STC15460-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15460-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01374-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que resolvi\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Rigoberto Rojas Sandoval contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado 8\u00ba Penal del Circuito de Conocimiento de esta misma ciudad y la Alcald\u00eda Local de Engativ\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2014-01332. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, igualdad, a la propiedad, el patrimonio obtenido legalmente, derechos adquiridos, a la vivienda digna, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como a los principios de la buena fe y a la prevalencia del derecho sustancial. <\/p>\n
2. De la informaci\u00f3n allegada se extraen, en s\u00edntesis, los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El Juzgado 49 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a Nubia Rinc\u00f3n Hern\u00e1ndez en el juicio penal referido por el delito de estafa y le impuso, entre otros, una pena principal de 35 meses de prisi\u00f3n y multa de 66.66 s.m.l.m.v. Igualmente, para el restablecimiento del derecho, se orden\u00f3 la \u00abanulaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica n\u00famero 2217 del 7 de noviembre de 2007\u00bb y la \u00abcancelaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-1264618, (\u2026) correspondientes a las anotaciones 7 y 8\u00bb. <\/p>\n
2.2. La decisi\u00f3n fue apelada por las partes e intervinientes, entre ellos, el tutelante y Luz Mery Barrera Boh\u00f3rquez, reconocidos como v\u00edctimas en el proceso, quienes, adem\u00e1s, pidieron la nulidad del tr\u00e1mite. El 25 de febrero de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, neg\u00f3 la anulaci\u00f3n reclamada y orden\u00f3 a aquellos que entregaran el inmueble en los 3 meses siguientes a la ejecutoria del fallo. Esa determinaci\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n por los se\u00f1ores Rojas Sandoval y Barrera Boh\u00f3rquez, recurso que se inadmiti\u00f3 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en auto CSJ AP2332-2021. <\/p>\n
2.3. El 16 de diciembre de 2021, el Juzgado 8 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 adopt\u00f3 las medidas pertinentes para que Rigoberto Rojas Sandoval y Luz Mery Barrera Boh\u00f3rquez entregaran el inmueble en cuesti\u00f3n y, en caso de renuencia, comision\u00f3 al alcalde de la Localidad de Engativ\u00e1, para que \u00abintervenga en la entrega real y efectiva\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 16 de febrero de 2022, se realiz\u00f3 la diligencia comisionada, en la cual los citados se\u00f1ores se opusieron y presentaron una solicitud de nulidad que fue negada por el Juzgado de conocimiento el 30 de marzo de 2022. Esa decisi\u00f3n se confirm\u00f3 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 14 de junio de 2022. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicita que se \u00abinvaliden las actuaciones viciadas en la entrega del inmueble, orden\u00e1ndose la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n al opositor, hasta que se efectu\u00e9 el respectivo pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 8 Penal del Circuito de la misma ciudad aseveraron que no vulneraron derecho fundamental alguno y que lo reclamado hab\u00eda sido analizado en una tutela anterior. <\/p>\n
2. Quien adujo ser el apoderado de Dairo Le\u00f3n Camargo indic\u00f3 que no est\u00e1 acreditado requisito alguno de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales. <\/p>\n
3. La se\u00f1ora Luz Mery Barrera Boh\u00f3rquez coadyuv\u00f3 las pretensiones del promotor de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el amparo, por temerario, en lo relacionado con las decisiones que ordenaron la anulaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica contentiva de la compraventa del inmueble distinguido con matr\u00edcula 50C-1264618 y la cancelaci\u00f3n del registro pertinente, toda vez que, en las sentencias CSJ STC13904-2021 y CSJ STL15676-2021 se estudi\u00f3 lo pertinente, negando la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
De otro lado, neg\u00f3 la salvaguarda propuesta frente a las decisiones emitidas por la alcaldesa de Engativ\u00e1, el Juzgado 8\u00ba Penal del Circuito de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 frente a la oposici\u00f3n y la nulidad formuladas en el tr\u00e1mite de la entrega del inmueble, por no configurarse causal alguna de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el tutelante, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y arguy\u00f3 que no era cierto que se configurara la temeridad, dado que \u00abno existe identidad de partes, causa petendi y objeto\u00bb, aunado a que se est\u00e1 ante \u00abnuevas circunstancias f\u00e1ctico \u2013 jur\u00eddicas\u00bb, relacionadas con \u00ablas irregularidades sustanciales y procesales presentadas en la diligencia de entrega de bien inmueble\u00bb. Destac\u00f3, a su vez, que el a quo no se realiz\u00f3 un pronunciamiento de fondo sobre sus pretensiones, es decir, sobre la actuaci\u00f3n desplegada en la diligencia de entrega del inmueble. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el gestor pretende que se amparen sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con las decisiones que ordenaron la entrega del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 50C-1264618 y con las determinaciones adoptadas sobre la oposici\u00f3n y la nulidad invocadas en la diligencia correspondiente. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo anterior, advierte la Sala que lo relativo a la anulaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 2217 de 2007, ordenada como restablecimiento del derecho en la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2018 por el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y la entrega impuesta en la sentencia de segunda instancia emitida el 25 de febrero de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogota1, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y neg\u00f3 la nulidad del proceso, ya fue objeto de pronunciamiento en sede constitucional y, en consecuencia, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
En efecto, la tutela anterior, de radicado 2021-03709, ten\u00eda por objeto que \u00abdejar sin efectos judiciales la orden de anulaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica\u2026 y la cancelaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u2026 as\u00ed como la entrega dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria\u2026\u00bb2, amparo que fue negado en el fallo CSJ STC13904-2021, en tanto: <\/p>\n
4.1. La providencia por medio de la cual la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda; y, <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n fue confirmada por la Hom\u00f3loga Laboral por sentencia CSJ STL15676-2021, determinaciones que fueron excluidas de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.1. Sobre el particular se destaca que, aunque en aquella ocasi\u00f3n se pretendi\u00f3 dejar sin efectos judiciales la orden de anulaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica y la cancelaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C1264618 y en esta oportunidad se cuestionan las actuaciones relacionadas con la materializaci\u00f3n de dicha disposici\u00f3n, esto es, lo relativo a la diligencia de entrega, lo cierto es que el fin es el mismo, pues se pretende que esa entrega no se realice, sumado a que nuevamente se censura, en s\u00ed, la orden que despoj\u00f3 al tutelante del derecho real sobre el bien en disputa, de manera que, sobre ese particular, se impone estarse a lo resuelto en la acci\u00f3n constitucional referida. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha establecido que, cuando el asunto ha sido sometido a un debate previo: <\/p>\n
\u2026se impone estarse a lo all\u00ed resuelto, pues (\u2026) el tema controvertido \u00abya fue conocido por esta Sala en sede de tutela y, por tanto, fue objeto de decisi\u00f3n constitucional, instancia en la que el juez del amparo est\u00e1 dotado de ampl\u00edsimas facultades para resolver los asuntos, de forma que, independientemente del resultado obtenido y de sus efectos en los procesos asociados, ello impide analizar nuevamente en esta sede lo relacionado (\u2026), pues previamente se surti\u00f3 un debate constitucional\u00bb (Ver cita en CSJ STC1542-2022). <\/p>\n
3. De otra parte, en cuanto a las decisiones que dispusieron la entrega efectiva del inmueble y, en particular, la que confirm\u00f3 el rechazo de la oposici\u00f3n presentada y neg\u00f3 la nulidad de la diligencia, esto es, la emitida el 14 de junio de 2022 por el Tribunal accionado, se encuentra que ese Colegiado, luego de citar el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, estim\u00f3 razonado que se rechazara la oposici\u00f3n, porque la sentencia que orden\u00f3 la entrega era oponible a Luz Mery Barrera Boh\u00f3rquez y a Rigoberto Rojas Sandoval, pues hicieron parte del tr\u00e1mite y estaba revestida de los efectos de la instituci\u00f3n de la cosa juzgada. <\/p>\n
En lo atinente a la nulidad de la diligencia, precis\u00f3 que \u00abdesde el 25 de febrero de 2019 Rigoberto y Luz Mery conocen la orden judicial de entrega y las condiciones de su materializaci\u00f3n\u00bb y, en esa medida, no era entendible que aseveraran su desconocimiento, m\u00e1xime siendo \u00ababogados, y habiendo interpuesto todos los recursos y acciones en su contra\u00bb, circunstancias que efectivamente acreditaban su respectiva notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, sostuvo que, analizado el video de la diligencia de entrega, se constat\u00f3 que tanto Rigoberto como Luz Mery y su apoderada intervinieron \u00aben el acto que dirigi\u00f3 la alcaldesa por medio de un mecanismo tecnol\u00f3gico de comunicaci\u00f3n sin inconvenientes y sin presentar ninguna objeci\u00f3n en torno al funcionario de la alcald\u00eda que la apoy\u00f3\u00bb, de lo cual concluy\u00f3 que la manifestaci\u00f3n sobre la imposibilidad de cumplir la decisi\u00f3n \u00abes muestra de su irrespeto a la orden judicial\u00bb y que \u00abla inexistencia de una medida cautelar, en este punto, cuando existe una sentencia ejecutoriada, es irrelevante\u00bb, al igual que los reproches frente a las determinaciones adoptadas en el proceso penal, destacando los distintos mecanismos utilizados para evitar cumplir con la sentencia que defini\u00f3 el juicio penal y que les fue adversa a sus intereses. <\/p>\n
3.1. Revisada la determinaci\u00f3n anterior, considera la Sala que no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones adelantadas, las pruebas oportunamente recaudadas y la normatividad que gobierna el asunto. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior, debe precisarse que no puede el juez de tutela suspender la diligencia de entrega del bien en disputa, seg\u00fan lo pretendido por el accionante, dado que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia <\/p>\n
la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (Se destaca. Ver cita en CSJ STC16630-2015 y en CSJ STC038-2020). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Esta decisi\u00f3n orden\u00f3 a Rigoberto Rojas Sandoval y a Luz Mery Barrera Boh\u00f3rquez entregar el inmueble en los 3 meses siguientes a Dar\u00edo Le\u00f3n Camargo. <\/p>\n
2\u0002 Tomado de los antecedentes de la sentencia CSJ STC13904-2021. <\/p>\n
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