STC15458-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15458-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02010-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el once de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Isabel Lamus Quintero contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y \u00ablibre acceso a la justicia\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades acusadas por lo que pidi\u00f3 \u00abse suspenda\u2026 el proceso ejecutivo que reza en [su] contra\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Frente a Isabel Lamus Quintero se adelanta proceso de cobro coactivo, con la finalidad de obtener el pago de una multa impuesta a aquella por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, a trav\u00e9s de providencia del 11 de diciembre de 2013, notificada por estado del 13 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.2. Mediante resoluci\u00f3n No. 001 de 13 de marzo de 2017, la direcci\u00f3n ejecutiva accionada profiri\u00f3 mandamiento de pago, adelantando las gestiones que consider\u00f3 pertinentes para el enteramiento de tal acto a la demandada. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, la ejecutada solicit\u00f3 se le notificara la orden de apremio, petici\u00f3n que desestim\u00f3 la direcci\u00f3n accionada, a trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 23 de febrero de 2022, al considerar que el acto de enteramiento \u00abse realiz\u00f3 por correo certificado el 20 de septiembre de 2018\u00bb <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abno tuvo la oportunidad de conocer el tr\u00e1mite del proceso que se surt\u00eda en su contra inicialmente por la Corte Suprema de Justicia y posteriormente por el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, pues las comunicaciones que se remitieron en el proceso de cobro coactivo se enviaron a lugares en los que \u00abno resid\u00eda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, porque, de un lado, \u00abla providencia que dio origen al proceso coactivo fue notificada por estado el 13 de diciembre de 2013; no obstante, contra tal determinaci\u00f3n no se promovi\u00f3 recurso alguno por parte de la interesada, quien obr\u00f3 como apoderada dentro del proceso ordinario laboral\u00bb; y, adem\u00e1s, por cuanto \u00ablas notificaciones en el proceso ejecutivo\u2026 se efectuaron a las direcciones inscritas en el Registro Nacional de Abogados; ello de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 28 numeral 15 de la Ley 1123 de 2007\u00bb, por lo que \u00abno existe agravio o amenaza al derecho fundamental a que hizo referencia la actora\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la notificaci\u00f3n de la providencia a trav\u00e9s de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n la sancion\u00f3 al pago de una multa, as\u00ed como tambi\u00e9n el acto de enteramiento del mandamiento de pago que se libr\u00f3 en el proceso de cobro coactivo que se adelanta en su contra por parte de la direcci\u00f3n ejecutiva convocada. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que \u00aben un acto de no proporcionalidad de la sanci\u00f3n, desconociendo el contenido dosificador de la misma, la\u2026 Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral, impone la m\u00e1xima como sanci\u00f3n, sin darle la oportunidad de contradecir esa desproporci\u00f3n sancionatoria\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, examinada la demanda de tutela, verifica la Sala que la promotora cuestion\u00f3: (i) la providencia de 11 de diciembre de 2013, a trav\u00e9s de la cual la Sala de Casaci\u00f3n accionada le impuso una multa de diez salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; y (ii) la legalidad de la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n No. 001 de 13 de marzo de 2017, a trav\u00e9s de la que la direcci\u00f3n ejecutiva accionada profiri\u00f3 mandamiento de pago en el proceso de cobro coactivo acusado. <\/p>\n
3. Bajo esa \u00f3ptica, en lo que ata\u00f1e al primero de esos reproches, la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta desde la data en que se dict\u00f3 el referido prove\u00eddo sancionatorio (11 de diciembre de 2013), el cual fue notificado por estado del 13 de diciembre de esa misma anualidad (2013), y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, septiembre de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional.. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
4. Respecto a la otra de las inconformidades de la querellante, concluye la Corte que la solicitud de resguardo resulta inviable, porque la actora puede promover ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, dentro de la oportunidad legal, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la actuaci\u00f3n que pregona lesiva de sus garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
Para el efecto, t\u00e9ngase en cuenta que, en esencia, lo que critic\u00f3 la quejosa es que no se dan los presupuestos para proseguir con la ejecuci\u00f3n que se adelanta en su contra, comoquiera que ello no resultaba viable, pues, seg\u00fan ella, no hab\u00eda sido vinculada, debidamente, al tr\u00e1mite administrativo, circunstancia que permite el control jurisdiccional de la actuaci\u00f3n acusada, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1011 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
En ese orden de ideas, siendo ese el escenario id\u00f3neo para controvertir la legalidad del asunto cuestionado, se configura la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
5. Es de recordarse que los actos administrativos gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que ellos susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01, reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
6. Lo anterior resulta suficiente para confirma el fallo de tutela de primera instancia, sin que sea necesario ahondar en motivos adicionales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Establece dicha norma, en su aparte pertinentes, que: \u00abS\u00f3lo ser\u00e1n demandables ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, en los t\u00e9rminos de la Parte Segunda de este C\u00f3digo, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecuci\u00f3n y los que liquiden el cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC15458-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15458-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02010-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el once de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68930","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68930"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68930\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}