STC15428-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15428-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03878-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Aurora de las Mercedes Salazar Ortega contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma localidad y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2018-00210. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se \u00abordene la exclusi\u00f3n como prueba dentro de este proceso de la resoluci\u00f3n n\u00famero 07112 de 3 de agosto de 2021, de la Subdirecci\u00f3n de Apoyo Jur\u00eddico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla hizo un breve recuento de lo ocurrido en el reivindicatorio objeto de censura y recalc\u00f3 que ese estrado judicial no ha trasgredido ninguna garant\u00eda fundamental de los all\u00ed involucrados. <\/p>\n
2. Grupo Financiero de la Costa S.A.S. (demandante en el juicio reivindicatorio sobre el que versa esta actuaci\u00f3n) pidi\u00f3 desestimar la solicitud de amparo por considerar que la providencia objeto de censura no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
3. La magistratura accionada recalc\u00f3 que la providencia objeto de censura no es producto del capricho ni de la arbitrariedad, sino que por el contrario obedece a una razonable interpretaci\u00f3n del contexto en el que se ha venido desarrollando el juicio reivindicatorio, el cual hace evidente la necesidad de recaudar el documento que reprocha la parte actora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
\u00abEstando a Despacho el proceso de la referencia para dictar la sentencia de segunda instancia, observa la suscrita Magistrada Sustanciadora la necesidad de decretar prueba oficiosa, a efectos de que la sentencia a proferir se ajuste a la realidad jur\u00eddica de los bienes en disputa. <\/p>\n
En efecto, el presente juicio versa sobre la acci\u00f3n de dominio que la sociedad GRUPO FINANCIERO DE LA COSTA S.A.S., inici\u00f3 en contra de la se\u00f1ora AURORA DE LAS MERCEDES SALAZAR ORTEGA, respecto de un bien inmueble ubicado en el municipio de Puerto Colombia, inscrito bajo el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-238855; predio que se ubica dentro del sector conocido como \u201cEl jobal\u201d diferenciado como \u201cLote 25D1A\u201d, cuyas medidas y linderos figuran en la impetraci\u00f3n; respecto del cual se surtieron varias actuaciones administrativas ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad, de las cuales al momento de dictarse la sentencia de primera instancia se encontraba pendiente resolver un recurso, emiti\u00e9ndose la decisi\u00f3n correspondiente con posterioridad a ello, como se acredita por la recurrente con el anexo digital que acompa\u00f1a al memorial de sustentaci\u00f3n de la alzada, torn\u00e1ndose entonces necesario incorporar legalmente al proceso tal prueba documental, como quiera que se encuentra referida al derecho de dominio que es precisamente el objeto de debate en este proceso. <\/p>\n
Ahora bien, aunque en el momento en que la parte actora arrim\u00f3 la aludida prueba documental al proceso ya hab\u00eda fenecido el t\u00e9rmino para que los litigantes solicitaran y anexaran pruebas, es lo cierto que el ordenamiento jur\u00eddico impone al juez la facultad deber de decretar de oficio aquellas que estime necesarias para formarse un juicio ajustado a la realidad, con la finalidad de emitir un juicio lo m\u00e1s ajustado posible a la verdad real y de esa forma impartir justicia material; habida consideraci\u00f3n de que el Juez, como director del proceso, debe propender por la soluci\u00f3n del litigio, fundado en el esclarecimiento de la verdad, la efectividad y prevalencia de los derechos reconocidos por las normas sustantivas, y la observancia del debido proceso; de manera que conforme a lo dispuesto por los arts. 170 y 171 del C.G.P., esta Sala Unitaria\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al resolver la solicitud de ilegalidad que elev\u00f3 la convocada frente a la citada determinaci\u00f3n, el fallador ad quem agreg\u00f3 lo que sigue: <\/p>\n
\u00abel Decreto de pruebas de oficio en un juicio no es s\u00f3lo una posibilidad, sino un deber que le asiste al Juez, cada que las probanzas obrantes en el plenario resulten insuficientes para la determinaci\u00f3n de los derechos en debate, tal y como lo reafirm\u00f3 la Corte Constitucional, en la Sentencia T-615-19 citada por quien solicita la ilegalidad (\u2026). <\/p>\n
Pues bien, descendiendo al meollo del asunto, no podemos perder de vista que el presente juicio versa sobre el dominio que la sociedad GRUPO FINANCIERO DE LA COSTA S.A.S., alega tener respecto de un bien inmueble ubicado en el municipio de Puerto Colombia, inscrito bajo el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-238855; el cual que se ubica dentro del sector conocido como \u201cEl jobal\u201d diferenciado como \u201cLote 25D1A\u201d, cuyas medidas y linderos figuran en la impetraci\u00f3n, predio cuya posesi\u00f3n presuntamente ostenta la demandada AURORA DE LAS MERCEDES SALAZAR ORTEGA; y, bajo esa premisa, la parte actora intent\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria, o acci\u00f3n de dominio que fue negada en primera instancia por cuanto la Jueza consider\u00f3 que no exist\u00eda certeza registral respecto de la propiedad inscrita, por cuanto al plenario fueron arrimadas una serie de resoluciones expedidas por el Registrador Principal de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, conforme a las cuales se corrigieron ciertas anotaciones del folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente al bien en disputa, en el sentido de indicarse que lo ostentado era falsa tradici\u00f3n y por ende dominio incompleto. <\/p>\n
La sentencia fue apelada, precisamente por cuanto las resoluciones que dispusieron esos cambios hab\u00edan sido objeto de recursos ante la autoridad competente, pero al no haberse fallado esos recursos al momento de proferir sentencia de primera instancia, la Jueza opt\u00f3 por negar la reivindicaci\u00f3n pedida. <\/p>\n
Ahora bien, estando el proceso en turno para fallar la apelaci\u00f3n de sentencia, se observ\u00f3 que el apoderado de la parte demandante arrim\u00f3 a la litis, el acto administrativo que resolvi\u00f3 de manera definitiva las inconsistencias registrales que no permitieron a la Jueza establecer, si los demandantes eran o no propietarios inscritos del bien, decisi\u00f3n que a no dudarlo tiene capital importancia en las resultas de este proceso, pues se reitera que la primera instancia no hizo un estudio a profundidad respecto de los restantes elementos de la acci\u00f3n de dominio, ni mucho menos se pronunci\u00f3 frente a las excepciones formuladas, pues encontr\u00f3 una incertidumbre registral que imped\u00eda considerar como propietario al reivindicante; y como quiera que aquella situaci\u00f3n fue resuelta de forma definitiva por la autoridad administrativa competente, y esa decisi\u00f3n fue allegada al plenario antes de dictarse sentencia de segunda instancia, resulta necesario incorporarla al proceso para que sea objeto de contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, conviene aclarar que la facultad-deber de decretar pruebas oficiosas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 327 del G.C.P., respecto del decreto y practica de pruebas en sede de alzada, si bien se sigue por unas reglas expresamente demarcadas en esa norma, no excluye ni invalida las facultades oficiosas conferidas al Juez en materia de pruebas de oficio en los t\u00e9rminos previstos por los art\u00edculos 169 y 170 del libro de los ritos civiles; que aplicados a este caso, impone aclarar que la prueba documental que se orden\u00f3 trasladar a las partes para su controversia, no es un documento que hubiese estado en poder de la parte a lo largo de la litis, pues la sentencia que puso fin a la instancia data del 27 de julio de 2021, y la resoluci\u00f3n que se orden\u00f3 tener como prueba fue expedida el 3 de agosto de aquel a\u00f1o, cuando ya el expediente estaba repartido a instancias de este tribunal. <\/p>\n
As\u00ed mismo, debe reiterarse que, por virtud del art\u00edculo 2\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, el ejercicio de la actividad jurisdiccional debe estar orientado a la consecuci\u00f3n de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, y por ende, la finalidad de todo proceso judicial es la de alcanzar la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial, lo que implica, a no dudarlo, la b\u00fasqueda de la realidad material a efectos de administrar justicia; en ese sentido se observa, que la parte que hoy reclama la ilegalidad de la prueba, pretende que esta Superioridad, aun conociendo que el eje central de la sentencia apelada fue la incertidumbre frente a la presunta propiedad inscrita en cabeza del demandante, y advirti\u00e9ndose que el asunto administrativo fue debidamente resuelto por autoridad competente con posterioridad al proferimiento de la sentencia apelada, se abstenga de analizar la prueba por el hecho de no haber sido aportada dentro de las oportunidades correspondientes, aun cuando ello signifique que el fallo no atienda a la realidad material y jur\u00eddica del asunto analizado; posici\u00f3n que no puede convalidar este estrado. <\/p>\n
M\u00edrese adem\u00e1s, que la misma Jueza de primera instancia ten\u00eda pleno conocimiento del recurso que en sede administrativa se estaba tramitando ante la Superintendencia de Notariado y Registro respecto del bien objeto de la litis y las anotaciones que en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente al mismo; a tal punto que ofici\u00f3 a la entidad a efectos de que informaran si al recurso hab\u00eda sido resuelto o no, recibiendo respuesta el 19 de febrero de 2021, seg\u00fan lo indica la sentencia de primer grado, en la que le informaban que la actuaci\u00f3n administrativa se encontraba en tr\u00e1mite. <\/p>\n
Es l\u00f3gico entonces, que una vez finalizada la actuaci\u00f3n administrativa mediante resoluci\u00f3n motivada, que puso fin al conflicto existente en lo que ata\u00f1e a la calidad de propietario que el demandante afirma ostentar, y allegado a este proceso el acto administrativo con el que se culmin\u00f3 la misma, este Despacho ordenara tener como prueba esa resoluci\u00f3n a efectos de traer al proceso un documento necesario para determinar el rumbo de las pretensiones y excepciones vertidas en este juicio; de donde se desprende que, en el presente caso, no se ha incurrido en ilegalidad alguna, pues el Despacho hizo uso de una facultad-deber que el estatuto procedimental le otorga e impone frente al decreto de pruebas, sin que medie motivaci\u00f3n diferente a la de administrar justicia y auscultar la verdad material del proceso puesto a nuestro conocimiento, raz\u00f3n por la cual, la ilegalidad propuesta habr\u00e1 de negarse\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la decisi\u00f3n criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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