STC15421-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15421-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00376-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 24 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elizabeth Mendieta Velasco e Inversiones La Colina de Cajamarca S.A.S. contra el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 2022-00032. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre \u00abcomo c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y albacea con tenencia de bienes y como representante legal de la sociedad Inversiones La Colina de Cajamarca SAS\u00bb, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 8 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 abierto y radicado el proceso de sucesi\u00f3n de su esposo H\u00e9ctor Alfonso R\u00e1tiva, \u00abdonde se dispuso, entre otras cosas: a) Inf\u00f3rmese de lo pertinente a la DIAN (art. 488 E.T.), de acuerdo al inventario aportado con la demanda y aval\u00fao por la suma de $1.678\u00b4257.144,00. OFICIESE; b) Por la Secretar\u00eda del juzgado incl\u00fayase este asunto en el Registro Nacional de Apertura de Procesos de Sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmediante auto del 29 de marzo de 2022 el juzgado decret\u00f3, entre otros, el embargo de las acciones que tiene el causante H\u00e9ctor Alfonso R\u00e1tiva en la empresa INVERSIONES LA COLINA DE CAJAMARCA SAS (\u2026), equivalentes al 49.27% y de los dineros que llegare a tener el causante (\u2026) en [entidades bancarias]. Y que una vez se acreditara la inscripci\u00f3n de los embargos de los bienes sujetos a registro, se proceder\u00eda con su secuestro de acuerdo a lo previsto en el art. 601 CGP\u00bb. No obstante, con \u00abauto del 17 de mayo de 2022 (\u2026) revoca la medida de embargo y en su lugar dispone \u00fanicamente el secuestro de un inmueble y un veh\u00edculo designando para el efecto a VALENZUELA GAIT\u00c1N ASOCIADOS. Igualmente ordena el secuestro de las acciones del causante (\u2026) y atendiendo nuestro ordenamiento legal dispone comunicar la medida al gerente, administrador o quien haga sus veces para que tome nota de esta medida (\u2026). De tal manera que, a partir del auto del 17 de mayo de 2022, se debi\u00f3 expedir el oficio de desembargo de las cuentas [bancarias]\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 23 de mayo de 2022 se solicit\u00f3 al se\u00f1or juez accionado aceptar cauci\u00f3n para levantar medidas cautelares acorde con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 602 del C.G. del P. Han transcurrido casi cinco (5) meses sin que el juez se pronuncie (\u2026), donde lo \u00fanico que se produce es la pronta y cumplida emisi\u00f3n de oficios de embargo y de secuestro a favor de una heredera reconocida, violando los derechos fundamentales de la suscrita c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y albacea con tenencia de bienes\u00bb. <\/p>\n
Que, \u00aben auto del 4 de agosto [de 2022] ordena la elaboraci\u00f3n de oficios que ya hab\u00eda ordenado anteriormente, dilatando el proceso en forma injustificada (\u2026). Secretar\u00eda elabora algunos oficios de desembargo, pero no el de las cuentas del se\u00f1or H\u00e9ctor Alfonso R\u00e1tiva [y aunque la solicitud elevada por su apoderado se dirig\u00eda al secretario, este] entra el proceso al despacho y el se\u00f1or juez expide el auto de 30 de agosto de 2022, donde por tercera vez le ordena a Secretar\u00eda la expedici\u00f3n del oficio\u00bb. Tambi\u00e9n en esa misma data, el accionado neg\u00f3 la fijaci\u00f3n de fecha para presentar inventarios, aduciendo que \u00aba\u00fan no se ha cumplido a cabalidad lo ordenado en el auto de apertura\u00bb, afectando con ello las prerrogativas \u00abal acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso sin dilaciones injustificadas [pues], llevamos m\u00e1s de siete (7) meses esperando una actuaci\u00f3n para seguir el siguiente paso de se\u00f1alar fecha para diligencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb. <\/p>\n
Que pese a la verificaci\u00f3n del embargo de las referidas acciones \u00abnominativas\u00bb como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 593-6 del estatuto adjetivo, se libr\u00f3 oficio refiriendo su \u00absecuestro [y] de manera oficiosa el se\u00f1or secretario nombra como secuestre de acciones a Valenzuela Gait\u00e1n SAS, cuando en el auto del 17 de mayo de 2022, dicha sociedad solo hab\u00eda sido nombrada como secuestre de un inmueble y un veh\u00edculo\u00bb, aspectos estos sobre los cuales \u00absolicit\u00e9 adoptar las medidas del caso\u00bb, pero \u00abnunca el se\u00f1or juez ni el secretario se pronunciaron sobre mi respuesta e inquietudes\u00bb. <\/p>\n
Que en relaci\u00f3n con \u00ablas acciones en cabeza del causante en las empresas Inversiones La Colina de Cajamarca SAS y de la sociedad comercial de Transportistas del Tolima Ltda. SOTRATOLIMA\u00bb, mediante auto del \u00ab26 de septiembre de 2022\u00bb el accionado dispuso practicar la diligencia de secuestro a trav\u00e9s de comisionado, pese a que tales acciones son \u00abun activo intangible\u00bb, y a que el \u00abJuez Promiscuo Municipal de Cajamarca\u00bb carece de \u00abcompetencia territorial [porque] SOTRATOLIMA (\u2026) tiene su domicilio en Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al despacho enjuiciado que, \u00abexpida el oficio con destino a la DIAN, informando la apertura del proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or H\u00e9ctor Alfonso R\u00e1tiva; realice la inclusi\u00f3n (\u2026) en el registro nacional de apertura de procesos de sucesi\u00f3n; se\u00f1ale fecha para la audiencia de inventarios y aval\u00faos, sin condicionarla a una respuesta de la DIAN\u00bb; \u00abse pronuncie sobre la respuesta que diera la suscrita representante legal de Inversiones La Colina de Cajamarca SAS, al oficio 823 del 9 de junio de 2022 que comunicaba el secuestro de acciones [y se abstenga de] decretar el secuestro f\u00edsico en la sede de la sociedad\u00bb; as\u00ed mismo, que el accionado \u00abaclare\u00bb que la medida de secuestro recae sobre \u00ablas acciones [del causante] en la sociedad Inversiones de La Colina de Cajamarca SAS y no la empresa ni ning\u00fan otro bien, [y] corrija el auto y el comisorio que ordena el secuestro (\u2026), pues el Juez Promiscuo de Cajamarca no es competente para realzar [esa] actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, se opuso a lo pretendido al precisar que en lo relacionado con la fijaci\u00f3n de fecha para presentar inventarios, ello no se ha dado porque \u00abno solo se debe comunicar a la DIAN la existencia del proceso sino que tambi\u00e9n se debe garantizar el t\u00e9rmino establecido por la ley para que dicha entidad se haga parte en el proceso, con el fin de hacer valer las acreencias que resulten a su favor a voces de los arts. 844 E.T. y 491 inciso 1 CGP, al igual que el emplazamiento y la inclusi\u00f3n del proceso en el Registro Nacional de Emplazados (\u2026), actuaciones secretariales [que] se cumplieron el 14 de los cursantes\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a \u00abla comunicaci\u00f3n de desembargo de [productos bancarios en cabeza del causante, se atendi\u00f3] mediante oficio No. 1692 del d\u00eda de hoy [18 de octubre de 2022]\u00bb, y \u00abla petici\u00f3n del 23 de mayo pasado [sobre] levantamiento de medidas cautelares ofreciendo cauci\u00f3n, (\u2026) fue resuelta por auto del 14 de los corrientes\u00bb. Por \u00faltimo, respecto \u00aba la respuesta recibida del Oficio No. 732 de 16\/05\/2022 que comunic\u00f3 embargo de acciones del causante a la empresa Inversiones La Colina de Cajamarca S.A.S., se pronunci\u00f3 mediante el citado auto, precisando que en esta clase de procesos el derecho de postulaci\u00f3n debe ejercerlo por medio de abogado inscrito (Art. 73 CGP)\u00bb. <\/p>\n
2. Elizabeth Mendieta Velasco, en las calidades ya se\u00f1aladas, asegur\u00f3 que \u00abel pasado viernes 14 de octubre, el juzgado accionado surti\u00f3 las actuaciones procesales que no se hab\u00edan adelantado hasta ese momento, a saber: 1. Emiti\u00f3 y radic\u00f3 A LAS 2:52 P.M. el oficio con destino a la DIAN; 2. Realiz\u00f3 la inscripci\u00f3n del proceso en el Registro Nacional de Apertura de Procesos de Sucesi\u00f3n; 3. Se pronunci\u00f3 sobre la solicitud de cauci\u00f3n para levantamiento de medidas cautelares, y, 4. Elabor\u00f3 el oficio de desembargo de cuentas del causante\u00bb, frente a lo cual \u00abestar\u00edamos ante un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
Empero, afirm\u00f3 que \u00abno ha habido pronunciamiento\u00bb sobre: \u00ab1. Supeditar la fecha de diligencia de inventarios y aval\u00faos a la respuesta de la DIAN (\u2026); 2. (\u2026) mi respuesta al oficio de secuestro 823 del 9 de junio de 2022 [pues] me solicita derecho de postulaci\u00f3n [siendo que] la sociedad Inversiones La Colina de Cajamarca SAS no es parte del proceso (\u2026); 3. No corrigieron oficio 1597 del 6 de octubre de 2022 en cuanto comunica (\u2026) el secuestro de la empresa que represento (\u2026); 4. No se han pronunciado sobre la manifiesta ilegalidad de la comisi\u00f3n para el secuestro de acciones nominales ordinarias como activos intangibles (\u2026). 5. No se ha pronunciado sobre la ilegalidad de comisionar al Juez Promiscuo de Cajamarca para secuestrar acciones de [la sociedad SOTRATOLIMA] con domicilio en Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al advertir que seg\u00fan las actuaciones surtidas en el proceso, no se evidencia la \u00abmora judicial\u00bb enrostrada al despacho acusado, porque adem\u00e1s de la actuaci\u00f3n previamente surtida en el proceso, \u00abcon la expedici\u00f3n del auto de 13 de octubre de 2022 se dio tr\u00e1mite a las solicitudes que echa de menos la accionante, esto es, no se acept\u00f3 la cauci\u00f3n presentada por aquella para evitar la diligencia de secuestro, se subieron las diligencias 2022-00032-00 al registro nacional de procesos de sucesi\u00f3n, se libr\u00f3 oficio a la DIAN comunicando la apertura del proceso liquidatorio y se elabor\u00f3 y entreg\u00f3 a la actora el oficio de desembargo pedido\u00bb, por lo que \u00abse configura un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, dijo que sobre \u00ablas dem\u00e1s peticiones que se solicitan a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n estas no fueron presentadas por la accionante en el juicio de sucesi\u00f3n (\u2026) sino por la representante legal de Inversiones la Colina de Cajamarca S.A.S., sociedad que como se anticip\u00f3 no interviene en ninguna calidad en esas diligencias, raz\u00f3n por la cual respecto de aquellas no se har\u00e1 pronunciamiento alguno, debiendo esa entidad estarse a lo resuelto en prove\u00eddo de 13 de octubre de esta anualidad\u00bb. Ahora, \u00aben cuanto a las peticiones presentadas por la tutelante el 18 de octubre de 2022, por ahora la tutela se torna prematura por cuanto solo han transcurrido tres d\u00edas desde su radicaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose en t\u00e9rminos el juzgado accionado para emitir la decisi\u00f3n que corresponda. Igualmente, debe resaltarse que contra el prove\u00eddo que no acept\u00f3 la cauci\u00f3n para evitar la diligencia de secuestro, la se\u00f1ora Elizabeth Mendieta Velasco no ha interpuesto recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para precisar que no se han atendido las pretensiones elevadas por la sociedad comercial que representa, porque \u00absin ser parte [en el proceso de sucesi\u00f3n] aparece el se\u00f1or secretario comunicando mediante oficio 1597 del 6 de octubre del secuestro de la empresa que represento, Inversiones La Colina de Cajamarca SAS, medida que no se ha decretado [afectando] nuestro buen nombre [y] el derecho fundamental al debido proceso\u00bb. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que \u00abcuando [como gerente de la referida empresa] solicito que se me aclare la medida [sobre un secuestro de acciones] me solicitan DERECHO DE POSTULACI\u00d3N, lo que resulta violatorio de un debido proceso porque mi obligaci\u00f3n como gerente es dar una respuesta que se me solicita so pena de sanciones\u00bb, pues ello ser\u00eda comparable con exigir a \u00abBancos, Registro y en general a quien se comunique alguna medida, [que] deben hacerlo a trav\u00e9s de abogado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, porque: (i) ha incurrido en mora judicial en el tr\u00e1mite del juicio sucesorio radicado bajo el n\u00b0 2022-00032, y (ii) en relaci\u00f3n con las medidas cautelas decretadas en dicho juicio sobre derechos de cuota, en cabeza del causante, respecto de sociedades comerciales \u2013en particular Inversiones la Colina de Cajamarca S.A.S.-, no ha aclarado ni corregido las comunicaciones libradas para la ejecuci\u00f3n de las mismas. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las respectivas piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, porque: (i) respecto a la dilaci\u00f3n procesal injustificada que se enrostra al juzgado al interior del juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 2022-00032, se configura una carencia actual de objeto por hecho superado; y (ii) en cuanto a los reparos que presenta como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y representante legal de Inversiones La Colina de Cajamarca S.A.S., acerca de la ejecuci\u00f3n de las medidas cautelares decretadas en dicho liquidatorio, la acci\u00f3n desatiende el requisito de la subsidiariedad, como adelante se explicar\u00e1. <\/p>\n
3.1. Del hecho superado. <\/p>\n
Conforme se anunci\u00f3, se predica frente a la supuesta mora judicial que la actora endilga al encartado, porque revisado el expediente que contiene el sucesorio del causante H\u00e9ctor Alfonso R\u00e1tiva, se establece que tras declararse abierto y radicado el 8 de marzo de 2022, se suscitaron reparos v\u00eda aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y recursos, dirigidos contra ese auto y el proferido el 29 del mismo mes y a\u00f1o, principalmente sobre el decreto de medidas cautelares, habida cuenta el desacuerdo suscitado entre la ac\u00e1 quejosa, en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y albacea con tenencia de bienes, y la heredera Elcy R\u00e1tiva Villada. <\/p>\n
En particular, sobre los reproches por no haberse convocado a\u00fan a la audiencia de inventarios y aval\u00faos, la Sala advierte que para tal evento, ciertamente deb\u00eda acreditarse el cumplimiento de lo ordenado en el auto que declar\u00f3 abierto y radicado el juicio sucesorio (art\u00edculos 490 a 492 y 501 del C\u00f3digo General del Proceso), esto es, \u00abinformar a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales\u00bb, lo cual es concordante con el canon 844 del Estatuto Tributario, y convocar a los interesados personalmente o mediante emplazamiento y efectuar la publicaci\u00f3n en el \u00abregistro nacional de apertura de procesos de sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Entonces, sin perjuicio de los factores que dieron lugar a la alegada \u00abtardanza\u00bb en llevar a la pr\u00e1ctica dichas gestiones, lo cierto es que \u2013como lo reconoci\u00f3 la quejosa-, el 14 de octubre de 2022 el juzgado \u00abemiti\u00f3 y radic\u00f3 a las 2:52 p.m., el oficio con destino a la DIAN; realiz\u00f3 la inscripci\u00f3n del proceso en el registro nacional de apertura de procesos de sucesi\u00f3n\u00bb, abriendo con ello paso a la diligencia de inventarios y dem\u00e1s etapas propias del liquidatorio. Del mismo modo, en esa misma oportunidad, el querellado dio impulso a otras peticiones elevadas por su mandatario judicial, pues \u00abse pronunci\u00f3 sobre la solicitud de cauci\u00f3n para levantamiento de medidas cautelares [y] elabor\u00f3 el oficio de desembargo de cuentas [bancarias] del [causante]\u00bb. <\/p>\n
Significa lo anterior que como las actuaciones en comento corresponden a las que la demandante ech\u00f3 de menos al momento de incoar la tutela el 13 de octubre de 2022 -notificada al funcionario judicial en la misma data-, y estas se surtieron \u00abestando en curso la tutela\u00bb como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, la salvaguarda, en lo que ata\u00f1e a tal censura, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por configurar una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Sobre dicha figura jur\u00eddica, la jurisprudencia constitucional ha sostenido: \u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situaci\u00f3n de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Lo cual implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y hace improcedente la acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb (CC T-519\/92). <\/p>\n
Del mismo modo ha reiterado que el hecho superado da lugar a la sustracci\u00f3n de materia del ruego tuitivo, si \u00abentre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, que se torna inane cualquier pronunciamiento para corregir el desafuero que motiv\u00f3 la invocaci\u00f3n del mecanismo excepcional. <\/p>\n
En similar sentido esta Sala ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada entre otras en STC14432-2022, 26 oct., rad. 01290-00). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Este impedimento gen\u00e9rico de procedibilidad, en la modalidad de prematura, se evidencia en este caso de cara a los \u00abyerros\u00bb o \u00abirregularidades\u00bb que, seg\u00fan la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y representante legal de la empresa Inversiones La Colina de Cajamarca S.A.S., emergen de las \u00f3rdenes y comunicaciones emanadas del juzgado sobre la medida cautelar de \u00absecuestro\u00bb de bienes relictos del causante. <\/p>\n
Para soportar lo anterior es necesario abordar el prove\u00eddo dictado por la autoridad judicial acusada el 17 de mayo de 2022, mediante el cual desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la ac\u00e1 querellante contra el auto del 29 de marzo de la misma anualidad, en el que se hab\u00edan decretado las cautelas deprecadas por la heredera Elcy Yaneth R\u00e1tiva Villada. All\u00ed, en lo pertinente el juzgado resolvi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Revocar parcialmente el auto de fecha marzo 29 del a\u00f1o en curso, en lo que se relaciona con la medida cautelar de embargo decretada sobre los bienes en cabeza del causante all\u00ed relacionados, excepto el del literal e), que se corresponden a bienes en cabeza de la c\u00f3nyuge sobreviviente. Por haber prosperado el recurso de reposici\u00f3n no se hace pronunciamiento alguno sobre la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: En atenci\u00f3n a la solicitud de la medida cautelar presentada por el apoderado de la \u00fanica heredera reconocida en el presente asunto, SE DECRETA EL SECUESTRO de los siguientes bienes a) y b), designando como secuestre de la lista de auxiliares de la justicia a VALENZUELA GAITAN ASOCIADOS y se comisiona para el efecto al se\u00f1or Juez Civil Municipal Reparto de esta ciudad, para lo cual se librar\u00e1 el despacho comisorio respectivo con los anexos e informaci\u00f3n correspondiente: <\/p>\n
a.- Del inmueble con M.I. No. 350-99924 (\u2026). <\/p>\n
b.- Del veh\u00edculo de placas WWA-524 (\u2026). <\/p>\n
c.- De las acciones que tiene el Causante H\u00e9ctor Alfonso R\u00e1tiva en la empresa Inversiones La Colina de Cajamarca SAS, con matr\u00edcula mercantil No. 256868, equivalentes al 49.27%. Comun\u00edquese al gerente, administrador o quien haga sus veces para que tome nota de esta medida, de lo cual deber\u00e1 dar cuenta al juzgado dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes, a partir de la fecha de recibo del oficio que comunique esta medida. <\/p>\n
d.- De las acciones que tiene el causante (\u2026) en la Sociedad Comercial de Transportistas del Tolima Ltda \u201cSOTRATOLIMA\u201d con matr\u00edcula mercantil No. 141678. Comun\u00edquese al gerente, administrador o quien haga sus veces para que tome nota de esta medida, de lo cual deber\u00e1 dar cuenta al secuestre y al juzgado dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes, a partir de la fecha de recibo del oficio que se comunique esta medida. Of\u00edciese\u00bb. <\/p>\n
Luego, en atenci\u00f3n a la solicitud de \u00abadici\u00f3n\u00bb del auto que precede, con auto del 7 de julio de 2022, dispuso \u00abPRIMERO: No revocar la medida de secuestro de los bienes relictos decretada por auto de mayo 17 del corriente a\u00f1o\u00bb, y \u00abSEGUNDO: Concede el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra dicha decisi\u00f3n, en el efecto devolutivo (Arts. 21 y 323 CGP). Para el efecto por la Secretar\u00eda rem\u00edtase la totalidad de la actuaci\u00f3n hasta ahora surtida\u00bb. En este punto debe precisarse que la hoy accionante, desisti\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n concedido subsidiariamente. <\/p>\n
Posteriormente, con providencia del 26 de septiembre de 2022, el juzgado aclar\u00f3 que \u00ab[h]abi\u00e9ndose decretado como medida aut\u00f3noma el secuestro de las acciones en cabeza del causante en las empresas Inversiones La Colina de Cajamarca SAS y de la Sociedad Comercial de Transportistas del Tolima Ltda. SOTRATOLIMA, por auto del 17\/05\/2022 de acuerdo a las previsiones del art. 496, CGP, se comisiona para esta diligencia al se\u00f1or Juez Promiscuo Municipal de CAJAMARCA (TOLIMA), para lo cual se designa como secuestre a la persona jur\u00eddica designada en dicho auto. Comun\u00edquese esta designaci\u00f3n y l\u00edbrese despacho comisorio\u00bb. <\/p>\n
En cumplimiento a dicha orden, el 6 de octubre de 2022 la secretar\u00eda del estrado accionado libr\u00f3 el \u00abdespacho comisorio No. 013\u00bb dirigido al Juzgado Promiscuo Municipal de Cajamarca, \u00abpara evacuar la diligencia de secuestro sobre el porcentaje de las acciones que se encuentran en cabeza del causante H\u00e9ctor Alfonso R\u00e1tiva (\u2026), en las empresas Inversiones La Colina de Cajamarca SAS y de la Sociedad Comercial de Transportistas del Tolima Ltda. SOTRATOLIMA (\u2026)\u00bb, y en la misma fecha expidi\u00f3 el \u00aboficio No. 1597\u00bb comunic\u00e1ndole a la empresa \u00abValenzuela Gait\u00e1n SAS\u00bb, su designaci\u00f3n como secuestre, \u00abpara llevar a cabo el secuestro de las siguientes empresas: Inversiones La Colina de Cajamarca SAS y Sociedad Comercial de Transportistas del Tolima Ltda. SOTRATOLIMA\u00bb. <\/p>\n
Advertida la \u00abimprecisi\u00f3n\u00bb secretarial en el \u00aboficio No. 1597\u00bb, la demandante la hizo saber al juzgado con memorial radicado el \u00ab18 de octubre de 2022\u00bb, a efectos de que se corrigiera indic\u00e1ndole al secuestre que el objeto de la cautela no eran las empresas comerciales sino las acciones que de ellas correspondan al causante; igualmente a fin de que se evaluara lo atinente a la posible falta de \u00abcompetencia territorial del comisionado\u00bb, inform\u00f3 que \u00abla Sociedad Comercial de Transportistas del Tolima Ltda. SOTRATOLIMA, tiene su domicilio en Ibagu\u00e9 y no en Cajamarca\u00bb. Adem\u00e1s, en dicho escrito le plante\u00f3 al juzgado la misma inquietud que con anterioridad hab\u00eda expresado la representante legal de la empresa Inversiones La Colina de Cajamarca S.A.S., consistente en \u00abla forma en que debe realizarse la diligencia\u00bb, habida cuenta la naturaleza \u00abnominativa\u00bb y no \u00abal portador\u00bb de las acciones. <\/p>\n
Ahora, por cuanto tales peticiones se formularon recientemente y a\u00fan no cuentan con pronunciamiento del funcionario cognoscente, no se satisface el presupuesto de subsidiariedad del amparo bajo la modalidad rese\u00f1ada, pues frente a providencias judiciales, este mecanismo jur\u00eddico deviene improcedente cuando se acude a \u00e9l sin agotarse la instancia competente y a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios legalmente previstos que ac\u00e1 est\u00e1n en curso. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada en STC11748-2022, 7 sep. 2022, rad. 00067-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese sentido tambi\u00e9n esta Sala ha enfatizado que mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del juez a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia, y no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada que amerite la intervenci\u00f3n del fallador excepcional para obtener pronunciamiento, no es dable que los aspectos cardinales del pedimento sean expuestos para su resoluci\u00f3n en sede constitucional, en la medida en que: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada entre otras en STC7637-2022, 15 jun. 2022, rad. 00139-01). Se subraya. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional del amparo se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) frente a la mora judicial endilgada por no impulsar el tr\u00e1mite procesal, tal situaci\u00f3n se super\u00f3 durante el diligenciamiento de esta acci\u00f3n, y (ii) en relaci\u00f3n con las solicitudes de aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n de actuaciones enfiladas a ejecutar las medidas cautelares, la tutela desatiende el requisito de la subsidiariedad porque tales pedimentos est\u00e1n pendiente de estudio y definici\u00f3n al interior del juicio de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones se\u00f1aladas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15421-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15421-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00376-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68895\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}