STC15426-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15426-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00388-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 25 de octubre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2019-00173. <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la agencia judicial encartada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que en la acci\u00f3n popular promovida por Javier El\u00edas Arias contra Scotiabank Colpatria S.A., el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en prove\u00eddo del 9 de octubre de 2020 no acept\u00f3 la \u00abcesi\u00f3n (\u2026) del valor de las costas, agencias en derecho e incentivo (\u2026) a favor del Sr uner augusto becerra largo (sic)\u00bb pretendida por el gestor, pues coligi\u00f3 que deb\u00eda \u00abacatar la orden judicial comunicada por el (\u2026) [despacho] Segundo Civil del Circuito de Pereira desde el 08 de marzo de 2018, [y en consecuencia] (\u2026) ten[er] por embargados los dineros que por cualquier concepto pueda tener o percibir el Accionante (\u2026) con destino al (\u2026) Ejecutivo Singular (\u2026) radicado (\u2026) 2017-00326-00\u00bb <\/p>\n
El 6 de abril de 2021, el demandante reiter\u00f3 dicha petici\u00f3n, sin embargo, el estrado enjuiciado no accedi\u00f3 a ello en tanto advirti\u00f3 que, \u00aba la fecha contin\u00faa vigente el embargo en su contra\u00bb y en tal sentido le indic\u00f3 que \u00abdebe estarse a lo resuelto el (\u2026) 9 de octubre\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, el estrado encartado dict\u00f3 sentencia negando el amparo, raz\u00f3n por la cual, la coadyuvante Cotty Morales recurri\u00f3 dicha determinaci\u00f3n y en auto del 2 de agosto de 2021, la autoridad querellada le concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme con dicha decisi\u00f3n, el libelista interpuso reposici\u00f3n, la cual no prosper\u00f3. Expuso el promotor que \u00ab[p]ara la juzgadora el coadyuvante es parte y puede dilatar [la] acci\u00f3n de manera aut\u00f3noma, el simple coadyuvante no es parte, (\u2026) SI EL ACTOR NO APLEA (sic) EL COADYUVANTE NO LO PUEDE HACER\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abLA TUTELADA CREE QUE PUEDE NEGAR (\u2026) [la] CEDACION (sic) DE COSTAS y olvida que (\u2026) ha embargado las costas cuando apenas eran una expectativa\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se ordene: i) aceptar la cesi\u00f3n y ii) \u00abCUMPLIR TERMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO PARA RESOLVER LOS RECUROS Y ASI NO DILATAR POR CASI DOS MESES LA ACCION POPULAR\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira realiz\u00f3 un recuento del tr\u00e1mite impartido al asunto confutado y expuso que \u00abse logra evidenciar que, por parte de esta servidora se ha cumplido con el debido y correcto desarrollo del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La Personer\u00eda de esa ciudad precis\u00f3 que \u00abel hoy accionante no se dirigi\u00f3 a esa entidad para solicitar su defensa en la acci\u00f3n Constitucional o alg\u00fan tipo de asesor\u00eda al respecto\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo se\u00f1al\u00f3 que \u00abno existe ninguna solicitud, que haya realizado el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga solicitando orientaciones, o asistencia (\u2026) por lo tanto la Defensor\u00eda del Pueblo, en ning\u00fan momento le ha vulnerado derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Scotiabank Colpatria S.A. refiri\u00f3 que \u00aben el presente asunto no se verifica la existencia de elementos que configuren un perjuicio irremediable al accionante, de manera que tampoco se ha generado una afectaci\u00f3n inminente de los derechos fundamentales del peticionario, lo que constituye un elemento fundamental para declarar la improcedencia de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. El Municipio de Pereira indic\u00f3 que \u00abse atiene a lo probado por su honorable despacho, y para los fines destinados dentro de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio, pues advirti\u00f3 que \u00abla primera decisi\u00f3n sobre la cesi\u00f3n de costas solicitada por el accionante, adquiri\u00f3 firmeza desde el mes de octubre de 2020, y esa sola circunstancia torna inviable la protecci\u00f3n por falta de inmediatez\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abel accionante omiti\u00f3 recurrir ese prove\u00eddo, y el \u00faltimo, proferido el pasado 4 de octubre, en el que tambi\u00e9n el juzgado resolvi\u00f3 sobre el tema de la cesi\u00f3n de costas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el libelista, resaltando que \u00abLO QUE refut[\u00f3] (\u2026) es (\u2026) como (\u2026) se embargan las costas sin ser un derecho adquirido y siiendo (sic) solo una mera expectativa, pues deesde (sic) el momento de presentar [la] accion (sic) popular, se (\u2026) embargan las costas. SIN EMBARGO, LO CURIOSO ES QUE NO SE (\u2026) PERMITE CEDER LAS COSTAS LUEGO DE SER UN DERECHO ADQUIRIDO\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la acci\u00f3n popular promovida por el gestor (rad. 2019-00173) por cuanto: i) neg\u00f3 la cesi\u00f3n \u00abdel valor de las costas\u00bb pretendida por el convocante, toda vez que exist\u00eda una medida de embargo en su contra; y, ii) concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por Cotty Morales, \u00abdilatando\u00bb as\u00ed el referido asunto, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las resoluciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la denegaci\u00f3n del auxilio deprecado, pero precisando que lo ser\u00e1 porque: i) se colige un actuar temerario por parte del querellante, respecto de la censura realizada a la decisi\u00f3n del estrado enjuiciado de no aceptar la cesi\u00f3n de las costas en virtud del embargo decretado en el ejecutivo rad. 2017-00326; y, ii) en cuanto al segundo reproche, la determinaci\u00f3n de conceder el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la coadyuvante Cotty Morales es razonable. <\/p>\n
3.1. De la temeridad. <\/p>\n
La figura en comento se tipifica, puesto que la controversia planteada a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional ya hab\u00eda sido previamente expuesta ante esta especial jurisdicci\u00f3n, en tanto el gestor propuso con antelaci\u00f3n un amparo contra el estrado denunciado, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos al que ahora se resuelve, en el cual tambi\u00e9n expuso las mismas pretensiones para que, en suma, se acepte la cesi\u00f3n por el solicitada, en la acci\u00f3n popular 2019-00173, dado que, a su juicio no es procedente \u00abembargar las costas del proceso siendo una mera expectativa\u00bb. <\/p>\n
La referida salvaguarda fue conocida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira2, quien el 11 de noviembre de 2020, neg\u00f3 el resguardo tras considerar que \u00abel accionante no formul\u00f3 recurso contra la decisi\u00f3n por medio de la cual el juzgado de conocimiento puso en conocimiento lo relativo al embargo decretado. Es decir, dej\u00f3 de emplear adecuadamente el medio ordinario de protecci\u00f3n con que contaba en ese proceso para obtener lo que pretende sea decidido por v\u00eda de tutela\u00bb. Fallo que fue confirmado en segundo grado por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en providencia STC12035-2020, 16 dic. <\/p>\n
En las anteriores condiciones, como la presente acci\u00f3n corresponde a la exposici\u00f3n de un asunto de iguales contornos, que ya fue definido en ambas instancias, no es posible su replanteamiento, ni ahondar en los dem\u00e1s puntos arg\u00fcidos por el libelista, porque \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otros, en STC7283-2022, 9 jun. 2022, rad. 00083-01). <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad. <\/p>\n
Ahora bien, al estudiar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el juzgado encartado, no repuso el auto del 2 de agosto de 2021, en el que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por Cotty Morales respecto de la sentencia del 9 de julio de ese a\u00f1o, en la acci\u00f3n popular (rad. 2019-00173), no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver sobre la petici\u00f3n presentada por el promotor en el recurso de reposici\u00f3n, encaminada a que \u00abno se permita la alzada de la coadyuvante pues no es parte procesal y no PUEDE ACTUAR DE MANERA AUTONOMA SI EL ACTOR POPULAR NO PRESENTA LA ALZADA\u00bb, el despacho fustigado realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio y expuso que: \u00ab[T]oda persona natural o jur\u00eddica puede coadyuvar las acciones populares, estableciendo como l\u00edmite hasta antes que se profiera la sentencia de primera instancia; toda vez que a\u00fan no estaba cumplido el requisito de l\u00edmite temporal para ejercer la coadyuvancia, se le reconoci\u00f3 como tal a la se\u00f1ora COTTY MORALES CAAMA\u00d1O\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, indic\u00f3 que \u00abdado que no existe amplia literatura frente al tema de la Coadyuvancia en las acciones populares, es necesario acudir a la que s\u00ed existe sobre este tema analizado desde la estipulaci\u00f3n consagrada en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, reliev\u00f3 que \u00abel coadyuvante en cualquier proceso, incluyendo el que nos ocupa que corresponde a la jurisdicci\u00f3n constitucional, es un interviniente totalmente aut\u00f3nomo a las dem\u00e1s partes procesales para ejercer su actuaci\u00f3n; no es necesario que cuente con la aquiescencia de quien pretende coadyuvar para poder intervenir, con lo cual queda sin piso la manifestaci\u00f3n del recurrente en este sentido\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente rememor\u00f3 \u00abla sentencia del 10 de julio de 2003 proferida por la Secci\u00f3n Tercera del Consejo de Estado en el expediente con radicado 54001-23-31-000-2002-00183-01\u00bb y en ese sentido, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[A]l igual que ha sido analizado para efectos de no aceptar el desistimiento de la acci\u00f3n popular, debe ser la postura del juez, que act\u00faa en sede constitucional, para no aceptar la oposici\u00f3n del accionante frente al recurso presentado por quien lo coadyuva, en el entendido que una vez el actor popular promueve una (\u2026) acci\u00f3n popular, \u00e9sta no puede ser catalogada como una acci\u00f3n suya sino de una colectividad, y por ello, aquella persona que ha sido debidamente reconocida como coadyuvante por haber acudido al proceso dentro del t\u00e9rmino que el art\u00edculo 24 de la Ley 472 de 1998 estipula, debe d\u00e1rsele el tr\u00e1mite que esta la ley especial tiene consagrado para ejercer contradicci\u00f3n frente a las decisiones proferidas por el juez de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
Finalmente estableci\u00f3 que \u00abno le asiste la raz\u00f3n al recurrente, lo que conllevar\u00e1 al despacho a no reponer la decisi\u00f3n adoptada en el auto atacado de fecha 2 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
De forma que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abrir\u00eda camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo; sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Al respecto esa Sala ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone respaldar la providencia censurada porque: (i) la queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, en el que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico; y, ii) en cuanto al segundo reproche, se evidenci\u00f3 que la resoluci\u00f3n de conceder el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la coadyuvante Cotty Morales es razonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con el informe secretarial del 4 de noviembre de 2022, en el cual se dej\u00f3 constancia del error de la secretar\u00eda, el expediente ingres\u00f3 a despacho el 3 de noviembre de la presente anualidad, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Rad. 66001-22-13-000-2020-00242-00 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15426-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15426-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00388-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68900","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68900"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68900\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}