STC15435-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15435-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00848-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de 16 de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 18 de mayo de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Ancizar Vinasco Torres contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2014-00600. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, \u00abla vida en condiciones dignas, la seguridad social, el m\u00ednimo vital y m\u00f3vil\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Jairo Ancizar Vinasco Torres promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Administradora Colombia de Pensiones -Colpensiones-, en procura de obtener la pensi\u00f3n de invalidez \u00aben virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb puesto que \u00abfue calificado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 68.16%, de origen com\u00fan, con fecha de estructuraci\u00f3n del 19 de junio de 2012\u00bb2, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, quien concedi\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
Sin embargo, al desatar el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad revoc\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto advirti\u00f3 que el actor \u00abdeb\u00eda acreditar 50 semanas cotizadas entre [el 19 de junio de 2012] y los 3 a\u00f1os anteriores (\u2026), conforme a la Ley 860 de 2003, presupuesto que no cumpl\u00eda conforme a la historia laboral que reposaba en el expediente, pues en dicho periodo no contaba con aporte alguno\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, el promotor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral dej\u00f3 inc\u00f3lume lo resuelto por el ad quem, pues coligi\u00f3 que \u00abel accionante no acredit\u00f3 tener cotizadas las 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de haberse estructurado su invalidez\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del gestor, desconoci\u00f3 el precedente \u00aben cuanto a la aplicaci\u00f3n del criterio hermen\u00e9utico de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia laboral, especialmente en temas pensionales, en interpretaci\u00f3n amplia del principio de favorabilidad contenido en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abse encuentra en un estado de salud muy delicado y tiene pendiente un trasplante de coraz\u00f3n (\u2026). Adem\u00e1s, es el \u00fanico que provee el sustento para su familia\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL5070-2020, 2 dic., y, en consecuencia, se reconozca la prestaci\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que el \u00abse\u00f1alamiento que el accionante hace de desconocimiento del precedente emitido por la Corte Constitucional atinente al principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa -sentencia SU-446 de 2016, me permito indicar que en la actuaci\u00f3n materia de controversia, se expusieron, con suficiencia, las razones por las cuales esta Sala, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinara, se apartaba de tal postura -criterio reiterado por la Corporaci\u00f3n como en [la determinaci\u00f3n] CSJ SL1689-2017\u00bb. <\/p>\n
2. Colpensiones se\u00f1al\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite alegado en la presente tutela, ya hab\u00eda sido objeto de estudio por otro Juez el cual no accedi\u00f3 a las pretensiones solicitadas por el accionante, por lo que la presente acci\u00f3n de tutela debe ser declara improcedente ante la existencia de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. manifest\u00f3 que el \u00abproceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. I.S.S. en Liquidaci\u00f3n o el extinto I.S.S.\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abel hecho que la Sala accionada haya tomado una decisi\u00f3n con base en su jurisprudencia, que, a su juicio, era la m\u00e1s acertada, no vulnera derecho fundamental alguno, pues ello obedece al ejercicio del principio de autonom\u00eda e independencia judicial, al interpretar razonablemente las normas jur\u00eddicas aplicables al caso puesto a su consideraci\u00f3n. Lo que observa esta Sala de Tutelas es que la decisi\u00f3n adoptada se sustent\u00f3 razonablemente en una de las interpretaciones posibles\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abla Corte Suprema de Justicia Sala Penal, (\u2026) sigue siendo proclive a negar la prestaci\u00f3n pensional solicitada, argumentando independencia judicial, legalidad y seguridad jur\u00eddica que de entrada no se configuran como vulneradas si se aplica la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa como se solicita en este caso o que si se sopesan con la garant\u00eda de derechos fundamentales, los \u00faltimos revisten mayor importancia\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abemerge el deber para el juez ordinario de aplicar en su decisi\u00f3n la condici\u00f3n que resulte m\u00e1s beneficiosa en materia pensional, siempre que exista un conflicto de aplicaci\u00f3n entre la norma vigente y alguna derogada sobre la que el solicitante de la prestaci\u00f3n se haya creado una expectativa leg\u00edtima, sin que sea necesario que \u00e9sta sea inmediatamente anterior a la vigente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Corporaci\u00f3n enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL5070-2020, 2 dic.), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a plantear la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abel accionante no acredit\u00f3 tener cotizadas las 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de haberse estructurado su invalidez\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos, formulados por la v\u00eda directa (i) en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea \u00abdel \u00abart\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003 y los art\u00edculos 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb; y, (ii) por la infracci\u00f3n recta de los \u00abart\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art\u00edculo 1 del Decreto 758 de 1990; en armon\u00eda con los art\u00edculos 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y por la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[V]istos los [embates] con que se sustent\u00f3 el recurso extraordinario, el recurrente dej\u00f3 por fuera de ataque, tanto las conclusiones de orden f\u00e1ctico como jur\u00eddico a las que arrib\u00f3 el Tribunal y que lo condujeron a revocar la sentencia dictada por el juez de primer grado, por ende, tales aspectos no fueron derruidos; de manera, que la providencia impugnada permanece inc\u00f3lume, conservando las presunciones de acierto y legalidad, con total independencia de lo atinada que pudiera ser o no, con base en aquellos fundamentos inatacados\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00ab[l]o anterior, ser\u00eda suficiente para desestimar los ataques propuestos por la censura, sin embargo, no sobra se\u00f1alar que, el Tribunal no incurri\u00f3 en yerro alguno con la sentencia que profiri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, enumer\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) Que al accionante le fue dictaminada una p\u00e9rdida de capacidad laboral equivalente al 68.18%, de origen com\u00fan y con fecha de estructuraci\u00f3n el 19 de junio de 2012, calenda para la cual se encontraba rigiendo la Ley 860 de 2003; ii) Que dentro de los tres (3) \u00faltimos a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, no acredit\u00f3 haber efectuado aportes, iii) Que la entidad accionada le neg\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n por no cumplir con el requisito de semanas que exige la normativa antes se\u00f1alada en su art\u00edculo 1\u00ba.\u00bb. <\/p>\n
Sobre la normativa que regula el acceso a la citada prestaci\u00f3n, indic\u00f3 que \u00abes aquella que se encuentre vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez, que para el caso es el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, en consideraci\u00f3n a que dicho estado se consolid\u00f3 el 19 de junio de 2012\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abcomo el accionante no acredit\u00f3 tener cotizadas las 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de haberse estructurado su invalidez, no hab\u00eda lugar al reconocimiento de la prestaci\u00f3n deprecada, como acertadamente lo concluy\u00f3 el ad quem\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[E]n cuanto a la pretensi\u00f3n del recurrente de que el asunto controvertido se regule por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto de igual anualidad en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, debe resaltarse, que tal disposici\u00f3n no es la llamada a gobernar el caso bajo an\u00e1lisis, por cuanto con posterioridad a dicha normativa, se expidi\u00f3 el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, el cual a su vez fue modificado por el art\u00edculo 1 de la ley 860 de 2003, luego entonces, la situaci\u00f3n descrita no podr\u00eda regularse por tal postulado, pues bajo el criterio actual de esta Sala, no es dable al operador judicial realizar un salto normativo y hacer un recuento hist\u00f3rico de las leyes que rigen tal situaci\u00f3n para determinar cu\u00e1l es la norma m\u00e1s favorable al trabajador\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en las providencias \u00abCSJ SL1010-2020, (\u2026) SL4987-2019, y la (\u2026) SL8305-2017\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el presente caso no es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, lo que tiene su raz\u00f3n de ser, por cuanto no es viable dar aplicaci\u00f3n a la plus ultractividad de la ley; es decir, hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del demandante o la que le resulta ser m\u00e1s favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, arguy\u00f3 que \u00abno se evidencia que el juzgador de alzada haya incurrido en yerro jur\u00eddico alguno, pues el criterio expuesto en la sentencia fustigada, se acompasa con la l\u00ednea de pensamiento de esta Sala frente al hecho de que la disposici\u00f3n que debe tenerse en cuenta para resolver la solicitud de pensi\u00f3n de invalidez, es la vigente para el momento de la estructuraci\u00f3n de ese estado, y de igual forma resulta claro la improcedencia, para este caso en particular, de hacer uso del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, como qued\u00f3 explicado en precedencia\u00bb. <\/p>\n
Luego, el estrado enjuiciado estudi\u00f3 el reproche del censor en torno a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial y razon\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[E]n relaci\u00f3n con los efectos plusultractivos que la Corte Constitucional le otorg\u00f3 al principio de la condici\u00f3n mas beneficiosa en la sentencia SU-446 de 2016, debe se\u00f1alarse que esta Corporaci\u00f3n como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en la especialidad laboral se ha apartado de dicha postura al considerar que la misma \u00abafecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la disposici\u00f3n aplicable, en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional, con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general\u00bb, adem\u00e1s de desconocer \u00ab que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro \u00bb (CSJ SL1689-2017)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que \u00abninguna raz\u00f3n le asiste el promotor, por lo que el cargo est\u00e1 llamado a fracasar\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVARE <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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STC15435-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15435-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00848-01 (Aprobado en Sala de 16 de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68908","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68908","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68908"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68908\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}