STC15454-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15454-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02073-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Asociaci\u00f3n Nacional de Transportes Terrestres del Norte S.A.S. ASOTRANSPORTE S.A.S., contra el fallo de 4 de octubre de 2022, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado 36 Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n No. 2011-00259-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La empresa gestora pretende que se declaren nulos los autos por medio de los cuales se libr\u00f3 mandamiento de pago y se decretaron medidas cautelares en el proceso en comento (17 mayo 2022), para que, en su lugar, se niegue la orden de apremio por cosa juzgada. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que ante el Juzgado accionado fue tramitado, en su contra, un proceso de responsabilidad civil extracontractual. En dicho tr\u00e1mite fue proferida sentencia en la que se acogieron las pretensiones de la demanda (11 septiembre 2013), en consecuencia, la parte demandante promovi\u00f3 proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n que termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito (15 febrero 2015). <\/p>\n
A pesar de lo anterior, la demandante volvi\u00f3 a presentar un proceso ejecutivo con el fin de efectuar cobro de la condena establecida en el proceso de responsabilidad, con lo cual \u00abvuelve a revivir un caso que ya hab\u00eda constituido la cosa juzgada\u00bb; sin embargo, el Juzgado accionado profiri\u00f3 mandamiento (17 mayo 2022) con lo cual soslay\u00f3 la existencia de cosa juzgada y la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cobrada. Tambi\u00e9n decret\u00f3 el embargo de un veh\u00edculo de placas JOW578, sin verificar el certificado de tradici\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no advirti\u00f3 que dicho bien no es de propiedad de ASOTRANSNPORTE S.A.S., sino de Finanzauto S.A. Aunque promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, la decisi\u00f3n se mantuvo inc\u00f3lume (13 septiembre 2022). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Finanzauto S.A. relat\u00f3 que el automotor al que se hace referencia en la tutela no es de su propiedad, sino que \u00fanicamente es la acreedora con garant\u00eda real, en consecuencia, los hechos en que se fundamenta la acci\u00f3n le son ajenos. <\/p>\n
El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso en comento y se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado derechos fundamentales. <\/p>\n
3. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo por considerar que el asunto carece de relevancia constitucional toda vez que la autoridad accionada atendi\u00f3 las reglas sobre desistimiento t\u00e1cito previstas en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no est\u00e1 satisfecho el requisito de subsidiariedad, toda vez que la empresa actora no promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que decret\u00f3 el embargo. <\/p>\n
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4. La empresa actora impugn\u00f3, efecto para el cual reiter\u00f3 los argumentos aducidos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado se respaldar\u00e1 por advertirse que el amparo invocado no cumple con el requisito de subsidiariedad; adem\u00e1s, la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n promovido contra el mandamiento de pago es razonable. <\/p>\n
En primer lugar, debe memorarse que el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso establece que es apelable el auto que resuelve \u00absobre una medida cautelar, o fije el monto de la cauci\u00f3n para decretarla, impedirla o levantarla\u00bb. Bajo ese marco, puede afirmarse que el auto por medio del cual fue decretado el embargo del veh\u00edculo de placas JOW578 era susceptible de alzada; sin embargo, la empresa interesada no promovi\u00f3 la misma, lo que permite colegir que no hizo uso efectivo de todos los medios de defensa que ten\u00eda a su alcance para cuestionar la referida decisi\u00f3n. Al respecto, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional: <\/p>\n
\u00ab[ (\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (STC3579-2020)\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, revisada la providencia que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n promovido contra el mandamiento de pago, advierte la Sala que la misma fue soportada en las reglas previstas en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece que despu\u00e9s de 6 meses de haberse decretado el desistimiento t\u00e1cito puede volverse a presentar la demanda. Sobre el particular el Juzgado consign\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora, en relaci\u00f3n al argumento presentado por el censor, y por medio del cual aduce que la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito impide iniciar un nuevo cobro respecto de las sumas de dinero a que fue condenada la parte ejecutada, baste precisar que la aplicaci\u00f3n de dicha figura no impide que se presente la demanda trascurridos 6 meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto, situaci\u00f3n que se configur\u00f3 en el presente asunto el 16 de febrero de 2021 (folio 168), de donde a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva que aqu\u00ed se adelanta \u2013 7 abril de 2022-, de ah\u00ed que la parte demandante se encuentre facultada para iniciar el cobro de la condena impuesta en la sentencia que dirimi\u00f3 la instancia al interior del proceso declarativo. <\/p>\n
Puestas de esta forma las cosas, baste precisar que las obligaciones reclamadas se encuentran contenidas en los documentos allegados como base de la ejecuci\u00f3n, documentos que una vez verificados prestan m\u00e9rito ejecutivo, se encuentran plenamente diligenciados y re\u00fanen los requisitos de ley, lo que conlleva a que el reproche formulado no tenga el talante legal de censura al auto ab initio referenciado\u00bb. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que lo considerado por la autoridad judicial coincide plenamente con el literal \u201cf\u201d del referido art\u00edculo 317 que establece: \u00abf) El decreto del desistimiento t\u00e1cito no impedir\u00e1 que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto o desde la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero ser\u00e1n ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta\u00bb por lo que puede afirmarse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la gestora considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
De otro lado, aunque la gestora tambi\u00e9n adujo que la obligaci\u00f3n cobrada est\u00e1 prescrita, tal defensa fue aducida como excepci\u00f3n, raz\u00f3n por al cual habr\u00e1 de ser en la sentencia que defina la causa ejecutiva en que se resuelva la misma, sin que haya lugar a que el Juez constitucional emita un pronunciamiento previo. <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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