STC15438-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15438-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03818-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por H\u00e9ctor Eliecer Lucero, en calidad de agente oficioso de Fernando Alfonso Mera Pab\u00f3n, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el juicio ejecutivo con radicado N\u00b0 1997-00297-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, en la calidad referida, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a \u00abla prevalencia de lo sustancial\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el proceso mencionado. <\/p>\n
Para sustentar el reclamo, y luego de hacer alusi\u00f3n \u2013in extenso- a todo el tr\u00e1mite surtido en el proceso ejecutivo, promovido en el a\u00f1o de 1995 por Alberto Castillo S\u00e1nchez y al que se acumularon varios procesos ejecutivos singulares, entre ellos el promovido por su agenciado Fernando Alfonso Mera Pab\u00f3n y en el que actu\u00f3 en calidad de su apoderado judicial, manifest\u00f3 que, <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del asunto por desistimiento t\u00e1cito el 23 de febrero de 2021, con fundamento en que la \u00faltima de las actuaciones ocurridas, fue la providencia de 30 de septiembre de 2016 por la que resolvi\u00f3 no aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte ejecutante el 20 de septiembre de 2016, y que la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n tiene como fecha el 28 de mayo de 1998, motivo por el cual, estaba m\u00e1s que superado el t\u00e9rmino de inactividad del que trata el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso para esta clase de litigios. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que aun cuando apel\u00f3 dicha decisi\u00f3n, no obtuvo \u00e9xito, pues la Sala Civil Familia del Tribunal de Pasto la confirm\u00f3 en auto de 20 de abril de 2022 \u00abcon un argumento no convincente, puesto que en sus cuentas, no son dos a\u00f1os sino cuatro a\u00f1os desde 30 de septiembre de 2016, (\u2026), haciendo \u00e9nfasis que el mero paso del tiempo es suficiente para la aplicaci\u00f3n de la preceptiva legal del art\u00edculo en menci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito sin que interese la naturaleza de la actuaci\u00f3n a desplegar por los operadores judiciales de turno\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que es evidente la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de su agenciado, como quiera que existieron falencias en el c\u00f3mputo de t\u00e9rmino de los dos a\u00f1os de inactividad, adem\u00e1s de desconocer todo lo ocurrido en el juicio de sucesi\u00f3n de Pastor Viveros, \u00abiniciado en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Ipiales y luego trasladado al Juzgado Sexto de Familia del C\u00edrculo de Pasto, bajo radicaci\u00f3n No. 2013- 00062, con miras a obtener los recursos econ\u00f3micos que deben nutrir el ejecutivo ya culminado con sentencia ejecutoriada para no hacer nugatoria su eficacia\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a los accionados, invalidar las providencias aludidas, con el fin de lograr la continuaci\u00f3n del pleito coercitivo base del reclamo. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo objeto de an\u00e1lisis, y se solicit\u00f3 al apoderado del se\u00f1or Fernando Alfonso Mera Pab\u00f3n, que allegara el poder otorgado para promover la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito se efectu\u00f3 con la objetiva observancia de los t\u00e9rminos y actuaciones judiciales, se respetaron todas las garant\u00edas procesales y sustanciales, y por ende no es posible afirmar de dicha actuaci\u00f3n judicial en reproche, la presunta vulneraci\u00f3n de alg\u00fan derecho constitucional fundamental. <\/p>\n
2. Los Juzgados Primero y Tercero Civiles del Circuito de Pasto, se limitaron a remitir los links de acceso a los expedientes de los juicios ejecutivos acumulados. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No puede olvidarse, que aun cuando el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la subsidiariedad, la inmediatez y la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, debe analizarse en primer lugar la legitimaci\u00f3n del abogado que interpuso la acci\u00f3n de tutela, y frente a lo anterior observa la Sala que, en respuesta al requerimiento realizado por el despacho en auto de 2 de noviembre de 2022, inform\u00f3 \u00abes nuestro deber manifestar que resulta imposible atender dicha exigencia, ante el imponderable de encontrarse desaparecido mi mandante, se\u00f1or Fernando Alonso Mera Pabon (\u2026) tal como demuestro con los documentos adjuntos al presente escrito\u00bb, y solicit\u00f3 \u00abse permita actuar en la presente demanda excepcional, con la representaci\u00f3n judicial que hasta la fecha he mantenido o en su lugar se disponga aceptar mi intervenci\u00f3n, en esta acci\u00f3n constitucional, como agente oficioso, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 57 del CGP\u00bb. <\/p>\n
El abogado anex\u00f3 como prueba, \u00abDenuncia penal por desaparici\u00f3n forzada de Fernando Alfonso Mera; Resoluci\u00f3n No. 2012- 34878 sobre inscripci\u00f3n como v\u00edctima de la se\u00f1ora Alicia Paz de Mera, y la constancia de desaparici\u00f3n forzada de Fernando Alfonso Mera emitida por la Direcci\u00f3n Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos Fiscal\u00eda 164 Especializada sede Pasto\u00bb. <\/p>\n
Sobre la agencia oficiosa, esta Corte ha ense\u00f1ado: <\/p>\n
(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En casos similares, la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026) (Ver CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-02-04-000-2015-02437-01, citada en CSJ STC2486-2020, rad. 2019-00209-01, reiterada en STC1288-2022). <\/p>\n
Lo anterior permite concluir que, en este asunto, quedaron acreditados los requisitos para que operara la agencia oficiosa, de una parte, porque el referido abogado afirm\u00f3 en el escrito de subsanaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, la raz\u00f3n por la cual actuaba en esa calidad respecto de su cliente, y porque esa situaci\u00f3n, se prob\u00f3 mediante los documentos que anex\u00f3, que revelan la desaparici\u00f3n del se\u00f1or Fernando Alfonso Mera Pab\u00f3n desde el 29 de julio de 2008. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que es indiscutible la circunstancia alegada y sumado al principio de buena fe que rige el ordenamiento jur\u00eddico, se impone que se demostr\u00f3 una circunstancia real, consistente en que el titular de los derechos fundamentales reclamados no est\u00e1 en condiciones para promover su propia defensa. <\/p>\n
3. Ahora bien, tomando en cuenta las puntuales pretensiones del inconforme, se advierte el fracaso del amparo planteado en lo referente al auto de 20 de abril de 2022, por el cual el Tribunal Superior de Pasto confirm\u00f3 la providencia de 23 de febrero de 2021, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito del proceso ejecutivo, al desconocer el presupuesto de la inmediatez, en tanto que se constata que la queja constitucional fue presentada el 1\u00b0 de noviembre de 2022, esto es, luego de transcurrir casi siete (7) meses desde el presunto hecho vulnerador, t\u00e9rmino que supera el plazo se\u00f1alado de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional (6 meses), sin que el agente oficioso hubiere dado a conocer causa alguna para justificar la extemporaneidad, exigencia sobre la que la Corte reiteradamente ha se\u00f1alado, \u00abmuy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC12287-2016, STC10554-2018, STC8525-2022 y STC8539-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, siendo el apoderado judicial del agenciado en el proceso ejecutivo, tampoco acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional, tardanza que descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad accionada, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. Ahora bien, a\u00fan en el evento de tenerse por superado lo anterior, revisada la providencia proferida por el Tribunal Superior de Pasto, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el aqu\u00ed apoderado, observa la Sala que la misma no merece reproche alguno desde el \u00e1mbito ius fundamental. <\/p>\n
Lo anterior es as\u00ed, porque la Corporaci\u00f3n accionada concluy\u00f3 que era procedente la terminaci\u00f3n decretada, pues la \u00faltima actuaci\u00f3n de la que da cuenta el proceso ejecutivo tuvo lugar el treinta 30 de septiembre de dos mil diecis\u00e9is 2016, notificada el tres 3 de octubre del mismo a\u00f1o, de ah\u00ed que hasta la fecha en se profiri\u00f3 el auto que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, 23 de febrero de 2021, transcurrieron m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, superando los dos a\u00f1os que la norma establece como t\u00e9rmino m\u00e1ximo de inactividad, por lo que deb\u00eda aplicarse, el literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, que \u00absi el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el plazo previsto en este numeral ser\u00e1 de dos (2) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior sumado al hecho que, seg\u00fan se anot\u00f3, <\/p>\n
\u00abla norma no requiere la existencia de cargas o diligencias que obligatoriamente deba asumir la parte actora, o del Juez, puesto que ellas son predicables \u00fanicamente del numeral primero del art\u00edculo 317 bajo an\u00e1lisis, a fin de que se impulse el proceso. No obstante, las actuaciones que interrumpen el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os necesario para dar por terminado el asunto en el evento previsto en el numeral 2\u00ba, son de cualquier naturaleza. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las consideraciones precedentes no lucen arbitrarias o lesivas de garant\u00edas sustanciales, pues, en realidad, de los medios de convicci\u00f3n aportados a este tr\u00e1mite excepcional, se estableci\u00f3 de manera fehaciente que la inactividad en el proceso ejecutivo, super\u00f3 con holgura el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os que viene de comentarse, sin que los cuestionamientos del accionante tenga la entidad suficiente para disponer la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite cuestionado, pues, en estrictez, ni siquiera alude de manera expresa cuales fueron los supuestos errores en el c\u00e1lculo, o cu\u00e1les fueron las actividades desplegadas por su parte o cualquiera de los dem\u00e1s ejecutantes encaminadas a lograr la efectivizaci\u00f3n de sus sentencias, o cu\u00e1l tr\u00e1mite dej\u00f3 de adelantar el Juzgado de conocimiento de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es claro que la decisi\u00f3n reprochada pronunciada el 20 de abril de 2022 por el Tribunal Superior de Pasto, se encuentra motivada y no luce arbitraria, ni se evidencia que con esa decisi\u00f3n se configure vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, m\u00e1xime cuando no se acredit\u00f3 el defecto invocado, y as\u00ed las cosas, la sola divergencia de criterio no permite abrir camino a esta solicitud de amparo, puesto que la acci\u00f3n constitucional no es el instrumento para definir si la interpretaci\u00f3n normativa o si el an\u00e1lisis probatorio efectuado por el funcionario es el m\u00e1s acertado o el m\u00e1s correcto, pues tal prop\u00f3sito resulta ajeno a la tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para instituirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC5234-2021, STC2260-2022 y STC4556-2022, entre otras). <\/p>\n
5. Bastan las anteriores consideraciones, para concluir que el amparo es improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Eliecer Lucero, en calidad de agente oficioso de Fernando Alfonso Mera Pab\u00f3n, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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