STC15449-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15449-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01826-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 20 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP) contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el \u00abprincipio de sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial enjuiciada, por lo que solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n judicial del 14 de junio de 2022\u00bb y, en su lugar, \u00abdictar nueva sentencia ajustada a derecho, no casando la sentencia proferida en segunda instancia de\u2026 29 de mayo de 2020 y confirmando la decisi\u00f3n de primera instancia\u2026\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria, pidi\u00f3 \u00abse suspenda de manera transitoria la sentencia del 14 de junio de 2022\u2026, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 29 de enero de 2019, se negaron las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo confirmada con providencia del 29 de mayo de 2020. <\/p>\n
2.3. Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, el actor promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que se declar\u00f3 pr\u00f3spero con sentencia del 14 de junio de estas calendas (CSJ SL1983-2022), por lo que la sede judicial accionada cas\u00f3 el prove\u00eddo recurrido, en su remplazo, revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia y, en su lugar, accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la tutelante que el juez de casaci\u00f3n desconoci\u00f3 \u00ablos par\u00e1metros fijados en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004 suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL\u00bb; que deform\u00f3 \u00ablas reglas del acto legislativo 01 de 2005\u00bb; que no tuvo en cuenta el \u00abprecedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia de SU-555 de 2014, en el entendido que la vigencia m\u00e1xima de la convenci\u00f3n relacionada no puede ir m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010\u00bb, as\u00ed como tampoco \u00abla figura de la compartibilidad pensional en el nuevo reconocimiento\u00bb. <\/p>\n
2.5. De otro lado, resalt\u00f3 que \u00absi bien procede el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, \u00e9ste no es el mecanismo pertinente y eficaz para impedir la grave irregularidad que se da en este caso\u2026\u00bb, comoquiera que \u00abno evita la consumaci\u00f3n del perjuicio irremediable por dos razones: i.- porque no admite medidas provisionales\u2026; [y] ii.- se deba cumplir una orden judicial y pagar la mesada convencional en el 100% a lo cual no se tiene derecho\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) esgrimi\u00f3 que \u00abno se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la [sede judicial acusada]\u00bb; y, por otra parte, pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, habida cuenta \u00abno es posible considerar que Colpensiones tiene responsabilidad en la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales alegados\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Juan Carlos Gaviria G\u00f3mez, quien dijo obrar \u00abcomo apoderado judicial de\u2026 \u00c1lvaro Pulgar\u00edn Ardila\u00bb, sin que allegara mandato que lo facultara para representarlo en esta sumaria tramitaci\u00f3n, pidi\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
4. La Sala de Descongesti\u00f3n No 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que \u00abla sentencia atacada, resolvi\u00f3 las inconformidades debatidas en el proceso; sigui\u00f3 el precedente dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, justific\u00f3 razonadamente y enunci\u00f3 las providencias en las que apoy\u00f3 la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla entidad demandante no ha ejercido la acci\u00f3n correcta para lograr un pronunciamiento acerca de la incompatibilidad de la mesada pensional cuestionada y no se observa un abuso del derecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional – definitiva o transitoria- en lo que respecta a su reconocimiento\u00bb. <\/p>\n
La actora reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el presente caso la UGPP pretende dejar sin efecto el fallo de 14 de junio pasado, que reconoci\u00f3, en sede de casaci\u00f3n, a favor de \u00c1lvaro Pulgar\u00edn Ardila, la pensi\u00f3n convencional que aquel reclam\u00f3, esto, al considerar que conforme a los precedentes jurisprudenciales, no es procedente extender los beneficios de dicho pacto colectivo m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010 (acto legislativo 01 de 2005), pues, para esa data, el demandante no cumpl\u00eda con la edad (55 a\u00f1os), requisito que satisfizo el primero de julio de 2011, raz\u00f3n por la que, no era procedente reconocerle el derecho pensional convencional. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones de la impugnante, esto es, respecto al reconocimiento pensional convencional que, en sentir de la quejosa, constituye una irregularidad, adem\u00e1s, porque no se atendi\u00f3 la compartibilidad con la pensi\u00f3n de vejez de \u00c1lvaro Pulgar\u00edn Ardila, sumado a que, se causar\u00eda un perjuicio irremediable que afectar\u00eda el erario p\u00fablico; la solicitud de amparo deviene improcedente, comoquiera que, tal como lo afirm\u00f3 misma la accionante, tiene a su alcance acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, m\u00e1xime si esgrime que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n all\u00ed conferida a cargo del \u00aberario\u00bb, fue en desmedro de lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva aplicables; aqu\u00e9l es el escenario judicial con el que es factible remediar los aparentes perjuicios que tal reconocimiento prestacional llegare a ocasionar. <\/p>\n
Es que, cual lo ha sostenido esta Sala de la Corte, en un debate con cierta simetr\u00eda, <\/p>\n
(\u2026) respecto al reconocimiento pensional convencional [otorgado en fallo de casaci\u00f3n] que, en sentir de la quejosa, constituye una irregularidad, adem\u00e1s, porque Henry Morales ya cuenta con la pensi\u00f3n de vejez por parte de Colpensiones, por lo que, deduce, existe \u00abincompatibilidad entre el reconocimiento convencional y la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, sumado a que \u00abno se puede devengar DOS emolumentos del erario p\u00fablico generando as\u00ed una evidente v\u00eda de hecho por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb[,] la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente, comoquiera que, tal como lo afirm\u00f3 la accionante, tiene a su alcance acudir [a la] revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo\u2026\u00bb. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto al reconocimiento pensional convencional, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
la entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003(\u2026) para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u2026 (\u00c9nfasis ajeno. Cfr. CSJ STC6282, 2 jun. 2021, rad. 2020-00554-02). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la UGPP s\u00ed est\u00e1 facultada para interponer la revisi\u00f3n en comento, pues como lo ha precisado esta magistratura en el pasado, \u00abdicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 (\u2026) de 2013, seg\u00fan el cual, [le] corresponde (\u2026) adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003\u00bb; norma aquella que, adem\u00e1s, refrend\u00f3 su naturaleza jur\u00eddica de entidad adscrita al Ministerio de Hacienda (CSJ STC4114, 22 mar. 2018, rad. 00232-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente, dest\u00e1quese que el resguardo no procede, siquiera, como mecanismo transitorio, comoquiera que no se verifica la existencia de un perjuicio irremediable, como lo predic\u00f3 la impugnante, toda vez que, como lo ha precisado la Sala en casos similares: <\/p>\n
\u2026 la accionante esgrime que la queja tuitiva la present\u00f3 para evitar la ocurrencia de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, toda vez que el procedimiento del referido remedio hace que su definici\u00f3n no sea expedita, lo que prolonga en el tiempo la afectaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones, de ah\u00ed que la problem\u00e1tica planteada deba solventarse en este escenario constitucional. <\/p>\n
No obstante, la ret\u00f3rica exhibida [por la UGPP] no diluye la \u00abexigencia de procedibilidad\u00bb echada de menos p\u00e1rrafos atr\u00e1s, comoquiera que no se acredit\u00f3 que con el pago de la \u00abmesada y retroactivo pensional\u00bb concedido\u2026, se ponga en \u00abgrave riesgo\u00bb el mencionado r\u00e9gimen prestacional, carga que debe soportar la entidad querellante hasta tanto pruebe, en aquel contexto jurisdiccional, que lo otorgado no acompasa con el ordenamiento patrio. (CSJ STC9548-2022). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Quien prest\u00f3 sus servicios en el Instituto de Seguros Sociales -ISS- por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, esto es, desde el 21 de abril de 1981 y el 31 de diciembre de 2014, cumpliendo 55 a\u00f1os de edad el primero de julio de 2011. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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