STC15439-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15439-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2022-00243-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio el 24 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ad\u00e1n Barrera Rojas y Mar\u00eda del Carmen Hern\u00e1ndez Le\u00f3n contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de la aludida localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00b0 2018-00036. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido por la demora del fallador accionado en reconocerle personer\u00eda a su abogado y en resolver la solicitud de desvinculaci\u00f3n que ellos formularon (el 19 de mayo de 2022) dentro del juicio de restituci\u00f3n de tierras que les fue notificado, con fundamento en que el predio de su propiedad es completamente ajeno a la heredad sobre la que versan las pretensiones. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se ordene al juez cognoscente que, sin mayores dilaciones, disponga su desvinculaci\u00f3n de dicho juicio. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El curador ad litem de Luis Jes\u00fas, William Alfonso y Jairo Jos\u00e9 C\u00f3rdoba Rinc\u00f3n dijo abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento sobre la solicitud de amparo, por considerar que no concierne a sus representados. <\/p>\n
2. El Alcalde Municipal de San Jos\u00e9 de Guaviare, la Gobernaci\u00f3n de ese mismo departamento, el Invias, el Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Miner\u00eda, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educaci\u00f3n, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto de Investigaci\u00f3n de Recursos Biol\u00f3gicos Alexander Von Humboldt, la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la sociedad Colcarga Transportes S.A.S., dijeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3. El Procurador Decimo Judicial II para Restituci\u00f3n de Tierras defendi\u00f3 la legalidad del proceder del juez accionado y recalc\u00f3 que el juicio objeto de disputa versa sobre un predio de gran extensi\u00f3n en el que tienen intereses un amplio n\u00famero de personas, lo cual ha ocasionado que la fase de integraci\u00f3n del contradictorio se dilate sin culpa de dicho funcionario. <\/p>\n
4. La juez accionada hizo un recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder en ese juicio, resaltando igualmente que en esa actuaci\u00f3n se han respetado todas las garant\u00edas fundamentales de los involucrados. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 el amparo por considerar justificada la demora del juez accionado en resolver la solicitud de desvinculaci\u00f3n que elevaron los accionantes. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes insistiendo en sus alegaciones primigenias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las argumentaciones ofrecidas en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n de lo resuelto por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d (\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas pautas al asunto bajo estudio, prontamente se advierte que no existe la transgresi\u00f3n denunciada por la parte querellante, puesto que el despacho accionado no ha incurrido en una mora judicial injustificada que haga viable la injerencia del juez de tutela. <\/p>\n
Para convenir en lo anterior, es importante resaltar que, al pronunciarse sobre la demanda de tutela formulada en su contra, la juez accionada se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Se vincul\u00f3 a los accionantes al proceso, precisamente para que tuvieran oportunidad de expresar su parecer frente al caso en particular e hicieran uso de las figuras jur\u00eddicas y procesales que consideraran pertinentes, es as\u00ed que, a trav\u00e9s de abogado de confianza, han intervenido en el proceso. En cuanto a la intervenci\u00f3n del apoderado de los actores; mediante memorial allegado el 5 de abril de 2022 aport\u00f3 poder para actuar en el presente tr\u00e1mite, reiterado el 19 de abril de esta anualidad; en escrito allegado el 19 de mayo de 2022 present\u00f3 solicitud de desvinculaci\u00f3n de Mar\u00eda del Carmen Hern\u00e1ndez Le\u00f3n, Ad\u00e1n Barrera Rojas y el predio denominado \u201cAlto de los Cocos\u201d, reiterado el 29 de agosto del corriente, empero, el expediente ingres\u00f3 al despacho el 8 de septiembre de 2022 para decidir sobre los 15 memoriales aportados por las partes intervinientes en el proceso y la respectiva revisi\u00f3n de los 26 informes allegados por las entidades vinculadas con el fin de acreditar el cumplimiento de las \u00f3rdenes emitidas en procura de la protecci\u00f3n de los derechos del territorio ind\u00edgena previo a la audiencia programada para el 11 de octubre de 2022 de seguimiento de medida cautelar la cual fue realizada de manera presencial en el Municipio de San Jos\u00e9 del Guaviare. <\/p>\n
(\u2026). Asimismo, no est\u00e1 de m\u00e1s se\u00f1alar que todas las manifestaciones realizadas dentro del expediente que se encuentren debidamente soportadas ser\u00e1n tenidas en cuenta y se les dar\u00e1 el valor que en derecho corresponda una vez se integre debidamente el contradictorio. <\/p>\n
Olvidan los actores que, en virtud del contexto de protecci\u00f3n a la diversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n Colombiana se han emitido medidas tales como el Decreto 1633 de 2011 que busca proteger a las v\u00edctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades ind\u00edgenas que son sujetos de especial protecci\u00f3n y por ello la importancia de velar por la protecci\u00f3n de sus derechos, que sin desconocer los derechos de personas ajenas a dichos grupos culturales como en este caso, si es necesaria su vinculaci\u00f3n m\u00e1s trat\u00e1ndose que no solo se procura por los derechos de la comunidad ind\u00edgena, si no de los que podr\u00edan verse afectados con ocasi\u00f3n a las resultas del tr\u00e1mite judicial por ello la importancia que hagan parte y ejerzan su derecho a la defensa. <\/p>\n
Del recuento de actuaciones procesales surtidas hasta la fecha, se evidencia que este despacho ha garantizado los derechos de las partes y propugna por una correcta administraci\u00f3n de justicia, pese a la congesti\u00f3n que hoy por hoy nos aqueja, atendiendo el alto n\u00famero de acciones de tutela y habeas corpus, procedimientos que deben surtirse dentro de los procesos en curso y los post fallos, la multiplicidad de solicitudes nuevas radicadas, y las audiencias programadas, que dentro del caso que nos ocupa tambi\u00e9n es una labor que requiere de un seguimiento juicioso pues trat\u00e1ndose de un tr\u00e1mite especial se tramitan medidas cautelares con el fin de evitar da\u00f1os inminentes en la integridad cultural y territorial de la comunidad ind\u00edgena Jiw del resguardo ind\u00edgena La Mar\u00eda, en San Jos\u00e9 del Guaviare, en raz\u00f3n a ser sujetos de especial protecci\u00f3n adem\u00e1s de estar en v\u00eda de extinci\u00f3n pues una vez decretadas las mismas se hace necesario el respectivo seguimiento, sin dejar de un lado que cuando se requiere la realizaci\u00f3n de manera presencial de la audiencia debido al desplazamiento a la zona se debe contar con 3 d\u00edas para el traslado y ejecuci\u00f3n de esta, como se verifica con la comisi\u00f3n conferida a esta jueza y que se anexa a esta respuesta\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de las explicaciones brindadas por la juzgadora cognoscente, se colige con suficiencia que, si bien la solicitud materia de estudio se radic\u00f3 el 19 de mayo de 2022, no se advierte que la tardanza en proferir la decisi\u00f3n reclamada luzca inexcusable como para predicar vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores de la parte actora, si en cuenta se tiene la complejidad del juicio que concierne a esta actuaci\u00f3n; la elevada carga laboral que soporta aquella autoridad judicial, sumado a los asuntos previamente asignados a la fustigada funcionaria. <\/p>\n
Debe recordarse que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime cuando la demora presentada en la resoluci\u00f3n de la solicitud elevada por la parte accionante, no es producto de una evidente desidia de la judicatura, sino que obedece -como ya se indic\u00f3- a la alta carga laboral asignada a la c\u00e9lula judicial querellada. <\/p>\n
En todo caso, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, incluyendo la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por la parte querellante, aunque de hallarse probada fehacientemente la actitud omisiva por el tutelado, se impondr\u00eda revisar la posibilidad de darle una prioridad especial al caso, pero como no se ha constatado, no es urgente la intervenci\u00f3n constitucional; al respecto, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige de lo expuesto que no hay lugar a otorgar salvaguarda, bajo el supuesto de una tardanza injustificada del fallador accionado, teniendo en cuenta que la parte querellante no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permiten al juez constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n alguna la definici\u00f3n de los juicios. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la denegaci\u00f3n del pretendido resguardo, porque no es posible atribuir al fallador querellado una actitud negligente u omisiva a partir de la cual resulte evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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