STC15422-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15422-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00794-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de noviembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Nuvia L\u00f3pez Pineda contra la Superintendencia Financiera de Colombia \u2013 Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Banco Davivienda S.A. y a Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, la vida y la salud, presuntamente conculcadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Nuvia L\u00f3pez Pineda inco\u00f3 una acci\u00f3n de tutela1 contra Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. y el Banco Davivienda S.A., por la presunta transgresi\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, dado que no se hab\u00eda atendido en forma integral una petici\u00f3n relacionada con su cr\u00e9dito, entre otros, que fue fallada, el 21 de junio de 2021, por el Juzgado Diecinueve de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Barranquilla, concediendo parcialmente el amparo y ordenando a la entidad financiera accionada que suministrara a la actora los datos concernientes al saldo de la obligaci\u00f3n 05-04-00000009537, entre ellos, los siguientes: <\/p>\n
a) valor total pagado (\u2026); b) saldo del cr\u00e9dito pagado por la ASEGURADORA SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, por la afectaci\u00f3n de la p\u00f3liza (\u2026); c) la forma de aplicaci\u00f3n de esos pagos (\u2026); [y] d) Indicar el fundamento legal y\/o contractual del cobro del saldo por cancelaci\u00f3n anticipada del contrato2. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la se\u00f1ora L\u00f3pez Pineda adelant\u00f3 una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia contra Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. y el Banco Davivienda S.A., con el prop\u00f3sito de que se declarara la responsabilidad contractual de las convocadas, con ocasi\u00f3n de la afectaci\u00f3n de la p\u00f3liza de autom\u00f3viles 5160624799203, vinculada al cr\u00e9dito de consumo finalizado en los n\u00fameros ****95373, asunto que fue admitido el 23 de agosto de 20214. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, el 7 de septiembre de 2022, esa autoridad emiti\u00f3 sentencia, declarando probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas y, en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda5. <\/p>\n
2.3. La tutelante censura que la Superintendencia accionada, al decidir el asunto tard\u00edamente, incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, toda vez que: i) no tuvo en cuenta la decisi\u00f3n constitucional emitida a su favor por el Juzgado Diecinueve de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Barranquilla; ii) no valor\u00f3 la reacci\u00f3n del representante del Banco Davivienda en la audiencia, en tanto no pudo explicar lo referente al contrato de leasing que ella no suscribi\u00f3; sumado a que no se pronunci\u00f3 frente a las pretensiones y reclamos esbozadas en la demanda. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2022 y que se remita el proceso a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Superintendencia convocada afirm\u00f3 que la determinaci\u00f3n reprochada se emiti\u00f3 oportunamente, que la discusi\u00f3n no gir\u00f3 alrededor de un leasing, sino sobre los contratos de mutuo y seguros celebrados por los extremos de la litis, y que no incurri\u00f3 en el defecto aludido en la tutela, pues la decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta y en las pruebas allegadas. <\/p>\n
2. El Banco Davivienda S.A. y quien adujo ser la apoderada de Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. argumentaron que en la causa confutada no se vulneraron las prerrogativas fundamentales de la tutelante. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda invocada, por cuanto la decisi\u00f3n reprochada se motiv\u00f3 razonadamente en las pruebas obrantes en el juicio censurado. Frente a la falta de pronunciamiento sobre aspectos planteados en la demanda, advirti\u00f3 que la actora debi\u00f3 solicitar la adici\u00f3n de la sentencia y no lo hizo. Y, sobre la remisi\u00f3n del proceso a la justicia ordinaria, precis\u00f3 que la accionante no expuso fundamento alguno para ello y tampoco evidenci\u00f3 sustento para hacer esa declaraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial y precis\u00f3 que: i) la sentencia fustigada es incongruente, porque no se pronunci\u00f3 respecto de lo solicitado en el libelo; ii) ni la Superfinanciera ni el a quo constitucional tuvieron en cuenta las pruebas por ella presentadas; iii) no es abogada y no se le inform\u00f3 que pod\u00eda solicitar la adici\u00f3n del fallo cuestionado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que estima vulnerados con ocasi\u00f3n del fallo proferido el 7 de septiembre de 2022 por la Superintendencia accionada, en tanto neg\u00f3 las pretensiones de demanda de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 2021-169494. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, se desconocer\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o abiertamente desconectado del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. En torno al tema debatido, se observa que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, al resolver la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar declarar probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el extremo pasivo y, en consecuencia, negar las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
3.1. Para el efecto, inicialmente, advirti\u00f3 que el objeto de la controversia consist\u00eda en establecer si Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. era responsable contractualmente por la p\u00f3liza 5160624799203 vinculada al cr\u00e9dito ****9537 otorgado a Nuvia L\u00f3pez Pinea, como consecuencia del amparo de p\u00e9rdida total del veh\u00edculo y si exist\u00eda responsabilidad contractual del Banco Davivienda S.A., en virtud del contrato de mutuo referido. <\/p>\n
Luego, record\u00f3 que, de conformidad con el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, le asiste a la demandante la obligaci\u00f3n de probar el supuesto normativo que persigue y destac\u00f3 los elementos de la responsabilidad contractual a saber: 1) la existencia un contrato v\u00e1lidamente celebrado; 2) el da\u00f1o o perjuicio; 3) el incumplimiento del deudor; y 4) el nexo de causalidad. <\/p>\n
3.2. Acto seguido, al desatar la controversia planteada frente a Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A., en primer lugar, encontr\u00f3 probada la existencia de un contrato de seguro de autom\u00f3viles 5160624799203, cuyas partes eran, \u00abcomo tomador y \u00fanico beneficiario oneroso [el] BANCO DAVIVIENDA S.A., como aseguradora SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. y la se\u00f1ora NUVIA L\u00d3PEZ PINEDA fungi\u00f3 como asegurada, en la calidad de propietaria del veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
En segundo orden, advirti\u00f3 que la \u00ablitis est\u00e1 dirigida al reconocimiento de una indemnizaci\u00f3n por ocurrencia de un siniestro, siendo \u00e9ste la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado\u00bb, de conformidad con dispuesto en el art\u00edculo 1072 del C\u00f3digo de Comercio y la normativa que reglamenta la materia. <\/p>\n
Sin embargo, de las probanzas recaudadas en dicho tr\u00e1mite, hall\u00f3 que el da\u00f1o como elemento estructural de la responsabilidad no se encontraba probado, comoquiera que se acredit\u00f3 el pago de la aseguradora demandada en los t\u00e9rminos de lo pactado en la p\u00f3liza, con el comprobante de pago efectuado el 21 de mayo de 2021 al beneficiario oneroso del contrato de seguro, esto es, el Banco Davivienda S.A., por $45\u00b4762.993, derivado del siniestro ocurrido el d\u00eda 10 de enero de 2021 y con destino al cr\u00e9dito de la demandante. <\/p>\n
3.3. Luego, procedi\u00f3 a analizar si el Banco Davivienda S.A. incurri\u00f3 en alguna causal de responsabilidad con ocasi\u00f3n del contrato de mutuo finalizado en los n\u00fameros ****9537, teniendo, para el efecto, como hecho cierto la existencia del acuerdo. Sobre el da\u00f1o, destac\u00f3 que, seg\u00fan lo dicho por la accionante, consist\u00eda en \u00abel hecho de continuar pagando el cr\u00e9dito (\u2026), el cual deb\u00eda estar [cubierto] en su totalidad, puesto que la compa\u00f1\u00eda SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. cancel\u00f3 el amparo de por perdida total del veh\u00edculo\u00bb, encontrando, \u00abinicialmente\u00bb, demostrados los requisitos del da\u00f1o resarcible. <\/p>\n
No obstante, al descender al estudio del incumplimiento de la entidad financiera llamada a juicio, determin\u00f3 que era inexistente, en tanto que aquella, al momento de aplicar los alivios otorgados al cr\u00e9dito memorado, \u00abse ajust\u00f3 a las disposiciones de [esa] Superintendencia\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, explic\u00f3 que las probanzas obrantes en el plenario daban cuenta de que la actora, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se acogi\u00f3 a dos alivios financieros para su obligaci\u00f3n crediticia, retomando los pagos de la obligaci\u00f3n en febrero de 2021, periodos durante los cuales aquella no tuvo que pagar las cuotas del cr\u00e9dito de consumo, pero no estuvo exenta de que se causaran los intereses moratorios y las primas de los seguros contratados, de conformidad con las pol\u00edticas internas del banco, adoptadas en virtud de las circulares externas 007 y 014 de 2020, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026a ra\u00edz del siniestro ocurrido el d\u00eda 10 de enero 2021, y como ya expuso, la aseguradora pag\u00f3 los amparos de da\u00f1o total y renta diaria de la p\u00f3liza de autom\u00f3viles No 5160624799203 al BANCO DAVIVIENDA S.A. y para el cr\u00e9dito No ****9537, por la suma de $ 45.762.993 el d\u00eda 21 de mayo 2021. <\/p>\n
Recibido este pago, la entidad financiera procedi\u00f3 a realizar la imputaci\u00f3n de dicho valor, tal como se observa en el informe de pago de BANCO DAVIVIENDA S.A. a derivado 050, qued\u00f3 un remanente de la obligaci\u00f3n crediticia No ****9537, raz\u00f3n por la cual no fue posible la cancelaci\u00f3n total del cr\u00e9dito por parte de la entidad financiera. <\/p>\n
A ra\u00edz del pago parcial al cr\u00e9dito No ****9537 y en b\u00fasqueda de levantar la prenda del veh\u00edculo siniestrado, por funcionalidad del aplicativo interno del banco, se cambi\u00f3 de n\u00famero a la obligaci\u00f3n crediticia No ****9050, ya que se cre\u00f3 un denominado contrato de cr\u00e9dito hijo, el cual est\u00e1 ligado al saldo insoluto que qued\u00f3 de la obligaci\u00f3n crediticia principal, teniendo as\u00ed acreditado que la obligaci\u00f3n No ****9050 corresponde al mismo cr\u00e9dito No ****9537 en el saldo restante despu\u00e9s de efectuado el pago de la aseguradora\u2026 <\/p>\n
Para finalizar el an\u00e1lisis, en lo correspondiente a la cancelaci\u00f3n anticipada del cr\u00e9dito objeto de litigio es importante precisar que a pesar de que el documento se emiti\u00f3 en papeler\u00eda de Leasing Davivienda, se tiene probado en el proceso que la demandante no tiene ning\u00fan producto en la modalidad de leasing conforme lo certifica la entidad bancaria a derivado 050 folio 5. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto, declar\u00f3 probadas las excepciones de \u00abPAGO DEL DINERO PRETENDIDO POR EL DEMANDANTE\u00bb formulada por Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. y la de \u00abINEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL BANCO DAVIVIENDA S.A.\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron, motivadamente, los argumentos de la parte interesada y en los que se insiste en sede de tutela. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, en el sub judice se evidencia una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo… (Ver cita en CSJ STC7213-2020). <\/p>\n
En este caso, como se indic\u00f3, la accionada decidi\u00f3 el asunto en forma razonada, aplicando las reglas de la sana cr\u00edtica en materia probatoria y bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicado 2021-00447. <\/p>\n
2\u0002 Folios 22 a 32, carpeta \u201cTramiteJuzgado12Laboral\u201d, archivo \u201c02Anexos\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Folios 45 a 56, carpeta \u201cTramiteJuzgado12Laboral\u201d, archivo \u201c02Anexos\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Actuaci\u00f3n 007, actividad \u201c545-AUTO ADMISORIO VERBAL SUMARIO\u201d, expediente 2021169494. <\/p>\n
5\u0002 Actuaci\u00f3n 080, actividad \u201c249 SENTENCIA ESCRITA NIEGA\u201d, ibidem. <\/p>\n
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STC15422-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC15422-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00794-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de noviembre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68896","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68896\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}