuerza ejecutoria\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb, en atenci\u00f3n a que \u00abdesde la fecha en que finaliz\u00f3 el plazo de pago voluntario y no constando a esta parte ninguna actuaci\u00f3n administrativa que haya concurrido en interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, y que no se [le] ha practicado en debida forma la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago de cobro coactivo\u00bb. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso al amparo, porque i) \u00abNo se han agotado todos los medios de defensa judicial, [ya que] el accionante (\u2026) pod\u00eda y puede todav\u00eda acudir al juez administrativo para interponer una acci\u00f3n de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, reparaci\u00f3n directa o el medio de control que considere pertinente\u00bb; ii) \u00abNo es procedente aplicar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de cobro solicitada por el tutelante, tampoco la p\u00e9rdida de fuerza ejecutoria, por cuanto, se han adelantado las acciones tendientes al cobro de la obligaci\u00f3n desde que el acto sancionatorio qued\u00f3 en firme y dentro del t\u00e9rmino de cinco (5) a\u00f1os que se\u00f1ala la norma\u00bb y, iii) \u00abRespecto de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de cobro, la Oficina Asesora Jur\u00eddica de esa entidad, a trav\u00e9s del concepto No. 18-77089 del 28 de [agosto] de 2018, (\u2026) defini\u00f3 la no aplicaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n en los procesos de cobro coactivo adelantados por el Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la salvaguarda porque \u00abno se cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb, toda vez que \u00ablas Resoluciones acusadas por el promotor, se profirieron el 16 de junio de 1999 y el primero de febrero del 2001, es decir hace m\u00e1s de 24 a\u00f1os, circunstancia que pone en evidencia que ha transcurrido un tiempo desproporcionado para recurrir a la tutela, sin que el actor hubiere justificado la demora para interponer la acci\u00f3n de tutela\u00bb, aunado a que \u00ablos actos administrativos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio encaminados a seguir con la ejecuci\u00f3n de las obligaciones contenidas en las Resoluciones 10840 de 1999 y 3507 del 2001, no fueron cuestionados por el actor constitucional, circunstancia que evidencia que no agot\u00f3 los mecanismos ordinarios id\u00f3neos para tal fin, dentro del tr\u00e1mite administrativo o agotado aqu\u00e9l, a trav\u00e9s de los medios de control contencioso administrativos\u00bb. <\/p>\n
2.- El precursor apel\u00f3 iterando lo alegado en el pliego genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se advierte el fracaso del resguardo y la consiguiente convalidaci\u00f3n de lo confutado, porque se inobserv\u00f3, sin excusa valida, los presupuestos de la inmediatez y subsidiariedad que imperan en esta sui generis justicia. <\/p>\n
1.1.- Esto es as\u00ed, en virtud a que \u00d3scar Jairo tuvo conocimiento de la \u00abresoluci\u00f3n No. 3507 del 2001, (\u2026) por el embargo que le hicieron a su cuenta corriente de Bancolombia\u00bb desde el 3 de febrero de 2017, conforme se evidencia en el infolio aportado por el organismo convocado, seg\u00fan el \u201cformato de atenci\u00f3n al p\u00fablico de la Superintendencia de Industria y Comercio\u201d en el cual indic\u00f3 que \u00abconoci\u00f3 del proceso por el embargo\u00bb (Fl. 120); tanto as\u00ed que mediante apoderado, el 10 de octubre posterior, suplic\u00f3 \u00abel decaimiento del acto administrativo o la p\u00e9rdida de ejecutoriedad del mismo\u00bb. <\/p>\n
De manera que entre la fecha de \u00abenteramiento\u00bb de las resoluciones reprochadas (3 feb. 2017) y la proposici\u00f3n del medio tuitivo (18 oct. 2022), transcurrieron cinco (5) a\u00f1os, ocho (8) meses y quince (15) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el socorro. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021 y en la STC1919-2022). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si el querellante se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al ente denunciado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
1.3.- Sumado a lo anterior, si a juicio del promotor con los prove\u00eddos adoptados el ente demandado incurri\u00f3 en \u00abvulneraci\u00f3n de su derecho al debido proceso y a los principios de confianza leg\u00edtima, seguridad jur\u00eddica y buena fe\u00bb, previo a acudir a esta v\u00eda, debi\u00f3 agotar el instrumento ordinario estatuido por el legislador, que para el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que, en suma, le brinda la posibilidad de atacar las decisiones, mediante la figura de nulidad y restablecimiento del derecho, escenario en el que, si lo cree pertinente, puede requerir medidas cautelares, conforme lo instituye el canon 230 \u00eddem, sin que exista plena certeza si Prieto D\u00edaz hizo uso del mismo, ya que en el libelo no hace referencia a ese punto, incumpli\u00e9ndose as\u00ed, con el \u00abel presupuesto de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
Esta Colegiatura del particular ha puntualizado que, <\/p>\n
Sin perjuicio de lo expuesto, ha de se\u00f1alarse que los actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama\u201d (CSJ STC, 25 Abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020, STC133-2021 y STC11174-2022). <\/p>\n
As\u00ed mismo, que, <\/p>\n
[L]as inconformidades contra actos administrativos (\u2026), por regla general, no son susceptibles de debate a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pues, para ello concierne al afectado acudir a la jurisdicci\u00f3n competente y a trav\u00e9s del procedimiento legalmente establecido para el efecto (\u2026) habida cuenta que la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa es el escenario natural de dicha controversia (\u2026), el proceso contencioso administrativo\u00bb s\u00ed es id\u00f3neo y eficaz para hacer frente a ese escrutinio, ya que all\u00ed es viable instar el decreto de las medidas cautelares, entre ellas la \u2018suspensi\u00f3n del acto administrativo\u2019 en cuesti\u00f3n acorde con lo estatuido en el precepto 231 de la Ley 1437 de 2011; ello a fin de neutralizar temporalmente sus efectos y as\u00ed conjurar el \u00abperjuicio irremediable\u00bb que de \u00e9l pudiere derivar\u201d (STC3327-2019, reiterada el 07 abr. 2021, STC3576-2021 y STC11174-2022). <\/p>\n
2.- Lo consignado, conlleva la refrendaci\u00f3n del veredicto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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