STC15441-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15441-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01048-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 2 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP) contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abpatrimonio p\u00fablico\u00bb, que dice vulneradas por los querellados, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse dejen sin efectos las sentencias del 20 de septiembre de 2017 y el 3 de noviembre de 2021\u00bb y, en consecuencia, se ordene a la sala de casaci\u00f3n accionada que dicte \u00abnueva sentencia\u2026, casando la decisi\u00f3n proferida el 20 de septiembre de 2017\u2026, para ordenar \u00fanicamente el reconocimiento del derecho al reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional de\u2026 Martha Hercilia Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez a partir de la fecha de exclusi\u00f3n de la n\u00f3mina de\u2026 Mar\u00eda Roc\u00edo Grisales Jaramillo\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Martha Hercilia Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez promovi\u00f3 demanda laboral contra la UGPP y a Mar\u00eda Roc\u00edo Grisales Jaramillo, con la finalidad de que se declarara que \u00abes la \u00fanica persona que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes generada por el fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente Jorge Enrique Pava Lozano, hecho ocurrido el 23 de mayo de 2011\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00ab\u2026 Grisales Jaramillo, no cumple con los requisitos para ser beneficiara de igual prestaci\u00f3n\u00bb y que se condenara a la UGPP \u00aba pagarle la pensi\u00f3n de sobrevivientes a partir del 23 de mayo de 2011, los intereses moratorios, la indexaci\u00f3n, lo que se pruebe ultra o extra petita y las costas del proceso\u00bb. Notificada Mar\u00eda Roc\u00edo Grisales Jaramillo, formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 13 de septiembre de 2016, se desestimaron las pretensiones iniciales y se accedi\u00f3 a las planteadas en reconvenci\u00f3n, decisi\u00f3n que apelaron la actora primigenia y la UGPP, siendo revocada con providencia del 20 de septiembre de 2017, para en su lugar, entre otras determinaciones, condenar a la UGPP \u00aba reconocer y pagar, debidamente indexada, de manera vitalicia la pensi\u00f3n de sobreviviente del causante Jorge Enrique Pava Lozano a partir del 23 de mayo del 2011 a Martha Hercilia Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez en calidad de compa\u00f1era permanente y las mesadas adicionales e incrementos anuales de ley en cuant\u00eda del 50% del valor total\u00bb. <\/p>\n
2.3. Frente a esa determinaci\u00f3n, Mar\u00eda Roc\u00edo Grisales Jaramillo y la UGPP, formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con fallo del 3 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abla orden de pago del 50% de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor de\u2026 Martha Hercilia Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez a partir del 23 de mayo 2011, generar\u00eda dobles pagos para el interregno comprendido entre el 23 de mayo de 2011 hasta la fecha, pues\u2026 para ese periodo le fue pagada el 50% de la prestaci\u00f3n a\u2026 Mar\u00eda Roc\u00edo Grisales Jaramillo quien despu\u00e9s se le acrecent\u00f3 al 100%\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agregaron que las sedes judiciales accionadas desconocieron que \u00abel ISS\u2026 reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de sobreviviente y que la UGPP continu\u00f3 con los pagos prestacionales a favor de\u2026 Mar\u00eda Roc\u00edo Grisales Jaramillo de buena fe y con base en las declaraciones juramentadas aportadas al expediente pensional, lo que no hac\u00eda procedente volver a reconocer por el mismo periodo el 50% de la prestaci\u00f3n a la compa\u00f1era permanente\u00bb; as\u00ed como tampoco valoraron que \u00abnunca se conoci\u00f3 reclamaci\u00f3n administrativa de\u2026 Martha Hercilia Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez\u2026, situaci\u00f3n que fue pasada por alto\u2026 y que hoy conllevar\u00e1 al pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente en un 150% ocasionando as\u00ed un perjuicio al erario\u00bb. <\/p>\n
2.6. De otro lado, resalt\u00f3 que los falladores accionados declararon que Mar\u00eda Roc\u00edo Grisales Jaramillo \u00abno es beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes revocando el reconocimiento pensional, sin imputarle ning\u00fan tipo de orden de devoluci\u00f3n\u00bb; que \u00abla solicitud de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales es de urgente atenci\u00f3n si se tiene en cuenta que se trata de una prestaci\u00f3n cuantiosa que asciende a la suma aproximada de $345.562.537 M\/cte\u00bb,; y que la \u00abrevisi\u00f3n no es el medio eficaz para evitar la consumaci\u00f3n del perjuicio irremediable que se ocasiona al erario y el sistema pensional, ya que no admite medidas provisionales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 que \u00abno se le vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental alguno a la entidad UGPP y menos que esta corporaci\u00f3n hubiese incurrido en una v\u00eda de hecho y\/o en abuso del derecho como lo sostiene sin fundamento alguno la hoy tutelante\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagu\u00e9, tras relacionar las actuaciones adelantadas en el juicio criticado, manifest\u00f3 que \u00aben el tr\u00e1mite del proceso en esta instancia no se vulneraron derechos fundamentales de las partes, toda vez que se profundiz\u00f3 en el debate probatorio a fin de obtener el mayor discernimiento de la verdad f\u00e1ctica\u00bb. <\/p>\n
3. Martha Hercilia Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez defendi\u00f3 la legalidad del asunto objeto de cr\u00edtica. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, toda vez que no se agotaron los medios de defensa ordinarios, \u00abya que la demandante en tutela no ha [impulsado] la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de que trata el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003\u00bb; y, adem\u00e1s, porque \u00abno es posible deducir un abuso del derecho por parte de Martha Hercilia Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez, motivo por el cual resulta improcedente acceder a la pretensi\u00f3n subsidiaria de la demandante constitucional, de suspender los efectos de la sentencia que le concedi\u00f3 el derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela \u00abes el mecanismo id\u00f3neo para garantizar la protecci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales, aun cuando exista un mecanismo alterativo de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el cual, debido a sus ritualidades procesales, supedita necesariamente que la protecci\u00f3n de estos derechos se postergue y no sea inmediata\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, considera la Corte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, porque desatiende el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, en tanto, para controvertir la sentencia que orden\u00f3 el pago retroactivo de la pensi\u00f3n que se reconoci\u00f3 a Martha Hercilia Guzm\u00e1n Gonz\u00e1lez, la accionante tiene a su alcance acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, m\u00e1xime si esgrime que el pago retroactivo de la pensi\u00f3n all\u00ed conferida a cargo del \u00aberario\u00bb, fue en desmedro de lo debido de acuerdo con la ley; aqu\u00e9l es el escenario judicial con el que es factible remediar los aparentes perjuicios que tal reconocimiento prestacional llegare a ocasionar. <\/p>\n
Es que, cual lo ha sostenido esta Sala de la Corte, en un debate con cierta simetr\u00eda, <\/p>\n
(\u2026) respecto al reconocimiento pensional convencional [otorgado en fallo de casaci\u00f3n] que, en sentir de la quejosa, constituye una irregularidad, adem\u00e1s, porque Henry Morales ya cuenta con la pensi\u00f3n de vejez por parte de Colpensiones, por lo que, deduce, existe \u00abincompatibilidad entre el reconocimiento convencional y la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, sumado a que \u00abno se puede devengar DOS emolumentos del erario p\u00fablico generando as\u00ed una evidente v\u00eda de hecho por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb[,] la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente, comoquiera que, tal como lo afirm\u00f3 la accionante, tiene a su alcance acudir [a la] revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo\u2026\u00bb. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto al reconocimiento pensional convencional, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
la entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003(\u2026) para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u2026 (\u00c9nfasis ajeno. Cfr. CSJ STC6282, 2 jun. 2021, rad. 2020-00554-02). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la UGPP s\u00ed est\u00e1 facultada para interponer la revisi\u00f3n en comento, pues como lo ha precisado esta magistratura en el pasado, \u00abdicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 (\u2026) de 2013, seg\u00fan el cual, [le] corresponde (\u2026) adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003\u00bb; norma aquella que, adem\u00e1s, refrend\u00f3 su naturaleza jur\u00eddica de entidad adscrita al Ministerio de Hacienda (CSJ STC4114, 22 mar. 2018, rad. 00232-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
3. Finalmente, dest\u00e1quese que el resguardo no procede, siquiera, como mecanismo transitorio, comoquiera que no se verifica la existencia de un perjuicio irremediable, como lo predic\u00f3 la impugnante, toda vez que, como lo ha precisado la Sala en casos similares: <\/p>\n
\u2026 la accionante esgrime que la queja tuitiva la present\u00f3 para evitar la ocurrencia de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, toda vez que el procedimiento del referido remedio hace que su definici\u00f3n no sea expedita, lo que prolonga en el tiempo la afectaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones, de ah\u00ed que la problem\u00e1tica planteada deba solventarse en este escenario constitucional. <\/p>\n
No obstante, la ret\u00f3rica exhibida [por la UGPP] no diluye la \u00abexigencia de procedibilidad\u00bb echada de menos p\u00e1rrafos atr\u00e1s, comoquiera que no se acredit\u00f3 que con el pago de la \u00abmesada y retroactivo pensional\u00bb concedido\u2026, se ponga en \u00abgrave riesgo\u00bb el mencionado r\u00e9gimen prestacional, carga que debe soportar la entidad querellante hasta tanto pruebe, en aquel contexto jurisdiccional, que lo otorgado no acompasa con el ordenamiento patrio. (CSJ STC9548-2022). <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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