STC15433-2022<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15433-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Iv\u00e1n Benigno Reina Roso, en calidad de Gobernador del Resguardo Ind\u00edgena de Guachucal -Pueblos de los Pastos- instaur\u00f3 contra la Corte Constitucional, extensiva a la Presidencia de dicha corporaci\u00f3n, a Jos\u00e9 Ricardo Paspur Galindes, al Juzgado Promiscuo Municipal de Sapuyes, al Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina y a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal No. 560016199313201900004. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor pretende que se deje sin valor y efecto el auto 1003 proferido por la Corte Constitucional (21 junio 2022) y que, en consecuencia, se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina (Nari\u00f1o), que remita el expediente del proceso penal en comento a las autoridades tradicionales ind\u00edgenas para que contin\u00faen con el tr\u00e1mite pertinente. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que el 18 de julio de 2019 fue capturado en flagrancia el comunero ind\u00edgena Jos\u00e9 Ricardo Paspur Galindres, quien es miembro del Resguardo Guachucal, por la presunta comisi\u00f3n del delito de extorsi\u00f3n agravada. Precis\u00f3 que luego de surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina (Nari\u00f1o) convoc\u00f3 para la realizaci\u00f3n de la audiencia de acusaci\u00f3n, escenario en el cual se suscit\u00f3 un conflicto de competencia entre la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad penal y la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena que el actor representa, el cual fue resuelto por la Corte Constitucional, quien dispuso que la competencia para tramitar el proceso penal estaba a cargo del Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina (Nari\u00f1o) (21 julio 2022). <\/p>\n
Precis\u00f3 que, para emitir su decisi\u00f3n, la referida Corporaci\u00f3n encontr\u00f3 acreditados 3 de los 4 factores que la jurisprudencia ha establecido para la aplicaci\u00f3n del fuero penal ind\u00edgena. En concreto, seg\u00fan el gestor, la autoridad judicial desconoci\u00f3 \u00abla capacidad que tiene el Resguardo Ind\u00edgena de Gauchucal (N) de impartir justicia, y as\u00ed mismo, de garantizar del procesado y de las victimas del injusto\u00bb, proceder con el cual desconoci\u00f3 el art\u00edculo 246 de la Constituci\u00f3n Nacional; adem\u00e1s, incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, toda vez que desconoci\u00f3 que en la audiencia de acusaci\u00f3n, tanto el abogado del acusado, como el aqu\u00ed actor manifestaron que el resguardo con una institucionalidad basada en un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados por la comunidad; tambi\u00e9n, dej\u00f3 de lado la informaci\u00f3n remitida por el resguardo en la que describi\u00f3 el sistema de justicia que ejercen, el cual incluye la existencia un centro de reclusi\u00f3n, una Casa Mayor o Centro de Armonizaci\u00f3n y la \u00abEscuela de Derecho Propio Laureano Inampues\u00bb, lugares en los cuales puede efectuarse la reclusi\u00f3n de quienes son condenados, con plenas garant\u00edas de su derechos fundamentales y del debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sapuyes adujo que no ha vulnerado derecho alguno del actor. <\/p>\n
El Juez Promiscuo Municipal de Ospina se\u00f1al\u00f3 que el amparo invocado carece de relevancia constitucional. Tambi\u00e9n defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte Constitucional describi\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida para la resoluci\u00f3n del conflicto de competencia que fue suscitado entre la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena y la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad penal. Precis\u00f3 que no est\u00e1 configurada ninguna causal que d\u00e9 lugar a la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial y se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se cumple el requisito de legitimaci\u00f3n para actuar. Esto, teniendo en cuenta que la discusi\u00f3n que subyace a la providencia cuestionada se ci\u00f1e a la originada entre dos autoridades que ejercen jurisdicci\u00f3n y manifiestan las razones para rechazarla o impugnarla, sin que las partes del litigio judicial que lo origina intervengan en el tr\u00e1mite adelantado por esta Corporaci\u00f3n. En efecto, las partes o intervinientes del proceso judicial que origina el conflicto no ostentan legitimaci\u00f3n para cuestionar la decisi\u00f3n adoptada por la Corte, ya que esta se limita a resolver de plano, el conflicto suscitado por dos autoridades judiciales\u00bb. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se declare improcedente la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado toda vez que la decisi\u00f3n censurada es razonable. <\/p>\n
En primer lugar, es preciso se\u00f1alar que el actor s\u00ed tiene legitimidad para promover el amparo constitucional, toda vez que act\u00faa en su calidad de Gobernador del Resguardo Ind\u00edgena de Guachucal -Pueblos de los Pastos, es decir que defiende los intereses de la comunidad a la que representa, la cual detenta la facultad de administrar justicia en virtud del reconocimiento que la Constitucional Nacional hace de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, de ah\u00ed que est\u00e9 facultado para cuestionar, por esta senda, el auto que resolvi\u00f3 el conflicto que defini\u00f3 qui\u00e9n es la autoridad competente para adelantar el proceso penal que se sigue contra el ind\u00edgena Jos\u00e9 Ricardo Paspur Galindres. <\/p>\n
Dilucidado lo anterior y una vez revisado el auto 1003 de 2022 emitido por la Corte Constitucional, encuentra la Sala que, contrario a lo aducido por el actor, la autoridad judicial s\u00ed valor\u00f3 todas las documentales existentes en el expediente y las manifestaciones realizadas por el Gobernador accionante sobre el funcionamiento del sistema de justicia en su comunidad; sin embargo, la referida corporaci\u00f3n no hall\u00f3 acreditados los medios concretos que garantizar\u00edan los derechos de las v\u00edctimas del delito de extorsi\u00f3n, quienes no pertenecen a la comunidad ind\u00edgena, raz\u00f3n por la cual dispuso mantener la competencia del asunto en cabeza de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad penal. Al respecto la referida Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab70. Al hilo de lo expuesto, la Sala encuentra que en este asunto no se satisface el factor institucional por las siguientes razones. Si bien es verdad que la comunidad demostr\u00f3 la existencia de autoridades ind\u00edgenas y procedimientos de juzgamiento y sugiri\u00f3 que las v\u00edctimas juegan un papel importante en el proceso, no demostr\u00f3 que ellas cuentan con garant\u00edas efectivas de protecci\u00f3n y reparaci\u00f3n, en especial si se trata de una persona que no es integrante de la comunidad. Aunque esta fue una inquietud que se puso sobre la mesa desde la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, las autoridades ind\u00edgenas no profundizaron en este aspecto. Por otra parte, a lo largo del proceso la comunidad se\u00f1al\u00f3 que no cuenta entre sus registros con ninguna sanci\u00f3n impuesta por la comisi\u00f3n de este il\u00edcito, al tiempo que el ICANH sugiri\u00f3 que el resguardo no ha decantado reglas precisas en la materia. A este respecto, aunque <\/p>\n
la falta de experiencia en el juzgamiento de este tipo de il\u00edcitos no puede ser un criterio para excluir de tajo la activaci\u00f3n de la competencia jurisdiccional, lo cierto es que para la Corte es indispensable tener certeza sobre las garant\u00edas aludidas, pues en este caso est\u00e1n en juego los derechos de una persona que no es ind\u00edgena y cuyo patrimonio y autonom\u00eda se habr\u00edan visto afectados. <\/p>\n
71. Ciertamente, las declaraciones y los argumentos de la comunidad ind\u00edgena a lo largo del proceso dan cuenta de que, como lo advirti\u00f3 el ICANH aun cuando la comunidad cuenta con elementos institucionales valiosos, su alcance parece ser incipiente de cara al asunto que convoca la atenci\u00f3n de la Sala. Pese a que la comunidad manifest\u00f3 algunas reflexiones sobre la materia (naturaleza del proceso sancionatorio, importancia de la armonizaci\u00f3n y resocializaci\u00f3n del condenado y protagonismo de las v\u00edctimas), no logr\u00f3 demostrar de qu\u00e9 manera tales elementos se traducen en garant\u00edas concretas para las v\u00edctimas y para los procesados. Por ejemplo, la comunidad no fue precisa al identificar qu\u00e9 sanciones podr\u00edan ser aplicables; c\u00f3mo se garantizar\u00eda su efectivo cumplimiento de cara al debido proceso; c\u00f3mo las v\u00edctimas participar\u00edan concretamente en el tr\u00e1mite de juzgamiento y de qu\u00e9 manera se podr\u00eda satisfacer su reparaci\u00f3n, sobre todo cuando se trata de personas que no son ind\u00edgenas y que, por lo dem\u00e1s, no comprenden los usos y costumbres ni el derecho com\u00fan del Resguardo de Guachucal. <\/p>\n
72. Dicho esto, bajo la premisa de que los factores de competencia de la Jurisdicci\u00f3n Especial Ind\u00edgena deben ser aplicados e interpretados de forma ponderada y no como una lista excluyente, la Sala Plena considera que el asunto sub examine debe ser dirimido en el sentido de que corresponde a la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria Penal el conocimiento del proceso adelantado en contra del se\u00f1or Jos\u00e9 Ricardo Paspur Galindres\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que, aunque la Corte Constitucional hall\u00f3 satisfechos los factores referentes a que el procesado pertenece a la comunidad ind\u00edgena (personal); que los hechos delictivos ocurrieron en zonas geogr\u00e1ficas en donde el resguardo tiene incidencia (territorial) y que la naturaleza del bien jur\u00eddico tutelado afecta al Resguardo mencionado que tambi\u00e9n reprocha la realizaci\u00f3n de actividades extorsivas (objetivo); lo cierto es que no encontr\u00f3 satisfecho el factor institucional, toda vez que no existen plenas garant\u00edas para todos los actores del proceso penal, tal como qued\u00f3 expuesto. De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria sometida a su consideraci\u00f3n acompa\u00f1ada de la aplicaci\u00f3n de las reglas para resolver conflictos de competencia suscitados entre la jurisdicci\u00f3n ordinaria y la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena. Es decir, que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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