STC15468-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC15468-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01440-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 4 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ferminiana Mart\u00ednez Jim\u00e9nez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esa ciudad y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2014-00061. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, vida digna y seguridad social, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Como sustento de su queja, expuso que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Colpensiones con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n a partir del 10 de octubre de 2002, as\u00ed como los intereses moratorios previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, subsidiariamente solicit\u00f3 que se ordenara el pago indexado de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva liquidada con 635 semanas. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali en sentencia de 28 de noviembre de 2014 neg\u00f3 la pretensi\u00f3n principal y conden\u00f3 a Colpensiones a reconocer y pagar la indemnizaci\u00f3n sustitutiva en la suma de $7.418.938 debidamente indexada, determinaci\u00f3n que, en grado jurisdiccional de consulta, revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 6 de mayo de 2016, para en su lugar, condenar a la demandada al pago de la pensi\u00f3n de vejez a partir del 14 de febrero de 2011. <\/p>\n
Inconforme, la Administradora Colombiana de Pensiones interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL518-2022 de 22 de febrero de 2022, dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
En sentir de la reclamante, la Sala de Descongesti\u00f3n incurri\u00f3 en defecto sustantivo, al desconocer el precedente de la Corte Constitucional que sirvi\u00f3 de fundamento para que el Tribunal Superior revocara el fallo de primera instancia, entre otras, las sentencias T-217\/2013 y C-646\/2002 donde se expuso la prevalencia del derecho sustancial, as\u00ed como la sentencia C-424\/2015 en la cual se destac\u00f3 que, el juez que asume el conocimiento en grado jurisdiccional de consulta, no est\u00e1 limitado por el principio de no reforma en perjuicio, sino que oficiosamente puede hacer una revisi\u00f3n del fallo. <\/p>\n
Adujo que, de igual manera desconoci\u00f3 su propio precedente, como son las sentencias CSJ SL, 21 mar. 2012, rad. 41640 y CSJ SL rad. 41553, que reiteran la decisi\u00f3n CSJ SL de 10 sept. 2010, rad. 36471, referidas por el Tribunal Superior para la contabilizaci\u00f3n de las semanas, en atenci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales reclamadas. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la Corporaci\u00f3n accionada se remiti\u00f3 a los art\u00edculos 17, 18 y 33 de la Ley 100 de 1993 para contabilizar el n\u00famero de semanas cotizadas, pasando por alto que se trata de un tema propio del derecho irrenunciable a la seguridad social y que en el a\u00f1o 2014, cuando se present\u00f3 la demanda, la jurisprudencia consideraba que para efectos de establecer el n\u00famero de semanas cotizadas para acceder a la pensi\u00f3n deb\u00eda efectuarse sobre una base de 365 o 366 d\u00edas calendario del a\u00f1o, l\u00ednea jurisprudencial que cambi\u00f3 en 2015, es decir, despu\u00e9s de la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Asimismo, afirm\u00f3 que tampoco realiz\u00f3 el estudio detenido de las pruebas documentales, en las que se encuentra demostrado que cotiz\u00f3 un total de 654 semanas durante toda su vida laboral, de las cuales 501 fueron dentro de los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima, cumpliendo as\u00ed con los requisitos que exige el Decreto 758 de 1990 para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional de 75 a\u00f1os y en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, puesto que no recibe ingresos de ning\u00fan tipo para suplir sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia SL518-2022 de 22 de febrero de 2022 y, en su lugar, ordenar a la Sala de Descongesti\u00f3n accionada proferir una nueva decisi\u00f3n en la que disponga no casar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en el hipot\u00e9tico caso que se pudiera considerar que dicho principio no era absoluto frente a la resoluci\u00f3n de un derecho pensional, la demandante tampoco pod\u00eda acceder a la pensi\u00f3n reclamada, habida cuenta que no cumpl\u00eda con el m\u00ednimo de semanas cotizadas requeridas. <\/p>\n
De otro lado, puntualiz\u00f3 que si bien, en alguna \u00e9poca esa Corporaci\u00f3n consider\u00f3 que, para efectos de establecer el n\u00famero de semanas cotizadas para acceder a la pensi\u00f3n deb\u00eda efectuarse sobre una base de 365 o 366 d\u00edas calendario del a\u00f1o, tal l\u00ednea de pensamiento, hab\u00eda variado a partir de la sentencia CSJ SL3794-2015, criterio actual de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, para en su lugar sostener, que ese conteo de semanas debe efectuarse sobre una base de 360 d\u00edas por a\u00f1o. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali relat\u00f3 las actuaciones del proceso ordinario laboral y remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, argumentando que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo luego de determinar que la decisi\u00f3n cuestionada era razonable y estaba debidamente fundamentada, tanto en las normas que rigen la materia, como en la jurisprudencia que en ese sentido ha desarrollado la misma Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante insistiendo en los argumentos iniciales y adicionalmente manifest\u00f3 si bien es cierto que la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra fundamentada en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la misma es discordante con la realidad y pasa por alto que se trata de un tema propio del derecho irrenunciable a la seguridad social. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Ferminiana Mart\u00ednez Jim\u00e9nez acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL518-2022 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 22 de febrero de 2022, mediante la cual dispuso casar la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Cali que hab\u00eda revocado lo dispuesto en primera instancia, para en su lugar, otorgar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez reclamada. <\/p>\n
3. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de la actora se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por la Corporaci\u00f3n accionada, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En efecto, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al estudiar el cargo \u00fanico formulado por Colpensiones, estableci\u00f3 como problema jur\u00eddico, determinar si el Tribunal Superior de Cali reform\u00f3 la sentencia de primer grado en perjuicio de la entidad demandada al conocer en grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, si bien la consulta no era un recurso, la misma ten\u00eda raigambre constitucional, en la medida que ampara los derechos fundamentales del trabajador y se manifiesta como una protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico econ\u00f3mico y una vigilancia del patrimonio para las entidades de derecho p\u00fablico. Enseguida, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abAhora, la procedencia de la causal segunda de casaci\u00f3n laboral se encuentra circunscrita a la vulneraci\u00f3n del principio constitucional que proscribe la reformatio in pejus -art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica-, bajo el cual no es posible que el juez de segunda instancia agrave la situaci\u00f3n definida en la decisi\u00f3n de primer grado, cuando se trata de un apelante \u00fanico o sujeto procesal beneficiario del grado jurisdiccional de consulta. As\u00ed, lo explic\u00f3 la Corte en sentencia CSL SL2583-2020. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De la sentencia referida se tiene, que la concreci\u00f3n del principio de la non reformatio in pejus consiste en impedir que en segunda instancia el juez agrave, empeore o desmejore la situaci\u00f3n que fue definida en primer grado al apelante \u00fanico o a la parte beneficiaria de la consulta. En consecuencia, el superior debe dejar y mantener inc\u00f3lumes aquellos aspectos del fallo impugnado o consultado que le benefician a la parte que se vea favorecida por esta garant\u00eda (CSJ SL1704-2021 y CSJ SL3693-2021)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal Superior al conocer en grado jurisdiccional de consulta desmejor\u00f3 la situaci\u00f3n de Colpensiones, puesto que el juez de primera instancia hab\u00eda ordenado \u00fanicamente en favor de la demandante el pago de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez y el ad quem revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n y, en su lugar, la conden\u00f3 al pago de la prestaci\u00f3n reclamada, determinaci\u00f3n que resultaba evidentemente m\u00e1s gravosa para la entidad. Igualmente se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
Es cierto como lo indic\u00f3 la colegiatura, que cuando se conoce en grado jurisdiccional de consulta, el juzgador en algunos casos no est\u00e1 sujeto a los l\u00edmites del principio de la non reformatio in pejus, pudiendo el Tribunal actuar con mayor amplitud, lo cual solo tiene ocurrencia en los eventos en que tambi\u00e9n las partes hubieran apelado, situaci\u00f3n que no aplica para el presente asunto, ya que en este litigio ninguno de los contendientes recurri\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y, por ende, en relaci\u00f3n a la demandante, al no manifestar inconformidad alguna frente a lo resuelto por a quo que concedi\u00f3 \u00fanicamente en su favor la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez, se entiende que se conform\u00f3 con dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto en sentencia SL3693-2021, rad. 74110, entre otras, la Corte puntualiz\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando el juez colegiado al surtir la alzada conoce tambi\u00e9n del grado jurisdiccional de consulta, tiene amplias facultades para examinar el asunto sin estar sujeto a los l\u00edmites que impone el recurso de apelaci\u00f3n o el principio de la no reformatio in pejus, dado que es su ineludible obligaci\u00f3n el examen pleno del fallo primigenio (CSJ SL440-2021), con el fin de cumplir los fines constitucionales de la prevalencia del derecho sustancial y la garant\u00eda de un orden justo. <\/p>\n
En el presente asunto, se insiste, la colegiatura \u00fanicamente conoci\u00f3 en grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, en la medida que, como ya se indic\u00f3, ninguna de las partes apel\u00f3, por tanto, no era dable empeorar o desmejorar la condici\u00f3n de la entidad favorecida con la consulta. <\/p>\n
Luego refiri\u00f3 las sentencias SL3339-2021 y SL1745-2021 para reiterar lo que ha se\u00f1alado esa Corporaci\u00f3n sobre la imposibilidad de hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del beneficiario del grado jurisdiccional de consulta. En ese sentido, determin\u00f3 que el Tribunal se extralimit\u00f3 al condenar a la Administradora al reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez a favor de la demandante. <\/p>\n
Al margen de ello, explic\u00f3 que, si en gracia de discusi\u00f3n se pudiera considerar hipot\u00e9ticamente que el principio de la reformatio in pejus no es absoluto frente a la resoluci\u00f3n de un derecho prestacional de car\u00e1cter pensional como el reclamado por la actora, no conducir\u00eda a nada en el caso particular, porque, <\/p>\n
\u00abcontrario a lo sostenido por el Tribunal, la demandante no re\u00fane 500 semanas de cotizaci\u00f3n en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima, para efectos de poder acceder a la pensi\u00f3n de vejez de conformidad con el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual a\u00f1o, como pasa a explicarse: <\/p>\n
Conforme a la historia laboral de la actora o reporte de semanas cotizadas en pensi\u00f3n, actualizada al 3 de febrero de 2014, obrante a folios 35 y en el CD carpeta administrativa de folio 60 del cuaderno principal, en la que ya aparecen incluidos los ciclos de solicitud de correcci\u00f3n que aluden las documentales de folios 19 a 23, queda al descubierto que en los 20 a\u00f1os que anteceden a los 55 a\u00f1os de edad, esto es, del 10 de octubre de 1982 al 10 de octubre de 2002 por haber nacido el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 1947 (fl. 28 vto. y CD carpeta administrativa folio 60), la accionante acumula en ese periodo 493,71 semanas, para lo cual debe aclararse que entre el 10 de octubre de 1982 y el 2 de marzo de 1993 la afiliada no registra ning\u00fan aporte\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sostuvo que no era procedente que el Tribunal Superior hubiese tomado 365 d\u00edas por a\u00f1o para contabilizar las semanas cotizadas, pues de conformidad con los art\u00edculos 17,18 y 33 par\u00e1grafo segundo de la Ley 100 de 1993, las cotizaciones al sistema de seguridad social se efect\u00faan sobre la remuneraci\u00f3n mensual que corresponden a per\u00edodos de 30 d\u00edas, es decir que al a\u00f1o sean 360, independientemente si el mes es de 28, 29 0 31 d\u00edas, argumento que fundament\u00f3 con lo consignado en la sentencia SL4693-2020 y a\u00f1adi\u00f3, <\/p>\n
\u00abDe manera que aunque el Tribunal manifestara que por tratarse de un derecho fundamental el c\u00f3mputo de semanas cotizadas, deb\u00eda hacerse tomando a\u00f1os a raz\u00f3n de 365 d\u00edas y no de 360, ello resulta equivocado, pues trat\u00e1ndose de lapsos posteriores al 1 de enero de 1995, cuando se implement\u00f3 el sistema de autoliquidaci\u00f3n de aportes, como lo ha dicho la jurisprudencia, los periodos de cotizaci\u00f3n a los entes administradores de riesgos del Sistema de Seguridad Social Integral no se miden por los d\u00edas calendario, sino por t\u00e9rminos uniformes de 7, 30 y 360 d\u00edas, respectivamente, es decir, semanas, meses y anualidades\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, determin\u00f3 que el cargo estaba llamado a prosperar, por lo cual dispuso casar la sentencia proferida el 6 de mayo de 2016 por el Tribunal Superior de Cali y, en sede de instancia, confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele el defecto sustantivo alegado por Ferminiana Mart\u00ednez Jim\u00e9nez y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica tiene vigente la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, determinando que el Tribunal Superior de Cali se extralimit\u00f3 al condenar en grado jurisdiccional de consulta a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez a favor de la demandante, desconociendo el principio de la reformatio in pejus, igualmente, consider\u00f3 que hab\u00eda errado al contabilizar las semanas cotizadas tomando a\u00f1os de 365 d\u00edas y no de 360 como lo tiene establecido la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Ferminiana Mart\u00ednez Jim\u00e9nez a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Ahora, en punto a lo alegado por la peticionaria, referente al estudio de las pruebas documentales que daban cuenta de una cotizaci\u00f3n de 501 semanas dentro de los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima, se evidenci\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n elabor\u00f3 un cuadro detallado en el que efectu\u00f3 el c\u00f3mputo del tiempo, obteniendo un total de 652,57 semanas cotizadas, de las cuales 493,71 fueron en los \u00faltimos 20 a\u00f1os del cumplimiento de la edad, resultando las mismas insuficientes para acceder a la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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